Oficialmente, la nueva Ley de Adquisiciones pretende transparentar las compras gubernamentales para que no incurran en favoritismos ni se presten a prácticas corruptas. Para ello, se dispuso que los regidores no formen parte de los comités de compras, a fin de no darles la oportunidad de beneficiar a empresarios afines a ellos y a sus partidos. Sin embargo, regidores como Salvador Rizo, del PRI, objetan que esto deja las decisiones en manos del Ejecutivo y de los proveedores, lo que igualmente da lugar a la discrecionalidad.
La nueva Ley de Adquisiciones y la creación del Sistema Estatal de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios generan suspicacias, especialmente sobre la conveniencia de dejar a los regidores municipales fuera de los comités de compras, pues la participación ciudadana queda en manos de los representantes de cúpulas empresariales, lo que favorece el acuerdo entre alcaldes y proveedores.
Para Salvador Rizo Castelo, coordinador de los regidores priistas del ayuntamiento de Zapopan, la ley que entró en vigor en enero pasado con el objetivo oficial de evitar los “moches y la corrupción”, representa un retroceso al marginar de las decisiones a los representantes populares, y advierte que de esta forma en los comités solamente están decidiendo los que compran y los que venden.
En contraste, Alfonso Petersen Farah, líder de los ediles tapatíos del PAN, resalta los beneficios de excluir a los regidores de la participación en los comités de compras municipales, ya que desde su punto de vista esa no es su función.
En cambio, reconoce que la injerencia de los ediles en dichos comités puede ser un arma de presión o chantaje para influir en los asuntos municipales, sobre todo en las demarcaciones pequeñas, “donde los regidores se sienten príncipes y tratan de presionar al presidente para obtener ciertos beneficios o cierto tipo de acción en favor de su comunidad”.
En tanto, para el experto en gestión por resultados basados en la planeación y evaluador de proyectos Sergio Gómez Partida en el nuevo sistema de compras el gobierno desaprovecha la oportunidad de sacar provecho a su calidad de agente económico para promover el empleo y abatir la desigualdad.
El consultor en economía y planeación financiera advierte que la nueva legislación tiene deficiencias, ya que parece más enfocada en los procesos de compra que en la pertinencia de los mismos o en la capacidad de incidir en las variables microeconómicas.
En octubre pasado el Congreso local aprobó derogar la Ley de Adquisiciones y crear el Sistema Estatal de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios.
Los representantes de las fracciones parlamentarias promovieron la nueva ley como un instrumento diseñado para evitar los conocidos “moches” y prácticas corruptas. Aseguraron que cerraría el paso a las empresas “fantasma” y a la contratación de compañías ligadas con políticos y sus partidos.
“El decreto fue aprobado con 37 votos a favor y la abstención del diputado independiente Pedro Kumamoto, quien consideró que esta iniciativa no estaba lo suficientemente socializada”, publicó El Informador en su edición del 6 de octubre de 2016. El decreto se publicó el día 27 de ese mes, pero entró en vigor el 25 de enero de 2017.
La ley tiene por objeto regular los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que realicen el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus dependencias centralizadas y paraestatales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal y los organismos constitucionalmente autónomos, como consecuencia de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la enajenación de bienes muebles, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la contratación de servicios y el manejo de almacenes.
Destaca que 80% de las contrataciones de los entes públicos se realizan a empresas jaliscienses y 10% de las licitaciones se otorgan a firmas creadas en el último lustro, que tengan al menos un año de vida.
Asimismo establece que las compras deberán licitarse, a menos de que se justifique la adjudicación directa por razón de seguridad, protección civil o salud. Los procesos se harán a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Púbica, con el Registro Único de Proveedores y Contratistas.
Además se incorpora la figura del “testigo social” dentro de los comités de compra, pero se elimina la presencia de los regidores.
En octubre próximo vence el plazo para que se realicen cambios en el texto de la ley por parte de los entes púbicos. El proceso será gradual, empezando por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y los ayuntamientos con más de 200 mil habitantes.
Representantes marginados
Alfonso Petersen refiere que desde hace varios años, con base en un análisis realizado en el Congreso local, se propuso excluir a los regidores de los comités de compra. Califica como un avance que ahora éstos se integren por representantes de la sociedad civil y del Ejecutivo.
No obstante, admite que es deseable que puedan tener representación los organismos de la sociedad civil no relacionados con la industria y el comercio:
“La mayor ventaja es reconocer la responsabilidad a cada actor y que los regidores no debemos involucrarnos en labores ejecutivas que, de acuerdo con la ley, le corresponden exclusivamente al presidente municipal y su equipo (…) También veo positivo que se haya fortalecido la presencia de la sociedad civil. Más sociedad y menos gobierno, algo en que hemos insistido desde hace muchos años, y creemos que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas”.
También aprueba que se compre a empresas en consolidación (de menos de cinco años y más de uno de constituidas) para que se generen nuevas fuentes de empleo y desarrollo económico.
Por el contrario, el líder de los priistas en el cabildo de Zapopan, Salvador Rizo Castelo, advierte que no se puede desconocer lo que representan los partidos en los plenos de los ayuntamientos, y anticipa que se buscarán cambios.
“Seguiremos llevando los reclamos al pleno y a los medios como lo hicimos con los seguros de vida que se contrataron hace meses, donde no obstante se reconoció que no había claridad en la información proporcionada por la autoridad sobre el índice de siniestralidad, se votó a favor para pagar 22 millones de pesos más de lo que se pagó en 2016”, declara.
Rizo Castelo insiste en que el reto actual de Zapopan y el resto de los municipios jaliscienses es expedir sus propios reglamentos, tomando como marco la nueva ley estatal, pero corrigiendo los errores. “Zapopan está en proceso de expedir un reglamento; esperamos que se tomen en cuenta, pronto, los señalamientos de la fracción del PRI”, insiste.
En algunas dependencias de Zapopan hay problemas de abasto de insumos elementales, como productos de limpieza, que han sido atribuidos a las nuevas disposiciones de ley.
Al respecto, Rizo Castelo considera que esas dificultades se deben al proceso de revisión del reglamento y dice que en agosto entrante el PRI presentará una propuesta para aminorar el impacto de la nueva ley de compras.
En tanto, Zapopan no está cumpliendo con el ordenamiento legal de darle la debida publicidad a los procesos de adquisiciones para que tengan claridad, certeza y trasparencia.
Sobre el argumento de que se excluye a los regidores de los comités de compras para evitar la corrupción y el control de la clase política, Rizo Castelo comenta: “No es mi pleito tener derecho a voto: están desconociendo lo que la ciudadanía me reconoció y dispuso (…) Lo que reclamo es que se nos reconozca como una representación de Zapopan y, así sólo tengamos voz, señalaremos las inconsistencias, las irregularidades, y las daremos a conocer a través de los medios para que sea la sociedad la que juzgue”.
A juicio del consultor en materia económica Sergio Gómez, la nueva legislación amerita crear un nuevo capítulo (“que sin duda es una gran omisión”) para sacar provecho de la capacidad presupuestal del gobierno y su potencial.
El sector público local, “conformado por los gobiernos estatal, municipios, poderes y organismos”, puede incidir en el combate a las desigualdades y constituirse en factor de desarrollo. La ley y su reglamento deberían incluir ordenamientos para dirigir la compra a los generadores de más y mejores empleos, y a los patrones que atiendan a grupos específicos de la sociedad.
Entre otras medidas, el especialista sugiere incentivar con contratos de compra a las empresas micro sobre las pequeñas; a las pequeñas sobre las medianas y a éstas por encima de las grandes, todo con la finalidad de frenar la desigualdad económica.
A su vez, plantea la necesidad de facilitar el ingreso de las micro y pequeñas empresas al padrón de proveedores, evitando las cuotas de cámaras, sobre todo a las de reciente creación.
Finalmente, Gómez Partida señala que urge reducir los tiempos de los trámites y la burocracia. Como ejemplo, dice que en el edificio de la Secretaría de Administración no se pueda entrar sin dejar una credencial oficial en la puerta al registrarse, cuando es indispensable presentarla al participar en una licitación.
