Un legislador, un exconsejero de la Judicatura y un dirigente de abogados sostienen que es ineludible la reforma del sistema de impartición de justicia en el estado. Para los tres, la condición primordial para limpiar ese poder es que el gobernador deje de manipular los nombramientos de sus integrantes, pues todo indica que, tras la renuncia de Luis Carlos Vega Pámanes en medio de escándalos, se prepara una sucesión a modo para Aristóteles Sandoval y su padre, el magistrado Leonel Sandoval.
El Poder Judicial de Jalisco está obligado a exigir al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz que respete la división de poderes a fin de promover una profunda reforma de todo el sistema de impartición de justicia, sumido en una grave crisis, coinciden el exconsejero de la Judicatura Alfonso Partida Caballero, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) Augusto Valencia López y el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez.
Este último señala que escándalos como los protagonizados recientemente por el expresidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, y las deficiencias de la impartición de la justicia imponen la necesidad de hacer cambios radicales en la estructura judicial.
Sostiene que se debe plantear la remoción, liquidación o jubilación de 25 o 27 de los 33 magistrados que integran el pleno del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), independientemente de los nombres que se manejan para sustituir a Vega Pámanes en la presidencia del Poder Judicial y como magistrado.
“Creo que solamente seis u ocho de los 33 magistrados que ahora forman parte del pleno podrían quedarse. La mayoría de ellos deberían dejar sus cargos para dar paso a una nueva etapa de la institución, acorde con los tiempos que exige la sociedad. Pero el problema no es que se vayan, sino quién los va a sustituir y cómo”, dice.
Pérez Juárez afirma que la clase política ha repartido a su antojo las posiciones de primer nivel en el Poder Judicial, como es el caso de más de 80% de los jueces actuales: “Por desgracia menos de 20% fincan su trayectoria con base en su desarrollo profesional o en su carrera judicial”.
El penalista sostiene que la refundación del Poder Judicial requiere de al menos dos años para planear y desarrollar los procesos que se necesitan. Incluso habla de posibles candidatos para llevar a cabo esa etapa de transición:
“Personas como el magistrado Esteban de la Asunción Robles Chávez podrían encabezar esa etapa; también podrían hacerlo Manuel Higinio Ramiro Ramos o Sabás Ugarte Parra.”
Por su parte, el diputado local de MC Augusto Valencia López menciona: “Queda en evidencia que la presión o la intervención del gobernador Sandoval surten más efecto que un juicio político promovido desde el Congreso del estado”.
A decir del legislador, “hay una intervención directa del gobernador en el Poder Judicial. Si esa institución está tan mal, tiene que ver con que el gobernador lo ha estado mangoneando en toda su gestión”.
Prosigue: “Más allá del argumento que plantean, de haber escuchado a la sociedad para quitar a Vega Pámanes, lo sucedido con ese funcionario pone en evidencia que él (Sandoval Díaz) es el responsable de lo que ha sucedido en el Poder Judicial, quien tiene controlada a esa institución a través de su papá, Leonel Sandoval, y el mandatario va a intentar de nueva cuenta seguir manipulando”.
De hecho, indica, “ahora se espera el palomeo por parte del gobernador y sus más cercanos colaboradores, como el secretario general, Roberto López Lara, para ver quién será el nuevo presidente del STJ para los siguientes dos años.
“No va a moverse absolutamente nada con la salida de Pámanes; su permanencia era insostenible y todo lo que dejó como legado, todas las incorporaciones a cargos públicos de amigos, familiares, hijos o novias de funcionarios del Poder Judicial, pues ahí se quedan (…) Creo que puede haber algunos con una vocación real de proteger o hacer crecer al Poder Judicial, pero los intereses políticos están llevándoselo entre las patas.”
Relata que el gobernador citó a los 33 magistrados del STJ el jueves 10 a una reunión privada en Casa Jalisco, supuestamente para discutir el presupuesto, pero el principal tema era en realidad la salida de Vega Pámanes y sus escándalos.
“Prácticamente fue una reunión familiar: ahí estaba su papá (Leonel Sandoval) y el grupo político de magistrados que controlan. No entiendo por qué no lo hacen de manera pública, abierta, que se pueda escuchar cuáles son, tanto los cuestionamientos de los magistrados hacia el titular del Poder Ejecutivo y de manera invertida. Pero cuando uno los cita, por ejemplo a los magistrados en el Congreso, pues se dan de sombrerazos y no vienen; por el contrario, al llamado del gobernador ninguno faltó, es lo que llama la atención.”
Por eso, el diputado de MC propone que, “si todavía se mantienen los votos secretos, tanto para la elección de magistrados como para la elección del presidente del STJ, habría que revisar si conviene hacer públicos los votos para ver quién se decanta por quién y así la sociedad pueda evaluar a cada uno de los que toman su decisión a través del voto”.
La necesaria autonomía
El exconsejero Partida Caballero insiste: “Se requiere de una gran reforma y que se haga un diagnóstico completo, donde se vea cuánto vale la nómina del Poder Judicial; cuánto valen los servicios que se prestan y cómo se están llevando a cabo los procesos; debe transparentarse cómo se pagan los impuestos y los salarios; se tiene que hacer un estudio de cargos y de distribución de puestos, y sobre todo de salarios congruentes con la realidad que vive el estado”.
En su opinión, ese diagnóstico debe incluir todas las instancias del Poder Judicial, como el Tribunal de lo Administrativo del Estado, el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura (CJ).
Apunta que también se debe discutir a fondo la propuesta de reforma interna del CJ, sobre todo definir si debe tener siete o cinco integrantes y crear una fiscalía anticorrupción con plena autonomía, a fin de evitar casos como el de Vega Pámanes.
Además, dice, se debe hacer obligatorio el uso de nuevas tecnologías en la infraestructura y aplicar cambios de fondo en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), así como promover la descentralización del STJ hacia las regiones. “Eso le ahorraría mucho dinero a los gobernados que se tienen que trasladar a Guadalajara”, comenta.
Advierte que el Ejecutivo también interviene indebidamente en el IJA, pues “decide nombramientos e implementa los criterios de la misma manera que lo hicieron con Vega Pámanes”. Indica que eso le preocupa porque ese instituto fue creado para aplicar las medidas alternas de solución de controversias, con el fin de ayudarle al Poder Judicial y resolver cerca de 60% de los casos a través de la medición”.
Sin embargo, “resulta que esa instancia no está trabajando ni a 5%, a pesar de que en Jalisco cada año se generan aproximadamente 160 mil expedientes judiciales. El IJA está en el olvido”.
Las principales quejas entre los empleados de este instituto son la falta de presupuesto y de personal. Lo mismo ocurre en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), cuyo director, Luis Octavio Cotero Bernal, reconoce que tiene gran cantidad de peritajes pendientes y trabajo acumulado por la escasez de recursos humanos y de equipo, aunque el trabajo del IJCF adquirió una gran importancia en el nuevo sistema penal.
Existen instalaciones de IJA donde una sola persona atiende todas las citas de conciliación, reconoce Partida Caballero. “El problema de ese instituto es que ahí tienen metidas las manos los poderes Legislativo y Ejecutivo, mientras que el Judicial difícilmente tiene injerencia”.
Al referirse al magistrado Leonel Sandoval, quien durante la elección de 2015 fue señalado de hacer campaña a favor del PRI al convocar a los militantes a violentar la ley bajo el argumento de que el Tribunal Electoral del Estado estaba a favor de su partido, Partida Caballero dice: “Los magistrados no pueden estar en medio de los escándalos políticos o de cuestionamientos vergonzantes”.
En crisis
El CJ enfrenta una crisis económica que lo llevó a pagar incompleto el sueldo de mil 600 trabajadores; a 300 tampoco se les pagó la primera quincena de noviembre.
Para salir al paso, el 16 de octubre el CJ autorizó al director de Administración y Planeación, Juan Diego Martínez Delgado, a utilizar la partida 1000 –destinada a los aguinaldos y hasta del mes 13 de empleados de base y de confianza– para pagar los sueldos en los nuevos juzgados orales, según un documento interno del cual tiene copia este semanario.
Consultados al respecto, empleados de la Judicatura dicen que Martínez Delgado ha sido objeto de señalamientos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la retención ilegal de pagos y por presionar a trabajadores para que renuncien, lo que hace –afirman las mismas fuentes, que piden no publicar sus nombres– para colocar a los recomendados de la consejera Irma Leticia Leal.
Además, los tres sindicatos del Consejo de la Judicatura informaron que en esta semana realizarían el paro de labores generalizado, en caso de que no exista un acuerdo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para entregar más recursos al Judicial.
Por su parte, el secretario general del Sindicato del Poder Judicial, Alan Aldana Juárez, calculó que se necesitan 200 millones de pesos para terminar el año, aunque con 50 millones se podrían pagar las prestaciones restantes a los más de mil 600 empleados del CJ.
Partida Caballero afirma que para la operación del NSJPA se requiere 30% más de presupuesto para el siguiente año:
“En 2017 el Ejecutivo contempla un presupuesto para el Poder Judicial de 733 millones de pesos, sólo 10 millones de pesos más en relación con el año que corre. Esa cantidad es insuficiente, ya que la operación del NSJPA demanda 150 millones de pesos; en tanto que el sistema de oralidad mercantil necesita 20 millones y el sistema de ejecución de penas otros 25.”
