El estudio sobre la cortina de la presa El Zapotillo presentado la semana antepasada por los expertos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos provocó la airada reacción de los organismos que se oponen a la presa El Zapotillo. Representantes de varias organizaciones ambientalistas sostienen que dichos especialistas desconocen los pormenores del problema que provocará el embalse a los poblados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín.
TEPATITLÁN DE MORELOS.– La suspensión dictada en mayo de 2014 por un juez federal para que la cortina de la presa El Zapotillo no rebasara los 80 metros de altura –decisión que fue avalada en noviembre de 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– es una salida política ideada por las autoridades para abandonar la obra por falta de recursos, sostienen técnicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El miércoles 9, los expertos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), encabezados por el argentino Carlos Martín Angelaccio, coordinador técnico y asesor regional en Infraestructura y Ambiente, dieron una conferencia en este municipio para presentar ante medios de la región de Los Altos un estudio que realizaron sobre la cuenca.
Según explicaron, el Senado nunca destinó recursos suficientes para que la cortina se elevara hasta 105 metros (pese a que así lo contempla el diseño original); la Corte tomó en cuenta ese hecho y ordenó que la presa no pasara de 80 metros de altura.
“Presupuestariamente, pasar la cortina de 80 a 105 metros no se había gestionado en la liberación de recursos ante el Senado y al no haber dinero para eso, no se dio cumplimiento a una norma constitucional y entonces se ordena que la altura de la presa no rebase la cota de los 80 metros y se establece la suspensión de la obra”, expuso Angelaccio.
Y agregó: “Por otra parte existen demandas interpuestas por los vecinos damnificados, quienes tendrían que ser reubicados, pero esos litigios deberán ser resueltos en juzgados comunes o bien en la misma Suprema Corte, pero no determinan la suspensión de las obras de la presa”.
Los estudios, indicó el especialista, comenzaron en diciembre de 2015 y concluirán en abril de 2017, pero no serán vinculantes, por lo que “dependerá de las autoridades tomarlos en cuenta para decidir el futuro de la presa El Zapotillo que se construye sobre Cañadas de Obregón y dará agua a León, Guanajuato”.
En contraste, quienes se oponen a la obra aseguran que los motivos para suspender la obra son otros. Guadalupe Espinoza Sauceda, abogado del Comité Salvemos a Temacapulín, Acasico y Palmarejo –organización que se opone a que los tres poblados sean desplazados ante la probable inundación que sufrirán cuando esté terminada la represa–, discrepa de Angelaccio.
Para Espinoza Sauceda, la decisión de la SCJN no obedece a la falta de recursos para aumentar la cota de 80 a 105 metros, sino a un argumento presentado por los diputados locales de la anterior Legislatura, la LX.
Expone: Para detener la obra, los integrantes de esa legislatura adujeron que el convenio original firmado en 2005 por los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y el federal mencionaba una cortina de 80 metros de altura.
En 2007, el entonces mandatario estatal, el panista Emilio González Márquez, firmó otro acuerdo para aumentar a 105 metros la cota. Sin embargo, por ser una obra que trascendería su sexenio, necesitaba la aprobación del Congreso local. Los diputados presentaron una controversia constitucional al considerar ilegal el nuevo convenio y bajo ese argumento pidieron al juzgado detener los trabajos del embalse.
Sobre esa resolución judicial están basados los tres amparos solicitados por el Comité, sostiene Espinoza Sauceda, por lo que siguen en pie los procesos que, confía, serán resueltos favorablemente para que la cortina nunca llegue a 105 metros de altura.
Recuerdan que el 10 de septiembre de 2015 el gobernador del estado, el priista Aristóteles Sandoval Díaz, anunció la firma de un addendum con UNOPS para valorar la rentabilidad de obras hidráulicas en la cuenca del Río Verde, una de ellas la presa El Zapotillo, con un costo estimado en 4.6 millones de dólares (Proceso Jalisco 567).
Las diferencias
El grupo de Espinoza Sauceda insiste en que la gente de la UNOPS desconoce los intríngulis del problema. Por lo que comentaron en el encuentro de Tepatitlán, dice, se ve que no están familiarizados con los aspectos técnicos ni legales; además, ese día no estuvieron presentes los encargados de los estudios sobre el embalse.
Sostienen que en el presupuesto de egresos de la federación para 2017 al proyecto se le asignaron sólo 500 millones de pesos. Los constructores pidieron al menos mil 200 millones para la continuación de la obra.
El lunes 14 diputados panistas federales de Guanajuato exigieron a Hacienda que transparente el uso de los 500 millones de pesos. Su temor, dijeron, es que la administración de Enrique Peña Nieto ejerza menos recursos a la presa y bien los desvíe a otros rubros.
Pese a los innumerables problemas legales que enfrenta la presa –incluida la quiebra de la empresa española Abengoa, encargada del acueducto en León, Guanajuato–, los pobladores jaliscienses ya esperan el agua de El Zapotillo en marzo de 2018, según lo estipularon las autoridades estatales y municipales, aseguran los integrantes del Comité.
Con respecto a Abengoa, cuyos problemas económicos la tienen postrada en España, hoy enfrenta demandas de municipios jaliscienses y propietarios de Los Altos de Jalisco, sobre todo de los que se niegan a que el acueducto pase por sus terrenos, por lo que ha interpuesto varios amparos contra la compañía ibérica.
El estudio de la UNOPS
El grupo de la UNOPS, conformado por 30 especialistas latinoamericanos, europeos y mexicanos, estudia no sólo los aspectos físicos y técnicos de la presa y el río Verde, también incluye los derechos humanos, antropológicos, jurídicos e históricos.
Desde diciembre de 2015 se han entrevistado con varios sectores de la población, autoridades locales, empresarios y demás actores para quienes el río y su cuenca forman parte de sus vidas y del entorno social.
El estudio del balance hídrico de la cuenca y el impacto social y ambiental de la presa comprende prácticamente toda la zona de Los Altos de Jalisco, parte de Aguascalientes y algunos poblados pequeños de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí.
Los especialistas han encontrado en general una sobreexplotación del agua de la zona y un gasto excesivo del líquido por falta de un uso adecuado, sobre todo en actividades agrícolas y ganaderas.
También observaron poco control gubernamental en el tema de las concesiones para pozos y represas en torno al río Verde, puesto que algunos usuarios han perforado o extraído más agua que la que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les autoriza, sin mencionar que muchos desechos se derraman en el río, lo que eleva su contaminación.
Asimismo, dicen, la planta de tratamiento de aguas negras de Cañadas de Obregón no funciona de manera óptima y los lixiviados del tiradero municipal de Tepatitlán se filtran de forma subterránea hacia la barranca hasta llegar al río Verde.
Durante la presentación de su estudio, los integrantes de la UNOPS aseguraron que todos los datos recabados han sido proporcionados por las habitantes, quienes les pidieron el anonimato para evitar represalias de las autoridades. Su investigación, dijeron, tampoco pretende hacer un juicio sobre el uso que se le da al agua, menos aún señalar culpables o responsables.
Sobre la eventualidad de que la presa El Zapotillo se llene a su máxima capacidad, Angelaccio mencionó que eso dependerá de la explotación del embalse y de los temporales que caigan sobre la región en un tiempo determinado. Las mediciones de los últimos 60 años indican la posibilidad de que el río Verde produzca un buen caudal en determinado ciclo.
Respecto a los desplazamientos humanos que implicaría el llenado de la presa, los especialistas de la UNOPS advierten que habrá repercusiones sociales, independientemente de la altura de la represa.
En el trabajo de campo encontraron los poblados de Palmarejo y Acasico, ubicados en el municipio de Mexticacán, prácticamente deshabitados, no por una eficaz socialización de los promotores de El Zapotillo, sino porque los propietarios se trasladaron desde hace tiempo a la cabecera municipal de Yahualica o Mexticacán, o bien migraron a Estados Unidos.
“Sólo hay una familia en resistencia, que sigue en el lugar y está a la espera de que se resuelva un recurso legal que interpusieron, con la esperanza de poder seguir ocupando su vivienda”, detalló en la conferencia Angelaccio.
En cuanto a Temacapulín, en Cañadas de Obregón, varios pobladores interpusieron una demanda colectiva y por recomendación de sus abogados, ninguno expone su punto de vista ante terceros.
Investigación no vinculante
Los especialistas de la UNOPS señalaron que los resultados de sus estudios nunca han sido vinculantes, sobre todo porque, aun cuando están basados en trabajos científicos similares a otros realizados en América Latina, por lo general sus conclusiones suelen no agradar a los gobiernos.
En algunos casos las autoridades han ignorado totalmente lo que ellos muestran y continúan sus proyectos originales sin hacer ninguna modificación, aun cuando atenten contra la ecología o la sociedad en su conjunto, comentaron Angelaccio y sus compañeros.
Dijeron que no le temen a la descalificación ni a la difamación, como ha ocurrido con otros especialistas de la ONU en México, pues sus investigaciones se basan en información, mediciones y cálculos técnicos y objetivos, ante los cuales es muy difícil debatir, minimizar o ignorar los resultados.
No obstante, Espinoza Sauceda expresa sus dudas sobre el uso que puedan dar las autoridades al estudio de la UNOPS, pues existe el riesgo de que pretendan escudarse en un dictamen internacional para avalar la construcción del embalse.
“Con el dictamen de la UNOPS –dice el representante legal del Comité Salvemos a Temacapulín, Acasico y Palmarejo– el gobierno pretende darle la vuelta a la suspensión de la Corte y de esta manera lograr que se aumente la cortina de la presa a 105 metros.”
Además, desconfía de la organización internacional por el cobro de más de 4 millones de dólares por el estudio, cuando el que realizó el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua sólo costó 5 millones de pesos. Ese elevado monto está encaminado a garantizar que el informe de la UNOPS sea del agrado del gobierno estatal y éste pueda usarlo para promover la construcción de la presa.
Lamenta que algunas organizaciones sociales, ambientales y hasta autoridades menores se presten para hacer el trabajo sucio del gobierno federal y estatal y obtengan un beneficio de ello.
Según él, la construcción del nuevo Temacapulín en el predio de Talicoyunque, donde se levantaron 30 viviendas, fue posible gracias a los permisos otorgados por Cañadas de Obregón debido a las presiones de la Conagua y otras dependencias federales y estatales, pese a que también existen sobre el lugar al menos unos 10 amparos pendientes.
“Las autoridades de Cañadas por una parte dicen apoyar a los de Temaca para que no sean removidos, pero por otra autorizan de espaldas a la gente permisos para obras en El Zapotillo y Talicoyunque. Así no se puede”, dice Espinoza Sauceda.
También habla de otras organizaciones supuestamente ambientales que, dice, “se prestan al juego sucio de las autoridades”, como México Sustentable, cuyo dirigente es el sonorense Hilario Valenzuela Robles.
Él y su organización, puntualiza Espinoza, tienen nexos con partidos políticos y autoridades federales, y se hacen pasar por una fundación con fines ecologistas y sustentables. Así lograron que el gobierno les otorgara una millonaria cantidad de dinero a cambio de convencer a los habitantes de Palmarejo y Acasico para que aceptaran trasladarse a otros poblados.
México Sustentable ya convenció a algunos habitantes para que se vayan a Talicoyunque –Nuevo Temaca–, con el argumento de que en el nuevo asentamiento les irá mejor.
Mal negocio para todos
Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, presidente de la asociación civil Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), también manifiesta su desa-cuerdo con la UNOPS acerca del motivo de la suspensión de las obras, y alerta que la orden judicial deja abierto un resquicio legal para que los trabajos se reanuden hasta alcanzar los 105 metros en la cortina.
El Conredes es otro organismo que cuestiona la construcción de la presa El Zapotillo, pues considera que no hay suficiente agua para su llenado y que la región de Los Altos se quedará sin el vital líquido.
Su representante comenta que la suspensión judicial anula el convenio suscrito en 2007 entre Jalisco, Guanajuato y la federación por no haberse hecho con el debido proceso. Advierte que, legalmente, bastaría que se repusiera el mecanismo con todos los requisitos legales para que fuera admitido por la SCJN; eso daría luz verde a los trabajos del embalse.
Márquez Gutiérrez, con residencia en San Juan de los Lagos, reitera al reportero que los promotores de la presa, entre ellos la Conagua, incurrirían en varias ilegalidades si deciden mandar el agua de Jalisco a Guanajuato.
De “apartarse” el agua del río verde para León, toda la cuota hídrica asignada por la Conagua a Los Altos sería para el Bajío y ya no quedaría nada para los productores jaliscienses, comenta el entrevistado.
Y explica: De acuerdo con decretos del gobierno federal para el aprovechamiento del agua, ésta debe ser primero para los pobladores, luego para la producción agrícola y ganadera, y por último para la actividad industrial.
De acuerdo con datos oficiales, los leoneses consumen 80 millones de metros cúbicos al año y en 10 años sólo han elevado ese consumo en 2%. También se sabe que en León se tiene un factor de 1.1% de desabasto de líquido y que, en términos prácticos, dicha metrópoli es autosuficiente con sus actuales fuentes, por lo cual no necesita de otra externa.
La cuota de El Zapotillo para León implicaría 120 millones de metros cúbicos extras, que no necesitan sus habitantes, infiriéndose que el nuevo líquido sería exclusivamente para la industria leonesa, lo que contradice los decretos de la Conagua, pues dotar a las fábricas de ese sitio se antepondría a la actividad agrícola de Los Altos.
El presidente del Conredes, sostiene que la verdadera intención del gobierno federal es privatizar el servicio del agua a través de Abengoa y que los municipios y habitantes paguen por ella.
“Es el negocio que quieren hacer con el río –dice–, juntar su agua en un solo lugar para luego distribuirla y venderla, pero será el peor negocio. Los de León no comprarán esa agua teniendo suficiente en su ciudad; los de Los Altos tampoco lo haría, pues la mayoría de sus municipios tienen fuentes confiables y no van a gastar para traerla de tan lejos.
“Aquí los perjudicados somos los productores, pues no tenemos fuentes y la Conagua no nos da permisos para explotar lo que hay.”
