Los integrantes de la asociación civil de Usuarios de la Presa El Estribón reiteran que en los trabajos de entubamiento para dotar de agua a los ejidatarios de Yahualica se despilfarraron alrededor de 60 millones de pesos. Su presidente, Ramón Gómez Castañeda, entregó hace un mes un extenso escrito al presidente Enrique Peña Nieto en el que enumera la red de corrupción de los funcionarios del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico implicados en este inconcluso, oneroso e inservible proyecto.
El presidente Enrique Peña Nieto ya está enterado del despilfarro e irresponsabilidad con la que se conducen los funcionarios del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico (OCLSP) en torno a la construcción de una represa en Yahualica de González Gallo, sostienen los integrantes de la asociación civil Usuarios de la Presa El Estribón.
Encabezados por Ramón Gómez Castañeda, los inconformes entregaron el pasado 20 de octubre un escrito de 30 páginas ante la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en el que denuncian “la corrupción, el nepotismo y el clientelismo” cometido por funcionarios del OCLSP, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Pese a que se destinaron alrededor de 60 millones de fondos estatales y federales, dicen, la obra resultó cara e ineficaz; peor aún, nunca fue terminada. En su extenso documento piden a Peña Nieto solucionar el problema y sancionar a los responsables de “la corrupción, el nepotismo y el clientelismo”.
Exponen también que debido a la poca producción agrícola y el control del crimen organizado en la zona, los pobladores sólo tienen dos opciones: emigrar o sumarse a la delincuencia. Es por ello que en 2009 presentaron ante las autoridades municipales un proyecto de rehabilitación y modernización del sistema de riego. El propósito era contar con agua suficiente durante todo el año y recuperar 627 hectáreas de cultivo.
Por aquellas fechas, comenta Gómez Castañeda a la reportera, la asociación se entrevistó con el entonces gerente de Construcción e Infraestructura Hidroagrícola del OCLSP, Galdino Daniel González Covarrubias –quien hoy ocupa un cargo similar sólo que a nivel federal–, para proponerle una línea de conducción principal de agua en aproximadamente 20 kilómetros, así como un módulo de filtrado en cada terreno.
El proyecto fue aceptado, dice; incluso se lanzaron licitaciones y se firmaron nueve contratos con distintas empresas. Sin embargo, la asociación descubrió que los socios o directivos de esas compañías tenían relación de parentesco o eran familiares de funcionarios de la dependencia federal.
Cuatro días antes de que se conociera el nombre de la empresa ganadora de la licitación RM-O-JAL-013 (004)-LP-005-10, relata, Pedro Orozco López, propietario de Construcciones, Ingeniería Civil y Asesoría (Conica) y José Luis Castillo Puga, funcionario de la Conagua, acudieron a la presa a contratar trabajadores para la obra.
Red de corrupción
En marzo de 2013 varios medios de comunicación locales informaron que Castillo Puga, residente de conservación de Distrito de Riego 013 del OCLSP de la Conagua, fue inhabilitado por un año tras descubrirse que pertenecía a la red de Raúl Antonio Iglesias Benítez –quien durante 11 años fue titular de la dependencia federal en la Cuenca Lerma-Chapala–, con la cual se benefició a familiares con contratos de obra que sumaron 91 millones de pesos.
El día del fallo de la licitación LP-005-10, Gómez Castañeda acudió con Juan de Dios Martínez Lira, jefe del Distrito de Riego 013 para reclamarle la farsa de la licitación.
“Le dije que si así se hacen las cosas, para qué nos involucraban en su corrupción”, relata. También le comentó que tras investigar encontró que Conica era una empresa inepta, que obtenía contratos sólo porque tenía nexos familiares con un funcionario.
Para Gómez Castañeda no fue sorpresa que Conica ganara la licitación para colocar un tubo de 36 pulgadas en una extensión de mil 573 metros en el canal del margen derecho para llevar el agua de la presa, pues su presupuesto coincidió exactamente con el costo establecido para la obra.
Aclara que él se opuso a que le dieran el contrato a esa compañía; incluso se reunió con González Covarrubias para explicarle sus motivos. En esa ocasión Orozco aceptó que su empresa no tenía la capacidad para hacer la obra. Pese a ello, la Conagua firmó un contrato por casi 7 millones de pesos y la inició el 5 de noviembre de 2010. Un mes después ya estaba concluida.
Sin embargo, en el portal de Transparencia de la Conagua sólo aparece publicado el contrato SGIH-OCLSP-JAL-10-DR-109-RF-I3, firmado con Conica para la “conservación y mantenimiento de obras de cabeza del Distrito de Riego 013, por un monto de 372 mil 308 pesos”. La vigencia del contrato era del 13 de septiembre al 30 de noviembre de 2010.
Según Gómez Castañeda, la asociación nunca obtuvo copia de ninguno de los contratos, los cuales, junto con las estimaciones, tuvieron que firmar bajo presión, pues el especialista técnico Luis Meza amenazó con retirar los recursos y destinarlos a otra obra.
Dos años después de la fecha establecida para concluir la colocación del tubo por parte de Conica iniciaron las pruebas. “Nunca lograron que el agua saliera en el extremo final de la tubería a causa de las fugas. Ello obligó a la empresa a hacer 23 reparaciones durante un año”, según el escrito de Gómez Castañeda.
Refiere que el 28 de mayo de 2013 Orozco envió un oficio a funcionarios del OCLSP de la Conagua, así como a la asociación, en el cual admite que la obra no funcionaría y se declaró incompetente para terminarla.
La dependencia federal acordó que la empresa Obras y Equipamientos Hidráulicos corrigiera y terminara la obra, lo cual tuvo un costo adicional de 3.6 millones de pesos. “Esto resultó del análisis de precios unitarios que hizo el Departamento de Licitación (de la Conagua)”, menciona el presidente de la asociación.
Obras y Equipamientos sólo mejoró la obra en sus dos primeros kilómetros. Se negó a continuar por la falta de pago por parte de la asociación. Sin embargo, ésta financió la colocación del tubo, que se terminó en julio de 2014. Para esa fecha, las otras ocho empresas contratadas ya habían abandonado el proyecto sin concluir las respectivas obras, asegura Gómez Castañeda.
Menciona también a otras compañías a las cuales se les asignó obra, aun cuando no contaban con la capacidad para realizarla: Tecnología y Vanguardia Agrícola, cuya dueña es María Inés Maravilla Gil, y Rex Irrigación de Jalisco, de la cual es socio Marco Antonio Durán. Maravilla Gil y Duran son pareja. Gómez Castañeda asegura que ella es sólo prestanombres de él.
Rex Irrigación firmó dos contratos con la Conagua para realizar la primera y la segunda etapas de modernización de canales principales del margen derecho e izquierdo de los terrenos de riego.
Información incompleta
En el portal de Transparencia de la Conagua sólo se publica el contrato de la segunda etapa –registro SGIH-OCLSP-JAL-12-MD013-098-RFI3– por un monto de 9 millones 110 mil 265 pesos. El contrato se firmó el 30 de mayo y la obra se debió terminar cinco meses después; es decir, el 15 de octubre de 2012. Pero no fue así.
De nuevo intervino la empresa Obras y Equipamientos. Esta vez para concluir las obras que no pudo hacer Rex Irrigación Jalisco, por lo que se destinaron casi 1.9 millones de pesos adicionales.
Con relación a Tecnología y Vanguardia Agrícola no aparece publicado ningún contrato en el portal de Transparencia de la dependencia federal. En la página de la Conagua sólo hay un aviso sobre la licitación para “la conservación y mantenimiento de la infraestructura agrícola de las obras de la cabeza del Distrito de Riego 013”, en la que se invitó a cuatro empresas, entre ellas a Tecnología y Vanguardia Agrícola.
En ese mismo aviso se precisa que participan por invitación para obtener el contrato SGIH-OCLSP-JAL-11-OC013-104-RFI3 y que los recursos provienen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y precisa que la obra comenzaría el 20 de septiembre y concluiría el 15 de diciembre de 2011.
Otra empresa que participó en el proyecto fue Hugo Sig, cuyo propietario es Luis Salazar Ortega, amigo de González Covarrubias. A la compañía se le encargaron los módulos de filtrado para la modernización y tecnificación de la zona de riego, lo cual tendría un costo de 4 millones de pesos. Sin embargo, la obra se inició dos años después, sostiene Gómez Castañeda.
Según él, Salazar Ortega encargó la obra a Filiberto Ortiz, a quien identifica como familiar de González Covarrubias y como su asistente en la gerencia de Construcción e Infraestructura Hidroagrícola OCLSP en la Conagua. El proyecto de módulos de filtrado no funcionó.
De hecho, existe constancia de su nulo funcionamiento en una relación de viajes oficiales que publica la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del gobierno del estado. En ella se menciona que en julio de 2015 funcionarios de la dependencia estatal acudieron a una reunión a Yahualica de González Gallo, pero “no se presentó personal de la constructora Hugo Sig”. Sin embargo, “se realizó un recorrido de manera aleatoria a cierta plataforma, donde se observaron anomalías”.
Lo irónico, refiere Gómez Castañeda, es que la Conagua pagó a cuatro supervisores para que verificaran el buen proceso de las obras. Sin embargo, del cuarteto sólo Agustín González tenía los conocimientos requeridos; Ramón Jiménez –quien carece de estudios en ingeniería o carrera afín–, Juan Rodríguez y Alfonso Ortiz, hermano de Filiberto, no los tenían.
La asociación, añade, “informó, denunció y protestó por la lentitud y notoria irresponsabilidad en la ejecución de las obras ante los últimos tres directores de infraestructura”.
Asimismo, “propició reuniones con funcionarios, supervisores y empresas para exigir la ejecución de un proyecto útil y la aplicación de las sanciones correspondientes, e insistió en que nos entregaran los expedientes de los contratos”. Pero no sucedió nada.
El Órgano Interno de Control de la Conagua y funcionarios de la OCLSP contestaban que “existen actas de entrega-recepción, finiquitos, cobros de fianzas y extinción de derechos”, dice Gómez Castañeda, e insiste en que la asociación “no participó ni se le informó de ninguno de esos eventos”.
Reitera que a lo largo de seis años la asociación ha enviado escritos para reclamar incumplimientos y señalar irregularidades. Hasta ahora no se ha resarcido el daño.
Se queja también porque, dice, cuando se negaron a firmar los contratos González Covarrubias intervino “en forma enérgica”, mientras que Martínez Lira aconsejó: “Hay que firmar para asegurar el recurso. Si no cumplen (las constructoras), existen medios legales para hacerlas cumplir”.
Reitera que el procedimiento de licitación fue sólo “para aparentar legalidad” y que “las empresas que participaron en las obras no tienen infraestructura humana ni material para realizar los trabajos”.
Recuerda que el 3 de mayo de 2016 “tronó la interconexión” del lado sur de la población que “dejó daños materiales y gente furiosa”. La reparación duró dos meses y los gastos corrieron a cargo de la asociación y de la Presidencia Municipal.
El 21 de junio pasado tronó el tubo del lado norte, a unos metros de la presa. “Ese mismo día se detectó una fuga importante dentro de la población, debajo de las casas y está pendiente su reparación. De todo está enterado Luis Acosta”, actual director de Infraestructura Agrícola del OCLSP, menciona Gómez Castañeda.
