Pese a las promesas del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, las quejas contra la administración de su antecesor Emilio González Márquez por diversos ilícitos –entre ellos el de la Villa Panamericana, cuyo futuro es incierto– están atoradas; más aun las presentadas por vecinos del Parlamento de Colonias contra varios de los colaboradores del exmandatario panista. El abogado de los demandantes, Carlos Aldana Ortiz, confía en que las querellas prosperen ahora que Marisela Gómez Cobos llegó a la Fiscalía Central.
Los presuntos actos de corrupción más escandalosos de la administración panista que encabezó Emilio González Márquez se concentran en una decena de denuncias penales y, según el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, no quedarán impunes.
En contraste, la querella contra los exfuncionarios involucrados en el financiamiento de la Villa Panamericana, acusados de fraude, desvío de recursos, peculado y abuso de autoridad radicada en la Fiscalía General del Estado (FGE) no avanza. Los denunciantes tuvieron que promover amparos para agilizar el desahogo de diligencias y esperan que se consigne al Poder Judicial la averiguación correspondiente.
Carlos Aldana Ortiz, abogado de los denunciantes y responsable del área jurídica del Parlamento de Colonias, asegura que las indagatorias avanzan con lentitud, aunque confía en que con Marisela Gómez Cobos al frente de la Fiscalía Central, el Ministerio Público formule las conclusiones y haga la consignación para que los responsables del desfalco a las arcas públicas paguen con cárcel sus delitos.
Aldana es el responsable de los juicios que se ventilan ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), donde se colocaron candados para impedir la comercialización de las villas.
Hace dos meses, Eduardo Almaguer Ramírez, titular de la FGE, declaró a este semanario que la corporación pronto daría resultados en materia de combate a la corrupción y se harían las consignaciones por las irregularidades acreditadas en los casos de la Villa Panamericana, el Seguro Popular y la compra de maquinaria china obsoleta e inservible durante el sexenio de González Márquez.
“Estamos finiquitando las diligencias para hacer la acción penal contra quien corresponda”, expresó el fiscal a Proceso Jalisco (edición 611).
Para Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias, la parálisis de las causas cuestionadas se debe a algún tipo de acuerdo “cupular” suscrito con el gobierno federal para sacar adelante las reformas estructurales.
Es la única explicación que se encuentra a la demora en todos los casos de corrupción de la administración emilista denunciados. Hasta ahora, dice, ni uno solo ha sido aclarado y ningún presunto responsable ha rendido cuentas.
De acuerdo con el dirigente vecinal, el excontralor Juan José Bañuelos Guardado estimó en alrededor de 7 mil 500 millones de pesos el quebranto financiero al estado
luego de las auditorías realizadas a las dependencias estatales, particularmente las relacionadas con los Juegos Panamericanos de 2011 y el financiamiento otorgado a la Villa Panamericana.
Las denuncias penales por el caso particular de las villas se presentaron tanto ante la Procuraduría General de la República (PGR) como ante la FGE, pero no hay avances significativos: “No han citado a todos los implicados ni desahogado todas las pruebas, por eso promovimos amparos”, insiste Cárdenas.
Él y un grupo de vecinos se reunieron con el alcalde zapopano Pablo Lemus Navarro el pasado 22 de julio para hablar de los resultados de estudios hidrológicos y geológicos realizados a El Bajío, donde se edificó la Villa Panamericana. Como Lemus no conocía la problemática, le hicieron llegar los documentos para que, antes de definir el futuro del inmueble, los tome en cuenta.
“Pablo Lemus desconoce lo jurídico y lo técnico, aunque le urge destrabar la villa. Al parecer, tiene un interés personal, pareciera que le quiere ayudar a su suegro (Hugo Villa Manzo), cuyo constructor es Francisco Cornejo, de la empresa Corey, el mismo que edificó la Villa Panamericana”, comenta el entrevistado.
Lo anterior, en virtud del concurso que lanzó el ayuntamiento de Zapopan para seleccionar la mejor propuesta presentada sobre el uso que se le podría dar al complejo panamericano.
Cárdenas Ochoa indica que el primer lugar es un planteamiento económico, con visión de negocio y que se apega a lo que la comuna pidió. Pero el propósito del concurso también es atender “la fragilidad ecológica de la zona”; de ahí el planteamiento de la creación de un Centro de Investigación.
La ruta jurídica
Sergio Peraza, vecino de Rancho Contento, y otros cinco ciudadanos “respaldados por agrupaciones y sectores de la sociedad civil” han dado la pelea jurídica en los tribunales por la ilegalidad en los permisos para la construcción del complejo, que viola los preceptos urbanísticos y ecológicos.
Experto en derecho administrativo, Aldana Ortiz asegura que se ha trazado una estrategia de trabajo de mediano y largo plazo. Ante la PGR, por ejemplo, presentó la denuncia penal hace seis años, la AP 6001/2010; el 9 de junio de 2015 se le acumuló la AP 2864/2015, que fue enviada a la Agencia de Abatimiento al Rezago.
El abogado promovió un amparo para evitar la acumulación. Las autoridades determinaron que la denuncia siga activa; incluso la enviaron a la Agencia 9 Mixta y el pasado 16 de septiembre, en la actuación más reciente, se giró oficio al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para que realice un peritaje ambiental en la zona donde está el complejo panamericano.
El amparo se tramitó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal “para los efectos de evitar la acumulación de todas las denuncias presentadas ante PGR y evitar que todo se resolviera en paquete” (amparo 1968/2015).
En la FGE, se inició la AP 3791/2015 en la Agencia 6 de Delitos Patrimoniales. De ahí pasó a la 4, luego a la 7, después a la 13 –de Delitos Cometidos por una Autoridad– y ahora se encuentra en el área de Visitaduría. Para agilizar las diligencias pendientes de desahogo y avanzar en las indagatorias, a finales del año pasado los vecinos presentaron el amparo 1975/2015 en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal.
Aldana Ortiz asegura que sus representados poseen todas las pruebas para acreditar los delitos denunciados. Estima que el daño al erario por la construcción de la Villa Panamericana ronda los mil 100 millones de pesos.
“Hablamos de mil 100 millones de pesos –dice–, incluyendo los fondos otorgados por la anterior Dirección de Pensiones, hoy Instituto de Pensiones del Estado. En el caso de la Inmobiliaria y Promotora de Interés Público del Estado (Iprovipe), se señaló a los exfuncionarios Jorge Sánchez Martínez, Roberto Valle Pinzón y José Alejandro Delgadillo Casillas.”
Los vecinos también solicitan ejercer acción penal contra Héctor Francisco Cornejo, apoderado de la empresa Corey, quien construyó el complejo.
Hay pruebas fehacientes “ya entregadas” a las autoridades correspondientes que inculpan a Carlos Andrade Garín, quien fue titular del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) y responsable del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos (Copag), insiste el abogado.
Y agrega: “Hemos promovido amparos y, con fundamento en el derecho de petición, pedimos que se nos informe lo que se desahogue en las pruebas. Al advertir que había inspecciones pendientes de desahogarse tuvimos que ejercer ese derecho de presionar para que avanzaran las denuncias”.
–¿A qué atribuye la lentitud de la fiscalía? –pregunta la reportera al abogado.
–Seguramente por la complejidad del asunto, por las propias denuncias que debió presentar en su momento la contralora del estado. Esperamos se modifique con los cambios que anunció Eduardo Almaguer.
Se le pregunta si es factible mover la averiguación con el amparo, si ese recurso es efectivo. El entrevistado responde que sí.
–Si se consigna y detiene a responsables, ¿qué faltaría? ¿Qué sigue para la villa?
–Hay intención del grupo constructor, desarrollador y propietario del predio –ahora a través de un juicio mercantil– de revertir el fideicomiso para recuperar el terreno y lo construido. Por otra parte, los anteriores presidentes municipales y el actual (Pablo Lemus) han externado al gobierno estatal que no está en sus manos resolver el asunto.
–Primero debe llegar el acuerdo de tipo judicial…
–El asunto está en manos del Poder Judicial. Si queremos que lo resuelva el ayuntamiento, se tendrá que dar una superficie adicional de 40 hectáreas para que no se repliquen las altas densidades en la zona del Bajío.
“De lo que se trata es de detener una catástrofe ambiental, ecológica y urbanística. Si no se atiende, y se permite que las villas tengan la densidad como está planteada, tendríamos una población de 500 mil habitantes en los próximos 10 años.”
Desde 2008, el gobierno del estado impulsó el desarrollo de la Villa Panamericana. El Ipejal dispuso de 340 millones de pesos del fondo de sus pensiones mediante contratos firmados por Eduardo Mar de la Paz, quien era el presidente del Consejo Directivo, así como Salvador Sánchez Guerrero, Pablo Aguirre y Francisco del Río, en esa época directores general, de Finanzas y de Promoción de Vivienda del instituto, respectivamente.
El Iprovipe entregó 400 millones para el proyecto panamericano. El 17 de diciembre de 2011 incluso celebró el “Convenio de Asociación para Promoción de Vivienda”.
Según el documento, las partes “declaran que es su deseo coadyuvar libremente a efecto de llevar a cabo las acciones tendientes y necesarias para la ejecución de la Villa Panamericana y en su destino final dotar de 644 unidades habitacionales más 286 espacios que albergarán el Centro Geriátrico y contribuir a las necesidades de vivienda que mantienen los jaliscienses”.
El contrato y convenio de asociación fueron los instrumentos jurídicos empleados por los funcionarios de esa época para inyectar los fondos públicos a la Villa Panamericana y son materia del fraude denunciado ante la PGR y la FGE.
