Señor director:
La presente carta expone las injusticias que padecen los reclusos extranjeros en las prisiones estatales de Estados Unidos. En California, el que suscribe, Rosendo Díaz Armas, número de preso K-50170 y de nacionalidad mexicana, fue sentenciado a 15 años con posibilidad de libertad condicional a los 12 años cumplidos.
Yo fui sentenciado por el delito de homicidio en segundo grado. Fui arrestado por la policía de Los Ángeles el 3 de marzo de 1995. Estuve peleando mi caso por 25 meses desde la cárcel local de Los Ángeles. Mis padres escribieron a los integrantes del Comité de Libertad Condicional en el año 2000 y ellos les contestaron que yo saldría libre el 20 de diciembre de 2007.
Hoy estamos en 2016. Yo tuve mi primera audiencia de libertad condicional (o parole, en inglés) el 24 de febrero de 2007 y me negaron mi libertad por tres años. El 11 de junio de 2010 tuve mi segunda audiencia y me volvieron a negar la libertad por otros cinco años. El 12 de mayo de 2015 asistí a una tercera audiencia y me mantuvieron la pena de prisión por otros tres años. El 7 de julio pasado me llamaron para una audiencia adelantada y me volvieron a negar la libertad otros tres años.
En estas dos últimas reuniones me negaron mi libertad basándose sólo en opiniones. El comisionado John Peck aceptó que tenía todo para salir, pero consideró que los reportes de los psicólogos no eran creíbles cuando me catalogaban como un interno “low risk”, o sea, de bajo riesgo para la sociedad. Peck argumentó que yo representaba un alto riesgo (high risk) social porque maté, pese a no tener episodios violentos ni antes ni después de mi crimen.
El mes pasado, el comisionado Keven Chapelle también se negó a liberarme arguyendo que soy un “gran peligro”. Esto debido a que yo le di a conocer más de mi niñez y de cómo me convertí en un monstruo para quitarle la vida a un ser inocente. Después de negarse me dijo lo siguiente: “We don’t know if you know, we were supposed to let you out today”, es decir, “No sabemos si lo sepas, pero hoy deberíamos dejarte salir”.
Señores, mi historial habla por sí mismo: no tengo infracciones disciplinarias en casi 22 años que llevo preso. Hace unos días me llegó el “legal status”: el documento legal que muestra que yo debo “cero días” de cárcel desde el 20 de diciembre de 2007 y que la fecha límite de mi condena, en todo caso, se cumplió el 7 de julio de 2015.
El número de años que se me ha negado mi libertad revela un sistema que viola los mismos derechos que pretende proteger. Se puede argüir que la razón de que mantengan encarcelados a los reclusos extranjeros es económica, pues cada año el Departamento de Correccionales recibe entre 55 mil y 75 mil dólares por reo foráneo.
A nosotros los extranjeros no se nos otorga la noble esperanza de una justicia eficaz. La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que tenemos derecho a la igualdad jurídica. Pero desgraciadamente esto no es así. Los comisionados para la libertad condicional no siguen sus leyes. La Octava Enmienda dice que se nos debe proteger del castigo cruel, pero estos señores nos niegan la liberación por muchos años. Esto es cruel y por lo tanto viola la Constitución estadunidense y nuestros derechos básicos.
Atentamente:
Rosendo Díaz Armas
