El 10% de la fuerza policiaca operativa de Guadalajara está en la banca, mientras la delincuencia aumenta en la ciudad, sostiene Luis Carlos Núñez Cortés, quien fue separado de la corporación luego de 12 años de servicio; ahora proporciona asesoría legal a los policías agraviados por jefes como Salvador Caro Cabrera y sus colaboradores. Sobre la Fuerza Única Metropolitana –a la que muchos de los uniformados se oponen–, comenta que será una especie de policía para los cuerpos de seguridad, y eso podría traducirse en un control más férreo y estricto.
De los 2 mil 700 uniformados de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, al menos 200 –10% del equipo operativo– se encuentran en la banca por diferencias con sus superiores o por desacato.
Luis Carlos Núñez Cortés, quien fue cesado de esa corporación tapatía hace unos días luego de 12 años de servicio, decidió asumir la defensa jurídica de sus excompañeros por medio del bufete Firma Jurídica de la Fuerza Policial, del cual es el presidente.
A través del corporativo especializado en atender casos de abusos de autoridad o violaciones a los derechos de los integrantes de diferentes corporaciones, Núñez Cortés considera que el ayuntamiento encabezado por el emecista Enrique Alfaro Ramírez está manejando mal los 3 millones de pesos que se invierten en seguridad en Guadalajara, una de las 50 metrópolis más peligrosas de México.
Por cada 15 mil pesos que se pagan cada mes a cada uno de los policías sancionados, el gobierno municipal desaprovecha el recurso humano que tiene a su disposición y constituye una especie de reserva policial que bien podría conformar una comisaría para una ciudad intermedia en cualquier parte del país.
“Es como desperdiciar o tirar a la basura una fuerte cantidad de recursos porque a esos compañeros se les impide cumplir con su deber de servir a la ciudadanía. Son recursos humanos y dinero que le cuesta al contribuyente y todo por un capricho de mantener castigada a gente operativa”, comenta.
Critica al comisario Salvador Caro Cabrera y su grupo porque, dice, no quieren entender que están violando los derechos de los policías y eso traerá graves consecuencias.
A ello hay que añadir los gendarmes que no aprobaron sus exámenes de confianza. Dice que este año “el 100% de los litigios de policías han sido ganados. La administración tapatía ha tenido que pagar en promedio 800 mil pesos a cada uno”.
Muchas demandas son porque las autoridades policiacas se niegan a pagar horas extras a los agentes que las cubren.
–¿Cuánto ha logrado cobrar su organización por ceses injustificados? –pregunta el reportero a Núñez Cortés.
–Alrededor de 4 millones de pesos entre demandas y reclamos de elementos de diferentes dependencias de Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara.
Siempre los mismos
Luis Carlos Núñez aclara que independientemente de la filiación partidista de los ayuntamientos, los jefes policiacos siempre son los mismos, pues son sumamente hábiles para mantener su cargo con priistas, panistas y emecistas. Por lo general sólo hay rotación de mandos en los mandos superiores.
Un ejemplo es Caro Cabrera. En la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, por ejemplo, tiene de asesor al licenciado José Francisco Ornelas quien trabajó en la Policía de Zapopan y luego fue cesado como director operativo de la Policía de Guadalajara en 2013.
Asimismo, tiene a Aldo Mojardín, quien en mayo de 2004, cuando era director de Seguridad Pública estatal durante la administración del panista Francisco Ramírez Acuña, fue acusado de reprimir a decenas de jóvenes altermundistas durante la Tercera Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea. En esa hubo decenas de detenidos y golpeados por los policías que comandaba Mojardín.
Otro es Filiberto Ortiz Amador, El Pinto, a quien Caro Cabrera rescató, luego de que el gobierno estatal lo acusó de violaciones a los derechos humanos cuando estuvo al frente de la Policía de Ocotlán. También fue señalado por los altermundistas agredidos el 28 de mayo de 2004. Algunos señalaron que él participó en la tortura que se les infligió antes de ser enviados al penal de Puente Grande.
Entre 2007 y 2008, como director de la Policía de Ocotlán, Ortiz acumuló 59 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), entre ellas destaca el testimonio de un menor, quien fue detenido por los policías de Ocotlán y que Ortiz participó en las sesiones de tortura que le aplicaron.
Sin embargo, en abril pasado Caro Cabrera salió en defensa de Ortiz y garantizó buen comportamiento en su trabajo.
“En Guadalajara, Caro Cabrera los tiene a ellos de asesores (a Mojardín y Ortiz). Son como dinosaurios dentro de las instituciones de seguridad pública; conocen todos los vicios y las mañas de las corporaciones y siguen controlándolas”, sostiene Núñez.
Habla también de Camilo González Lara, quien fue desplazado de Guadalajara a Tlaquepaque y ya es uno de los prospectos para dirigir la futura Fuerza Única Municipal (FUM), a la cual se oponen la mayoría de los uniformados.
La historia de Núñez
Luis Carlos Núñez habla de su cese como policía de línea en Guadalajara. “Mis jefes se negaron a escucharme”, dice.
“Antes de ser despedido yo traté de tener acercamiento con el comisario Caro, en junio. Solicité una audiencia con él para tratar las condiciones de la institución. Se negó a recibirme. A través de sus asistentes me dijo que no estaba interesado en hablar conmigo; me negó el derecho de audiencia. Lo entendí como una negativa para atender problemas de fondo”, comenta.
Para él, la actual administración de Caro en la comisaría, así como la Dirección Jurídica y los mandos policiacos marcan los abusos contra el personal.
Cuenta que de los 40 policías que reprobaron sus exámenes de control de confianza en octubre pasado, al menos 20 buscaron la asesoría del despacho que encabeza.
Según el artículo cinco de la Ley de Control de Confianza del estado, cualquier policía tiene derecho a una revaloración y ésta no está sujeta a ninguna condición o valoración.
“Nosotros quisimos hacer valer esa disposición, pero la comisaría contesta siempre cosas absurdas a los inconformes. Les dicen que vayan directamente al Centro de Control de Confianza, cuando ellos saben que no se puede, pues la petición es de institución a institución
“Somos un grupo de abogados los que trabajamos para atender a los policías. A mí me destituyeron del cargo por mi labor de defensa jurídica. Yo ya levanté la denuncia penal, la administrativa y otra del trabajo, además presenté una queja ante la CEDHJ y estoy completamente seguro que les voy a ganar, como en todas las demás ocasiones”, dice.
Aclara que la denuncia penal se sustenta en la manipulación que se hace desde la Dirección Jurídica de su caso. “En este sentido, el reglamento es claro y debieron abrir un procedimiento en mi contra para llevar a cabo una audiencia y saber quién me está señalando, de qué me está señalando y qué pruebas tienen en mi contra para poder defenderme, pero nunca lo hicieron.
“Eso vale para cualquier servidor público, oficial, administrativo o de confianza, es un derecho constitucional que se tiene en todos los municipios e instituciones de estado, el de ser escuchado y vencido en juicio”.
Asegura que su destitución carece de sustento jurídico: “Les voy a ganar, ya sé ese camino, lo tengo muy bien recorrido con otros compañeros, y todos se los hemos ganado, además ellos saben que tengo plenamente aprobados todos los exámenes de confianza, por desgracia reconozco que la indemnización que me tendrán que pagar va a salir del ayuntamiento y eso afecta a la sociedad porque son decisiones incorrectas las que se toman”.
La FUM
Con respecto a la FUM, que tendría 495 elementos, Núñez Cortés asegura que, aun cuando es un asunto de interés político, “se tienen pocos elementos para cumplir con eso. Guadalajara representa la mayor fuerza y aportaría al menos 200 agentes; Zapopan, 100 o 120; Tlaquepaque, unos 80; Tonalá, 20 o 30; El Salto, como 15, y Tlajomulco medio centenar”.
“Ahorita están alzando mucho la voz con eso de la Fuerza Única Municipal. La vez pasada, cuando nació la Fuerza Única Regional con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz –me consta, pues tengo los testimonios de muchos elementos–, mandó a gente que no quería ir. En Zapopan se ampararon todos los elementos que mandaron a la Fuerza Única.”
Nos hablaron 30 o 40 elementos porque manejaron su integración a la FUM sin ningún escrito o convocatoria de por medio. Alfaro dice que ese grupo se va a manejar solamente en la zona metropolitana, pero es aquí en donde se tiene la mayor carga de agentes operativos, y todavía quieren más.
Asegura el entrevistado que la FUM será una especie de policía para los cuerpos de seguridad y eso se podría traducir en un control más férreo y estricto contra los propios integrantes de los cuerpos de seguridad.
“Antes –dice– sólo había dos supervisores en toda la policía de Guadalajara. Hoy, con la administración de Caro Cabrera, hay cuatro y estamos peor que antes.”
Según Núñez Cortés, cuando trabajó en la Policía Municipal tapatía nunca hubo tantos uniformados en la “congeladora” o sancionados. Eso contrasta con la violencia desbordada en diversos sectores, sobre todo el rumbo de la calzada hacia la barranca de Huentitán y hacia la zona de Miravalle.
