En tanto que el secretario de Salud estatal, Antonio Cruces Mada, responsabiliza del desabasto de medicamentos a la empresa privada que administra las farmacias de los centros de salud, los pacientes de escasos recursos están desesperados: sus enfermedades se agravan ante la imposibilidad de surtir sus recetas, pues no las tienen en el sector público ni pueden pagar su precio comercial.
El desabasto de medicamentos en el Seguro Popular ya cobró su primera víctima mortal: un feto, cuya madre, de escasos recursos, no pudo conseguir dinero para comprar antibiótico y óvulos para curar una infección, lo cual provocó la pérdida de su embrión.
A mediados de febrero, el secretario de Salud estatal, Antonio Cruces Mada, reconoció la escasez de medicamentos pero culpó a la proveedora Dimesa, a la que se contrató para administrar las farmacias del sector. Sin embargo, no mencionó el adeudo que se tiene con la compañía desde 2014, que supera los 938 millones de pesos (La Jornada, 14 de febrero de 2017).
Cinco días después, el 19 de febrero, el funcionario declaró que Dimesa presentó un recurso de suspensión de la licitación pública nacional LPL 43068001-008-17 ante el Tribunal de lo Administrativo, el cual fue admitido y en consecuencia se detuvo el proceso para dotar de medicamentos y otros insumos al Seguro Popular para 2017.
Ella tiene 21 años. El 8 de febrero, con alrededor de 20 semanas de gestación, tuvo un intenso dolor abdominal y acudió a la casa de salud en Los Olivos, ubicada en la antigua carretera a La Capilla número 90 y perteneciente a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). No obstante, perdió al producto tras ser canalizada el mismo día al hospital materno infantil López Mateos.
Nada pudo hacer el personal médico. La causa del aborto fue la falta de medicamentos para combatir la infección vaginal de la madre, dice la doctora Alejandra Zamora Torres, responsable de la casa de salud.
A decir de Zamora Torres, al hacer el historial clínico de su paciente se dio cuenta de que lee y escribe poco, tiene déficit de atención e hiperactividad. Le pidió que se realizara un ecosonograma a través del Seguro Popular y ella se lo hizo en diciembre pasado, en el hospital López Mateos de Guadalajara.
El resultado fue que no había riesgos visibles para ella ni para el feto, sólo se detectó una infección en la vagina, por lo que se le recetaron óvulos y antibiótico oral. Sin embargo, la paciente no pudo surtir la receta: “Dice que fue a la farmacia del Seguro Popular del hospital pero no tenían el medicamento”.
La joven, de escasos recursos económicos, vive con su mamá y no cuenta con el apoyo del que fuera su pareja. A la siguiente cita, la doctora le renovó la receta al enterarse de que no había obtenido las medicinas en la farmacia pública, por el desabasto, ni en la privada, por falta de dinero.
Desde junio del año pasado la SSJ retiró la farmacia del centro de salud de Los Olivos. La doctora le explicó a la joven embarazada que tenía que conseguir los medicamentos en los centros de salud de Tlajomulco de Zúñiga o Atequiza, por ser los más cercanos. “Le dije que podía mandar a alguien en su lugar con copia de su póliza y una identificación, porque ella tenía que estar en reposo”, relata.
Pasó el tiempo y la joven no tomó sus medicinas en más de un mes.
La casa de salud de Los Olivos es de primer contacto. Su personal consiste en una odontóloga, dos enfermeras y la doctora Zamora Torres, quien se encontraba en un curso de actualización sobre chagas y paludismo el 8 de febrero, cuando la joven llegó con dolor abdominal intenso, acompañada de su hermano de 16 años.
El personal le contó a la doctora que la paciente no se dejaba revisar y sólo se le tomó la presión: “Se veía pálida, agitada, y gritaba mucho”.
La odontóloga buscó el expediente y consiguió un número telefónico. Respondió la mamá de la muchacha, quien fue a la casa de salud. Al mismo tiempo se le avisó por teléfono celular al director del área de Ixtlahuacán de los Membrillos, Gustavo Navarro.
–¿Quién grita tanto? –preguntaba por teléfono el doctor.
–Pues la paciente, doctor, mande la ambulancia.
No obstante, el paramédico de la ambulancia les explicó, también por teléfono, que la joven no estaba “regulada”, es decir, carecía de la documentación de traslado de una casa de salud a un hospital, aunque ambos pertenezcan a la SSJ. Les explicó también que no la aceptarían en el hospital.
–¡Que se la lleven! –ordenó Navarro en el celular–, yo hago las llamadas necesarias.
El paramédico la trasladó al fin y la recibieron en el hospital López Mateos. Sin embargo, el feto murió en el útero y la madre permaneció en terapia intensiva por la pérdida de sangre.
La doctora Zamora Torres confiesa que por casos como éste ya tiene pavor de ir a trabajar, pues “se le está negando a los pacientes el derecho a la salud”. Además, señala que “hay situaciones de violencia, abusos, abandono hacia las personas de la tercera edad, hipertensos y diabéticos que no pueden ir a otro lugar. Cada día les puedo dar menos y cada día (la autoridad) me exige más”.
La casa de salud de Los Olivos se ubica en una zona de escasos recursos económicos, con pandillerismo y baja escolaridad.
Carencias múltiples
Desde junio del año pasado, la señora Elizabeth Aceves no ha conseguido los medicamentos necesarios para tratar su trastorno bipolar, que le fueron recetados en el centro de salud mental El Zapote, de Tlajomulco de Zúñiga.
Desde hace tres años le recetaban carbonato de litio para tratar episodios de manía. “Yo creo que ese laboratorio sólo surte a Jalisco, pues cuando no hay la medicina en ese centro de salud, tampoco se encuentra en ningún otro lado, aunque la quieras comprar. Son fármacos restringidos, escasean y uno se queda sin el tratamiento”.
La paciente sufre accesos de ansiedad y cambios bruscos de temperamento, pero desde julio de 2016 hasta febrero pasado ninguna farmacia de la SSJ le ha podido dar su medicina: “Sólo me dicen: ‘Llámeme después para ver si ya llegó’. Llamo y resulta que no la han surtido, o que surtieron poquita y se terminó”.
Como la paciente llevaba medio año sin sus medicamentos, los médicos le cambiaron el carbonato de litio por valproato de magnesio. “Tengo entendido que eso es para las convulsiones –comenta–, eso no tengo, pero el doctor me dijo que también me puede funcionar. Y tampoco tienen esa medicina en las farmacias de los centros de salud, ni hay Risperidone, otro medicamento controlado que debo tomar por las noches”.
–¿Cómo se siente de salud ahora? –se le pregunta.
–He estado tranquila, pero hay días que estoy muy estresada. Por ejemplo, para mí diciembre fue muy difícil, tuve mucha ansiedad.
–¿No ha ido a las farmacias privadas?
–Sí, pero son caras: más de mil pesos cada medicina. Y no las venden en las farmacias de similares.
Elizabeth tiene 38 años. Junto a su esposo, Salvador Francisco Medina, de 41 años, y sus hijos de 15, 13 y siete años, vive en la colonia Cuatro Estaciones, de Tlajomulco de Zúñiga.
Salvador trabajó durante 25 años como chofer en el transporte urbano. La última ruta en que dio servicio fue la 625. Indica que el ritmo de trabajo y sus enfermedades no le permitieron seguir ahí, por lo que ahora hace lo mismo pero en el sector privado.
Salvador tiene diabetes e hipertensión arterial. Elizabeth relata:
“A él también le han fallado mucho con sus medicamentos, aunque por su tipo de enfermedad es más fácil conseguirlos… Le recetan insulina intravenosa, complejo B, enalopril para la presión, furosemida para no retener líquidos y otra que no me acuerdo. Son como cinco o seis medicinas. Él tuvo más recaídas que yo, no teníamos dinero para comprar medicamentos y nos costó más trabajo y más dinero estabilizarlo.”
A diferencia de su esposa, Salvador tuvo la suerte de encontrar sus medicinas en las farmacias de los centros de salud de la SSJ en el pasado enero. Sin embargo no fue suficiente: “Nos trajimos una pieza de cada cosa, no había más. Una caja de medicina sólo le cubre una semana”.
Además, Salvador padece de asma y las medicinas para esa enfermedad no están en el catálogo del Seguro Popular. Hay que adquirirlas en el sector privado a un precio que oscila entre 120 y 150 pesos por una caja con tres ampolletas.
La señora Elizabeth Aceves enfatiza que las unidades médicas “están muy mal. La dentista tiene más de seis meses sin dar consulta porque los aparatos no sirven”.
