Señor director:
Le agradeceré publicar en la sección Palabra de Lector esta carta, dirigida al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales:
El que suscribe, Filiberto Luis Rodríguez Pérez, interno en el Centro de Reinserción Social de San Andrés Tuxtla, Veracruz, respetuosamente le expongo lo siguiente:
A pesar de que a partir del 10 de noviembre de 2015 entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, aquí en el Juzgado Primero de primera instancia, hasta la fecha no hemos sabido que se haya llevado a cabo ningún juicio oral. Según la ley, éstos deben de ser dados a conocer con anticipación a través de los medios de comunicación.
Aquí, en este distrito judicial, siguen las mismas prácticas de corrupción y el rezago es escandaloso. A continuación le doy a conocer casos en los que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante los procesos y en los que, por falta de recursos económicos, los internos no pudieron seguir su defensa.
Rubén Morales Donn y dos menores de edad, presos desde hace más de cinco años, fueron acusados falsamente, torturados y sentenciados a 127 años de prisión por los delitos de homicidio y violación. No han agotado el recurso de amparo directo por no tener recursos económicos.
Misael Cortés Pérez y un coacusado purgan sentencias de 32 años, acusados de un homicidio no cometido en el que fueron involucrados por el autor material, un adolescente (en ese entonces) que fue torturado para que los señalara como copartícipes. El perpetrador del asesinato estuvo preso y ya salió libre; ahora, que es mayor de edad, está dispuesto a declarar ante un juez cómo sucedieron realmente los hechos. Hay documentos públicos que avalan la inocencia de Misael y del otro acusado. En dos ocasiones se ha solicitado al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una audiencia de reconocimiento de inocencia y no ha habido respuesta.
Otro acto de corrupción es el cometido por el exdefensor de oficio del juzgado Marco Antonio Pérez Guzmán, quien pidió a la señora María Luisa Alicia Soria Martínez 30 mil pesos para defender a su hijo, interno en este Cereso. El abogado, sin embargo, no realizó ningún trabajo. El caso fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura estatal desde diciembre de 2015, que parece que trata de proteger al funcionario corrupto. Por lo tanto, en este caso también hubo violación a los derechos humanos del interno, quien no tuvo defensa.
Señor ministro presidente: el presidente del TSJ de Veracruz, desde su cómoda oficina en Xalapa, con una actitud indolente, no hace nada, pero permite que se perpetren todos los actos de corrupción posibles en los juzgados veracruzanos. Pedimos su intervención ante tanta injusticia.
Atentamente:
Sociólogo Filiberto Luis Rodríguez Pérez
