El arduo trabajo de Proceso a lo largo de 40 años ha hecho una enorme contribución a generar la actual desmitificación del poder presidencial
En su editorial del primer número, publicado el 6 de noviembre de 1976, Proceso plasma un legado sumamente valioso. En él, el destacado equipo fundador de la nueva publicación: Julio Scherer García, Rafael Rodríguez Castañeda, Vicente Leñero, Enrique Maza y Miguel Ángel Granados Chapa denunciaron “la inquina política en términos que causaron asombro dentro y fuera de México”, al igual que “la impudicia de la agresión” hacia el periodismo libre y expresaron su decisión de no permitir que “el silencio cubra por completo a esta nación”.
Desde entonces, la consigna “Así somos y aquí estamos” ha inspirado la actuación de quienes forman parte de esta digna empresa editorial.
Frente a los embates del poder, Scherer García y sus colegas se negaron a aceptar la derrota o a darse por vencidos. Insistieron terca y dignamente en seguir con su lucha de informar y transformar a México. Hoy todos los mexicanos tenemos que ser profundamente agradecidos con este pequeño grupo de grandes héroes por su contribución a la construcción de una sociedad más crítica, irreverente y valiente.
A pesar de los grandes esfuerzos de los periodistas profesionales, poco ha cambiado en México a lo largo de los últimos 40 años. El poder sigue siendo igual de despótico y hoy hacen falta más que nunca expresiones de honestidad y dignidad rebelde como Proceso.
El golpe a Proceso en 1976 se repitió con el despido de Carmen Aristegui de MVS Radio en marzo de 2015. La masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968 se revivió con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en 2014. El fraude electoral de 1988 que colocó a Carlos Salinas de Gortari en la silla presidencial se repitió en 2006 con el fin de cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador y enviar a Felipe Calderón a Los Pinos.
La descarada corrupción de José López Portillo (1976-1982) se queda corta frente al saqueo descarado de recursos públicos ocurrido durante el actual sexenio de Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012 y concluye en 2018. La violencia de Estado ejercida el 10 de junio de 1971 contra estudiantes indefensos encuentra su símil hoy en el ataque cobarde de la Policía Federal a maestros y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.
Desde su nacimiento, Proceso ha sufrido un boicot casi total con respecto a la compra de publicidad tanto privada como gubernamental. La revista sobrevive hoy de la misma manera en que lo ha hecho desde sus inicios: gracias a la generosidad y la lealtad de sus lectores que compran con asiduidad el semanario y sus publicaciones. Esta situación a veces genera dificultades financieras. Sin embargo, también es la mejor forma para garantizar la absoluta independencia de la revista de los poderes públicos y privados.
Llama la atención la forma en que el Estado mexicano utiliza hoy las mismas estrategias de antaño para recubrir y disimular su carácter autoritario. En adición a los ataques directos contra los medios de comunicación, estudiantes y luchadores sociales, cada vez más presentes, el Estado también recurre a actores privados, de choque o del crimen organizado para dar la impresión de que la violencia en contra de los opositores al régimen haya surgido naturalmente de la misma sociedad. Estas estrategias se utilizan con el propósito de mantener una fachada de legitimidad política en el ámbito doméstico, así como de institucionalidad democrática en el ámbito internacional.
Algunos señalan la creación de nuevas instituciones autónomas como un indicador de que haya habido un cambio en el contexto político nacional. Pero poco importa que hoy contemos con nuevos elefantes blancos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando las elecciones se siguen robando, el funcionamiento del gobierno continua en total oscuridad, el pueblo se mantiene en el más absoluto estado de indefensión, y cada vez más periodistas son encarcelados, censurados, amenazados y asesinados.
El régimen autoritario del partido de Estado tiene una larga experiencia en la utilización de nuevas leyes, artículos constitucionales e instituciones gubernamentales con el fin de evitar la resolución de facto de los problemas. No hay nada nuevo bajo el sol.
El régimen de hipocresía, represión y simulación institucionalizada que hoy sufrimos no es entonces un producto de la época reciente de supuesta “democratización”, sino es un legado histórico del sistema autoritario mexicano creado en 1946 con la creación en aquel año del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el fin de hundir y revertir todas las conquistas de la Revolución Mexicana y el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río (véase, El mito de la transición democrática: nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano, Planeta, 2015).
En 1976 este sistema se encontraba en pleno apogeo y simplemente no toleraba los cuestionamientos frontales ejercidos por el valiente periodismo de Scherer y sus colegas del periódico Excélsior. Hoy, sin embargo, este mismo sistema ha entrado en un periodo de senectud y luce desgastado y agotado. Ya no controla los destinos de la nación como antes.
Históricamente el pilar central del sistema de control político fue la figura del presidente de la República. El ocupante de Los Pinos se convirtió en el sol alrededor del cual el negocio de la corrupción y la impunidad se administraban en todo el país. El primer mandatario siempre intentaba proyectar una imagen de estadista y se aseguraba de que sus subalternos, secretarios de Estado o gobernadores pagaran los platos rotos de los escándalos que periódicamente interrumpían la narrativa del poder.
Hoy la competencia desleal entre los diferentes integrantes del gabinete presidencial y los gobernadores ha transformado el tablero. Por ejemplo, la rebatiña entre Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, Manuel Velasco, Rafael Moreno Valle y otros, para lograr la candidatura de la continuidad autoritaria en 2018, ha invertido el sistema de reparto de culpas y responsabilidades. En lugar de pasar los costos políticos a los subalternos del presidente, hoy son éstos quienes pasan los costos al mandatario.
Como un edificio sin fusibles, la descarga de cada escándalo pasa con toda su fuerza directamente al centro de operaciones, generando un desgaste enorme en todo el sistema. Por ejemplo, en otros tiempos, una masacre tan transparente y brutal como la de Nochixtlán hubiera generado inmediatamente la renuncia de algún funcionario relevante o su remoción. Sin embargo, Gabino Cué terminó su mandato como gobernador en Oaxaca y Miguel Ángel Osorio Chong, de cuya oficina dependen tanto la Policía Federal como la Gendarmería, sigue despachando tranquilamente en Bucareli.
En 2014 tuvo que separarse de su cargo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en respuesta a las enormes movilizaciones que surgieron a raíz de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. Pero hoy ningún alto funcionario ha tenido que renunciar.
El resultado ha sido un constante desgaste de la imagen presidencial. Hasta el periódico El Universal, un medio que ha tenido un trato muy generoso con el régimen actual, ha tenido que admitir que la aceptación popular de Enrique Peña Nieto hoy se encuentra en un mínimo histórico, con una valoración positiva de sólo 29% (“Desciende aval a la gestión del presidente Peña Nieto”, 4 de julio de 2016). Una clara muestra del nivel al que ha llegado el repudio hacia el primer mandatario es el hecho de que 51% de las personas que contestaron a la pregunta “¿Qué es lo mejor que ha hecho el presidente?” respondió secamente con la palabra “nada”.
Antes era posible engañar a grandes franjas de la población de que el partido en el gobierno era “revolucionario” e “institucional”. Hoy casi nadie cree en este mito genial. Quizás nunca antes en la historia ha despreciado el pueblo mexicano tanto a su presidente. La demagogia y el miedo de antes se ha convertido hoy en el anticarisma del poder y las constantes burlas ciudadanas hacia la figura presidencial. El arduo trabajo de Proceso a lo largo de 40 años ha hecho una enorme contribución a generar la actual desmitificación del poder presidencial.
Sin embargo, desde 1946 el sistema de oprobio también ha trabajado arduamente para acabar con cualquier foco de resistencia colectiva que pudiera aprovecharse del actual vacío de poder con el fin de generar un nuevo contrapoder social a favor de la transformación de la patria.
Hoy la mayoría de los sindicatos ya no representan a los trabajadores, sino que se dedican a controlarlos. Los medios de comunicación, en lugar de informar a la ciudadanía, fungen como correas de transmisión de la ideología del poder. Las escuelas, cada vez más privatizadas, en lugar de educar a los jóvenes en el compromiso público, fomentan las lógicas de la competencia y el consumismo.
Los recursos naturales y energéticos, en lugar de sostener la vida y financiar los servicios públicos de la nación, ahora se ponen al servicio de la corrupción y los grandes capitales internacionales. Las tradiciones culturales, en lugar de fomentar valores humanistas y comunitarios, cada día se comercializan y se extranjerizan más. Y los partidos políticos, en lugar de aglutinar utopías y proyectos de transformación social, se han convertido en meras agencias de colocación de empleo para los integrantes de una clase política cada vez más corrupta y desalmada.
Existen excepciones, desde luego, en cada uno de los ámbitos arriba mencionados. Sin embargo, la tendencia general es absolutamente transparente. El sistema dominante busca acabar con cualquier cosa que se parezca a acción política, con cualquier tradición que implique resistencia, con cualquier colectividad que luche por transformar el sistema, y con cualquier idea que implique crítica o esperanza.
La batalla histórica de los pueblos en la actualidad no es solamente contra el neoliberalismo, la privatización o en favor del espacio público y la democracia. Es una lucha mucho más profunda. Busca rescatar a la política en sí como espacio de dignidad, de oposición y de transformación. En esta lucha Proceso sigue siendo un aliado absolutamente clave.
Las luchas contemporáneas por democratizar y fortalecer a los sindicatos, las universidades, los medios de comunicación, la cultura popular, los pueblos indígenas y los partidos políticos son simultáneamente batallas civilizatorias en favor de la transformación de la nación. Y los esfuerzos por hacer confluir estas diferentes luchas son nada menos que revolucionarios.
La buena noticia es que a lo largo de los últimos 40 años, la sociedad mexicana se ha mantenido firme en su lucha por la verdad y la justicia. Siguiendo el ejemplo histórico de Proceso, se fundaron después La Jornada y Reforma.
Inspirados en los ejemplos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, posteriormente surgieron tanto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El Partido Comunista de los setentas se convertiría primero en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), después en el Partido Mexicano Socialista (PMS), el cual posteriormente entregaría su registro al Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político que finalmente sería superado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Hoy la lucha es simultáneamente más difícil y más fácil que hace 40 años. Por un lado, el poder económico y político acumulado por las fuerzas de la reacción es mucho mayor que antes. La velocidad con la cual se aprobaron las “reformas estructurales” neoliberales del Pacto por México durante los primeros dos años del sexenio de Peña Nieto y la cada vez más íntima y estrecha alianza entre Washington y Los Pinos lo confirman. Sin embargo, el enorme potencial de las nuevas redes de comunicación también facilita como nunca antes la difusión de información “prohibida” y de opiniones incómodas.
Se abre entonces una gran oportunidad histórica para transformar las coordenadas del poder público, mediático, económico y social. En momentos de tragedia, censura y crisis, como el que hoy caracteriza a la nación, el silencio y la “neutralidad” falsa equivalen a la complicidad: “Así somos y aquí seguiremos”.
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1 Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y colaborador de la revista Proceso.
Blog: www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
