En vista del trato que recibió del Ejército, Luis Homero Águila entrevistó y grabó a más de 50 militares que relataron las injusticias que padecieron ellos y otros a quienes dio de baja el general Gutiérrez Rebollo.
A principios de noviembre de 1992 envió los audios a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al presidente de México y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sólo respondió la CNDH, que emitió una recomendación al procurador general de Justicia Militar, al jefe del Estado Mayor y al psiquiatra. No obstante, dijo el afectado, “lo único que conseguí fue que me pagaran mi aguinaldo y mi prima vacacional de 1991, los cuales ya había solicitado seis veces y se me había ignorado”.
En abril de 1993, por intervención de la presidenta del DIF Jalisco, obtuvo un permiso para trabajar como escribiente público, elaborando denuncias y reportes de robos, extravíos de placas y documentos dirigidos al procurador general de Justicia estatal.
Relata que el 3 de noviembre de 1993 presentó un escrito al Congreso local con nueve casetes anexos que contenían un extracto del testimonio de los 50 militares que hablaron sobre los nexos de Gutiérrez Rebollo con el narcotráfico, así como escritos donde explicaba sus injusticias. También mandó esa denuncia al Congreso de la Unión, pero no pasó nada.
Águila afirmó que en agosto de 1994 denunció públicamente a Gutiérrez Rebollo “como principal culpable del narcotráfico en Jalisco. Pero como todo un cobarde se concretaba a decir que yo estaba loco”.
En diciembre de 1996, cuando se enteró que, por recomendación del entonces titular de la Sedena, Enrique Cervantes Aguirre, Gutiérrez Rebollo dirigiría el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, Águila decidió entregar al consulado de Estados Unidos en Guadalajara una copia de las grabaciones de los militares que hablaron sobre los nexos del general con el narcotráfico:
“Solicité que se las hicieran llegar al director de la DEA en México, en ese tiempo Thomas Constantine, para que investigara a (Gutiérrez) Rebollo.”
Entonces sucedió algo interesante: “Serían mis denuncias que presenté al consulado americano o coincidencia, pero Gutiérrez Rebollo fue detenido en febrero de 1997”, comenta el exmilitar.
“Con la caída de Rebollo, varios militares que conocían mi situación me felicitaron, los cuales, al igual que yo, creíamos que se me reinstalaría en el Ejército con un ascenso por todas mis denuncias en contra del general. El 3 de marzo del 97 le solicité al entonces comandante de la V Región Militar, Eulalio Fonseca Orozco (…) que se analizara mi situación para que se me reinstalara o si no para que se me pagara la pensión vitalicia a la que tengo derecho.”
La respuesta fue negativa. “Para la Sedena yo nunca estuve hospitalizado ni detenido por causa de Rebollo, y que si estaba enfermo mental, esa enfermedad la adquirí cuando ya no era militar (…) Nunca se tomó en cuenta cómo defendí el honor militar denunciando a Gutiérrez Rebollo”, reprocha.
En su escrito, Águila recuerda que dirigió cartas a todas las comisiones de derechos humanos y sus titulares desde que se crearon hasta el periodo de José Luis Soberanes. “Siempre recibí puras evasivas y negaciones”, apunta.
Posteriormente creyó que con la llegada del PAN al gobierno federal sí recibiría su pensión, por lo que se dirigió a los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Le respondieron lo mismo: que no tenía derecho a una pensión por mala conducta dentro del Ejército y, en sus palabras, “porque la enfermedad diagnosticada fue en segunda categoría y que yo solicité mi baja voluntaria”.
En un resumen dirigido al priista Peña Nieto, Águila le confió que por falta de empleo llegó al extremo de comerse los huesos de pollo que ya había tirado a la basura, “como si fuera un perro hambreado”. Añadió: “Estoy llorando en este momento porque no soy de palo”.
En esa carta le solicitó a Peña Nieto que se reabriera “el juicio de nulidad fiscal que se ventiló en la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Federal Fiscal y Administrativa, en donde se darán cuenta de que se resolvió este juicio de lo más aberrado y parcial para que no se me concediera mi pensión, en donde lo más grave fue que determinaron que mi inutilidad fue en segunda categoría y no en primera, siendo que mi certificado de inutilidad está muy claro”.
Ofrece más detalles para sustentar su caso: “Lo que me hicieron en el Ejército no tiene nombre, ya que fui buen elemento y sólo cumplí con mi deber (…) yo le solicito mi pensión porque ya no tengo donde trabajar, asimismo, esa pensión la dividiría en cuatro partes, que son para mi esposa, y para mis dos hijos y el suscrito”, le detalló a Peña Nieto.
Su escrito dirigido al presidente se canalizó a la Sedena, la cual respondió el 18 de julio de 2015 que la petición “resulta improcedente” porque Águila ya había causado baja y entonces competía al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) pronunciarse sobre si tiene o no derechos por sus años de servicio.
