La aprobación de la “Ley Kumamoto” el jueves 1 fue el pretexto para que la clase política mostrara su intención de evitar el despilfarro de dinero público. Priistas y emecistas –cuyos gobiernos metropolitanos fueron reprobados por la población en una encuesta del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos– trataron de acreditarse el apoyo decisivo a la reforma que reduce el financiamiento gubernamental a los partidos. Sin embargo, dos reconocidos analistas señalan que se trata de una reforma “light” que puede generar un retroceso en materias de transparencia y rendición de cuentas.
Pese a la gran difusión que ha tenido en la prensa la reforma electoral jalisciense derivada de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, que promovió el diputado local independiente Pedro Kumamoto Aguilar, varios académicos coinciden en que tiene poco impacto para el desarrollo político de la entidad.
La reforma electoral fue aprobada en el Congreso estatalel pasado 1 de junio por 31 votos a favor y cinco en contra, estos últimos de los perredistas Mónica Almeida y Saúl Galindo, así como los verdes Enrique Aubry, Omar Hernández y Lizbeth Ramírez.
Uno de los puntos principales de esta modificación es que la reducción del financiamiento público a los partidos, que en los años electorales recibirán recursos proporcionales a los votos válidos que obtengan en los comicios inmediatos anteriores por 65% del valor de la unidad de medida establecida en la ley electoral (antes era el salario mínimo).
Esto significaría que de los 260 millones de pesos anuales que reciben actualmente sólo se quedarían con 80 millones. En años no electorales, el dinero se repartirá conforme al padrón ciudadano por 20% de la unidad de medida.
En la reforma electoral también se acordó eliminar una diputación plurinominal para que el Congreso sea integrado por 38 legisladores, así como un regidor en aquellos municipios que ahora tengan 17 y dos donde haya 21.
Además, se estableció que 50% de las candidaturas a las presidencias municipales sean para mujeres y que sus suplentes sean del mismo género. En caso de no cumplirse ese requisito, el Instituto Electoral no aceptaría la planilla.
Tras la aprobación de esta reforma, tanto el PRI como Movimiento Ciudadano pretendieron atribuirse el impulso de dicha iniciativa, que varios comentaristas en la prensa han interpretado como un avance contra la corrupción y una sanción a la falta de representatividad de los partidos.
No obstante, los investigadores Luis Ignacio Román Morales, del departamento de Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y Andrés Valdez Zepeda, académico del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara, afirman que el avance en materia de partidos políticos y cultura democrática que se logra con esa reforma es mínimo, ya que al disminuir los recursos públicos a los partidos no se garantiza el cumplimiento con la transparencia y la rendición de cuentas.
La aprobación de la llamada “Ley Kumamoto” ocurre cuando la gestión del gobernador priista Aristóteles Sandoval Díaz tiene una aceptación de apenas 39%, según la encuesta del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos aplicada a 2 mil 400 habitantes de la zona conurbada de Guadalajara a finales de 2016.
En una escala de 1 a 5, los encuestados calificaron con un promedio de 1.8 a los partidos y reprobaron las administraciones municipales de MC y del PRI en la zona metropolitana.
Para el director ejecutivo del observatorio, Augusto Chacón Benavides, la imagen de los partidos incluso está por debajo de las calificaciones que recibieron los cuerpos de seguridad, lo que en su opinión justifica el cambio en las reglas para determinar el presupuesto de los partidos.
La presidenta municipal peor evaluada en la encuesta es la de Tlaquepaque, María Elena Limón García, de MC, con sólo 26% de aceptación. Los alcaldes priistas Marcos Godínez, de El Salto, y Sergio Chávez, de Tonalá, obtuvieron 29%.
El alcalde tapatío y aspirante a la gubernatura Enrique Alfaro Ramírez consiguió sólo 35% de aceptación, cuatro puntos menos que el gobernador. El también emecista Pablo Lemus Navarro, presidente de Zapopan, también salió reprobado con 38%. El alcalde de MC mejor calificado fue Alberto Uribe, de Tlajomulco, con 50%.
Medida insuficiente
A pesar de la escasa aprobación a los políticos, el gobernador Sandoval Díaz intentó presumir la “Ley Kumamoto” como un logro de su administración en los medios y las redes sociales, lo que provocó la reacción de la corriente alfarista, que le disputó la paternidad de la reforma, observa el analista e investigador Valdez Zepeda.
A decir de Román Morales, si no se solucionan los problemas que implica esa reforma “light”, la propuesta de reducir el monto financiero a los partidos políticos en años no electorales puede convertirse en un arma de doble filo.
Comenta que en Estados Unidos el financiamiento privado a las organizaciones políticas con registro las pone al servicio de quienes les “pagan”. “Eso es lo que puede implicar la reducción del costo púbico de los partidos políticos y que podría ser el camino para la estructuración de una plutocracia, un sistema de gobierno controlado por los ricos”, agrega.
Desde su punto de vista, ese riesgo conlleva otros, como el de privilegiar a gobernantes que respondan a un sector específico de la sociedad y seleccionados por un grupo oligárquico, una idea que se contrapone a la democracia contemporánea. Además, señala Román Morales, se abre la posibilidad de que la administración estatal subvencione a su partido con recursos públicos en años no electorales, cuando las otras fuerzas políticas carezcan de dinero.
Por eso, apunta el investigador del ITESO, antes que la reforma aprobada el estado requiere establecer una agenda de trabajo para promover la absoluta transparencia y rendición de cuentas: “Los ciudadanos deben saber qué pasa con esos recursos destinados a los partidos, saber de dónde vienen y a dónde se van los recursos disponibles para cada una de las fuerzas políticas”.
También considera erróneo eliminar una curul de representación plurinominal en el Poder Legislativo, porque con ello se refuerza a los partidos más grandes en detrimento de los menores.
Para Román Morales, deben reducirse los gastos en los tres poderes con una reforma política de fondo:
“El problema hay que analizarlo desde la perspectiva del sueldo de los asesores, cuántos son y el monto de la publicidad; cuánto se paga en restaurantes, gastos de representación en viajes y gasolinas, o en fiestas, en celulares, combustibles, coches… lo que en realidad no corresponde a lo sustantivo del trabajo de los partidos sino a los beneficios y la comodidad de la cúpula política. Esa crítica aplica para todo poder público: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, además de los partidos.”
El marco legal electoral debe garantizar que el mal uso del dinero público no se sancione con multas sino con cárcel. Especifica: “Hay que combatir la noción de que, a partir de su financiamiento, los partidos políticos son agencias de colocación. Se debe estipular por ley que quien no alcance el 5% de la votación, que se requiere para mantener el registro, sea obligado a regresar todo el financiamiento otorgado”.
Igualmente se necesita garantizar la segunda vuelta electoral, ya que desde su punto de vista “eso es clave para definir el desarrollo que se espera de la democracia mexicana, máxime ante los controvertidos resultados observados en las elecciones del pasado 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila, donde las diferencias entre el vencedor y su más cercano contrincante fue mínima o de empate técnico… Si alguien no llega a 50% de la votación, como ocurre en países europeos y en otros lugares, dos semanas después hay nuevas elecciones”.
La reforma electoral se aprobó en una sesión extenuante del pleno del Congreso jalisciense que inició la tarde del 31
de mayo y concluyó después de las cinco de la madrugada siguiente. A las 7:26 el diputado independiente Kumamoto grabó un mensaje para agradecer el apoyo de sus seguidores y expresar su beneplácito por la aprobación de su iniciativa, que se planteó en los órdenes local y federal, y que finalmente fue aceptada con algunos cambios por el priismo del estado.
El decreto 26373, derivado de dicha iniciativa, contó asimismo con el respaldo del gobernador, que citó en Casa Jalisco al menos a dos actores claves para que pasara la reforma: Ismael del Toro Castro, líder de los diputados de MC, y Pedro Kumamoto.
La propuesta finalmente cayó como anillo al dedo al llamado plan de austeridad que en enero pasado difundió Sandoval Díaz, en respuesta a las protestas generalizadas y la inconformidad desatada por el alza a las gasolinas de más de 18% en todo el país.
Entrevistado al respecto, el investigador Valdez Zepeda argumenta que la “Ley Kumamoto” es una reforma muy limitada en materia político-electoral y no aporta mucho al avance de la cultura democrática de la entidad, al mayor control del gasto público, la rendición de cuentas ni a la transparencia.
A decir del académico, urge que se promueva la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a los partidos y a la burocracia en general. Admite que la iniciativa representa una especie de clamor popular para evitar el despilfarro de recursos públicos, pero “difícilmente puede ser considerada como una reforma de gran calado”.
En la actualidad entre 60 y 70% del presupuesto se invierte en la nómina en los tres poderes en detrimento de los contribuyentes, comenta Valdez Zepeda.
