Agobiada por un presunto adeudo de 20 millones de pesos y un mal manejo administrativo, la fábrica Tequila Regional –perteneciente a la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil– está a punto de ser privatizada. Según el asesor jurídico de los ejidatarios, incluso ya hay un presunto comprador. Los agraviados llevan meses denunciando a la productora de licor pero son ignorados. Hace un año acudieron ante el alcalde de Amatitán, David González, y le expusieron el caso. Tras escucharlos, él envió un escrito al gobernador Aristóteles Sandoval y al Congreso local para documentar el problema, pero la respuesta no llega.
Ante el temor de que se privatice la fábrica Tequila Regional por un presunto endeudamiento cercano a 20 millones de pesos, hace un año integrantes de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil solicitaron apoyo al alcalde de Amatitán, David Calderón González, municipio en el cual se asienta la productora.
En representación de 4 mil ejidatarios de Amatitán, Tequila, Arenal, Magdalena, Hostotipaquillo y Antonio Escobedo, los solicitantes –pertenecientes a la Organización Productora para la elaboración de Tequila Regional, propietaria de la marca– expusieron a Calderón González su preocupación por el incierto futuro de su patrimonio.
Mediante la creación de una Sociedad Productora Rural (SPR) –le dijeron– se han realizado operaciones fraudulentas que han llevado a la tequilera a altos niveles de endeudamiento. El propósito, arguyeron, es presionarlos para que la vendan, con lo que los 36 ejidos que la conforman dejarían de participar en ella.
Tras escucharlos, Calderón González, quien llegó a la alcaldía impulsado por la alianza PAN-PRD, advirtió la falta de transparencia de quienes administran la productora y del nulo respaldo de las autoridades agrarias y de los encargados de procurar justicia, lo que podría convertirse en un conflicto social.
A principios de enero, el alcalde envió un escrito al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en el que le describe la situación por la que atraviesan los ejidatarios de los seis municipios mencionados y al Congreso local, solicitándoles su intervención para solucionar el problema.
Proceso Jalisco consultó la copia del documento, recibido el 8 de enero de 2016 por la secretaría particular del gobernador, así como en la LXI Legislatura del Congreso estatal; la Junta de Coordinación Política; la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Mónica Almeida López; el diputado perredista Saúl Galindo Plazola; el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Miguel Ángel Monraz Ibarra; los legisladores panistas María del Pilar Pérez Chavira y Felipe de Jesús Romo Cuéllar, y los diputados del PRI Jorge Arana Arana y Antonio López Orozco, según los sellos de acuse.
A los ejidatarios les preocupa el despojo de las marcas de sus licores, según el documento: “Se nos informa que las marcas de la Unión de Ejidos Regional, Leyenda Regional, Tesoro Regional, Regionalito y Regional Supremo fueron cedidas a una nueva empresa de nombre Empresa Ejidal Tequilera Amatitán SPR de RL de CV, cuyo representante es el ingeniero Sergio Partida Zúñiga, quien dirige actualmente la Unión de Ejidos y cuyos socios nos comentan que sólo son 21 ejidos de esa empresa”.
Calderón González sostiene que aunque “parece un asunto particular, de una empresa”, el tema es de interés público, pues se trata de una productora fundada el 15 de enero de 1973 e inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) el 3 de noviembre de 1975 (número 584.75). De hecho, escribió el alcalde, es “un modelo de negocio basado en la participación de la propiedad ejidal”.
Primeras señales
Hace un año, los ejidatarios se enteraron de los planes de vender la fábrica por presuntos adeudos a diversos acreedores cercanos a 20 millones de pesos. Sin embargo, dicen, la administración, encabezada por Partida Zúñiga, nunca les explicó el origen de los pasivos ni el destino del dinero contratado como deuda, menos aún sobre el tipo de inversiones realizadas ni los volúmenes de producción o las ventas de tequila.
En diciembre de 2015, aseguran, se enteraron de la creación de la SPR con la que Tequila Regional comenzó a trabajar jurídicamente en 2003. Dicen que aun cuando muchos de sus compañeros saben de los manejos opacos de Partida Zúñiga no dicen nada, pues “están acostumbrados a las migajas que les da”.
Luis Alberto Lazcarro Reynoso, asesor jurídico de los ejidatarios inconformes, informa que sus clientes presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que dirige Eduardo Almaguer Ramírez, varias denuncias penales contra la SPR y quienes resulten responsables del delito de fraude.
En enero pasado, cuenta Lazcarro, representantes ejidales inconformes con los manejos administrativos de Partida Zúñiga interpusieron varias querellas –“todas iguales”–, contra él y contra quienes resulten responsables de los problemas financieros y del presunto endeudamiento de la fábrica, según trascendió en diciembre de 2015.
Incluso, dice el abogado, ya hay comprador interesado y una supuesta oferta por 8 millones de dólares. Se queja por la falta de apoyo de las autoridades ministeriales, reacias a iniciar la investigación de los hechos denunciados. Hasta ahora no hay avances en la integración de la averiguación previa correspondiente.
Lazcarro Reynoso, quien es coadyuvante ante las autoridades ministeriales junto con los abogados Luis Alberto Morales Sánchez y Álvaro Torres Dueñas, comenta: “De hecho, vamos a tener que promover un juicio de amparo para que se les dé fecha para su ratificación (a las denuncias), porque algunas no han podido ser ratificadas, y también que se agilicen los procesos y se lleven a cabo las diligencias”.
Reconoce que los 36 ejidos están divididos y algunos desconocen cuál es el manejo jurídico de la compañía tequilera y por qué se creó la sociedad productora rural de responsabilidad limitada; tampoco saben de la cesión de los derechos de las marcas registradas del licor que ellos elaboran.
“Lo que pasa –apunta– es que quien maneja la fábrica los trata de tener contentos, pero no les informa… muchos ignoran las operaciones que, consideramos, son fraudulentas. Por eso urge que las autoridades investiguen.”
La denuncia penal
El 21 de enero de 2016 Miguel Hernández Hernández, José Guadalupe Caro Gómez y Ramiro Tello Díaz, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del ejido La Venta de Mochitiltic, municipio de Hostotipaquillo, presentaron la denuncia penal ante el fiscal Almaguer y el Ministerio Público adscrito a la delegación regional de la zona Valles, subdelegación Tequila.
En ella, según la copia consultada por Proceso Jalisco, los demandantes exponen los hechos que, consideran, son constitutivos del delito perpetrado por la empresa ejidal tequilera Amatitán SPR, por lo que piden se proceda de manera penal contra ella.
Y agregan: La Unión de Ejidos V. Bonfil creó en 1973 la fábrica tequilera Regional con la finalidad de que los ejidatarios pudieran comercializar sus cosechas de mezcal a mejores precios “dando solución a los problemas planteados por los campesinos de la región comprendida por los municipios de Amatitán, Tequila, Arenal, Magdalena, Hostotipaquillo y Antonio Escobedo”.
Al principio, dijeron, la conformaban 34 ejidos, luego se sumaron otros dos.
En su exposición detallan que en una reunión del 17 de diciembre de 2015, en la sede de la Procuraduría Agraria de Guadalajara, se les informó que era imperiosa la venta de la fábrica para hacer frente a problemas con sus acreedores.
Entre ellos, les dijeron, hay dos pagarés: uno por 3 millones de pesos, suscrito el 7 de octubre de 2014 a favor de Manuel Pelayo Topete, y otro por 4 millones 800 mil a favor de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
“De ese supuesto dinero que se debe
–según el documento consultado– no hemos visto su utilización para el beneficio de la Unión de Ejidos y nunca se nos ha informado en qué se han gastado dichos recursos.”
Y añaden que el 20 de diciembre de 2015, en una asamblea extraordinaria celebrada en las instalaciones de la tequilera, se les indicó que había necesidad de venderla debido a las deudas contraídas por 10 millones 400 mil pesos.
Muchos de los ejidatarios se inconformaron porque, expusieron, nunca se les informó sobre ese adeudo ni saben en qué se gastó el dinero. Los de Hostotipaquillo se quejaron, además, por la falta de maquinaria e insumos elementales para trabajar y el mantenimiento a brechas y caminos.
Al final de esa asamblea extraordinaria los ejidatarios también se enteraron que el 30 de julio de 2013 fue creada la Empresa Rural Tequilera de Amatitán SPR, siendo Felipe Flores Murillo el presidente de la Unión de Ejidos V. Bonfil.
Sobre la cesión de las marcas de los registros otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los asistentes a ese encuentro expusieron que nunca se enteraron de ello, por lo que se negaron a avalar esa medida.
Los compromisos del 8 de enero
Proceso Jalisco tiene copia del acta elaborada por la delegación estatal de la Procuraduría Agraria el 8 de enero de este año en la cual consta que 31 ejidatarios (entre presidentes, tesoreros y miembros de los comités de vigilancia de sus núcleos de propiedad); Vicente Rodríguez Camarena, contador de la SPR, y el alcalde Calderón González comparecieron ante Alejandro Sandoval Hernández, delegado federal, y María del Rosario Santos Becerra, jefa de residencia, para hablar sobre la situación por la que atraviesa la tequilera Regional.
Sandoval Hernández se comprometió a brindar apoyo y dar seguimiento a las peticiones de los ejidatarios, entre ellas a convocar a una asamblea para solicitar una auditoría a la empresa y cambiar a la administración encabezada por Partida Zúñiga, “en razón de que no estamos conformes con sus manejos”, según expusieron.
“En cuanto a las deudas existentes
–respondió Sandoval Hernández– es importante investigar y aclarar el origen de las mismas, así como buscar los medios para no tener que vender la empresa, y, por el contrario, rescatarla y reactivarla para beneficio de todos los ejidos que forman parte de la unión”.
El alcalde aceptó brindar el apoyo necesario para auditar a la fábrica con la finalidad, dijo, “de aclarar la situación económica que guarda la empresa y, de esta manera, dar certeza a la Unión de Ejidos respecto a los recursos y deudas que dicen que existen”.
Por parte de la SPR, el contador Rodríguez Camarena expresó que, como la Unión de Ejidos no tenía ninguna personalidad jurídica, en 2003 se formó la nueva compañía. Al principio, dijo, sólo participaron dos ejidos; al año siguiente se incorporaron otros ocho; en 2005 se sumaron 11 más, de tal suerte que hoy son 21. El resto no han querido hacerlo pese a que se les ha invitado.
“En caso de una compra-venta de la empresa y sus activos –explicó– se repartirá (el dinero) por partes iguales entre los 36 ejidos de la unión, pudiendo tocarles hasta 1 millón y medio de pesos a cada uno.”
Las dudas
El alcalde David Calderón González –hijo de uno de los fundadores de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, según consta en el acta de asamblea constitutiva y el registro ante el RAN– externa su preocupación por el patrimonio de miles de campesinos.
Relata que la reunión del 17 de diciembre de 2015 estuvo viciada, pues ahí se mencionó a la empresa ejidal y a la Unión V. Bonfil, dos personas jurídicas independientes que nada tienen que ver una con otra. Ese día policías municipales de Tequila le impidieron el paso, dice; incluso muestra las fotografías en las que se observa a los uniformados empuñando armas largas.
–Algunos pobladores dicen que la policía daba seguridad a la fábrica –le pregunta la reportera a Calderón González.
–Según dicen, era recurrente que policías de otros municipios se hicieran presentes en la empresa. Pero la empresa no da acceso a más áreas, sólo a las comunes y donde celebran asambleas.
–¿Qué papel juega el presidente de Amatitán en este conflicto?
–Siento un aprecio muy importante por la empresa. Soy hijo de David Calderón Zepeda, uno de sus fundadores, quien en los tiempos de Luis Echeverría formó parte de este gran proyecto… no es posible que lo echen a la basura. Es una empresa con puntos de venta en todos los mercados importantes del país; venden más, pero deben mucho.
“En la reunión dijeron que deben 20 millones y eso, en el ámbito de los negocios, son operaciones por 80 millones de pesos. La pregunta es: ¿acaso la empresa no tuvo utilidades?, ¿acaso no pagó impuestos?
“Tequila Regional crece de la Unión V. Bonfil, que es la dueña. Los ejidatarios vinieron a pedir asesoría jurídica; se las estamos dando. El 17 de diciembre nos solicitaron acudir a una asamblea y nos encontramos que la Unión V. Bonfil tiene empalmada otra empresa –la Sociedad Productora Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, fundada el 30 de julio de 2003– en la cual únicamente están, en un primer momento, el ejido de El Arenal y el de Amatitán.
“La pregunta es: ¿Qué pasó con la Unión V. Bonfil? Ese mismo día (la administración) informó que la empresa debía dinero, pero en los informes que entregaron observamos que las cuentas no tenían ningún soporte legal o jurídico que nos indicara que la deuda es real.
–¿Desde su origen la fábrica se había manejado con finanzas sanas?
–En un principio (la Unión de Ejidos) consiguió un crédito. Los iniciadores hicieron un sacrificio. Y llegaron los tiempos de exportación. Fueron siete años de construcción, de abrir mercado. Lo difícil es posicionar la marca en el mercado y ya lo hicieron.
–¿Qué hay de la marca?
–Al parecer ya la cedieron; la Unión V. Bonfil cede a título gratuito las marcas a la nueva empresa.
–¿Con autorización de quién?
–Lamentablemente de ellos mismos (de los administradores).
–¿Los ejidos lo autorizaron?
–No.
–¿Los van a ayudar para revertir la cesión de las marcas que tenían registradas?
–La función del gobierno es dar certeza a los ciudadanos para que tomen sus mejores decisiones. Ellos nos han pedido apoyo jurídico y financiero.
–¿En qué consiste la ruta jurídica?
–Que los abogados de nuestro ayuntamiento les abran un panorama para la toma de decisiones. Ellos ya presentaron sus denuncias. Estamos en algo que aparenta ser un fraude. Deben 20 millones, no hay utilidades ni pago de impuestos; a los agaveros les dicen que cada vez deben más; las marcas se ceden a título gratuito, y el tequila se vende a través de otras empresas, sin contraprestación ni retorno de recursos para la unión.
–¿Qué irregularidades observan en el endeudamiento?
–Son deudas contratadas en pagarés simples, hechas mecanográficamente y sin certificar ante notario, ante particulares que cobran 3% mensual. Y es un interés que veo fuera de razón; no hay transparencia. La deuda marca 12 millones 377 mil pesos, cuyo destino se desconoce, aunque verbalmente se habla de 20 millones.
–¿Hay división entre los ejidatarios?
–Han sido coaccionados para que autoricen la venta de la empresa.
–Toca al Poder Judicial dar solución al problema.
–Este asunto es más importante porque tiene que entrar a la salvaguarda de los bienes de los ejidatarios la Procuraduría Agraria. Lamento que (la dependencia) sea omisa a tanta corrupción y que el Registro Agrario Nacional en Jalisco no responda a una solicitud ahora que hay una nueva mesa de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil.
–¿Qué le hace sospechar eso?
–Hay un trasfondo. Según nos dicen (los ejidatarios), se trata de una empresa que recibió recursos estatales y federales a fondo muerto. ¿Qué pasó con todo lo que le pudo haber dado el gobierno? De todos es sabido que la empresa era sinónimo de éxito y de orgullo para los campesinos.
–¿Hace cuánto dejó de serlo?
–Digamos que unos cinco años, cuando comenzó a perder recursos.
