En las viejas pastorelas, juguetes cómicos navideños, había regocijadas escenas con que se les ponía punto final. Durante todo el montaje, el diablo se la pasaba hostigando a los pastores, dispuestos a ir a adorar al niño recién nacido. Había muchas peripecias en el cuento. En todas salía ganón el ñaco. Hasta que la fuerza positiva se hartaba de tanta arbitrariedad y dolo y ponía orden.
El reacomodo para que la vida continuara, como debía de ser, consistía en la aparición del arcángel vengador, Miguel. Espada en mano sometía al famoso demonio y lo arrojaba al infierno, del que nunca debía salir a incomodar a los indefensos humanos. Ya sin trabas, los ingenuos humanos podían dedicarse a sus labores cotidianas y visitar a la divinidad recién nacida, ofrendarle sus regalos y ponerse a sus órdenes.
Fueron tan extendidas estas figuraciones, traídas desde la península en la Colonia, que muchos de nuestros barrios y pueblos aún llevan nombres de estos personajes entre divinales y jocosos. Uno de estos barrios populares, el de Mezquitán, ahora totalmente integrado al casco urbano de Guadalajara, porta el sonoro nombre del caudillo de las huestes celestiales, san Miguel.
Eso dicen las consejas de las pastorelas. Pero en los hechos duros y rudos del presente, los tapatíos vemos que no resultó tan bravo el tal caudillo vengador a los vecinos de este barrio. O tal vez habrá que pensar que el tal demonio ya encontró nuevas formas de metamorfosearse y salir a flote de nuevo. En las pastorelas le irá como en feria al ñaco, pero en las instancias judiciales y oficiales del poder establecido ya encontró la forma de reciclarse y volver por sus fueros. Es cuestión de documentar nada más varias de sus triquiñuelas, para darle contenido positivo a lo aquí afirmado.
El mes de abril del año 2013 arrancaron las obras para construir un motel de paso en un terreno ubicado en la avenida Enrique Díaz de León y la calle Miguel Galindo. Muchos de los vecinos de esta construcción acudieron ante las oficinas responsables de los permisos y licencias para las construcciones en el ayuntamiento; solicitaron la información oficial en que se sustenta la autorización de esta obra.
Hay que decirlo de entrada: los esfuerzos iniciales de estos vecinos fueron vanos. La obra siguió levantándose y la información solicitada no les fue proporcionada, o al menos no con la claridad que éstos la requirieron. El siguiente paso, que es el de la inconformidad, no se hizo esperar. Ya encrespados los vecinos exigieron que parara la construcción del motel y que no se otorgara la licencia para su funcionamiento, en caso de que se llevara adelante su construcción. Los argumentos que esgrimen tienen un peso que no puede desdeñar ni el público, mucho menos un político serio que se respete.
En primer lugar, el tal motel futuro viene quedando al frente del templo de San Miguel de Mezquitán, cosa que ya huele a azufre, como en los desenlaces de las mentadas pastorelas. Fuera de chunga, hay más elementos de convicción que aporta el vecindario molesto. A 10 metros apenas del motel propuesto se levanta una unidad habitacional vertical, conformada por varias torres de departamentos, en donde habitan muchas familias. El posible espectáculo denigrante de los oficios que se atienden en un motel quedará puesto al alcance de la vista de muchos infantes y adolescentes, quienes aún no tienen la madurez suficiente para digerir la nota del tráfico sexual mercantilizado o por mercantilizar, instalado ante sus narices.
Pero hay mucho más de esto. La exposición del rejuego erótico no quedaría a la vista tan sólo de las familias que habitan los multifamiliares. Por la calle Miguel Galindo se encuentra una plaza pública y un parque, que es el lugar de esparcimiento para los vecinos de este barrio, en donde los niños salen a jugar durante las tardes. Queda entonces justo al corazón del centro de convivencia, descanso y jolgorio para las familias del barrio tradicional de Mezquitán.
Los moteles de paso pertenecen al rubro de licitación de los que deben llenar varios requisitos legales de ubicación especial, de acuerdo a la normatividad existente en el ayuntamiento de Guadalajara. Es a todas luces evidente que en este caso dicha normatividad fue pasada por alto para recibir la luz verde por la que se dio inicio a la obra. Tan grave resulta que esta construcción haya sido puesta en marcha como el hecho mismo de que continúe, de que no pare, de que no se demuela a pesar de la oposición abierta del vecindario. Resulta sospechoso, por decir lo menos, que no se giren oficios claros y contundentes, por parte de las autoridades correspondientes, para que concluya la pesadilla de los vecinos y que les haga retornar a su tranquilidad.
La licencia de construcción de este inmueble es la M-0077-2010, folio 14831, de fecha 29 de marzo de 2010. El ayuntamiento tapatío dio trámite a una solicitud signada por la vecina Cristina Isabel Rodríguez Guzmán, por concepto de Medidas de Seguridad en contra de dicha licencia, señalando que se contravinieron leyes, reglamentos y planes de desarrollo urbanos municipales, originando con ello un deterioro futuro en la calidad de vida de los habitantes de la colonia citada.
La licencia se expidió a partir de un recurso de revisión que no aparece en original. En caso de existir, se denuncia la firma de los supuestos signatarios de dicho recurso, José Juan Carlos Ulloa Sánchez y Ricardo Oliveras Ureña, como falsificada. El ayuntamiento de Guadalajara mismo reconoce que existe un procedimiento de autorización fraudulenta. La comisión para la revisión de los recursos en materia de desarrollo urbano, de fecha 21 de noviembre de 2008, en el expediente CCRRMDU/0773/2008, oficio CRRMDU/NR/0715/2008, manifestó “no haber emitido resolución alguna, dentro del expediente señalado, negando llanamente su existencia”.
La licencia que ampara esta construcción, de acuerdo a su seguimiento jurídico pertinente, es nula de pleno derecho. La lucha persistente de los vecinos logró mediante un amparo la suspensión provisional de esta construcción, pero se les negó la suspensión definitiva. Estos vecinos irritados consiguieron ya el apoyo de los diferentes grupos edilicios del ayuntamiento. Con ello, el pleno del cabildo tapatío instruyó a la sindicatura a realizar la investigación correspondiente e iniciar el juicio de lesividad.
El Congreso del estado también envió un exhorto al municipio para que inicie el procedimiento de expropiación de dicho predio. Pareciera pues que un nuevo triunfo de Miguel sobre el famoso diablo está por escenificarse. Lo que no se explican los vecinos es el tortuguismo con que actúa el magistrado Alberto Barba, que sigue sin resolver de forma definitiva el asunto. La indolencia de este magistrado les hace suponer una clara actitud suya de parcialidad a favor de los “moteleros”, una colusión más de la autoridad con el diablo. ¿Será posible? Pronto nos desengañaremos.
