Pese a que el estado es parte de una estrategia federal para prevenir el embarazo de menores, los números oficiales muestran que, más allá de los logros de cada programa y del presupuesto asignado, esta política pública fracasó. Entre otras causas, las especialistas consultadas señalan los recortes al escaso presupuesto de los programas, la anulación de las campañas informativas durante los gobiernos panistas y la cultura conservadora del personal que atiende a las niñas en esa situación de alto riesgo.
En 2015, el gobierno federal lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) con el fin de erradicar ese fenómeno en el rango de 10 a 14 años para 2030 y reducir en 50% la tasa de fecundidad en el de 15 a 19 años. Sin embargo, en Jalisco esa política pública fracasó, pues creció el número de menores del primer grupo que se convertirán en madres.
La mayoría de esos embarazos le interesa al gobierno federal porque la mayoría están relacionados con violaciones.
En 2015 se registraron en el estado 25 mil 48 embarazos en las muchachas de 10 a 19 años y, aunque la cifra bajó a 24 mil 620 casos para 2016, se incrementó en la edad crítica: de 10 a 14 años.
En 2010, cuando el conservador Partido Acción Nacional (PAN) gobernaba el estado, se reportaron 503 embarazos de niñas entre 10 y 14 años. Al cierre de 2016, la cifra repuntó a 567, así que en vez de bajar el número de embarazos en ese rango en el gobierno priista, aumentó.
El año pasado repuntaron los casos respecto de 2010: las de 13 años sumaron 75, mientras que hubo 478 casos de embarazos a los 14 años, de acuerdo con una solicitud de información mediante la Ley de Transparencia ante el Instituto de Información, Estadística y Geográfica (IIEG), el organismo que coordina las acciones entre las dependencias que persiguen la reducción del embarazo adolescente con una meta de largo plazo que culmina en 2030.
En 2016 se registró el caso de una niña embarazada a los 10 años, cuatro de 11 años, nueve de 12 años y 75 de 13 años, según el citado reporte oficial.
Al respecto, Patricia Ortega Medellín, representante de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser), explica que en Jalisco:
“El embarazo adolescente se fue al alza, al grado de llegar a 30% de los embarazos en Jalisco, después de los tres periodos de gobiernos panistas durante los cuales dejaron de promoverse los métodos anticonceptivos, cesó su distribución y se interrumpió la información para prevenir embarazos en las escuelas secundarias y preparatorias.
“Considero positiva la Enapea en el sentido de que establece que todos los embarazos en adolescentes (de 10 a 14 años) se van a considerar producto de una violación y por lo tanto tendrán el acceso a la interrupción legal de ese embarazo.”
Sin embargo, observa: “El que pueda visualizarse como un problema, como una circunstancia que necesita la intervención de diferentes autoridades, es un logro. El problema sigue siendo la cultura conservadora… Sigues encontrando a los funcionarios y a las funcionarias que hablan de mujeres mentirosas, que pueden llegar a decir que están embarazadas por una violación”.
Antes y después de la norma 46
La Norma Oficial Mexicana (NOM) 046– SSA2–2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, aplicada a nivel nacional desde el año pasado, reconoce el derecho de las víctimas de violación a servicios como la anticoncepción de emergencia y a la interrupción del embarazo, sin que sea necesario interponer una denuncia.
Antes de su entrada en vigor hubo casos como el de Lorena, de 14 años, quien fue violada por su tío de 35. Éste individuo regresó a vivir a la ciudad, comenzó a cortejarla y en algún momento se hicieron “novios”. Un día la invitó a una fiesta y la atacó. Ella no quería decir nada; finalmente la familia se enteró.
En el proceso Lorena se enteró de que su tío había violado años atrás a otra muchacha de la familia; en su caso pasaron las semanas y la autoridad ni siquiera lo llamó a declarar.
A decir de Ortega Medellín, “los casos que nosotras (en la Ddser Jalisco) hemos acompañado en algunas ocasiones, el agresor es de la familia; se da la dirección, el teléfono, el lugar de trabajo, el nombre completo, y no ha habido detención ni siquiera con esos datos”.
A fin de obtener el derecho de interrumpir el embarazo, la familia de Lorena tuvo que presentar la denuncia, pero la autoridad no investigó y eso impedía obtener la autorización. La familia se trasladó a la Ciudad de México, donde a decir de la activista de la Ddser cerca de 80% de las interrupciones del embarazo se llevan a cabo con medicamento.
Fernanda, de 13 años, fue víctima de violencia sexual por parte de su primo de 30 años. Él pidió alojamiento a la familia porque su trabajo le quedaba muy lejos, pero aprovechó la situación y atacó a la chica.
La mamá la llevó a una clínica para interrumpir el embarazo, pero un abogado de la Secretaría de Salud le dijo que debía interponer una denuncia. Acudieron a Ciudad Niñez y las trataron muy mal. Después de mucho ir y venir les dieron acceso al procedimiento.
En cuanto al violador, relata Ortega Medellín, “la familia lo confronta y él dice: ‘Hice mal, voy a esperar que la policía venga por mí’. Se sentó en su casa a esperar que llegara la policía y ahí siguió. Nunca lo detuvieron”.
Aunque con cinco semanas de embarazo lo más indicado era aplicar medicamento, el personal de salud estatal le dio la primera dosis y de todas maneras le hicieron después un legrado, cuando en la Ciudad de México ese método es usado sólo en 5% de los casos. Fernanda estuvo hospitalizada dos días por ese procedimiento invasivo. (En los dos casos citados no se utiliza el nombre real de las víctimas).
La Enapea establece que en casos de alto riesgo para la salud, particularmente en menores de 15 años, el Estado debe “proporcionar atención a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, incluido el suministro de profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual, de la pastilla de anticoncepción de emergencia y el procedimiento de interrupción del embarazo”.
Además, establece que el grupo de 10 a 14 años es de especial interés por tres razones: la magnitud del fenómeno, la alta probabilidad de que la mayoría de esos embarazos esté vinculada con abuso o violencia sexual y porque existe un mayor peligro de muerte materna.
Cortes presupuestales
La Secretaría de Salud estatal informó, vía Ley de Transparencia, que el presupuesto en 2016 para disminuir el embarazo adolescente ascendió a 3 millones 357 mil 186 pesos, pero para este año disminuyó 36%, es decir a 2 millones 143 mil 149.
Agregó, a solicitud de Proceso Jalisco, el desglose de ese gasto. En 2016 la mayor parte del dinero, que sumó 1 millón 95 mil pesos, fue para contratar personal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.
Además, la dependencia pagó 870 mil pesos por la capacitación de promotores, brigadistas y docentes, y 344 mil pesos para equipar los “servicios amigables”.
El presupuesto para pasajes aéreos y nacionales fue de 50 mil pesos, se compró una camioneta pick up de 202 mil pesos y se pagaron 398 mil pesos por materiales de difusión y publicaciones.
A su vez, la reducción del gasto para 2017 se aplicó principalmente en la capacitación de promotores y brigadistas, donde bajó 52%, lo que implica que para este año sólo está previsto un presupuesto de 410 mil pesos en ese rubro.
El equipamiento de servicios amigables se redujo 22% para 2017, es decir que la secretaría sólo invertirá 267 mil pesos. En cuanto a los pasajes nacionales, se prevé un gasto de 50 mil pesos, y para gasolina 54 mil. Sólo se podrá adquirir material de promoción por 223 mil pesos, cuando el año pasado el presupuesto fue de 302 mil.
Por otra parte, el organismo que coordina los trabajos de la Enapea en Jalisco y otras dependencias, el IIEG, no tiene dinero para operar un programa especial como ese.
“De conformidad a lo señalado por nuestra Ley Orgánica, no se encuentra dentro del objeto y atribuciones asignadas al Instituto. Derivado de lo anterior se informa al solicitante que el gasto realizado específicamente para disminuir el embarazo adolescente durante 2016 es de cero pesos, al no haber presupuesto destinado a tal efecto”, fue la respuesta que dio el IIEG a la solicitud de Transparencia que le formuló este semanario.
La meta federal es reducir la tasa de nacimientos en edades de 10 a 19 años. “En el caso de Jalisco la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para 2015 (año de la publicación de la Enapea) es de 61.9 nacimientos ocurridos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad, por lo que la meta para 2030 para nuestro estado es reducirla hasta llegar a 30.97 nacimientos ocurridos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años”.
Por la forma de asignar el presupuesto, parece que el gobierno prefiere dar becas a niñas-madre que prevenir los embarazos: la Secretaría de Educación asignó 5 millones 527 mil 600 pesos para dar becas a madres adolescentes o adolescentes embarazadas con el Promajoven, que en 2016 se recortó 24% y, en vez de dar 800 becas, se otorgaron 600, según la página de Transparencia.
El Refugio de las Niñas
En 2014 el Sistema Nacional DIF destinó 12 millones 807 mil 200 pesos a la asociación Religiosas del Instituto Médico Social El Refugio, A. C., llamado Centro Modelo de Atención para Niñas y Adolescentes Embarazadas. El gobierno estatal, por medio del DIF Jalisco, aporta anualmente recursos para alimentos, estudios, ropa, calzado, leche, medicamentos, uniformes, útiles y capacitación. De marzo de 2014 a la fecha se han invertido 3 millones 488 mil 495 pesos.
Balbina Villa Martínez, procuradora de protección de niños, niñas y adolescentes en Jalisco, explicó que las muchachas pueden ser canalizadas a ese lugar porque el Ministerio Público las consideró víctimas de algún delito o las ingresó voluntariamente con algún familiar por no contar con recursos para sufragar los gastos del embarazo.
Por el Refugio han pasado aproximadamente 90 niñas; actualmente permanecen 16. La más chica tiene 12 años; hay una de 13 y otra de 14, cuatro de 15, cinco de 16 y cuatro de 17.
La procuradora comentó que 30% de las internas sufrió agresiones en el entorno familiar. Las chicas pueden quedarse en el albergue hasta cumplir la mayoría de edad, por lo que el centro les ofrece capacitación para que al salir sean independientes.
Villa Martínez explica que ahí la rutina de las internas consiste en ir a la escuela o tomar cursos en línea, y por la tarde aprenden repostería, costura, estilismo, inglés y computación. En el centro hay guardería.
A los 18 años pueden irse del centro y el DIF les da seguimiento. El 80% regresa con un familiar. “Cuando una menor es detectada con un embarazo, la obligación para hacerle saber que puede interrumpirlo es de las instituciones de salud, ellos son los que les deben de hacer saber que pueden interrumpir el embarazo”, comenta la funcionaria.
El Refugio fue inaugurado por Angélica Rivera, esposa del presidente de la República en marzo de 2014. Ortega Medellín, la representante de la Ddser Jalisco, considera que “El Refugio, el que vino a inaugurar La Gaviota, es realmente un centro de tortura para las niñas y las adolescentes. Además de violentarse la ley, porque no tendría que haber embarazo infantil, también es como un espacio donde ellas se sienten prisioneras”.
Ciudad Niñez está canalizando a las niñas a ese centro antes de hablarles de las opciones legales que tienen. Si ellas llegan, ya no les permiten salir. El Refugio está siendo investigado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el gobernador del estado sabe que tiene un punto pendiente ahí, advierte la activista.
