Hay acuerdo político, falta la estrategia

El nuevo modelo de seguridad metropolitana, que durante meses fue objeto de forcejeo político entre el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, y el gobernador Aristóteles Sandoval, sigue causando incertidumbre. Ya se creó la Agencia Metropolitana de Seguridad y se definió el esquema de coordinación entre las corporaciones municipales y la nueva Fuerza Única Metropolitana, pero ambas instancias carecen de titular y, a decir de dos especialistas, aún no se define una estrategia integral que dé confianza a la población.

El excomisario de Seguridad de Tlaquepaque, Camilo González Lara, considera que el proyecto de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) “no tiene nada nuevo, pues se asemeja a la famosa policía intermunicipal de los años ochenta”, y advierte que si la nueva Fuerza Única Metropolitana (FUM) no actúa de manera preventiva, está condenada al fracaso.

El objetivo de dicha agencia, que entraría en funciones el próximo 1 de enero, será coordinar nueve corporaciones policiacas municipales para combatir la inseguridad y la violencia, junto con la FUM, que depende del gobierno del estado. La AMS tendrá su propio comisario, pero los municipios conservarían a sus jefes policiacos.

Ante la advertencia del presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, de que el nuevo modelo de seguridad conurbado podría aprobarse sin el aval del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, éste firmó el pasado 15 de octubre un convenio para determinar en varias mesas de trabajo el modelo de incorporación de los elementos municipales, su administración y la participación de la FUM.

El miércoles 23 se realizó la primera sesión de la Junta de Gobierno de la AMS, en Casa Jalisco, con la presencia de los alcaldes de los municipios involucrados. Ahí, el director del Instituto Metropolitano de Planeación, Ricardo Gutiérrez Padilla, declaró que en el nuevo modelo de seguridad el FUM contará con 610 efectivos, de los cuales Guadalajara aportará 122, Zapopan 71, Tlaquepaque 38, Tonalá 28, Tlajomulco 23, El Salto 12, Zapotlanejo seis, Ixtlahuacán tres y Juanacatlán dos, para un total de 305, y el resto provendrá del gobierno estatal. También destacó que los salarios se homologarán a los de la corporación de Zapopan, que es de 17 mil 12 pesos mensuales brutos.

A su vez, Sandoval Díaz anunció que el martes 29 se firmarán los convenios para formalizar la nueva fuerza y se presentarán propuestas para encabezarla.

Añadió que la FUM “no tendrá límites municipales y actuará sobre los delitos de alto impacto como asalto, homicidio, extorsión y secuestro. Las policías municipales seguirán desempeñando labores de proximidad de acuerdo al Reglamento de Policía y Buen Gobierno”.

Prioridad: la prevención

En entrevista con Proceso Jalisco, Camilo González Lara, de profesión abogado y quien tiene 31 años de experiencia en el ámbito policial, considera que las autoridades municipales y la estatal deben entender que “la seguridad pública va más allá de declaraciones y de los egos”.

El exdirector operativo de las corporaciones de Zapopan, de Guadalajara y de Aguascalientes fue considerado para ser comisario de la FUM.

–¿Qué perfil debe de reunir el comisario de la Policía Metropolitana? –se le plantea.

–A título personal, me gustaría que fuera un policía. Hay muchos compañeros que tienen licenciaturas y maestrías, pero no se les da la oportunidad (…) Parece que ser un policía veterano fuera pecado, parece que importa más ser el cuate de alguien y que lo designen, no importa si domina el tema o no.

–Si colocan a una persona, por ser cuate de algún funcionario de primer nivel, sin tener los conocimientos necesarios, tendría necesidad de asesorarse.

–Sí, pero al final del día quien encabeza los proyectos es quien decide. En el mundo de los policías hay que tomar decisiones, a veces no tenemos tiempo de preguntarle al asesor. Tenemos que resolverlo en el momento (…) Tienen que pensar en un policía en donde se conjunte la experiencia y los conocimientos.

Recuerda que hace más de 30 años la coordinación entre las policías fue para reaccionar ante crisis de seguridad, pero desde su punto de vista la prioridad actual es la prevención. Incluso detalla una probable estrategia:

“Deben crearse plazas y conformar un grupo de proximidad que pudiera ser una unidad flotante, compuesta de un número no menor de 600 elementos, para que estuvieran atacando los cuadrantes donde los mapas de incidencia delictiva indiquen horarios, lugares y modus operandi. Además, enviar un determinado número de unidades y personal a atender esa contingencia, con la finalidad de no distraer elementos a los estados de fuerza tan mermados que ya tienen las diferentes comisarías.

“Si ahorita se les van a quitar elementos a las comisarías, vamos a tener exactamente los mismos resultados, porque disminuyes su estado de fuerza y por ende el índice delictivo va a aumentar en algunos cuadrantes. Yo creo que primero deberían crearse plazas, dejar los elementos como un stock de reserva y empezar a atacar de manera directa los cuadrantes de mayor incidencia. De esa forma vamos a evitar ser únicamente reactivos; si sólo se reacciona se pone en riesgo a la ciudadanía y a los elementos, porque va haber una confrontación ante un hecho ya consumado.”

González Lara, quien también fue responsable de la seguridad del exfiscal central Rafael Castellanos y del fiscal general Eduardo Almaguer, indica que el convenio metropolitano debe contemplar que los ayuntamientos aporten recursos económicos para la contratación y capacitación de policías para la FUM, con una función preventiva:

“Las características de la ciudad ya no se prestan para un grupo de reacción, el cual por lo general se desplaza a grandes velocidades; son elementos bravos, de trato áspero, y yo creo que la ciudadanía está harta de la aspereza y del mal trato. Esta es una oportunidad para que los alcaldes y las comisarías refuercen esa Fuerza Única más en prevención.”

Exámenes y desconfianza

En menos de un año González Lara –quien también ha sido docente en materia de juicios orales– fue requerido por las administraciones municipales emecistas de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, encabezadas respectivamente por Enrique Alfaro Ramírez y María Elena Limón García.

El 1 de octubre de 2015, en Guadalajara, fue nombrado de manera interina como comisario luego de que Salvador Caro no pudo tomar posesión por reprobar la evaluación de Control y Confianza en instancias federales. Posteriormente Caro fue aprobado con reservas por el Centro Estatal de Control de Confianza.

González Lara renunció a esa dirección operativa para asumir la comisaría de Tlaquepaque, donde fungió casi nueve meses. Llegó el 25 de febrero, tras la renuncia de Martín Maldonado Juárez posterior a los asesinatos del subdirector operativo Francisco Javier Alejo y de sus escoltas Daniel Río y Jesús Hernández.

El sábado 5, el entrevistado solicitó licencia a su cargo para presentar los exámenes de confianza, pero el martes 15 presentó su renuncia a la comisaría de Tlaquepaque, antes del domingo 20, cuando vencía el plazo Contra lo que difundieron algunos medios, afirma que sí pasó dichas pruebas:

“Estoy vigente, estoy aprobado. Sí es cierto que hice solicitudes a diferentes dependencias pidiendo que se me evaluara, entre ellas el Centro Estatal de Control y Confianza. Me dieron fecha, reúno documentación y todo lo que piden ahí. Me llaman y me dicen que hubo un error de captura, que las fechas que me dieron se las dieron previamente a otro compañero policía, y que el primero en tiempo es primero en derecho. Por lo tanto, quedaron pendientes mis fechas.”

Añade que solicitó una licencia de 30 días, pero antes de que ésta concluyera aún no tenía fecha para presentar el examen. Precisa que, si bien no estaba en funciones, desde la comisaría lo llamaban “para hacer ajustes” en cuestiones de seguridad. Entonces tomó su decisión:

“Pensé: o estoy al 100% o prefiero no estar. Y presenté mi renuncia. La presidenta (Limón García) hizo la lucha para que no renunciara; me ofreció quedarme como asesor en seguridad, pero le dije que ella tenía un buen comisario (Gustavo Jiménez Moya) y no había necesidad de que el ayuntamiento gastara en alguien más.”

–Tengo entendido que la prueba de control y confianza tiene una validez de dos años. Si la presentó en febrero pasado, ¿por qué realizarla de nuevo?

–La alcaldesa quería tener un documento que dijera que el comisario de Tlaquepaque estaba evaluado. Yo la entiendo, había que acallar rumores. No le encuentro sentido a andar exhibiendo mi resultado porque no me evalúan como policía. No entiendo siquiera cómo me evalúan (…) Yo veo en las noticias que un policía comanda una banda de secuestrados y aprobó las pruebas de control y confianza, o un policía que asaltaba gasolineras, y también las aprobó, pero no he visto ninguna o hay muy pocas notas que digan que expolicía se convirtió en delincuente por no aprobar. No sé si esos exámenes tengan validez, porque su producto no es muy bueno que digamos.

Desde su punto de vista, la forma de aplicar esas pruebas debe modificarse, ya que el perfil de cada policía es diferente y depende del municipio y la zona donde trabaje.

No hay “estrategia integral”

El exasesor de seguridad en el ayuntamiento de Tlajomulco, Andrés Gómez, coincide en que el objetivo de la nueva FUM no queda claro, y si se concreta no habrá tiempo suficiente para capacitar a los nuevos elementos, en caso de haber contrataciones.

Entrevistado antes de que se realizara la primera sesión de la Junta de Gobierno de la AMS, Gómez, quien también fue coordinador de asesores de la Dirección General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, indica:

“Enrique Alfaro, en su campaña por Guadalajara, se comprometió a crear una policía metropolitana en la que se integrarían todas las corporaciones municipales. Se comprometieron también todos los presidentes municipales electos de Movimiento Ciudadano para iniciar el proceso de integración en el momento de tomar posesión.

“Sin embargo, las dificultades propias del proyecto y los desajustes internos del partido propiciaron que las decisiones se pospusieran, hasta tomar el acuerdo con el gobierno estatal de que se crearía una policía metropolitana y permanecieran las municipales.”

No obstante, prosigue, “no quedó claro el objetivo del nuevo modelo de policía metropolitana. Se desconoce asimismo la forma de financiamiento e integración. En últimas fechas hasta el gobierno federal se involucró en el proceso, condicionando su creación a que se atienda todo el estado y no solamente la zona metropolitana (…) y a estas alturas no hay claridad de lo que se pretende”.

Para él, “si consideramos que el proceso para convocar, contratar y capacitar llevaría cuando menos un año, además de que los nuevos policías necesitarán al menos seis meses en campo para adquirir habilidades y práctica elemental. Para agotar una primera etapa les tomaría cuando menos el tiempo que les resta a las administraciones actuales. Ello sin considerar lo que llevaría en tiempo, esfuerzo y costos monetarios, la depuración de cuando menos 50% del personal y el ajuste de perfiles para la estructura de mando”.

Finalmente, observa que no se percibe una estrategia integral y que “la producción actual de las corporaciones es de tres servicios por mes y elemento, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública considera que se deben producir 10 servicios. (Por lo tanto) la eficiencia de las corporaciones de la zona metropolitana de Guadalajara es de apenas 30%”.