¿Qué debe hacer México ante la reapertura del TLCAN? ¿Cuál debe ser el papel de la Secretaría de Cultura en este proceso? Dos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el antropólogo Antonio Machuca y el doctor en ciencias políticas Iván Franco, responden a estas preguntas planteadas por Proceso.
A decir de Machuca, académico de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, la Secretaría está frente a dos concepciones de la cultura: como bien económico y mercancía, y como patrimonio inalienable de los mexicanos que debe ser salvaguardado:
“La actual coyuntura proteccionista del presidente Donald Trump habría sido una afortunada oportunidad para México (como lo fue la etapa de sustitución de importaciones en el cardenismo) para impulsar un desarrollo en condiciones de mayor independencia económica y relacionarse de forma multilateral con otros países. Desgraciadamente, la dependencia se genera y reproduce también por el lado mexicano, especialmente por parte del sector del empresariado que –después de 23 años– ya se ha involucrado y ha convertido al TLC en una necesidad o una condición naturalizada como el oxígeno del que no pueden prescindir.”
Lamenta que la concepción de cultura de la Secretaría de Economía difiera de la propuesta por las Convenciones de la UNESCO (como la de protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2007) donde se señala que “la cultura no es una mercancía como las demás”. Habría que plantear cómo dar voz a los creadores, depositarios y portadores de las expresiones culturales del país, dice.
“La concepción que se tiene en la esfera gubernamental sobre la cultura es lamentable, si no es que hasta un signo alarmante. Para dar un ejemplo, está el convenio suscrito por el gobierno y la aportación económica a la empresa Cirque du Soleil, para que difunda la imagen cultural de México como marca comercial.”
Expresa que debería impulsarse una política de excepción cultural “para proteger los bienes culturales nacionales y regionales frente a la avalancha de mercancías chatarra”. Y sobre la tarea de la SC, señala:
“Debería afinar los mecanismos para evitar el robo de los conocimientos tradicionales y los diseños de las artesanías. Y si esto se da en un esquema comercial, se debería poder acudir al recurso de controversias (como por ejemplo se haría frente al dumping) como barreras no arancelarias. Se tiene que ver cómo dichas medidas se pueden anteponer de forma preventiva en el campo de la cultura. Para ello, se podría convocar a paneles de expertos para iniciar controversias y frenar ciertos procesos que podrían ser nocivos. Así como estar pendientes mediante observatorios de cultura y mecanismos de revisión (que ya existen en el TLC) para que no haya piratería, contando con el apoyo de consultores al servicio de los pueblos afectados para todas esas diligencias ante tribunales incluso internacionales (de los tres países).”
Agrega el investigador:
“En mi opinión, a la Secretaría de Cultura no le corresponde negociar, sino preservar y salvaguardar ante todo el patrimonio cultural del país ante la amenaza que representa la mercantilización de la cultura en una nueva etapa (como es la de haber ingresado en los circuitos financieros internacionales) y no convertirse en un agente de la misma.”
Firmeza
El doctor Franco considera que la SC debe ser protagonista ante la renegociación del tratado y demandar la exclusión “de infinidad de expresiones culturales y el patrimonial cultural de México, de la inminente influencia de empresas culturales ávidas de comercializar esos universos.
“No lo hizo en su momento la primera generación de políticos neoliberales que firmaron el TLC de 1994 y, después de 23 años, los impactos son más que evidentes a nivel ecocidio y etnocidio. Es el salinismo y sus clones entregados o formando parte (ahora ya se ve claramente) de consejos directivos y ejecutivos de transnacionales que depredan y desean mercantilizar todo: zonas arqueológicas y su entorno, agua, bosques, aire, subsuelo, montañas, tierras, y más.”
Observa que ni estas expresiones ni el patrimonio cultural deben ser equiparadas con mercancías, “como ahora de forma trágica se perfila en el artículo 39 de la Ley de Cultura recién aprobada. Esto en sí es ya señal de debilidad para pararse frente a los agentes norteamericanos, pues ellos verán complacidos que nosotros ya desbrozamos el camino que quieren barbechar con sus empresas culturales, las que además cuentan con gran capacidad de investigación y apropiación de conocimiento para usarlo en su beneficio”.
Franco propone un verdadero debate antes de la negociación, que no repita “la pantomima” de la aprobación de la Ley de Cultura:
“A una negociación de la dimensión y naturaleza del TLCAN, con la agresividad racista y supremacista que encarna Trump y su grupo político plutocrático, debe llegarse con argumentos muy sólidos y con firmeza política. Más que con aires de nacionalismo declarativo, como es la pauta con que se conduce la clase política de los últimos 30 años, deben tomar posturas humanistas firmes pues a quienes se sigue destruyendo por la vía del etnocidio (activo y pasivo) es a los pueblos originarios, a toda su diversidad y riqueza. “
