María del Carmen Figueroa González, defensora de los ejidatarios de San Isidro, municipio de San Gabriel –quienes fueron despojados de 280 hectáreas por la transnacional Nutrilite–, expresa su inquietud ante la posibilidad de que María de la Luz Rodríguez Mendoza sea designada magistrada del Tribunal Unitario Agrario, pese a que carece de experiencia. Ella, afirma no sólo los presionó sino que se dice comadre de la magistrada Odilisa Gutiérrez Mendoza, amiga de varios políticos de Tamazula de Giordano, de donde son oriundos todos ellos, e incluso del abogado de la empresa.
Luego de que el subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero, envió a la Cámara de Senadores un escrito en el cual propone la designación de 14 nuevos magistrados de los tribunales agrarios, se desató la polémica por la supuesta intromisión de la dependencia federal en ese proceso.
La litigante jalisciense María del Carmen Figueroa González sostiene que la estrategia se diseñó en el seno del Tribunal Superior Agrario (TSA), cuya sede está en la Ciudad de México, y de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.
Uno de los propósitos, dice, es garantizar el nombramiento de María de la Luz Rodríguez Mendoza como magistrada del Tribunal Unitario Agrario, pese a su nula experiencia judicial en materia agraria; además, dice, ella enfrenta un conflicto de interés, pues, dice, se desempeña como litigante y presta servicios al propio TSA en forma externa desde 2015.
Las suspicacias también recaen en otro de los aspirantes, Juan José Céspedes Hernández, un abogado de amplio currículum que junto con Juan Pablo Sánchez Flores busca ser ministro numerario del TSA.
Céspedes Hernández es director general de instrumentos presidenciales y asuntos internacionales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, pero, según Figueroa González, carece de experiencia en materia agraria
Además de Céspedes Hernández y Sánchez Flores, Solís Acero promueve en su escrito a 10 candidatos a magistrados numerarios para el Tribunal Unitario Agrario, cuyas sedes se localizan en las entidades federativas.
Ellos son: Édgar Armando Aguirre González, Jesús Alonso Herrera, Jesús Antonio Frías Cardona, Rosalba Hernández Cornejo, Jorge Paniagua Alcocer, Salvador Pérez González, José Lenin Rivera Uribe, Rafael Rodríguez Rodríguez, Rubén Treviño Castillo y la mencionada Rodríguez Mendoza.
También incluye a Jesús Rodríguez García y Regino Villanueva Galindo como aspirantes a magistrados supernumerarios del TSA, según el documento oficial consultado por el reportero.
Figueroa González reitera: aun cuando en su currículum indica que presta sus servicios profesionales externos y por contrato al TSA, Rodríguez Mendoza “no tiene carrera judicial dentro de los tribunales agrarios”.
Y puntualiza: “Esa sola confesión, sería suficiente para que ella no sea elegible”.
Además, Rodríguez Mendoza presume su cercanía con políticos y colegas como Sergio Vargas Maciel, “apoderado de la empresa Nutrilite”, quien, como ella, es originario de Tamazula de Gordiano, y de la magistrada Odilisa Gutiérrez Mendoza, de la que presuntamente es comadre.
De comadrazgos e inconformidades
La entrevistada hace referencia al artículo 47 del reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Agrario, capítulo XI, según el cual los funcionarios y empleados de los tribunales unitarios estarán impedidos para desempeñar otro cargo o empleo público o de particulares. Por eso cuestiona que Rodríguez Mendoza sea propuesta sólo por compadrazgo político.
Cuenta: “En 2012 tu servidora y el licenciado Óscar Torres Orozco nos trasladamos a la Ciudad de México a solicitar a los senadores que no se ratificara a Gutiérrez Mendoza, quien era magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15. Incluso entregamos un escrito con diversas quejas por su prepotencia y por su desconocimiento en materia agraria”.
No obstante los reclamos, a Gutiérrez Mendoza le dieron una magistratura en el TSA. “Hoy –puntualiza–, ella está influyendo para que María de la Luz Rodríguez Mendoza llegue o sea propuesta como magistrada para un tribunal unitario. Son comadres, así lo presumen en internet”.
Según la entrevistada, Gutiérrez Mendoza llegó al tribunal agrario apadrinada por el panista Diego Fernández de Cevallos.
–¿Quiénes más están atrás del padrinazgo de “la magistrada”? ¿De qué figuras políticas, en el ámbito nacional, estamos hablando? –pregunta el reportero a Figueroa González.
–Cuando nosotros presentamos aquella petición a los senadores, supimos que (el entonces presidente) Felipe Calderón la propuso para el Tribunal Superior Agrario en 2012.
Algunos magistrados supernumerarios del TSA se inconformaron por su nombramiento. Rafael Hernández Palacios, por ejemplo, promovió una suspensión por considerar que Gutiérrez Mendoza no tenía la carrera judicial necesaria ni los conocimientos para ser magistrada, reitera la entrevistada.
Y sobre el caso de su “comadre” Rodríguez Mendoza, para poder estar en la lista de propuestas para el Tribunal Unitario Agrario, es factible que tenga el apoyo de políticos. Por lo general a los tribunales agrarios llegan personas que tienen buenas palancas, lamenta Figueroa.
“Como litigante y asesora de los ejidatarios de San Isidro, en San Gabriel, nosotros vemos con preocupación lo que ocurre, porque también ella es cercana a José Roberto Vargas Maciel, oriundo de Tamazula de Giordano y apoderado legal de Nutrilite, la responsable de la invasión de 280 hectáreas que pertenecen a los ejidatarios.”
El caso Nutrilite
Nutrilite, es una transnacional que invadió desde la década de los noventa una superficie de más de 280 hectáreas del ejido San Isidro, municipio de San Gabriel, cuya representante legal es Figueroa González.
La entrevistada aclara que Nutrilite ha contado con el apoyo de autoridades federales y estatales y desde la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León y el gobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez. Ellos le permitieron ocupar esa franja del predio El Petacal.
Dice que a través de ese tipo de amarres y tráfico de influencias desde instancias de esa empresa se pretende justificar el despojo a los ejidatarios de San Isidro y obligar a los campesinos a aceptar otras tierras.
“José Roberto Vargas es apoderado de Nutrilite –asegura la entrevistada– y para nosotros son preocupantes los vínculos de esta gente (políticos y magistrados, todos del municipio de Tamazula de Giordano) y que los magistrados o magistradas –de los cuales es parte Gutiérrez Mendoza– influyan de tal manera.
“Un colegiado declaró que el tribunal debió declararse incompetente para resolver ese conflicto (de San Isidro). Pero no; le dieron un sesgo, declinándole la competencia a la asamblea de ejidatarios y tratando de obligar a los comuneros a aceptar una superficie de otro potrero (denominado Paso de Cedros o Potrero Grande, en el municipio de Tolimán, que pertenece a un particular). Y eso ocurre con una sentencia de la magistrada Gutiérrez Mendoza, que data del 27 de febrero de 2014.”
Según los ejidatarios de San Isidro, Rodríguez Mendoza en calidad de delegada agraria en Ciudad Guzmán mandaba a sus notificadores a presionar a los campesinos para que admitieran la superficie que les ofrecía la empresa. Eso es inaceptable, dice Figueroa González.
La resolución presidencial del 23 de agosto de 1939 ampara a los ejidatarios como los verdaderos dueños de esas tierras. Hoy, San Isidro aloja a 112 comuneros. Según el documento, el núcleo ejidal fue dotado de 536 hectáreas, de las cuales únicamente pueden ocupar 256 de la antigua hacienda de San Isidro.
No obstante, desde la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario presionan a los ejidatarios para que renuncien a sus tierras en favor de Nutrilite y olviden el pleito judicial, dice Figueroa González. Advierte que, si Rodríguez Mendoza es nombrada magistrada unitaria, las cosas pueden empeorar.
