Pese a las irregularidades administrativo-financieras detectadas en los hospitales civiles Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca, el martes 25 las autoridades de Salud acordaron entregarles los recursos del Seguro Popular, que este año ascienden a 780 millones de pesos. El día previo, el titular del ramo, Antonio Gómez Mada, dijo a Proceso Jalisco que es inexplicable que pese al incremento de recursos en los últimos años, los dos nosocomios estén en crisis.
A pesar de las dudas sobre el manejo de los recursos públicos que reciben los hospitales civiles encabezados por Héctor Raúl Pérez Gómez, el martes 25 el secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, aceptó entregarle 130 millones de pesos para el pago de los usuarios del Seguro Popular.
El lunes 24, el Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara y las sociedades médicas de ambas instituciones publicaron un desplegado de casi una plana en el que pedían al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz intervenir para la liberación de los recursos.
En 2012, expusieron, el último año de la administración panista de Emilio González Márquez, recibieron aproximadamente mil 200 millones de pesos para el Seguro Popular.
Y añadieron: “En cambio, para este 2016, el convenio apenas alcanzó 780 millones de pesos –420 millones menos–. Una disminución absolutamente injustificada”.
Y aunque ese día Cruces Mada cuestionó el manejo de los recursos en los nosocomios, el martes 25, junto con Pérez Gómez y Celso del Ángel Montiel Hernández, director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Jalisco –mejor conocido como Seguro Popular–, Cruces Mada anunció la entrega de los primeros 100 millones de los 780 millones de pesos correspondientes al Seguro Popular 2016.
En rueda de prensa dijo que esta semana se abonarán otros 30 millones y se acordó dar otros 48 millones a través de la Secretaría de Salud para el Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de los nosocomios; el resto se entregará en los siguientes cuatro meses.
El miércoles 19 y el jueves 20, otros compañeros suyos se manifestaron afuera de la Secretaría de Salud para presionar por la entrega de recursos de los servicios a los beneficiarios del Seguro Popular; también pidieron que el gobierno estatal pague el dinero de su fideicomiso y de sus homologaciones salariales.
Este semanario ha recabado testimonios de afiliados del Seguro Popular que no han sido atendidos en el Hospital Civil por la falta de insumos. Los que tienen dinero, dicen, son enviados a comprarlos en los negocios ubicados frente al nosocomio y esperar a que les hagan los estudios clínicos (Proceso Jalisco 594 y 622).
Cruces Mada, quien en mayo de 2013 asumió como director del Seguro Popular, ha señalado a los medios de comunicación que los hospitales civiles de Guadalajara han recibido en los últimos tres años más 3 mil 200 millones de pesos provenientes de la federación y del estado.
Cuando la reportera le cuestionó a Cruces Mada –al frente de la Secretaría de Salud desde el 25 de abril pasado– si existiría un mal manejo administrativo en el Hospital Civil, él respondió que anteriormente los nosocomios no recibían recursos del Seguro Popular y daban la atención adecuada a los pacientes sólo con la partida del gasto corriente.
Por esa razón, expresó, preocupa la forma en que los administrativos del Hospital Civil, no la institución, están llevando las cosas. Aun cuando los médicos siguen atendiendo a la población e incluso los ingresos económicos son mayores, los nosocomios están en crisis.
“Si les dan 3 mil 80 millones de pesos provenientes de la federación y del estado para gasto corriente, más 900 millones del Seguro Popular, suman 4 mil millones, más lo que ingresa de gasto catastrófico –otros 300 millones–, las cuotas de recuperación, lo que ingresa a través de Fundación Hospital Civil de Guadalajara y los donativos de empresarios, la suma se eleva a 4 mil 500 millones.
“Ahí es donde decimos: si cada año los dos hospitales tienen mayores ingresos, ¿por qué cada año se incrementa la crisis?”, sostiene Cruces Mada. Y reitera que desde hace más de un mes la Contraloría del estado está auditando a los hospitales civiles. “Una vez que se tengan los resultados –dice–, estaríamos hablando con una evidencia más puntual”.
–Cuando algunos directores de los hospitales civiles llegan al cargo, no tienen vehículos de lujo ni propiedades, pero luego las adquieren, ¿esto implicaría un mal manejo de los recursos? –se le pregunta a Cruces.
–No tengo las evidencias, y ante una falta de evidencias no puedo prejuzgar.
–Consultamos documentos según los cuales en el Hospital Civil se cobran 50 mil pesos por una cesárea, más caro que un hospital privado.
–Eso sucedió en 2013 y 2014. Los tuvimos que meter a un tabulador nacional, al cual siguen siendo reacios. Esa es parte de la pugna que tenemos actualmente. El tabulador nacional nos marca que una cesárea está en 11 mil pesos.
“Una de las inconsistencias administrativas en el Hospital Civil es que, en aras de justificar un cobro mayor por una cesárea, incluye un diagnóstico de preclamsia –una hipertensión durante el embarazo–. Sin embargo, al operar a la paciente, al quitarle la placenta y el bebé, se cura, pues no son eventos separados. Al momento de cobrar no puedes decir: son 10 mil pesos por la cesárea y 10 mil por controlar la preclamsia.
“Al final de cuentas el número de personas que atienden los hospitales civiles al año son 300 mil. Es un gran número, pero es aproximadamente 10% de los 3 millones de afiliados al Seguro Popular.”
Sin embargo, precisa, “esos 300 mil van a múltiples atenciones. Si vas a consulta externa, por ejemplo, eso cuenta como una atención; si de ahí te marcan toma de exámenes de laboratorio, ya son dos; si del laboratorio te mandan a rayos X, son tres, y si regresas a consulta donde te dicen que traes una fractura y te enyesan, son cuatro”.
Es decir, la cifra de atenciones se eleva a 1 millón 200 mil, pero eso no significa que ese sea el número real de pacientes atendidos.
Con relación al reclamo por la disminución de presupuesto a los nosocomios, el entrevistado sostiene que él no intervino en el contrato firmado este año entre el Hospital Civil y el Seguro Popular, que se elevó a 780 millones de pesos para el pago de las atenciones.
Explica: “Anteriormente, la federación mandaba el recurso. Llegaba al estado y en tus cuentas podrías hacer uso de él con base en la priorización de tus necesidades. Hoy, la federación tiene una cuenta en la Tesof (Tesorería de la Federación). Para poder erogar dinero de esa cuenta tienes que avisar a la federación de la facturación de un servicio o de medicamento o de terceros.
“Tras revisarla y aprobarla, liberan los recursos. Las transferencias deben llevar las firmas del administrador y del director del Seguro Popular en el estado. Son más estrictas las reglas.
“Si ellos comprueban atenciones por 400 millones de pesos en todo el año, se entrega esa cantidad (aunque el contrato sea por 780 millones). Entonces, no existe una deuda como tal, sino un contrato y conforme se va facturando, se va pagando.
“Antes no había tanta vigilancia sobre los recursos; incluso aquí se pretendía cobrar embarazos en hombres… Eso nos obligó a hacer una revisión minuciosa.”
Menciona otra inconsistencia, “a lo mejor no dolosa”: Cuando una persona acude al hospital por una apendicitis, el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) menciona los estudios clínicos que deben practicársele al paciente, aunque no incluye un ultrasonido, necesario para confirmar el diagnóstico.
“Entonces, la obligación de los médicos es decirle al paciente que está la opción de operarlo con ese diagnóstico o pedirle que pague el estudio, porque puede tratarse de otra patología, pero a veces no le dicen; lo pasan de facto a ultrasonido y quieren cargar al Seguro Popular un costo de 14 mil pesos.”
Sin embargo, explica, Causes marca el no pago del ultrasonido “y aparte lo va a observar la federación. No es una, son cientos las apendicitis que se practican al año; y mil pesos (extras) por 500 apendicitis son más de 5 millones de pesos. Esos montos, al final, van incrementado la comprobación y es ahí donde regresamos y hacemos que ellos hagan las modificaciones a la evidencia, y se apeguen a lo que paga el Causes”.
A principios de año, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por mil 737 millones 800 mil pesos del Seguro Popular durante 2014 –cuando Cruces era su director–, entre ellos pagos sin comprobar, cheques por mil 248 millones cancelados y un subejercicio. El funcionario respondió que tiene la forma de comprobar el uso de esos recursos. Hasta ahora no lo ha hecho.
