Cuando anunció la creación de la Fuerza Única, el grupo de élite que garantizaría la seguridad de los jaliscienses, el gobernador Aristóteles Sandoval dijo que era un “evento histórico”. En menos de dos años, la promesa se esfumó. Cuando los emecistas arrasaron en los municipios de la zona metropolitana decidieron retirar a los elementos de la Fuerza Única Metropolitana por los abusos contra la población. Proceso Jalisco tuvo acceso a varias averiguaciones previas que implican a policías de esa corporación.
El 15 de diciembre de 2013, cuando la Fuerza Única (FU) inició sus operaciones, el mandatario priista calificó el evento como histórico, pues “se conjuntaban esfuerzos para la seguridad de nuestras familias. La gente –dijo– está cansada de injusticias, de inseguridad, de que cuando salen sus hijos muchos están esperando que regresen con bien”.
Y pidió a los jaliscienses confianza en ese grupo de élite. También se dirigió a los uniformados. Les dijo que iban a “tener todo el respaldo (oficial) para que sean incorruptibles”.
Lejos está la promesa del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz de dar seguridad a los ciudadanos mediante esa fuerza creada para atacar los delitos de alto impacto, pues en menos de tres años se han presentado más de 20 consignaciones contra sus uniformados por abuso de autoridad y otros delitos.
La FU está integrada por la Fuerza Única Metropolitana (FUM), que inició con 450 elementos –123 eran oficiales de Guadalajara, 71 de Zapopan, 37 de Tlaquepaque, 28 de Tonalá, 25 de Tlajomulco, 12 de El Salto y 154 de la Policía Estatal de la Fiscalía–, y la Fuerza Única Regional (FUR), conformada por casi mil 400 elementos, según el portal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, en octubre de 2015, apenas llegaron a los ayuntamientos de la zona metropolitana los alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC), retiraron a los policías de esa corporación. Además, algunos de sus comandantes han sido señalados de proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho (Proceso Jalisco 523).
Incluso la agencia Apro informó que tiene en su poder un audio de marzo pasado en el que se escucha al Mencho cuando ordena a un mando de la policía de Jalisco “relajar” a los policías comisionados en el municipio de Chapala.
Proceso Jalisco solicitó a la FGE, encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, el número de denuncias presentadas contra elementos de la FU desde su creación hasta la fecha. La dependencia respondió que en 2015 fueron 22 los policías consignados, incluidos tres de la FUR, y cuatro más en lo que va de 2016.
La dependencia estatal no proporcionó los nombres de los implicados y sus víctimas. Sin embargo, este semanario obtuvo copias de 10 denuncias ciudadanas sobre abuso de autoridad por parte de integrantes del grupo de élite.
Las denuncias de 2014
El 9 de julio de 2014, Ricardo Gómez Ortega presentó su denuncia ante la agente ministerial Laura Ayala Nava contra elementos de la FU por presuntos abusos de autoridad (AP 242/2014).
Semanas antes, Gómez Ortega acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) a entregar por escrito una queja en la que explicó que el 11 y 13 de junio, elementos de la FU irrumpieron en su domicilio sin orden judicial. En ambas ocasiones lo golpearon y se lo llevaron detenido.
La primera vez los agentes lo trasladaron a las instalaciones de la Calle 14 por presunta posesión de mariguana; la segunda, además del estupefaciente, dijeron, le encontraron pastillas psicotrópicas.
El agente del Ministerio Público (MP) que le tomó la declaración le recomendó aceptar los cargos para obtener su libertad provisional bajo caución; durante su detención, dice Gómez Ortega, le robaron objetos y documentos, entre ellos su credencial que lo acredita como empleado jurídico de la policía municipal de Guadalajara.
Otro caso es el de María Luisa Jara Preciado, de Juchitlán, quien el 4 de agosto de 2014 presentó ante el MP Fernando Tene Pulido una denuncia contra elementos de la FU. Dijo que varios de ellos se metieron a la tienda de abarrotes que tiene en su domicilio.
Según su empleada entraron también a la vivienda y se llevaron 12 mil pesos, así como alhajas, dos computadoras y las facturas de dos autos. Los acompañaba, dijo la trabajadora, el director de la policía municipal.
Ese mismo día un grupo de la FU irrumpió en la vivienda de Sergio Saray Lira, un auxiliar mecánico del taller municipal de El Grullo mientras él se encontraba trabajando. Los policías de élite sacaron artículos electrónicos, una laptop, un Ipod, un maletín con facturas de cuatro autos y una motocicleta, así como las escrituras de un departamento y joyas. La dueña de la vivienda fue a buscarlo. Le dijo que llegaron en 10 camionetas y se metieron en varias casas, incluida la suya. El 5 de agosto Saray Lira presentó su queja.
Otro vecino de El Grullo, Miguel Chávez Zamora, denunció el 6 de agosto que su hijo Pedro Miguel Chávez, de 16 años, fue golpeado por elementos de la FUR cuando salió de un Oxxo.
Según el menor, afuera de la tienda de conveniencia había cuatro patrullas con el logo de la corporación. Uno de los policías le pidió que se acercara y le preguntó su edad y su nombre, mientras los demás comenzaron a revisarlo. Luego lo dejaron ir.
Sin embargo, al cruzar la calle otro uniformado le apuntó con un rifle y le dijo que fuera con él. Pedro le dijo que ya lo habían auscultado, pero su interlocutor insistió. Cuando se le acercó, uno de sus compañeros lo obligó a agacharse y le puso las manos en la nuca. Y volvieron interrogarlo. Como no le creyeron, uno de los policías le dijo que llamara algún familiar para corroborar su versión.
El joven se comunicó con un tío y le pidió que le regresara la llamada, pero no lo hizo. Pedro recibió un golpe con la culata del rifle en las costillas; el policía aventó su celular y le ordenó que se fuera. Cuando Pedro se agachó a recoger su aparato recibió una patada, también en las costillas.
Tres semanas después, el 27 de agosto, en Vallarta, Sergio Valencia Robles interpuso una querella contra elementos de la misma corporación. Expuso ante el MP local que ese día circulaba por la avenida Palma Real cuando se topó con un retén de la FUR. Como le dieron el paso, él prosiguió.
Sin embargo, relata, el cruzar el retén escuchó una detonación. Algunos policías se parapetaron en las camionetas, otros fueron tras él, incluso le dispararon a su auto. Valencia aceleró. Metros adelante se detuvo. “A los tres minutos llegaron 10 u 11 patrullas de la FU, entre ellas las unidades 022 y 023. Rodearon su vehículo sin dejar de apuntarle. Abrieron una de las puertas delanteras para llevarse el estéreo y los documentos del vehículo, luego levantaron el cofre para cortar los cables y echarle agua a las bujías y al motor. Después poncharon tres llantas a navajazos y se fueron.
El 2 de septiembre los hermanos Irvin Alejandro y Édgar Antonio Gutiérrez Martín expusieron ante la MP María Elena Ríos Becerra una querella contra policías estatales por abuso de autoridad (AP 366/2014).
Dos días después, Juana Martínez Martín del Campo hizo lo propio. Denunció a Cecilio Santiago Maldonado y Alejandro Mestizo Paredes, de la FU, por abuso de autoridad y por provocar la muerte a Daniel Eduardo Vázquez Romero (queja 6258/2013/I).
Según el expediente, Vázquez Romero se encontraba en la casa de un familiar cuando varios agentes le dijeron que saliera porque unos ladrones intentaban llevarse su auto. Cuando lo hizo, lo detuvieron durante 10 horas y luego lo pusieron a disposición de la Fiscalía Central. Vázquez falleció poco después a causa de las lesiones que presentaba.
En su reporte, los dos oficiales implicados expusieron que detuvieron a Vázquez en la calle. Él circulaba en su auto y aceleró cuando los vio. Al darle alcance lo obligaron a detenerse y al auscultarlo observaron que tenían huellas de golpes en la parte superior del tórax.
El caso de Humberto Saray
En su edición 521, Proceso Jalisco publicó un reportaje sobre Humberto Saray Ramírez, de Autlán de Navarro, quien fue torturado por elementos de la FU el 14 de octubre de 2014.
Según el expediente consultado recientemente por la reportera, el agente del MP Jorge Gregorio Medellín López le tomó la declaración a Saray Ramírez en un hospital, donde se recuperaba de la agresión de elementos de la FU.
Aquel día, según el documento, Saray Ramírez iba en la camioneta Cherokee de su padre, quien lo acompañaba junto con un compadre suyo llamado Adán Vidrio Paz. Los tres se dirigían a un potrero cuando se encontraron con siete camionetas de la FU, quienes le marcaron el alto. Los agentes se acercaron y les pidieron descender y mostrar sus identificaciones.
Saray Ramírez les dijo que era dentista y propietario de una gasolinera. Les preguntó qué querían. Ellos insistían en que les hablara de sus broncas, si se había metido en algo ilegal, al tiempo que le golpeaban las costillas.
Le quitaron su celular y encontraron una foto que un amigo le había enviado en la cual posaba con una escopeta; le preguntaron quién era su amigo, a qué se dedicaba, si era sicario, al tiempo que le aplicaban descargas eléctricas. El interrogatorio se prolongó media hora. Él les suplicaba que lo dejaran en paz. Sus torturadores le comentaban que si no decía la verdad lo iban a detener. “Te vamos a meter al bote unos 15 años”, le dijo uno.
Como Saray Ramírez no cedió, los policías le quitaron los 7 mil pesos que llevaba e intentaron quitarle una esclava de oro; no pudieron. Finalmente le dijeron que se fuera. Su padre lo llevó al Hospital Regional, mientras su compadre se fue a su casa.
Saray Ramírez comenta a la reportera que, tras conocer su caso, varios vecinos de Autlán se han acercado a él para decirle que ellos también han sido agredidos. “A mí también me robaron”, le comentan.
Además de las denuncias ministeriales contra elementos de la FU metropolitana y regional, en 2014 la CEDHJ recibió 130 por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, allanamiento de morada, robo, lesiones, cateos ilegales, amenazas e intimidación, de las cuales 110 implican a personal de ese grupo de élite.
En 2015 fueron 159; de ellas 91 eran contra integrantes de la FUM. La mayoría fueron por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, lesiones, allanamiento, tortura. En los primeros nueve meses de este año la CEDHJ registró 56 quejas, la mayoría son contra la FUR.
El lunes 10, los alcaldes de Tlaquepaque, María Elena Limón; Zapopan, Pablo Lemus; Tlajomulco, Alberto Uribe; Zapotlanejo, Héctor Álvarez, y Juanacatlán, Refugio Velázquez, encabezados por el de Guadalajara, Enrique Alfaro anunciaron que el miércoles 26 se firmará el acuerdo para crear la Agencia Metropolitana de Seguridad, un Organismo Público Descentralizado (OPD). El propósito es que la Policía Metropolitana y el Mando Policial Metropolitano que coordinará a las corporaciones municipales entre en funciones a mediados de 2017.
El OPD sería aprobado el lunes 17 de manera simultánea por los plenos de los ayuntamientos. Ocho días después, el martes 25 se presentará ante la Junta de Coordinación Metropolitana. Y el miércoles 26 se firmará el convenio para la creación de dicha asociación.
El viernes 14, el gobernador Sandoval Díaz de reunió con los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara para acordar el camino que tomarán las autoridades para fortalecer la FU y consolidar la Agencia Metropolitana de Seguridad de la ciudad. Dijo que el lunes 17, junto con los alcaldes dará a conocer los detalles del proyecto.
“La prioridad de nosotros es la seguridad de las familias en el estado, la prioridad y nuestra responsabilidad es llegar a acuerdos para que el ciudadano pueda vivir mejor y reducir los índices de inseguridad”, dijo el mandatario.
