Señor director:
Solicito a usted un espacio para dar a conocer, a Enrique Peña Nieto, la situación por la que atravieso desde hace por lo menos 20 años.
Mi nombre es Enrique Escobar León, actualmente pensionado por el ISSSTE tras haber trabajado 13 años en la Dirección de Inspección de Aduanas (DIA), dependiente de la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ingrese a la DIA en 1980, como inspector, y renuncié en 1993.
Mi trabajo consistía, básicamente, en visitar empresas distribuidoras de productos de exportación e importación y verificar que sus productos y papelería estuvieran en regla. De lo contrario se procedía a levantar un acta administrativa y se les aplicaba una multa, cuyo monto era determinado por la SHCP. Debo mencionar que de acuerdo con la Ley de Aduanas, los inspectores teníamos derecho a recibir entre 40% y 80% del dinero recabado por el cobro de multas a empresas infraccionadas.
Precisamente ésa es la razón por lo que hasta la fecha mantengo un litigio con la SHCP, pues me negó el pago por comisión de una infracción, impuesta el 2 de marzo de 1989 a la empresa Vinos Finos, S. A. de C. V., a la que se le detectó mercancía de importación con facturas apócrifas, entre muchas otras irregularidades en su contabilidad.
Hacienda la infraccionó con $18 mil pesos, pero era tal el cúmulo de irregularidades que la multa debió haber sido de 125 millones de pesos. La suma fue determinada por el perito especialista Manuel Rivera Benavides.
Yo le estoy reclamando a la SHCP 40% de esta cantidad más intereses. Por esa causa presenté la demanda correspondiente ante el Tribunal Federal del Cuarto Juzgado del Distrito Federal en Materia Administrativa, bajo el juicio ordinario # 6/99, a cargo de la juez María Guadalupe Rivera González, quien en un principio se declaró incompetente para manejar el caso.
En abril de 2001 esta juez declaró que “era improcedente la vía ordinaria federal planteada por el autor”. Todo esto a pesar de que el artículo 5° de la Constitución mexicana señala que “nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.
También presenté ante la Procuraduría General de la República más de 20 escritos pidiendo que se investigue mi asunto, y nada.
La SHCP nunca contestó a mi demanda, a pesar de que nombró al perito Ernesto Flores Cisneros, especialista en materia aduanal.
Lo más reciente sobre este litigio es que, el pasado 22 de septiembre, el juez Antonio González García, sin estar facultado para tomar decisiones de esta naturaleza, “dio por concluido mi caso”. Ante este fallo en mi contra, el pasado 22 de noviembre presenté una denuncia ante la SCJN, que no ha sido contestada.
Atentamente:
Enrique Escobar León
