El lector nunca encontrará en el semanario contenidos que hagan apología o entren en la competencia nacional de ver quién le encuentra más virtudes al gobernante en turno.
Este momento histórico de la vida de Proceso al cumplir su aniversario número 40 es una oportunidad propicia para tratar un tema que, por su naturaleza, no es propio para las entregas al semanario que, de manera ininterrumpida, he hecho desde finales ya del siglo pasado. De entonces a la fecha he podido observar y entender el porqué y cómo del ejercicio periodístico de Proceso. Hoy quiero compartir mi punto de vista sobre el papel que, a mi juicio, cumple el semanario en la vida pública del país. No voy a repetir (o trataré de hacerlo lo menos posible) lo que se ha dicho ya y se ha escrito, sino a mencionar algunas vertientes menos exploradas, pero dignas de mención.
Primero. En Proceso no hay temas intocables. Hay, por supuesto, unas guías mínimas de conducta implícitas que representan la columna vertebral de la revista: a) que los temas tratados sean de interés público; b) que no haya conflictos de interés entre el tema tratado y quien lo hace, y c) que no se utilicen frases injuriosas por sí mismas, lo que degrada de manera innecesaria el debate sobre las naturales diferencias de percepción y de criterio en torno a los más distintos temas de la agenda pública. En mi caso, he procurado sistemáticamente acompañar mis artículos con datos duros que apoyen mi argumentación o premisas sobre el tema que abordo. Las ediciones de los textos son de común acuerdo entre el editor y el articulista. Versan únicamente sobre la forma, nunca sobre el fondo, bajo un objetivo compartido: que el texto sea lo más atractivo posible para el lector.
Segundo. La línea editorial de Proceso gira en torno al ejercicio del escrutinio sobre los poderes públicos y privados. No se hace un periodismo militante a favor o en contra de una tendencia política determinada. Cualquier lector puede constatar lo que aquí afirmo. La duda y la crítica razonable constituyen el hilo conductor de los textos que se publican o difunden en la revista. Esto es entendible si se considera que la oferta informativa y de análisis es amplia de manera aparente. Lo cierto, empero, es que, por un lado, la ausencia de una normatividad en materia de publicidad oficial y, por otro, los intereses metaperiodísticos de la mayor parte de los medios generan un círculo perverso que lastima el derecho a saber de la comunidad por los criterios adoptados en la toma de decisiones editoriales sobre qué temas se tratan y cómo se tratan. El compromiso económico o político hace que gran parte de los medios mexicanos desinforme, minimice, calle o presente textos publicitarios como si se tratara de información aséptica. En ese contexto, Proceso al lograr desde tiempo atrás su independencia económica y, por ende, su independencia editorial puede y quiere dar a conocer la otra cara de los hechos de la agenda pública. Esa mirada resulta frecuentemente molesta, hiriente o desagradable para los actores públicos y privados sobre los que versa alguna pieza informativa o editorial.
Tercero. En la historia contemporánea de los medios mexicanos ha habido de manera intermitente espacios que hacen lo que la Suprema Corte de Justicia ha denominado periodismo de denuncia. Buena parte de ellos, empero, ha mudado de línea editorial o ha desaparecido del mercado. Ejercer el periodismo crítico en un país como México no es fácil; antes bien, resulta sinuoso y complicado por la ausencia de un Estado de derecho, por la persistente cultura de intolerancia de quienes ejercen el poder y ven como agravio personal toda crítica en razón de su encargo, posición o circunstancia, por la emergencia de nuevos actores vinculados a la delincuencia organizada y por la necesidad de estar alerta para evitar que mecanismos de censura indirecta revestidos de leyes puedan adquirir vida jurídica. Es natural, por ello, que el periodismo de Proceso sea cuestionado y atacado un día sí y otro también por quienes son objeto de escrutinio mediante medios y comunicadores afines al poder. Es el costo de ejercer la independencia que se practica todos los días. Por ello mismo, el lector nunca encontrará en el semanario contenidos que hagan apología o entren en la competencia nacional de ver quién le encuentra más virtudes al gobernante en turno. Hay muchísimos medios que hacen eso tanto en la Ciudad de México como a nivel local, razón por la cual sería un despropósito que en Proceso se siguiera esa hoja de ruta. En contrapartida, el semanario ha logrado preservar el máximo bien que un medio debería tener como objetivo, la credibilidad. Esa credibilidad se traduce en lectores; ello, a su vez, permite mantener el proyecto periodístico a flote.
Cuarto. En ocasiones me han preguntado sobre el reiterado tratamiento que hace Proceso de distintos casos relacionados con el crimen organizado. Supongo que no es que el semanario haya decidido abrir una nueva veta comercial o de especialización periodística. Resulta, por el contrario, que los efectos de la corrupción, la impunidad y la simulación del poder público han hecho crecer este fenómeno que se observa en el día a día de la sociedad. No está demás decir que Proceso no ha generado que la delincuencia organizada muestre su rostro de manera pública. Paradójicamente, si Proceso minimizara la cobertura de esos hechos asumiría un ejercicio de autocensura injustificable desde la lógica del derecho a saber. Por esa razón no aceptó – y lo comparto totalmente– el criterio “orientativo” para tratar esos temas surgido en el gobierno de Felipe Calderón y aceptado con singular alegría por la mayoría de los medios. Ello hubiera significado una camisa de fuerza para restringir la libertad de expresión sin ningún asidero constitucional.
Quinto. En cuatro décadas las cosas han cambiado de manera significativa. No en el arte de gobernar, eso sigue inconmovible hasta ahora con independencia del partido gobernante. Sin embargo, el desarrollo de las nuevas tecnologías y el surgimiento de nuevas generaciones de consumidores de contenidos han significado un reto para Proceso obligándolo a dejar su zona de confort. El semanario ha respondido a este entorno con una política de continuidad con cambios bajo el método de aproximaciones sucesivas. Continuidad en el fondo del tipo de periodismo que hace y cambios en las plataformas que los presenta. Si bien es verdad que todavía la versión impresa del semanario sigue siendo el buque insignia y la principal fuente de ingresos económicos para mantener el proyecto, también lo es que la revista ha debido entrar a la potencialidad que ofrece la era digital para no quedarse atrás. Esto explica la mejora continua del portal web con contenidos propios y el nuevo espacio de Proceso TV. Los contenidos editoriales del portal web son ahora (una de las amigabilidades de la tecnología) un foro público de retroalimentación entre el autor y las audiencias con una apreciable participación que permite inferir que se leen los contenidos de referencia. Con estas salidas de contenidos inéditas para la revista se busca ampliar audiencias potenciales, llegar a anunciantes de nuevo tipo y abonar para que el modelo de Proceso trascienda. No es esperable que las ediciones digitales sustituyan al papel como tampoco ocurrió cuando nacieron las videocaseteras que presagiaban –no pocos lo sostenían– la muerte del cine. Muy probablemente coexistirán los distintos formatos de distribución de contenidos. En ese punto de inflexión se encuentra Proceso ahora en su cumpleaños número 40.
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