Proceso Jalisco detectó que varios alcaldes metropolitanos, el propio gobernador Aristóteles Sandoval y el fiscal Eduardo Almaguer han desviado millonarios recursos a posicionar su imagen en las redes sociales. El tema llegó al Congreso estatal la semana antepasada, cuando el diputado independiente Pedro Kumamoto subió a tribuna para fustigar a sus colegas por aprobar que parte de los recursos públicos para el ejercicio 2017 se destinen a la contratación de servicios de comunicación.
El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y el alcalde tapatío Enrique Alfaro Ramírez llevan meses posicionando su imagen en las redes sociales con miras a los comicios de 2018, con el consabido derroche millonario, aprovechando la falta de normas que regulen esa práctica.
En los últimos tres años, el mandatario priista ha canalizado casi 11 millones de pesos a ese fin, mientras que el alcalde emecista destinó arriba de 8 millones entre julio y octubre de 2016. En total 19 millones, cifra que rebasa con creces los 8.4 millones asignados al Centro de Justicia para las Mujeres el año pasado.
Los alcaldes de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García, de Movimiento Ciudadano; de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, del PRI, así como el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eduardo Almaguer Ramírez, también afiliado al priismo, han utilizado sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram con fines electorales.
Por medio de la Ley de Transparencia, Proceso Jalisco solicitó al gobierno del estado, así como a los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá información sobre los montos destinados al pago de publicidad digital y los contratos correspondientes.
La administración de Sandoval Díaz respondió que en los últimos tres años erogó 10 millones 924 mil 42 pesos, según consta en 27 facturas, la mayoría emitidas por la empresa IM&M Internacional de Medios (folio UT/2727-11-2016), lo que convierte al Ejecutivo en el que más gasta en redes sociales para posicionar su imagen.
IM&M Internacional de Medios es una sociedad civil, por lo que se desconoce quiénes son sus socios. Sin embargo, llama la atención que la empresa, según el portal de Transparencia del gobierno estatal, de 2013 a la fecha ha recibido 35.3 millones de pesos por concepto de publicidad. La cantidad más alta fue en 2014, cuando el Ejecutivo le asignó 23 millones de pesos.
Otra beneficiada por la administración de Sandoval Díaz es la empresa Ninoestudio, la cual no posee página de internet ni perfil de Facebook. Se constituyó el 5 de mayo de 2015 ante el notario público número 1, Reynaldo Díaz Ramírez, cuya oficina se ubica en el municipio de Unión de Tula (folio mercantil 89183). Sus socios son: Emmanuel Medina Guerra y Alan Salvador Álvarez Ochoa.
Según su acta constitutiva, el objeto social de la compañía es la “contratación y prestación de servicio profesionales, técnicos, consultivos y de asesoría en las disciplinas de diseño, industria editorial, comunicaciones en general, demostración, publicidad, de la industria cinematográfica, del cine, televisión, radio y sus derivados como teatro, fotografía, periodismo, además, de todo tipo de artículos y servicios”.
La información entregada por el Ejecutivo destaca que Ninoestudio recibió un cheque por 34 mil 800 pesos, emitido el 22 de enero pasado. La factura fue firmada y autorizada por el director administrativo del despacho del gobernador, Marco Antonio Carvajal Guedea, bajo el concepto de asesoría y manejo de redes sociales del gobierno del estado de Jalisco del 16 de noviembre al 16 de diciembre, aunque omite el año.
Carvajal Guedea es cuñado de Alberto Lamas Flores –el antiguo jefe de gabinete de Sandoval que fue relegado como representante del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México tras la derrota del PRI en las elecciones de 2015–. Lamas Flores era el encargado de repartir los recursos públicos entre las empresas con el fin de que Sandoval y su gabinete tuviesen presencia en los medios de comunicación (Proceso Jalisco 500).
Los gastos de los alcaldes emecistas
El ayuntamiento de Guadalajara también respondió por escrito la petición de Proceso (folio DBT/4998/2016). Admite que el 25 de julio entregó a la firma Indatcom tres cheques de Banamex (del 1807 al 1809), cada uno por 416 mil 666 pesos, por “pago de publicidad en redes sociales”.
La información difiere de la que tiene en el portal de Transparencia, donde se mencionan seis pagos que suman 4 millones 83 mil 333 pesos por la prestación del “servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet”. Esta cantidad incluye los tres cheques de Banamex que las autoridades tapatías haber entregado a Indatcom.
Esta empresa forma parte del grupo empresarial La Covacha Gabinete de Comunicación y Euzen Consultores, todas encabezadas por Rafael Valenzuela, quien ha trabajado para Alfaro desde que era alcalde de Tlajomulco. En abril pasado, Indatcom fue señalada de entregar el padrón electoral a la empresa Amazon.
Hasta el momento, Alfaro ha gastado el doble del presupuesto estatal para el posicionamiento de su imagen en redes sociales, a pesar de que las diferencias presupuestales entre un municipio y un estado son muy distintas.
El martes 15, durante la sesión del ayuntamiento tapatío, la Dirección de Adquisiciones, encabezada por Luis Arturo López Sahagún, emitió una solicitud de adjudicación directa para el pago de publicidad en Facebook a favor de Indatcom. El monto fue de 4 millones de pesos.
También se asignó un contrato directo a la empresa Google Operaciones de México para que el consorcio de comunicación otorgue a Guadalajara la difusión de sus contenidos a través de internet. Ninguna de las facturas fue reportada por la Unidad de Transparencia de Guadalajara como lo solicitó Proceso Jalisco; tampoco aparece ningún cheque en el portal web.
Tlaquepaque, donde gobierna la también emecista María Elena Limón, informó que sólo se realizó un pago por 150 mil pesos en diciembre de 2015 a Indatcom. No obstante, este semanario detectó que el 4 de enero de 2016 el ayuntamiento firmó un contrato con esa empresa para administrar las plataformas digitales, principalmente Facebook, Twitter y Youtube. Según el documento, la empresa se comprometió a prestar el servicio del 4 al 31 de enero de 2016, cuyo costo se tasó en 100 mil pesos.
En su portal, el ayuntamiento informa sobre otros pagos en febrero y marzo por 75 mil y 200 mil pesos, respectivamente, por administrar las plataformas digitales. El sitio de Transparencia está actualizado en las pólizas de pago hasta septiembre de este año. En total, la alcaldesa entregó a Indatcom al menos 525 mil pesos.
Convenios singulares
La Unidad de Transparencia del municipio de Tonalá, por su parte, admite haber destinado 303 mil 333 pesos al manejo de redes sociales del 1 de octubre de 2015 al 9 de noviembre de 2016. El servicio corrió a cargo de la empresa MKT Estrategia Comercial.
Proceso Jalisco consultó el portal de Transparencia del ayuntamiento tonalteca, encabezado por Sergio Chávez Dávalos, para buscar cheques emitidos a la empresa mencionada. No los encontró, pues el apartado de pólizas está actualizado hasta noviembre de 2015.
MKT Estrategia se constituyó el 30 de julio de 2013, ante el notario de El Salto Javier Alejandro Macías Preciado. Sin embargo, la empresa realiza actividades diferentes a las que se especificaron en el acta constitutiva.
Según ese documento, los socios de MKT Estrategia son Jorge Valencia Rodríguez y José Antonio Mendoza Azpeitia, quien es esposo de María del Pilar Mena González, lo que lo convierte en sobrino político del exgobernador panista Emilio González Márquez.
En el folio mercantil 75957 quedó asentado que MKT Estrategia se dedicaría a la “consignación, compraventa, importación, exportación dentro y fuera del país, fabricación, comercialización y/o distribución de todo tipo de productos de alimentación y/o bebidas en general, al mayoreo y/o detalle, toda clase de complementos para la alimentación en sus diferentes variedades y/o cosméticos y/o venta de toda clase de artículos alimenticios y/o bebidas alcohólicas”.
No obstante, la administración de Chávez Dávalos le entregó cheques por 1 millón 481 mil pesos por la elaboración de un manual, un sistema de comunicación digital y la renta de sistemas de audio.
Llama la atención que todas las oficinas de gobierno poseen en sus registros de nómina una amplia lista de trabajadores del área de Comunicación Social, por lo que la contratación de empresas externas para el manejo de redes sociales implica un gasto extra a los programas de difusión oficiales.
La propuesta de Kumamoto
El diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar dice que el jueves 17 subió a tribuna para fustigar a sus compañeros por aprobar que parte de los recursos públicos se destinen a la contratación de servicios de comunicación.
En concreto, comenta el zapopano a Proceso Jalisco, se refería al titular de la FGE, Eduardo Almaguer Ramírez –quien busca la alcaldía de Guadalajara–, quien solicitó un aumento importante en el presupuesto para su área de comunicación con el fin de promocionar su imagen.
El aumento en el presupuesto para el área de comunicación de la FGE generó sospechas en el diputado. Por eso subió a tribuna y comentó que no podía asegurar si ese gasto se utilizará para actos proselitistas.
Kumamoto considera que los procedimientos de adquisición del gasto son opacos y se prestan para que algunos funcionarios se aprovechen de esos recursos y hagan campañas anticipadas.
Sus compañeros increparon a Kumamoto. Le preguntaron si su propuesta para modificar el Presupuesto de Egresos 2017 incluía a otras dependencias. El legislador respondió que sí y mencionó a alcaldías como la de Guadalajara donde, expuso, empresas mediáticas salen a la esfera pública por motivos de contratación cuestionables.
Entrevistado el viernes 18, el legislador zapopano comenta: “Yo creo que tenemos que dejar muy claro que las propuestas que hicimos el día de ayer tienen que ver con puntos claros, entre ellos: la fiscalización de la asignación de recursos dirigidos hacia áreas específicas o al problema de los feminicidios, el combate a la desaparición de personas o cualquier otro trabajo relacionado con actividades de la fiscalía versus la cantidad de recursos económicos que se le entregan para impulsar la imagen de la Fiscalía General del Estado de Jalisco”.
Sobre el hecho de que las erogaciones para la agenda de medios sean superiores a las de atención a la violencia de género, los desaparecidos o los programas de atención a la juventud, Kumamoto considera necesario que el Congreso estatal interceda para que esto deje de ocurrir. Dijo que él, como representante popular, trabajará para que así sea.
