Al entrar en vigor la reforma constitucional en materia laboral, se pone fin al esquema de las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje, que en Jalisco, como en otras entidades, fracasó entre otros motivos por la confabulación de la representación patronal con la del Estado, así como por los “arreglos” que eso propició.
El pasado 24 de febrero el presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en materia laboral, que una vez aprobada por 17 congresos locales entró en vigor al día siguiente en todo el país. Sin embargo, se estipuló un transitorio en que se contempla el periodo de un año para que se hagan todas las adecuaciones.
Esto significa que a más tardar el 25 de febrero de 2018, en Jalisco las 12 juntas especiales y las cinco foráneas compuestas por una representación tripartita (obrera- patronal-autoridad) serán sustituidas por juzgados e instancias conciliatorias que ayudarían a disminuir el número de casos. Actualmente, en Jalisco se contabilizan 100 mil expedientes y a nivel nacional suman 400 mil.
En su exposición de motivos, para la reforma se menciona que Jalisco ocupa el segundo lugar en materia de corrupción dentro de las juntas laborales, después de la Ciudad de México.
La desaparición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje marcará el fin de una etapa oscura en materia de justicia laboral en la entidad, donde la corrupción y el tráfico de influencias tienen un papel preponderante, coinciden abogados laboralistas consultados por este semanario.
Muestra de ello, dicen, es lo que interpretan como una intromisión de la autoridad en los “negocios” de mayor cuantía, pues hace 22 meses la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ordenó que se hicieran de su conocimiento los asuntos donde estuviera en juego un monto mayor a medio millón de pesos.
Para los litigantes Adán Romero Meza y Favio Guzmán Ceja, esa disposición evidencia que “hay mano negra” y abuso de autoridad en dicha instancia.
El 10 de agosto de 2015 Elke Tepper García, presidenta de la JLCA, ordenó a todos los presidentes especiales que le remitieran reportes de los asuntos “que se encuentren pendientes para dictar acuerdo relativo a ejecución donde la cuantía exceda de 500 mil pesos”.
En el documento, del que este semanario tiene copia, la funcionaria agrega que “si una vez remitido el mismo a esta presidencia de la JLCA no se les da indicación contraria en un término de dos días, a criterio y con facultad discrecional que poseen, podrán acordar lo conducente previa valoración que consideren al caso concreto, de conformidad a la responsabilidad que guardan en la aplicación de sus funciones”.
Para Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM), si bien esa instrucción puede servir para revisar los procesos y detectar anomalías, también “se presta a corrupción y al manejo discrecional” de los asuntos por la presidenta de la JLCA.
Al líder de los burócratas jaliscienses le preocupa la falta de recursos del Poder Judicial para impartir justicia laboral y es escéptico sobre los resultados de la reforma laboral que cristalizará el año entrante, toda vez que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje (que depende del Poder Judicial) es un ejemplo del rezago, con más de 15 mil expedientes atorados, algunos desde hace más de siete años, además de que se detectaron problemas de corrupción.
“Abrir juzgados laborales requiere dinero; yo dudo que el nuevo modelo pueda mejorar”, dice el líder sindical, y acusa a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la inoperancia de la JLCA, pues lejos de fungir como contrapeso en las juntas locales, “el único sindicato patronal, al tener 17 votos en bloque”, puede sacar adelante laudos fraudulentos.
Para el entrevistado, eso demuestra que los empresarios son comparsas de la corrupción.
El sindicato de empresarios
En sus 50 años de litigante y 16 como abogado especializado en asuntos laborales, Adán Romero Meza nunca había observado una aberración jurídica como la cometida en un pleito donde él denuncia la “mano negra” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para beneficiar al Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal).
“Nunca había visto algo similar –insiste–. No es posible que en un incidente de falsedad de firmas, promovido después de un laudo ejecutoriado que deviene de una autoridad federal, lo declaren procedente, sin ninguna otra prueba, porque mi cliente no vino a reconocer sus firmas, y que declaren falsas todas las firmas, incluso las estampadas antes del laudo. Es aberrante.”
Romero Meza denuncia que en 2014 el gobierno del estado hizo un acuerdo político con el Cesjal para darle entrada al incidente y emitir tal fallo. “Imagínese, dictar un incidente de esta naturaleza. Ellos sabían que mi clienta estaba en Australia y no podía venir (…) pero lo absurdo es que como no reconoció su firma, se declararon falsas todas, incluida la de la demanda. Esto es inaudito, no podía suceder, y es claro que ocurre por una instrucción del (entonces) secretario Eduardo Almaguer (actual fiscal general)”.
El abogado lleva la defensa de Myrna Aranzazú Machuca Sierra, despedida injustificadamente de su empleo como investigadora del Cesjal hace 10 años, igual que sus compañeros Juan Manuel Anaya Zamora y Alberto Tomás Pérez Martínez (expediente 594/2007/5C-A).
Machuca Sierra nombró a Romero Meza y a Perla del Sol Cedano como sus defensores el 17 de septiembre de 2014, cuando ya tenía el laudo a su favor.
El 20 de septiembre de 2013 se dictó el laudo definitivo para que el Cesjal reinstalara a los trabajadores y les pagara salarios caídos. El abogado revela que estaba a punto de presentar una denuncia penal contra Eduardo Almaguer, cuando el gobernador lo nombró titular de la Fiscalía General del Estado.
A la llegada de Pizano Ramos “siguió la misma tónica: no se movía la hoja de un expediente si el secretario y Tepper García no lo decidían así”, relata.
El también catedrático de la UdeG dio la batalla en los tribunales federales y finalmente revirtió el panorama, tras promover un amparo indirecto (216/2015 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia del Trabajo de Jalisco) y un recurso de revisión.
Sin embargo, ya pasaron años y no llega la justicia para Machuca Sierra. “No es posible que pase esto. Óscar Ábrego entorpeció el procedimiento y declaró ante los medios que este asunto estaba ganado (para el Cesjal), pero no estaba muerto”, aclara.
El 14 de diciembre de 2016, “dos años y 10 días después de la primera interlocutoria, logramos echar abajo el incidente de la falsedad de firmas”, sólo que “el asunto está en la presidencia y se recibe la instrucción: no se mueve”.
De 2001 a 2004 Romero Meza fue el responsable de las relaciones laborales de la Secretaría de Administración y representante patronal de la Segunda Junta. Dice que en ese periodo los sindicatos de las empresas agrupadas en la Coparmex sólo sacaron un laudo por mayoría.
Relata que ante esa situación, él acordó con un representante obrero sacar un caso a favor de un hombre que perdió una extremidad en un accidente ocurrido en el trayecto al trabajo. La empresa no le quería reconocer el riesgo de trabajo y su abogado inicial hizo una defensa deficiente.
Por eso, para Romero Meza los representantes obreros y los patronales son figuras decorativas, ya que los laudos no se discuten, “sólo se llega a formalizarlos”. Añade que por eso se llevó a cabo la reforma laboral y se extinguen las juntas.
Corrupción
Fabricio Guzmán Ceja trabajó en una clínica dental de Ajijic que atiende a los extranjeros avecindados en la zona. Aunque la licencia de operación del negocio fue tramitada con su cédula profesional, el dueño no le pagó lo acordado.
Después de promover el juicio laboral, en 2011 obtuvo un laudo favorable por más de 2 millones de pesos, pero aún no ha cobrado. Su hermano y representante legal, Favio Guzmán Ceja, litigante de las materias penal, civil, mercantil y laboral, asegura que el problema es “la corrupción en la junta”.
Explica que es muy difícil ganar cuando hay interés de beneficiar a una de las partes, “según sea el arreglo en la junta”, porque hay equivocaciones o errores en las notificaciones, en los escritos y en los procedimientos que demoran la justicia. En el caso de su hermano se cometió una falla grave al alterar el nombre de la empresa.
Afirma que la constante en los asuntos laborales, a fin de llegar a buen puerto, es recurrir al amparo.
Por ejemplo, prosigue, “hay una mafia que hace que los asuntos avancen o estén estancados. Yo defendí a un joven que trabajó en la Universidad Autónoma de Guadalajara y la representante patronal de la junta resultó ser con quien negocié para llegar al arreglo. Fue en su oficina en la junta (…)
“Ella dijo que tenía que salir el cheque inflado y que si no agarrábamos el dinero perdíamos el juicio. Hablé con el trabajador y él accedió, siempre y cuando le dieran lo que marca la ley y aparte se cubrieran mis honorarios (de 25%). El cheque salió por una cantidad muy superior. Le tocaban (al trabajador) como 50 mil y era por 120 mil. Ella dijo que quería ir al mar. Así es la corrupción.”
Cuenta Guzmán Ceja que acudieron al banco a cambiar el cheque y el reparto se hizo en la institución: “La acompañó un notificador de la junta. Allí el trabajador cambió el cheque, pero como iba acompañado de su mamá hubo problema: ella se enojó y empezó a decir ‘a mi hijo lo están robando’. Casi se arma un zafarrancho”.
La STPS emitió un comunicado de prensa el pasado 11 de abril para hacer precisiones sobre una denuncia de tráfico de influencias en perjuicio de un trabajador. El caso (expediente 1387/2004-J) fue publicado en este semanario y un mes después en el diario Mural. En él quedó en entredicho la independencia de su anterior titular, Héctor Pizano Ramos, actual secretario general del PRI en la entidad.
Tomás Figueroa Padilla, quien relevó a Pizano en la STPS, expone en el primer boletín de prensa de su gestión que esa dependencia está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Indica que el caso del trabajador en cuestión se resolvió en su favor y actualmente está en manos de la justicia federal por un amparo, por lo que ya está fuera del ámbito de competencia de la JLCA.
Afirma que dicha junta goza de autonomía “sin que el secretario del Trabajo y Previsión Social pueda influir o determinar el resultado de los juicios laborales, ya que la justicia es impartida por un órgano tripartito”.
Cuando fue secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer justificó la emisión del oficio a los presidentes de las juntas para que notificaran a la presidencia de la JLCA los asuntos de cuantía, con el argumento de que así se combatiría a los “abogados talibanes”, que inflan los juicios con artimañas.
