El DIF Guadalajara y la particular Silvia Tinoco mantienen un litigio desde hace una década, cuando la institución le retiró a la señora la patria potestad de su hija, después
de que denunció a su expareja por violación. Sin embargo, ambas partes coinciden en que la fiscalía nunca investigó a fondo y la afectada señala que ni siquiera se abrió averiguación contra el presunto responsable.
A una década de que Silvia Georgina Tinoco denunció a un sujeto que la violó a ella y a su hija, que en ese tiempo tenía dos años, la autoridad pretende quitarle la custodia de la menor a través del DIF Guadalajara. Así, aunque el agresor no ha sido investigado, el municipio sigue presionando jurídicamente a la señora.
El 4 de junio de 2007, Tinoco levantó el acta de hechos C/339/2007/S ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado –hoy Fiscalía General del Estado– en contra de Andrés Soto, que era su pareja sentimental.
La querella fue turnada a la agente del Ministerio Público Ana Bertha Castañeda Hernández, adscrita al área de delitos sexuales, quien con engaños obligó a la denunciante a separarse de su hija, porque presuntamente eso “era parte del protocolo de investigación”, recuerda Silvia Tinoco. Recuperar a la niña le costó siete años de proceso judicial y el asunto llegó al Supremo Tribunal de Justicia estatal.
Después de perder la patria potestad, la señora dejó de vender golosinas para buscar un trabajo mejor remunerado para demostrar a las autoridades que podía ser buena madre. Sin embargo, ya con la orden del juez que la libera de responsabilidades, Tinoco sigue luchando por su hija.
En entrevista con Proceso Jalisco, mientras acomoda unos vasos, comenta: “Me acusan por ser pobre, por eso me la quieren quitar”, dice entre sollozos.
Se refiere a la demanda por violencia intrafamiliar que este año –aún ignora la fecha exacta– interpusieron contra ella la abogada Eunice Avilés y la trabajadora social Laura Martínez en representación del DIF Guadalajara a fin de retirarle la patria potestad. Además, Tinoco afirma que, a fin de que renuncie a la tutela de su hija, constantemente la acosa el personal del albergue donde ésta permaneció durante el litigio, llamado Sueños y Esperanzas, A.C.
El archivo judicial del que Proceso Jalisco tiene copia (Toca 971/2017) especifica que Silvia Tinoco quedó libre de toda responsabilidad en 2014, dado que “no se demostró que la progenitora hubiera sido condenada por la comisión de un delito doloso en perjuicio de la menor, ni que actuando intencionalmente y grave, se hubiese puesto en situación de peligro”. Sin embargo, las llamadas y las presiones continúan.
Ella relata: “Me despojaron de mi hija, me escondieron su acta de nacimiento y quedó a disposición del Consejo Estatal para la Integración de la Familia. Al día siguiente me presenté con un licenciado en los servicios sociales de la UdeG, porque me iba a hacer un documento para demandar un amparo.
“Me quitaron a mi hija el 5 de junio de 2007 y me la regresaron en 2014. A pesar de que se resolvió a mi favor, ese albergue no me quería devolver a mi niña por ningún motivo, me hacían batallar. Hasta hubo abogados que me engañaron, me perdieron documentos. Uno de ellos dejó el caso porque no tenía cédula.”
La señora Tinoco trabaja de vigilante en el Hospital de Zoquipan en Zapopan, cuida adultos mayores y limpia casas con tal de ganar más dinero. Con la ayuda de la licenciada Bernal Meza, encargada del área de Cancerología en ese nosocomio, interpuso la solicitud de amparo 1299/2013 que le ayudó a recuperar a la niña.
Aunque hace ya un par de años que regresó a casa, la niña prefiere vivir con sus hermanas que con su madre. Ésta lo atribuye a que después del juicio el personal del albergue y del DIF continuaron con el acoso.
Recuerda que cuando ella llegó por su hija a Sueños y Esperanzas, la niña no quería irse en el auto con ella; para que accediera, los empleados del albergue le dieron un teléfono celular para mantenerse en contacto.
Cuando la señora se dio cuenta de que seguían influyendo en la menor para que la abandonara, le quitó el aparato y esto molestó aún más a la menor.
Sin embargo, duda que en el albergue la trataran bien: “A los niños en el albergue los amenazaban, les decían que si no se portaban bien los iban a llevar a otro lugar peor que ése. Yo me metí a trabajar como guardia de seguridad para demostrarles que podía tener un buen trabajo. La gente que me quitó a mi hija es prejuiciosa, le hacían creer al juez que yo era de lo peor y no merecía tener a mi hija.
“Ahora le mandan mensajes, la manipulan, y la niña no se ha adaptado a nuestra familia porque somos pobres. Cuando me entregaron a la niña, la directora del albergue (Érika Cid) se disculpó con ella por ‘no poder cumplirle lo que le prometió’. Ellos me estaban grabando y yo tenía que estar tranquila, pero tenía ganas de llorar con ella. Yo ya tenía los documentos para irme con mi niña y no me iba a ir sin ella, sobre todo porque se me negó verla desde que me la quitaron.”
Actualmente, con un nuevo abogado, Tinoco inició un procedimiento por acoso en contra del ayuntamiento de Guadalajara, encargado del DIF. En la querella especifica que la representación municipal inició un procedimiento judicial contra una mujer violentada aunque ésta fue la denunciante.
Además, pide que el municipio, como autoridad reguladora del DIF, detenga el hostigamiento contra la afectada (folio 1610/2008, del pasado 14 de abril).
Tinoco y su abogado solicitaron al ayuntamiento tapatío copia simple del expediente de la acusación contra ella, pero les fue negada.
Albergue con antecedentes
Este semanario publicó que el Consejo Estatal de Familia (CEF) envió a varios menores al albergue Sueños y Esperanzas y que ambas instancias presionaron a las madres para que los entregaran (Proceso Jalisco 290).
En esa ocasión la reportera María Antonieta Flores mencionó el caso de Silvia Tinoco. También el de Érika Coronado Martínez, quien durante una fiesta familiar en Tonalá bebió cervezas y más tarde se fue a su domicilio con su bebé de sólo 15 días. En la calle la detuvieron dos policías y la llevaron a una Agencia del Ministerio Público con su niña.
Cuando salían del lugar la niña comenzó a toser y a vomitar, por lo que las autoridades decidieron quitársela a Coronado Martínez y enviarla a la procuraduría estatal. A través de su oficina de Trabajo Social, la dependencia remitió a la bebé al CEF, que a su vez la canalizó a Sueños y Esperanzas.
Durante los meses siguientes Coronado Martínez intentó recuperar a su hija, pero en su versión las autoridades del CEF y del albergue la presionaron para que la entregara en adopción a una pareja de extranjeros.
Consultada al respecto al caso de la señora Tinoco, la representante legal de Sueños y Esperanzas, A.C., Claudia Torres, indica que perdió el caso en las instancias federales a causa de una investigación deficiente de las autoridades, que les impidió realizar un seguimiento para garantizar el bienestar de la menor.
La litigante asegura que la vida de la niña cambió drásticamente al ir a vivir con su madre biológica, quien según ella padece de sus facultades mentales, es agresiva con la infanta y carece de higiene. Torres niega asimismo que ella o el personal del albergue hayan tenido contacto con la niña por iniciativa propia.
“En el amparo, los magistrados (…) no se metieron al fondo, no se documentaron (…). Lo único que dijeron fue: efectivamente ella no tuvo nada que ver en el delito. Y se ordenó la entrega” de la menor, refiere la abogada.
Torres añade que, si bien la querella por violación en contra de la expareja de Silvia Tinoco tiene ya carácter federal (folio 2355/2007), por haber formado parte de las pruebas del amparo promovido por la señora, ésta acudió a la procuraduría estatal a solicitar ayuda médica, no a denunciar la violación.
Llegó a la fiscalía y dijo: “Quiero presentar una denuncia porque mi hija está mal y quiero que la revisen. La verdad es que eso no se me olvida porque lo hice valer en la demanda (…) Hubo la denuncia, puesto que está la averiguación previa”. Ella llevó a la niña, declara la señora y eso lo hace una denuncia… Cuando le están preguntando a la señora quién es o quién piensas que fue, entonces ella dijo el nombre y los datos del señor, pero no llegó a denunciar la violación, insiste la abogada.
Impunidad
Mientras la señora Tinoco pelea para conservar la patria potestad de su hija, su violador, Andrés Soto, está libre. Para las autoridades, la única responsable de lo sucedido con la menor es su madre.
A decir de la denunciante, ella quiso confrontar a su expareja pero las autoridades entorpecieron el proceso que ella ratificó ante un juez y prefirieron separarla rápidamente de la menor que investigar al acusado de delitos sexuales.
Incluso, ella expuso ante el juez de lo Civil que su expareja fue detenida por la Policía de Tonalá el 16 de septiembre de 2007, y que se lo notificó a la procuraduría estatal pero ésta “nada hizo al respecto”; ni siquiera abrió una averiguación, por lo que su denuncia se quedó en un acta de hechos.
Lo anterior puede comprobarse en la solicitud que la afectada presentó ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (registro c/339/2007/5), a fin de que se realizaran los exámenes pertinentes a la menor para sustentar el caso.
“Andrés Soto sí llegó a agredirme y a violentarme, pero es difícil de entenderlo así. Lo peor es que nunca se le dio seguimiento al caso. Hasta la fecha no sé si el señor está muerto, porque era una persona grande, o si sigue vivo. Pero no ha pagado por lo que hizo”, dice Tinoco.
Por lo pronto, añade que llegará hasta las últimas consecuencias legales y que posee audios en los que personal del albergue increpa a la menor a pesar de la orden judicial. De no cesar el acoso, advierte, hará público ese material.
