En Jalisco, la delincuencia está ganando la guerra al estado, comenta el exintegrante del Consejo de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero. Hoy, la delincuencia está desbordada y la impunidad es de 99% en la entidad. El titular de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, “no sirve para el puesto; tampoco como investigador, pues no sabe coordinar policías. En el peor de los casos, no entiende de administración”, dice Partida.
En el último tramo de la administración de Aristóteles Sandoval Díaz, la impunidad y la creciente inseguridad son las principales asignaturas pendientes.
En los dos años recientes, pese a las 315 reformas constitucionales para combatir a la delincuencia y los más de 6 mil 450 millones de pesos de presupuesto estatal destinado a la Fiscalía General del Estado (FGE) este año, sólo uno de cada 100 delitos es sancionado, comenta Alfonso Partida Caballero, exintegrante del Consejo de la Judicatura.
En 2013, antes de la fusión de la Procuraduría General de Justicia estatal con la Secretaría de Seguridad, de la cual surgió la FGE, las dos instituciones manejaban un presupuesto de 809 millones de pesos: 341 millones la primera y 468 millones la segunda.
Este 2017, la fiscalía tiene un presupuesto de 6 mil 450 millones de pesos. Y aunque el aumento es cercano a 800% con respecto al de 2013, la impunidad y la inseguridad avanzan.
Partida Caballero cuestiona al fiscal Eduardo Almaguer Ramírez, quien el 9 de julio de 2015 sustituyó en el cargo a Luis Carlos Nájera Gutiérrez:
“Cuando pones a una persona que no tiene la más mínima información de lo que se mueve y ocurre en la entidad en materia de seguridad y nunca ha estado en una fiscalía, no sirve para el puesto; tampoco como investigador, pues no sabe coordinar policías. En el peor de los casos, no entiende de administración.
“Entonces, debemos reconocer que estamos ante un escenario catastrófico. Y esto es una responsabilidad exclusiva del gobierno del estado.”
En entrevista con Proceso Jalisco, Partida Caballero advierte sobre las estadísticas que reflejan el negativo desempeño del gabinete de seguridad, área encabezada por Eduardo Almaguer.
A pesar de su alto presupuesto, puntualiza, en la FGE prevalece la simulación y el despilfarro, pero sobre todo la falta de voluntad para acabar con la inseguridad, así como la renuencia a contratar a agentes profesionales para reforzar a la Policía Investigadora; en lugar de ello, en la nómina de la fiscalía aparecen edecanes como Fátima y Rocío Velasco García, quienes ganan alrededor de 20 mil pesos al mes.
Ambas están asignadas a la dependencia como “prestadoras de servicios profesionales”, según comprobó este semanario en el portal de Transparencia. Eso molesta al personal porque lo que se necesita son “elementos operativos”, comenta al reportero personal de la FGE.
Los cuatro años de gestión de Aristóteles Sandoval, las hermanas Velasco García han pasado por diferentes dependencias, entre ellas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada al inicio de la administración por Almaguer; luego se fueron a la Secretaría de Movilidad (Semov), a cargo de Sepúlveda Enríquez, hombre de confianza de Sandoval.
Antes de llegar a la Semov, cuando Sandoval estuvo en el ayuntamiento tapatío, Sepúlveda estuvo en la Dirección de la Policía Municipal de Jalisco, pese a que se le criticó porque presuntamente no aprobó los exámenes de confianza.
Despues de transitar por diferentes instancias, las hermanas Velasco García aparecieron en la nómina de la FGE, primero bajo el cobijo de Luis Carlos Nájera y ahora con Almaguer.
Déficit de agentes
Según Partida Caballero, faltan al menos unos 300 agentes para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía; así como equipo para que los policías investigadores o ministeriales estén protegidos. Lamenta que más de 500 uniformados estén habilitados actualmente como escoltas de empresarios.
La fiscalía no cuenta actualmente con personal suficiente para atender las nuevas demandas. “Es vergonzante decirlo, pero ninguna de las nuevas leyes aprobadas ha servido para nada”, dice, y pone como ejemplo la Fiscalía de Desaparecidos, que fue anunciada con bombos y platillos, pero carece de los instrumentos y recursos humanos.
“Simplemente le están quitando personal al área de homicidios y a otras para dárselas a la nueva fiscalía; con eso sólo debilitan el servicio en otros espacios. Eso –reitera Partida Caballero–, es una simulación.”
Agentes operativos se quejan porque, dicen, sus cargas de trabajo se incrementaron pero ellos no reciben ninguna remuneración extra. Esa situación provoca que algunos se vinculen con el crimen organizado, como el investigador Yurko Alejandro Frausto González, quien fue detenido el 19 de diciembre pasado cuando acompañaba a un grupo delincuencial que intentó abandonar seis cuerpos en Tlaquepaque.
Con sus leyes, el Ejecutivo y el Legislativo sólo han “construido un callejón perverso marcado por las simulaciones, un laberinto lleno de mentiras y salidas falsas”, sostiene el entrevistado.
Dice que frente a los ataques a las instituciones de seguridad en el estado, la presencia de bandas del crimen organizado, el aumento de los delitos de alto impacto y la falta de coordinación de los cuerpos policiacos y los precarios recursos para las labores de inteligencia, el gobierno estatal conformó la Fuerza Única (FU).
Aunque al principio se dijo que los integrantes de la nueva fuerza tendrán el mejor equipamiento, capacitación especial para enfrentar al crimen organizado y se integrarían al sistema de inteligencia estatal, simplemente no han estado a la altura de las expectativas, mientras el crimen organizado y la impunidad siguen creciendo.
Otro exceso cometido durante la administración de Sandoval, dice el entrevistado, es haber encomendado también a la FGE el sistema operativo del núcleo carcelario de Puente Grande. “Para nadie es un secreto que con la desaparición de la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría de Justicia, dice, la fiscalía se convirtió en juez y parte”.
La fiscalía, comenta, se encarga de capturar a los delincuentes; a ella le corresponde cuidarlos, pero terminan por liberarlos o se le escapan debido a la mala administración. Si el papel de los reclusorios es garantizar la seguridad de los internos y reinsertarlos en la sociedad, ese objetivo no se cumple, reitera Caballero.
Recuerda que hace unas semanas las autoridades penitenciarias dejaron en libertad a un delincuente que participó en más de 150 robos de vehículos. El caso provocó la remoción de seis funcionarios después de que el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, declaró que el ayuntamiento captura a delincuentes peligrosos pero la fiscalía los liberaba.
Y se lanza de nuevo contra Almaguer: si bien el fiscal ha señalado a jueces por el asunto de ejecución de penas, tanto él como su personal declaran que los imputados son aptos para estar en libertad. Esto muestra que en Jalisco “vivimos las consecuencias de un Estado fallido”.
En otras palabras, “sólo 1% de los delincuentes son castigados. En Jalisco es más fácil sacarse la lotería que ser detenido y sentenciado por la comisión de algún delito. Ese es el tamaño de la irresponsabilidad que estamos enfrentando y es la forma en que está cerrando la administración estatal”, considera el exintegrante del Consejo de la Judicatura.
Las omisiones
Con base en las estadísticas oficiales del gobierno federal y de la administración de Sandoval Díaz, expone que entre 2014 y 2016 los homicidios dolosos aumentaron de 900 a mil 152.
El entrevistado cita como ejemplo de contraste el caso de Colombia. En 1991, comenta, las autoridades reportaron 7 mil 73 homicidios; para 2016 se redujeron a 495 gracias a las medidas aplicadas.
Durante ese lapso, las autoridades colombianas profesionalizaron todos los cuerpos de seguridad, diseñaron planes anticrimen y aplicaron en forma efectiva la extinción de dominio, un asunto que aquí (en México) no han querido aplicar.
“Y fue justo este punto uno de los grandes éxitos en ese país. Cuando un vendedor de droga era capturado, se aplicaba esa medida y de inmediato las fincas e inmuebles pasaban a poder del Estado. A Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso y rico de Colombia en los ochenta, se le decomisaron cerca de mil 500 millones de dólares tan sólo en la ciudad de Medellín.”
En Jalisco eso no sucede, dice Partida Caballero. Almaguer se ha especializado en discursos huecos y actos de simulación. Recuerda que el Consejo de la Judicatura nombró a 10 jueces para atender la extinción de dominio en Jalisco. Nunca se les dio presupuesto.
Y agrega: “La Fiscalía General del Estado de Jalisco dispone de un agente del Ministerio Público asignado para esa labor, pero sólo existe una carpeta de investigación en los juzgados civiles que se sigue por exención de dominio”.
Indica que con frecuencia se observan fincas con letreros donde se menciona que ahí se cometió algún ilícito y, por lo tanto, deberían estar aseguradas y sujetas a extinción de dominio. En realidad no se ejerce ninguna acción. En Jalisco “no existe una sola sentencia que haga alusión a esa nueva herramienta jurídica”, dice.
Y concluye: los miles de millones de pesos otorgados a la FGE para disminuir la delincuencia o castigar a quienes transigen la ley ha servido de poco. Muestra de ello es que aun cuando la fiscalía recibe más dinero, los índices delictivos no disminuyen
