Vecinos de las localidades cercanas a la presa El Órgano acusan a la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón García, de beneficiar a presuntos familiares y amigos, así como a desarrolladores urbanos para que hagan un millonario negocio en las tierras ganadas al vaso lacustre. La administración pasada, dicen, les permitió apropiarse de los predios, pero Limón García dejó que los “rellenaran”, con miras a construir viviendas.
Fraccionadores, empresarios y personas cercanas a la administración que encabeza la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, la emecista María Elena Limón García, se apropiaron de las tierras ganadas a la presa El Órgano para hacer un negocio multimillonario.
Desde hace cuatro años contrataron elementos de seguridad privada, quienes se encargan de cuidar la zona y comenzaron a taponar el área adyacente al vaso lacustre, denuncian los vecinos. Su propósito, aseguran especialistas y legisladores consultados, es urbanizar el entorno donde ahora el metro cuadrado se cotiza en mil 500 pesos.
Se muestran confiados, pues en 2014, durante la administración del priista Alfredo Barba Mariscal, se modificó el Plan Parcial de Desarrollo, lo que les autoriza a hacer los cambios en el uso del suelo y da luz verde a la urbanización de la zona, con los riesgos que eso conlleva, según los entrevistados.
La diputada María de Lourdes Martínez Pizano, del partido Movimiento Ciudadano, advierte: la acción de taponamiento realizado al embalse de la presa provocará inundaciones que afectarán a cerca de 20 mil residentes del lado sur de Tlaquepaque.
Martínez Pizano comenta que la presa no es propiedad ejidal ni pequeña propiedad; tampoco pertenece al municipio, al gobierno estatal o al federal. Y es precisamente esa indefinición la que permite a cualquier persona física o moral reclamarla como suya.
De ahí que, según informó el diario Mural, el 13 de enero de 2005 el predio haya sido invadido por la tienda de conveniencia Seven Eleven, que construyó una de sus sucursales a la orilla de la presa, en la carretera a Chapala 4970.
El 7 de agosto de 2000 el ayuntamiento de Tlaquepaque declaró área natural protegida una superficie de 354 mil metros aledaños a la presa –cuya extensión es de 1.5 kilómetros y se ubica entre el cruce de Periférico Sur y la carretera a Chapala, rumbo al aeropuerto de Guadalajara– y se comprometió a rescatarla.
Las autoridades declararon que el embalse estaba a punto de convertirse en depósito de aguas residuales provenientes de las industrias y de letrinas del propio ayuntamiento de Tlaquepaque, así como de los de El Salto, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.
Negligencia
Hace cerca de 50 años, la presa El Órgano “era un paraíso”, recuerdan los lugareños. Cientos de paseantes solían acudir los fines de semana y acampar en la zona donde anidaban patos, garzas y otras aves.
En invierno aún llegan miles de patos provenientes de Canadá, relata un comerciante.
“Usted los puede identificar –dice–. Tienen un anillo metálico en una de sus patas y están protegidos por las autoridades canadienses. Se despliegan a lo largo de los veneros de agua. En la represa se cultivan diversas especies acuáticas como carpa de Israel, lobina y mojarra, así como serpientes de agua, tortugas y ranas. Es una pena que se eche a perder todo el ecosistema por el taponamiento de la presa.”
Los vecinos de Tlaquepaque critican a las autoridades por su negligencia. La alcaldesa Limón García, dicen, se muestra complaciente con lo que ahí sucede, mientras la regidora del Partido Verde Ecologista de México, Daniela Elizabeth Chávez Estrada, está enterada de la tragedia.
Entrevistada vía telefónica el miércoles 5, Chávez Estrada admitió que no sabía sobre ese problema. Curiosamente, horas después, difundió un comunicado en el que mostraba su preocupación por el incendio del Cerro del Tepopote… en Zapopan.
Ese mismo día, la regidora mandó una invitación a las personas preocupadas por la preservación ecológica que quisieran participar en el “Reconocimiento al Mérito Ambiental 2017”, promovido por el ayuntamiento de Tlaquepaque y dotado de 5 mil pesos.
En una segunda entrevista, Chávez Estrada rectificó. Habló de las “acciones” emprendidas por particulares en ese vaso lacustre, por lo que el gobierno de Tlaquepaque realizó un operativo el pasado 28 de marzo. Personal de la Unidad de Inspección Ambiental clausuró algunas de las obras en el perímetro de lo que antes era la presa El Órgano, incluido un basurero.
Y expuso: “Vamos a mandar un oficio a catastro para ver si nos pueden informar de quién es esa presa; si es de un particular, del estado o del municipio. Y, a partir de eso, ver el Plan Parcial de Desarrollo para determinar qué uso se le está dando”.
El miércoles 12, la diputada Martínez Pizano subió a la tribuna del Congreso local y exhortó a autoridades estatales y federales para revertir el taponamiento de la presa El Órgano. Dijo que las probabilidades de inundación son elevadas y presentó una iniciativa para actualizar el Atlas de Riesgo de la zona metropolitana.
Según comenta la legisladora emecista a Proceso Jalisco, el problema rebasa a la autoridad municipal y pide la intervención urgente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Comisión Estatal de Agua (CEA) y otras instituciones relacionadas con la preservación del medio ambiente.
Martínez Pizano muestra al reportero un correo electrónico en el cual la Conagua admite que el embalse no es propiedad de la nación; por lo tanto, carece de facultades para aplicar medidas restrictivas sobre él o sancionar a particulares por la destrucción del entorno.
Los vecinos, dice, han pedido a la alcaldesa Limón García reuniones con la Conagua, la CEA, con Protección Civil, e incluso con las autoridades de Tonalá –donde se ubica el Arroyo de Enmedio– para buscar medidas de saneamiento.
Las condiciones han cambiado, añade la legisladora, debido a que la zona fue “rellenada” y es probable que eso provoque inundaciones durante la próxima temporada de lluvias. “Es peligrosísimo lo que se avecina”, reitera Martínez Pizano.
Los riesgos
El taponamiento de ese vaso lacustre es casi de 100%, en tanto que los pequeños vasos reguladores del entorno, como el Arroyo de Enmedio, se van achicando de manera paulatina debido a que se van llenando de tierra y escombros.
El martes 4 Proceso Jalisco recorrió la zona del taponamiento y observó que la superficie ganada a la presa El Órgano es propiedad restringida. Los desarrolladores contrataron un servicio de vigilancia privado para controlar el acceso, así como a constructoras que hacen sus maniobras sin problemas, pese a que el ayuntamiento de Tlaquepaque no les dio autorización.
En territorio de El Salto, en la parte poniente del canal que antes abastecía a la presa por el lado sur, la maquinaria realizaba el relleno. El “brazo” de agua quedó reducido en sus dos extremos por toneladas de tierra.
Del otro lado de la carretera, sobre la orilla de los carriles que conducen a Guadalajara, el afluente de canal también fue reducido; en el predio aledaño incluso se levantó una malla metálica cubierta con un plástico negro para evitar que los curiosos o las autoridades vean las maniobras.
Cuando uno de los vigilantes vio al reportero le preguntó el motivo de su presencia. Los vecinos comentan que algunos guardias van armados y los amedrentan cuando se acercan al predio. Al principio les decían que los terrenos pertenecían al capo Ignacio El Nacho Coronel, quien fue ejecutado el 29 de julio de 2010 en Zapopan. El dato no pudo comprobarse.
Varios lugareños sostienen que en ese negocio presuntamente está implicada gente cercana a la alcaldesa Limón García. Uno de ellos, quien pide omitir su nombre, sostiene que los promotores practican una “engorda de terrenos ganados al embalse para posteriormente venderlos a precios exorbitantes”.
Hace cuatro años, el precio por hectárea ganada al fondo de la presa oscilaba entre 1 millón y 1 millón y medio de pesos; hoy, el monto se sextuplicó.
La diputada Martínez Pizano, quien dice desconocer quiénes están detrás de ese negocio, reitera: con el taponamiento del vaso lacustre, las aguas que llegaban a esa cuenca terminarán por inundar calles, casas y fincas en las colonias Solidaridad, Las Liebres y la Duraznera, en un primer círculo.
El problema se agudizará, dicen los entrevistados, pues viviendas construidas en zonas bajas o antiguos vasos contenedores de colonias como Ojo de Agua, El Barrancón, Los Puestos, La Micaelita, La Campesina, Juan de la Barrera, Las Liebres, Francisco Silva, San Martín de las Flores, El Vergel, Artesanos, Nueva Santa María, Guayabitos, Santa Anita y Parques de Santa Cruz el Valle se inundan periódicamente por falta de infraestructura hidráulica.
Escrituras al vapor
A principios de abril de 2013, cuando comenzaron las maniobras de relleno, los vecinos lanzaron la primera alerta. Presentaron una queja ante las autoridades ambientales, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y la Profepa. Ésta registró la queja bajo el expediente 217/262821, con fecha 8 de abril de ese año.
Para reclamar las tierras ganadas a la presa se hicieron algunas escrituras al vapor. Una de ellas es la de un predio perteneciente a El Salitre, aunque el documento, firmado el 26 de mayo de 2015, asienta que no se ubica en Tlaquepaque y su cuenta catastral está en Tonalá. Además, fue escriturado por Miguel Arturo Ramírez González, notario público de Tapalpa.
En esa ocasión presuntamente comparecieron Fernando Llamas García y Gustavo Adolfo Hernández Torres, juez y secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Jalisco, respectivamente, y el particular José de Jesús Sánchez Aguayo.
El motivo de la reunión fue para formalizar “el contrato de compraventa (del predio), en virtud del juicio de acción proforma (número de expediente 1106/2010) promovido en contra del señor Daniel Aguilar Rogel”.
Según el documento expedido, el 9 de diciembre de 2005 Sánchez Aguayo compró a Aguilar Rogel un terreno de siete hectáreas que formaba parte del predio El Salitre “que corresponde en su tercera fracción al predio Sin Sombre (sic), ubicado sobre el camino a San Martín de las Flores, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco”.
Precisa que ese contrato no fue cumplido ni formalizado en escritura pública. Menciona también que el 28 de octubre de 2010 Sánchez Aguayo instauró, por la vía civil, un juicio de acción proforma contra Aguilar Rogel. El 30 de junio de 2011, el Juzgado Tercero Mercantil ordenó escriturar el predio a nombre del demandante.
Como antecedente del terreno en supuesta disputa, según el documento, el 20 de enero de 1931 Aguilar Rogel se lo compró a Juan Flores, lo cual, añade, “acreditan los actores con el historial catastral expedido por el director de catastro municipal de Tonalá, bajo la cuenta 009889, de la oficina recaudadora número 97, el predio de las siete hectáreas tiene un avalúo de 2 millones 295 mil 550 pesos”.
También aparece el nombre de César Arturo Reynoso Mercado como gestor de los supuestos propietarios de una parte de la superficie perteneciente a la presa que demandan la autorización de cuentas catastrales en Tlaquepaque.
Según los vecinos, Reynoso Mercado –quien lleva cerca de 15 años trabajando como funcionario de segundo nivel en el ayuntamiento de Tlaquepaque y ha logrado sobrevivir a administraciones priistas, panistas y emecistas– es pariente del titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, un priista que aspira a la Presidencia Municipal de Guadalajara.
En la administración de Limón García, Reynoso Mercado se desempeña como responsable de la Dirección de Servicios Especiales y Eventos. Es hijo de Agustina Mercado García, una media hermana de la alcaldesa, según los entrevistados, quienes insisten en que se omitan sus nombres.
Otros presuntos dueños de terrenos cercanos a las tierras ganadas a la presa El Órgano son Julio César García Limón, que aparece en la nómina de la comuna, así como varios presuntos sobrinos de la alcaldesa, quienes tramitan procesos legales para regularizar dos predios.
