Señor director:
Me dirijo a usted para solicitar respetuosamente un espacio a este texto, que responde a la carta firmada por Luis Olguín, director general de Comunicación Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, publicada en el número 2125 de la revista Proceso.
Me permito precisar lo siguiente:
1.- Es absolutamente falso que se hubieran detectado irregularidades en el desempeño de mi gestión como coordinador general de Administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje durante los nueve meses que laboré ahí, del 1 de marzo al 28 de noviembre de 2014, y que por ello se me hubiera separado del cargo, porque simple y sencillamente no existen hechos y pruebas que acrediten esa afirmación. Lo cierto es que se me cesó por la animadversión del secretario Navarrete hacia mi persona, por haberme negado a pertenecer a su selecto grupo de amigos íntimos.
2.- Los procedimientos administrativos a los que se refiere fueron iniciados un año después de haber dejado la Junta Federal y se basaron en temas triviales; se simuló la notificación para que no pudiera ejercer mi derecho de defensa y así se me inhabilitó en exceso, por 10 y 15 años sucesivos, es decir por 25 años. Esto fue resuelto a mi favor por un tribunal colegiado y se ordenó a la Junta Federal dejar sin efecto todo lo actuado y en consecuencia las sanciones de inhabilitación. Los documentos que ustedes poseen acreditan lo que digo.
3.- El laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se refiere única y exclusivamente a reclamos de índole laboral, pero eso no tiene relación alguna con las irregularidades, manipulación y excesos cometidos por Alfonso Navarrete Prida en mi contra, en su afán por perjudicarme por las vías administrativa y penal con hechos y testigos falsos, y utilizando su posición de secretario de Estado.
4.- Jamás he manifestado tener información “delicada” del secretario Navarrete para desacreditarlo y mucho menos para intentar retornar al cargo que ocupé. No tiene prueba alguna que demuestre esta falsedad. Soy abogado y tengo mi despacho de litigio penal desde agosto de 2000.
5.- Es también absolutamente falso y sumamente grave, que Alfonso Navarrete hubiera presentado, en su calidad de ciudadano, sin escudarse en el cargo o institución, la denuncia en mi contra por el delito de “extorsión en grado de tentativa” ante la Procuraduría General de la Republica. Lo hizo en su calidad de secretario del Trabajo y Previsión Social, adjuntando su nombramiento presidencial, como también consta en los documentos en su poder, y con los que se acredita que comete el delito de tráfico de influencias.
6.- No se me puede consignar por un delito inventado, que no cometí, construido con hechos y testigos falsos. Jamás intenté extorsionar al secretario Navarrete y su testigo, Rogelio Figueroa, director general de Inspección Federal del Trabajo, quien afirma temerariamente haberse reunido conmigo en el restaurante Puerto Madero, de Mazarik, el 27 de mayo de 2015, para exigirle una cantidad de dinero a cambio de no dañar la imagen del secretario Navarrete, miente, ya que en esa fecha yo no me encontraba en el país por lo que resulta imposible que se hubiera dado tal encuentro.
7.- Por supuesto que soy víctima del tráfico de influencias y persecución ilegal del secretario Navarrete, y por ello presenté dos denuncias en su contra el pasado 6 de julio en la Procuraduría General de la Republica, por diversos delitos graves: tráfico de influencia, falsedad de declaraciones, delitos cometidos por servidores públicos en contra de la administración de justicia y asociación delictuosa.
8.- Toda la documentación que acredita fehacientemente lo anterior va anexa a la presente para usted.
Atentamente,
Carlos M. Salazar Douglas
