Lo que no pudieron en tres meses las denuncias presentadas ante la Fiscalía General y la Secretaría de Educación del estado, lo hizo en 12 horas la presión social desatada por la difusión mediática del caso: fue detenida la presunta responsable de abusos sexuales y violaciones a los niños del kínder Juan Ruiz de Cabañas, en Chapala, el resto del personal quedó despedido y se abrió una investigación sobre sus posibles nexos con delincuentes internacionales.
Padres de los alumnos del kínder Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, en el municipio de Chapala, están indignados por la lentitud con que las instituciones responden a la denuncia que interpusieron por la presunta violación sexual de tres niños y por los abusos a otros ocho sin descartar que pueda haber más víctimas, cuyos padres callan por temor.
Los demandantes dicen que la burocracia del gobierno estatal –incluidas la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE)– obstaculiza el procedimiento legal y que el presidente municipal priista de Chapala, Javier Degollado González, trata de intimidarlos.
Los denunciantes culpan de esa agresión a la maestra de inglés identificada como Ana “N”, de 29 años, quien fue detenida la madrugada del 18 de julio en San Nicolás de Ibarra, Chapala. Las autoridades investigan si alguna banda de pederastas internacional está involucrada en el caso.
Sólo cuando los medios de comunicación difundieron los hechos y se hizo sentir la presión social, la autoridad se vio obligada a responder e hizo en menos de 12 horas lo que había omitido en tres meses, señala Gustavo Pimienta Ruiz, uno de los abogados de los agraviados.
“Cuando salieron las primeras denuncias hubo hostigamiento por parte de personal del ayuntamiento (de Chapala), del DIF (municipal de Chapala) y de personas cercanas al alcalde, Javier Degollado González. Hostigaron y amenazaron a las madres para que ya no hicieran más denuncias. Debe haber más niños violentados, pero hasta hoy sólo existen 11 denuncias, integradas en la misma carpeta de investigación.”
El mencionado alcalde tuvo que dar la cara a los medios de comunicación y aclaró que él no intenta encubrir a nadie.
Los denunciantes consideran que la FGE, encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, solicitó la orden de aprehensión en contra de la maestra Ana “N” bajo presión, pues las quejas datan de abril y el 23 de ese mes la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) pidió medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad de los menores.
La misma actitud mostró el titular de la SEJ, Francisco Ayón López, quien anunció la separación del cargo de todo el personal del kínder (tres profesores y una trabajadora administrativa) sólo cuando fue detenida Ana “N”, pese a que él conocía los hechos desde el pasado abril.
En esa notificación, Ayón López se abstuvo de aclarar si alguna persona suspendida de sus funciones era objeto de una investigación interna de la SEJ y se negó a comentar otras denuncias de abuso sexual o violaciones cometidas por maestros o funcionarios del sistema educativo estatal.
Los abusos
Un padre de familia que se identifica como Ramiro, entrevistado en el poblado de San Nicolás de Ibarra, en Chapala, denuncia: “Mi niña dice muchísimas cosas que le hicieron y que son terribles. Fue tocada, desnudada, le hicieron muchas cosas que resulta difícil repetir”.
No descarta que Ana “N” estuviera en contubernio con dos sujetos que se mencionan en las indagaciones de la FGE y no formaban parte del plantel. Según la fiscalía, de las tres denuncias por violación que se presentaron en el caso, sólo una dio positivo.
Ramiro detalla que a los menores los hacían desnudarse y bailar, además de ver filmaciones del acto reproductivo con animales salvajes. En la entrevista que el mismo agraviado le dio al portal digital Aristegui Noticias, relató que también se fotografió y videograbó a los menores, pero que nadie sabía a dónde se enviaron esos materiales.
Para que los niños no contaran lo que ahí sucedía, se les advertía que si lo hacían podrían matar a sus papás.
La familia de Ramiro comenzó a preocuparse cuando la niña ya no quería ir a la escuela y a veces se orinaba sin causa aparente, entre otras conductas inusuales. Dice que una vez su esposa vio que su hija empezó a bailar y a bajarse el pants, subirse la blusa, a recargarse en la pared y moverse “exóticamente”, por lo que de inmediato se pusieron en contacto con los padres de otros niños. Así confirmaron en pocas horas que también otras familias tenían ese problema.
A pesar de la petición de medidas cautelares por la CEDHJ en abril, el kínder siguió en funciones tres meses, tiempo en que, a decir del abogado Pimienta Ruiz, los responsables de los abusos pudieron desaparecer las fotografías y videos que los niños describieron en sus declaraciones.
Según la fiscalía, Ana “N” fue detenida como indiciada por el delito de abuso infantil agravado, en tanto que se abrió una investigación más amplia contra quienes resulten responsables e incluso se analizan los posibles nexos del personal del kínder con una banda internacional.
El fiscal general reconoció que ya hay personas sujetas a investigación por esos hechos, en especial por su presunta relación con Benjamín Creamer, acusado de pederastia en Estados Unidos y a quien algunos chapalenses afirman haber visto en la población de Ajijic. “Es parte de esta indagatoria amplia que se está haciendo con los demás integrantes de este plantel y en algún momento con personas ajenas al mismo”, puntualizó Almaguer.
No obstante, Ramiro denuncia: “Hubo irregularidades en cuanto a la forma de trabajar por parte de la primera agente del Ministerio Público que atendió el caso… Empezó a decirle, por ejemplo, a mi niña: ‘¿Verdad que en la escuela no te hicieron nada? ¿Verdad que nadie te bajó los pantalones? ¿Verdad que a ti no te desnudaban?’ Con una cara imponiéndosele a una niña de cuatro años… Mi hija nada más agachó la cabeza y empezó a llorar. Yo creo que su cabecita empezó a desconcertarse, porque le estaba diciendo ella algo que no era verdad. Le preguntaba: ‘¿Verdad que a lo mejor fue en tu casa donde te hicieron esas cosas?’.
“Mi señora y yo le dijimos: “Espérese, está mal y ya se acabó. Para empezar no estaba una persona competente, como podría ser un psicólogo, al lado de los niños. La mujer del MP no estaba haciendo todo de manera profesional y objetiva”. Después fueron a presentar su queja ante Asuntos Internos de la FGE y removieron del caso a la mencionada agente.
Otro padre de familia se refiere a la actuación de dicha agente del MP en otro asunto: “En el caso de una mujer que tiene su pareja en Estados Unidos, la presión de la MP fue un asunto hasta irrisorio, porque presionaba para establecer que la agresión a un niño había sido provocada por el padre, cuando él se encuentra fuera. Esta señora estaba actuando de una forma muy incorrecta, no sé por qué razón, qué le dijeron o qué le dieron”.
La denuncia por violación y abuso sexual contra niños en Chapala confirma la falta de protocolos entre autoridades de la FGE y la SEJ para atender casos de violaciones o agresiones sexuales contra menores en centros escolares o cometidos por personal docente, afirma el abogado Adán Romero Meza.
Por eso, explica, la mayoría de esos delitos terminan en la impunidad, ante las muchas contradicciones que contiene el Código Penal del estado.
Secundaria del terror
En Tonalá también hay denuncias por hostigamiento sexual contra el director de la secundaria 56 Adolfo López Mateos, pero la SEJ no ha investigado el caso.
La abogada Yolanda Gutiérrez Mendoza detalla que son tres las denuncias penales por ese delito: una, integrada en la carpeta de investigación 62272/2016, que se abrió el 25 de noviembre del año pasado; la segunda, fechada el 21 de febrero de 2017 bajo el expediente 207187/2017, y la otra, del 24 de marzo siguiente, con el expediente 426/2017.
La litigante relata que las niñas del plantel están prevenidas para defenderse de las agresiones cuando son llamadas a la oficina del director, pero éste goza de la protección de autoridades estatales.
“Debido a que una alumna no consintió el trato de ese señor, él la recriminó con palabras altisonantes: que era una puta, que era una sanjuanera… y la menor vive con miedo, pero dispuesta a rendir su declaración”, dice la abogada.
La señora María, madre de dos estudiantes, asegura que en noviembre de 2016 fue agredida por el mencionado director cuando fue a concluir el trámite de ingreso de uno de los menores a ese plantel:
“Le pregunté para qué me hacía ir, si yo veía que en su escritorio ya tenía los papeles de mi hijo. Y dice que no pasa nada y que me siente. Posteriormente le entregué los papeles y traté de salir de la oficina porque empecé a ver en el señor una mirada con morbo. Me observaba mucho los pechos y empezó a morderse los labios. Me puso nerviosa y quise salir… Después se me quedó viendo y se sonrió. Me levanté de la silla e intenté salir, pero se paró y me dio la mano, yo creí que era para abrir la puerta y despedirse, pero puso el pie para evitar que pudiera salir y fue cuando se dio un forcejeo.
“Yo le dije: ‘Director, ¿qué está pasando?’. Con una sonrisa burlona me miró y me abrazó. Yo me sentí desvanecida y quise hablar pero la voz no salía… El señor me abrazaba y me refregaba contra su cuerpo. Entonces me besó la frente, la mejilla, hasta que llegó a mis labios y me da un beso en la boca… Traté de zafarme, pero no lo logré, hasta que por fin, en un momento de fuerza, lo aventé. Se pegó en un brazo con un archivero que tiene en la oficina. Aproveché para intentar salir, pero la puerta tenía seguro. Hasta que por fin logré escapar. Salí llorando de la oficina. Afuera estaban tres secretarias.”
La señora cuenta que un maestro y otra persona se le acercaron y el profesor se ofreció para atestiguar sobre este hecho. María decidió demandar al director y solicitó los papeles de sus hijos para retirarlos de esa escuela. Sin embargo, cuando fue a recoger las boletas, el personal de la escuela se negaba a entregarle los originales y la contralora la mantuvo encerrada, motivo por el cual la demandó por presunta privación ilegal de la libertad.
La abogada Gutiérrez Mendoza indica que, por casos como estos, el director de la secundaria 56 de Tonalá es una muestra de los niveles de impunidad que solapan las autoridades del estado.
En marzo pasado Ayón López, titular de la SEJ, declaró a la prensa que no había ningún sustento en las acusaciones de acoso sexual en Tonalá y sometió a la quejosa a una serie de pruebas psicológicas, sin tener ninguna facultad para ello.
