Policías metropolitanos: un trabajo inseguro

Elementos inconformes de las corporaciones de seguridad de Guadalajara y de Tlaquepaque se enfrentan a distintos problemas que los mantienen en igual incertidumbre. Los primeros denuncian malos tratos de sus superiores, precarias condiciones laborales y bajo sueldo, mientras que los segundos enfrentan una ola delictiva con inestabilidad en el mando de la comisaría.

Las comisarías de Seguridad Pública de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, municipios gobernados por el partido Movimiento Ciudadano (MC), enfrentaron este último año dificultades que no les permiten garantizar el control, el orden interno ni una adecuada vigilancia.

Entre enero y julio de 2016, Guadalajara ocupó el lugar 13 entre las 50 metrópolis más violentas en México, con un saldo de 103 homicidios; la siguió Zapopan, con 93 asesinatos. Tlajomulco apareció en esa lista con 63, casi empatado con Tlaquepaque, con 61, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Policías de Guadalajara denuncian ante este semanario que, pese a sus jornadas laborales de más de 12 horas, nunca se les paga tiempo extra, se les da un trato denigrante y no disponen de tiempo ni de un lugar para comer. Consideran que esas condiciones laborales violan sus derechos humanos.

A través de Twitter, algunos inconformes compartieron el oficio 34021/2016, del 10 de noviembre de 2016 y dirigido a los comandantes de la zona centro: 1, 2, 3, 4, 5 y 6-Alfa; 1,2, 5 y 7-Beta; Olimpos, Upres, Uredes, Urepaz, Urse, Tedax, Zeus y el encargado del Cecoe.

En ese documento, el director de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana, Juan Bosco Agustín Pacheco, menciona que según la orden emitida en el oficio CGPPM/5562/2016, signado por el comisario general de la Policía Preventiva tapatía, Salvador Caro Cabrera, se advierte al personal “pie tierra o bien tripulando vehículos oficiales” que los arrestos por indisciplina serán hasta por 36 horas.

Añade que se consideran actos de indisciplina el uso de teléfonos celulares, comer en la calle, fumar, realizar juegos de manos, adoptar una postura relajada como descansar pies y brazos sobre muros, paredes o columnas, y sentarse en el piso.

También serán castigados los policías que ignoren “las demostraciones de respeto a todo superior que transite por las inmediaciones donde se encuentre, las cuales deberán de hacerse en forma correcta, como se estipula en el adiestramiento”. Ignorar a sus superiores era una de las pocas maneras de manifestar su inconformidad, confiesan los denunciantes.

Critican que la orden provenga de Salvador Caro, que no tiene una carrera policial y contra quien persisten dudas sobre si aprobó sus exámenes de confianza.

El usuario de Twitter @isaacislas comparte el oficio del director de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana y cuestiona: “Los policías en Guadalajara trabajan 12 horas. ¿Por qué no tienen derecho ni para comer?”.

Ante Proceso Jalisco, los inconformes califican las medidas disciplinarias como “actos en contra de la dignidad humana, de los derechos humanos y constitucionales (…) de  los ciudadanos que forman parte de la comisaría”.

Por ejemplo, dicen, los mandos les pretenden negar el derecho de comer con el argumento de que da “una mala imagen” de la corporación ante la ciudadanía, pero no toman en cuenta que por su extensa jornada laboral no tienen horario específico para hacerlo ni existe un comedor “con instalaciones adecuadas, dignas y salubres para los policías”.

En cuanto a la restricción para usar teléfonos, aclaran que por esa vía se comunican con sus familiares, pero también con sus superiores y los agentes del Ministerio Público durante los diferentes servicios que les toca atender en sus horas laborales. La ley marca que, “cuando se cometa un ilícito (…) se comunique (…) de inmediato al agente del Ministerio Público que corresponda”, explica uno de los denunciantes.

Aseguran que la prohibición de adoptar una postura relajada es absurda, ya que eso ayuda a bajar la tensión y el estrés. “Los titulares de la comisaría pretenden tener elementos que no se cansen, no se sienten ni coman… y si esto hacen con sus propios elementos, ¿qué se puede esperar del trato hacia los ciudadanos?”, cuestionan.

Por lo anterior, invitan a la sociedad a sumarse a la reprobación de estos actos de la comisaría que consideran ilegales. La denuncia está signada por “La Firma Jurídica de Fuerza Policial S.C.”.

También les preocupan las condiciones en que laboran los policías que apenas están saliendo de la academia, pues carecen de seguridad social y tendrán que cubrir con sus propios recursos cualquier accidente o incidente, aun si les ocurre en horas de trabajo.

Afirman que en ocasiones algunos de los novatos sufren lesiones o fracturas y tienen que presentarse a laborar así por temor a que los despidan. Peor aún, señalan, “realizan funciones de policía en la calle sin tener armamento y poniendo en riesgo su integridad física y de la sociedad”.

Comentan que cuando los envían con agentes asignados al primer cuadro de la ciudad, sólo llevan chaleco antibalas y un radio, no armas.

Además, dicen, a los novatos se les obliga a trabajar como guardias en la academia de Guadalajara, sin pago de horas extras. Dicen que esto origina una constante deserción y aclaran que varios de los nuevos agentes no han cumplido con sus exámenes de confianza.

Una policía señala en entrevista que por órdenes directas de Salvador Caro se les está presionando para que renuncien a sus plazas. Indica que los trabajadores administrativos “ganan unos sueldos muy buenos y a nosotros no nos pueden aumentar. Nos dijo Alfaro el año pasado, el Día del Policía,  que nos iba a aumentar mil 500 pesos y nada más nos dio 750; quítales el ISR y nos quedan como 400 o 500 pesos… En Navidad nos hacen trabajar horas extras”.

Prosigue: “Las administraciones pasadas nos daban 2 mil 500 pesos por un servicio extraordinario durante el periodo vacacional; la actual nos pagó 200, 500 y 800 pesos, muy poquito. Otro problema es que no hay patrullas; sus mentados cuadrantes para la vigilancia no sirven para nada. Yo no sé dónde están las unidades que compró y que tanto presumió, pero el personal administrativo tiene carros a aventar”.

Este semanario publicó que la Comisaría de Guadalajara entregó 20 vehículos modelo 2016 a varios funcionarios, entre ellos la directora de Enlace Administrativo, Mónica Ofelia Villanueva Aceves (Proceso Jalisco 624).

Señala que, mientras en Guadalajara el sueldo neto de los policías operativos es de 10 mil 600 mensuales, los de Zapopan ganan cerca de 16 mil. “No nos quieren aumentar absolutamente nada, más que pura presión de trabajo para que uno renuncie. Quieren encontrar el hilo negro de la policía, pero ¿uno qué culpa tiene de los mandos y de los gobiernos? Uno es empleado”, reclama.

El miércoles 16, el director Jurídico de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, Luis Roberto Dávila Sánchez, envió el oficio DJ/AA/3032/2016 al policía Junior Alejandro Almaraz Casarez, quien tenía más de 12 años de servicio.

En el documento se le “decreta la destitución como elemento” de la corporación “al haberse acreditado faltas de probidad hacia sus compañeros, al manifestar que eran chingaderas, cuando le notificaron (mediante) un documento en donde lo cambiaban de adscripción, adecuándose su conducta al ordinal 109 fracción II del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara”.

Policías inconformes refieren que cuando los mandos pretenden despedir a uno de ellos llegan al extremo de impedirles la entrada a su base para argumentar que acumularon faltas consecutivas. Especifican que ese tipo de ceses son “armados” por Dávila Sánchez.

Tlaquepaque en crisis

En menos de 13 meses la Comisaría de Seguridad Pública de Tlaquepaque ha tenido tres directores.

El viernes 11 la prensa difundió la salida de Camilo González Lara como titular de la corporación cuando cumplía casi nueve meses al cargo, en medio de rumores de que había reprobado sus exámenes  de confianza. Sin embargo, Proceso Jalisco cuenta con una copia del resultado del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Jalisco (CESP), en el cual se aprueba a González Lara.

Al respecto, el excomisario de Tlaquepaque comenta a este semanario que, como  en la evaluación del CESP se lee que realizó la prueba para el cargo de inspector de Seguridad Pública en Guadalajara, la alcaldesa emecista María Elena Limón García le solicitó reevaluarse ante la PGR o la Marina, pero al no obtener una cita decidió presentar su renuncia.

El mando policiaco, quien recalca que tiene una trayectoria de 31 años, había solicitado una licencia que vencía el domingo 20 cuando dejó el cargo. Fue sustituido por Gustavo Alfonso Jiménez Moya.     

Aunque la alcaldesa Limón García prefirió no opinar sobre el tema, el secretario del ayuntamiento, Gustavo Flores Lamas, justificó la salida de González Lara:

“Tlaquepaque no podía estar en un estado de incertidumbre, en tanto le daban la fecha para la presentación de los exámenes. En un acuerdo, Camilo y la presidenta municipal decidieron darle certidumbre al manejo de la seguridad pública con una gente del equipo que ha venido desempeñándose al frente de esta institución”, dijo el secretario.

De manera extraoficial, Camilo González estaba contemplado para sustituir al frente de la comisaria de Guadalajara a Salvador Caro Cabrera, y éste sería encargado de la Agencia de Seguridad Metropolitana, propuesta impulsada por el alcalde tapatío, Enrique Alfaro.

En este periodo se registraron en el municipio crímenes alarmantes, como la mutilación de seis personas, entre ellas una mujer, a cuyo líder asesinaron presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación. El grupo fue encontrado el 17 de octubre con mensajes incriminatorios escritos en sus cuerpos y en una cartulina.

En febrero pasado renunció a la comisaría de Tlaquepaque Martín Maldonado, tras el asesinato del director operativo de la corporación, Francisco Javier Alejo, y sus dos escoltas, Daniel Ríos y Jesús Hernández.

La pareja de Alejo denunció que no podía cobrar el seguro de vida y que el ayuntamiento se negó a pagarle la última quincena y su finiquito (Proceso Jalisco 595).