Señor director:
Como consecuencia del arribo al poder de la ultraderecha, sufrimos –entre otros aspectos contrarios a la economía de la nación– el cierre de Banrural, institución creada para otorgar créditos a los campesinos. Con su clausura despidieron a todo el personal: los que no tenían antigüedad fueron liquidados y los demás, jubilados, pero todo el proceso fue al margen de la ley. Las propiedades muebles e inmuebles fueron trasladadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que las malbarató para beneficio de altos funcionarios.
En Banrural Centro Norte, con sede en Torreón, Coahuila, existía el Sindicato de Trabajadores –instituido al margen del gobierno y de los funcionarios–, que se destacaba por exigir respeto a los derechos de los asalariados de base. Como había mucha corrupción de funcionarios que pretendían involucrar a trabajadores honestos sindicalizados, se pidió una auditoría independiente a Banrural. Por ese solo hecho, antes del cierre de esa institución, el director general que nombró el entonces presidente Vicente Fox, Ruiz Galindo Terrazas (quien se apropió indebidamente de mucho dinero del presupuesto institucional), amenazó a la secretaria general del Sindicato, Elena Santana Ochoa, con hacerle mucho daño “por andar pidiendo auditorías” y la despidió, junto con el secretario del Trabajo gremial. Dichos trabajadores tenían ya 25 años de labor ininterrumpida. Estos hechos fueron reportados ampliamente en la prensa.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictaminó que, efectivamente, el despido fue injustificado, pero aun así ha venido actuando como enemigo acérrimo de los citados incorruptibles dirigentes sindicales: ha dictado ocho laudos –todos iguales– en los que se niega a declarar que la parte patronal está obligada a proporcionarles servicio médico, al igual que a los demás jubilados.
El colmo de las acciones arbitrarias de la autoridad es darle legalidad a un tabulador (presentado por la parte patronal) que consigna distintos salarios a idénticos puestos de trabajo, hecho que abiertamente viola el principio constitucional de “a trabajo igual salario igual”. Todas estas triquiñuelas –que ya llevan más de 15 años– están encaminadas a privar de los derechos económicos y sociales a estos sindicalizados, que las ganaron con su trabajo.
Por otra parte, el SAE inventó un fideicomiso a donde mandó todas las reservas económicas creadas por los trabajadores durante toda su vida laboral, pero son utilizadas para contratar lujosos despachos de contadores y abogados para combatir a los jubilados con su propio dinero, mientras que altos funcionarios corruptos salieron de la cárcel con la jubilación en su mano.
Todo eso explica que los citados dirigentes sindicales y muchos otros mexicanos hayan perdido el respeto a las instituciones burguesas, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los abogados laborales, porque todos están coludidos para mantener el actual sistema de opresión.
Atentamente:
José Asunción Luna Ortiz
