Mucho antes de que el general Jesús Gutiérrez Rebollo cayera preso por sus nexos con el narcotráfico, él y un pagador de la XV Zona Militar fueron denunciados por malversar dinero del Ejército. Conocían estos señalamientos autoridades civiles, militares e incluso el consulado de Estados Unidos en Guadalajara. La reacción de la Sedena fue declarar loco al denunciante y darlo de baja, sin respetar siquiera su derecho a una pensión por la supuesta incapacidad para prestar el servicio. El hombre que pregonó esas injusticias se llamaba Luis Homero Águila y dejó grabadas sus entrevistas con exsoldados sobre lo que padecieron en la institución armada.
En los paquetes que el exmilitar Luis Homero Águila dejó en la redacción de Proceso Jalisco la noche del 13 de septiembre, el día antes de que tiroteara a cuatro empleadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), había un disco compacto que contenía dos archivos. Cada uno contiene entrevistas a un par de exmilitares que exponen la corrupción y los abusos que vivieron en su paso por las Fuerzas Armadas.
Águila, quien fue abatido por policías investigadores al interior de las instalaciones de la FGE después de su atentado, llevaba años señalando que en el Ejército se habían cometido injusticias contra él. Lo expuso por todos los medios a su alcance, pero también lo hizo formalmente en sendos escritos dirigidos a autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a organismos de derechos humanos desde 1991 hasta el mes pasado.
En uno de ellos, con sello de recibo del 30 de mayo de 2015 y dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, resume los malos tratos que padeció por denunciar actos de corrupción de sus superiores en el Ejército.
Recuerda que el 4 de agosto de 1981, a los 21 años, ingresó como soldado raso al IV Batallón de Infantería con sede en Guamúchil, Sinaloa. El 16 de febrero de 1990, en Guadalajara, fue ascendido a sargento primero escribiente. Tenía una propuesta para convertirse en subteniente auxiliar pagador, pero su expectativa se truncó al denunciar a su jefe inmediato, el teniente coronel pagador de la XV Zona Militar, Vicente Rosas Villa, ante su superior, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, por robar el presupuesto y por abuso de autoridad.
Como consecuencia, Águila fue in-ternado en el Hospital Militar Regional de Guadalajara, del 28 de septiembre al 12 de octubre de 1991. En su carta afirma que ahí, por órdenes del psiquiatra, le suministraron medicamentos para provocarle un desequilibrio mental.
“Si el pagador haya sido procesado por mi denuncia, por lógica se deduciría de que el general Jesús Gutiérrez Rebollo no tenía ni control a unos 20 metros de su comandancia, pues menos control tendría en los cinco estados de la República que es lo que comprende la V Región Militar”, expone Águila en su misiva.
También menciona que fue obligado a firmar un escrito donde admitía que estaba loco y por lo tanto quedaría bajo la tutela de su esposa. Sin embargo, regresó a sus labores en la XV Zona Militar, “sin saber que ya andaba en trámite mi retiro para quedar pensionado por inutilidad mental en primera categoría”.
El 21 de noviembre de 1991 Águila fue detenido por la Policía Municipal de Guadalajara con otros tres militares por andar en la vía pública en estado de ebriedad. Según él, se avisó del incidente al general Gutiérrez Rebollo, quien ordenó que sus cuatro subordinados permanecieran encerrados e incomunicados sin alimento, a fin de que faltaran al cuartel, y al tercer día los declararon desertores.
Por intervención de la madre y la hermana del sargento Águila ante el general, éste ordenó que se les tramitara la baja a los cuatro detenidos, e incluso les dijo a las dos mujeres que si Águila demostraba que no había hecho nada, podía volver a su puesto.
El 26 de noviembre los cuatro militares firmaron sus bajas en la Dirección General de Averiguaciones Previas. Según Águila:
“El general Gutiérrez Rebollo había dado instrucciones para que nos consignaran a la penal (averiguación previa 24036/91), por ende, me estuvieron golpeando en la entonces Procuraduría General de Justicia para que me confesara culpable de que era jefe de una banda de rateros (hicieron pasar a los tres soldados como cómplices míos) teniendo en mi contra el robo de unas joyas, de 60 millones de viejos pesos y de que ya había matados a dos personas. Pese a mi situación y a la golpiza que me dieron no lograron que aceptara los delitos, por lo que nos dejaron salir el 28 de noviembre.”
Añade que después de obtener su libertad, los cuatro militares se presentaron en la XV Zona Militar para desistirse de su solicitud de baja, pero se les prohibió la entrada. “Después me di cuenta de que tramitaron mi baja con carácter extraurgente (…), me hicieron renunciar a todos mis derechos ganados en más de 10 años de leal servicio ininterrumpidos y principalmente no me pagaron la pensión a la que tengo derecho por haber sido declarado inútil en primera categoría”, escribió Águila.
Después de ser dado de baja, en mayo de 1992 se enroló como policía de línea, pero asegura que el entonces director de la Policía era un militar retirado y recibió la orden de Gutiérrez Rebollo para que lo despidiera. Intentó convertirse en policía judicial, pero “nuevamente Gutiérrez Rebollo intervino para que no se me aceptara”.
Las entrevistas
Uno de los audios donde Águila grabó los testimonios de otros militares expulsados o que abandonaron el Ejército fue grabado el 7 de septiembre de 2004, según se escucha decir al exmilitar.
Enseguida inicia una plática con el joven Martín, quien acudió ese día a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado a presentar una denuncia por el extravío de papeles oficiales. Precisamente esta circunstancia lo hizo conocer a Luis Homero Águila, quien todas las mañanas instalaba en la Calle 14 su negocio: el escritorio público El Paraguas.
Al parecer Martín no sabía que era grabado, pues dio sus datos personales, incluyendo sus apellidos, el número de matrícula militar y su domicilio. El General Águila, como llamaban sus conocidos a Luis Homero, le hizo una serie de preguntas a la manera de un periodista y, cuando el entrevistado rehuía a la pregunta, la formulaba de forma distinta para obtener una respuesta satisfactoria.
Martín explicó al gestor que acababa de desertar por el bajo sueldo y los malos tratos de sus superiores. Añadió que a algunos de sus compañeros del Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional (Cabir) “les pusieron una buena friega, fueron a dar al hospital con fracturas (…) Hay algunos que hasta los matan porque se les pasa la mano al golpearlos. Si haces cualquier gesto te castigan, un ademán son seis meses. Son muy estrictos, pero no son buenos para pagar”.
El joven admitió que firmó un contrato por tres años con las Fuerzas Armadas, pero no lo cumplió: “Aguanté cinco meses. Muchos a los cinco días desertan porque no aguantan el Cabir. Todo el tiempo nos golpean. Me gustaba estar en el Ejército, pero con lo que pagan no se puede vivir”.
Entonces de 18 años, Martín pertenecía al Batallón 79. Aseguró que recibía un pago quincenal de mil 800 pesos, pero precisó que en la segunda quincena aumentaba a 2 mil pesos. Se quejó que la comida que les proporcionaron en las 10 semanas que dura la preparación en el Cabir (en ese tiempo a cargo del comandante Miguel Herrera) era insuficiente, y que algunos de los soldados se desmayaban por la mala alimentación, al trabajar varias horas bajo el intenso sol.
Comentó que en el Ejército “dan de alta a los que no saben leer ni escribir, esos son los que aguantan. Vienen de Tabasco y Chiapas; allá ganan 200 pesos a la semana y cuando vienen aquí ganan mil 800 quincenales… para ellos es un sueldazo”.
También comentó que los comandantes de la compañía practican la usura: “Si te prestan 100 regresas 140, algunos te cobra hasta 100%, esto es si te dan 100, regresas 200”.
Consideró que este servicio “debería estar mejor pagado que la policía; es una esclavitud, estamos trabajando las 24 horas (…) Andamos en el cerro macheteando hasta las dos de la mañana, dormimos dos o tres horas y nos tenemos que levantar para seguir con la friega”.
A cambio, según Martín, los soldados obtienen el sueldo mencionado y “un aguinaldo de 3 mil pesos, sin importar la antigüedad. Y tienes derecho a tres préstamos de mil 700 pesos. No entiendo cómo le harán los que están casados”.
Después el joven le confía al gestor: “Los encargados del batallón están agarrando la feria. Tienen condominios en Puerto Vallarta, tienen dinero a manos llenas (…) mientras a nosotros nos obligan a comprar los uniformes y a reponer las fornituras”.
Para levantarle el ánimo, Águila le dice que el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Gerardo Clemente Vega García, “no sabe las irregularidades, pero si tuviera conocimiento de eso tomaría cartas en el asunto”.
Cuando concluye la entrevista con Martín, de inmediato entra una pieza musical: el corrido La hazaña del sargento Homero, uno de cuyos pareados dice: “Lo que hizo el sargento Homero es muy digno de admirar / para que sirva de ejemplo a todo buen militar”.
El otro audio es del 17 de septiembre de 2004. Águila entrevistó a otro joven que se identificó como Héctor (se omiten sus apellidos y su número de matrícula), quien se dio de baja del Batallón 14. La conversación se grabó en el departamento de El General Águila, puesto que éste comenta: “Siempre he admirado al Ejército. Como puedes ver, tengo las paredes llenas con posters” alusivos a los militares.
Para empezar, Héctor platicó que acudió a las instalaciones de la V Región Militar, en La Mojonera, Zapopan, para preguntar cómo cobrar el Secore (Seguro Colectivo de Retiro) porque lo habían dado de baja por inutilidad, tras un año y cuatro meses en las Fuerzas Armadas.
En la entrada un guardia le preguntó si era civil y él respondió que sí, pero entre los papeles que mostró había un oficio de identidad donde se asentaba que había causado baja.
“Tú eres desertor, ahora sí te va a cargar…”, le dijeron dos subtenientes del batallón. Después, dice Héctor, “me metieron y un capitán de Inteligencia Militar me preguntó por qué tenía ese oficio. Le respondí que me habían dado de baja por inutilidad y que sólo venía a preguntar lo del Secore, que si no me creía, le hablara a Ángel Grave López, del 14 Batallón, él me conoce”.
Como padece asma, le dio un ataque y casi no podía respirar. Continúa Héctor:
“Me retuvieron tres horas en la V Región Militar, hasta que llegó un general y me preguntó qué tenía. Le expliqué lo que te dije y una teniente de Sanidad pidió que me llevaran al hospital, pero no quisieron y entonces ella me atendió. El general sí me creyó y les ordenó que me sacaran. Yo quería que me llevaran al hospital porque no podía respirar, pero me echaron para afuera como un perro.”
Al siguiente día buscó a Héctor personal de la V Región militar para pedirle una fotografía y preguntarle dónde vivía. Respondió que sus datos estaban en el expediente de la Sedena y preguntó para qué necesitaban su foto. Le respondieron que la requerían para hacerle una credencial de soldado retirado. Pero también le preguntaron si pensaba presentar una demanda civil por abuso de autoridad contra el capitán. Héctor contestó que no, pues no quería problemas.
Posteriormente Héctor, a preguntas expresas, confirmó los sueldos ínfimos, las constantes vejaciones de los superiores hacia los soldados y los préstamos de los oficiales con intereses abusivos. Agregó que, en contra del reglamento, algunos oficiales reclutan a personas que no cuentan con certificado de primaria.
“El coronel Ángel Grave López me daba 200 pesos por cada recluta que le llevara, incluso me pagaba los gastos del viaje a donde iba para traerle gente. Le llevé gente que no tiene ni siquiera para pagar una copia de un acta de nacimiento, y el coronel los apoyaba”, comentó Héctor.
A esos reclutas que no cuentan con certificado de primaria, ya sea porque son analfabetos o porque no saben español, un oficial “les promete que por mil pesos les consigue un documento falso”. A decir de Héctor, ese mando es el sargento segundo de tropa encargado del enrolamiento o “chicurro”.
La entrevista concluye cuando Águila le pide a Héctor que lea un escrito que va a dirigir a la Cámara de Diputados para pedir que mejoren las condiciones de los soldados, mientras él va al baño.
También en ese archivo incluyó otro corrido, titulado Todo por nada. En uno de sus escritos, Águila dice al respecto: “Como la Sedena no me reconoció todo lo que hice en contra de Gutiérrez Rebollo, a mi corrido se le añadieron dos estrofas: ‘Policías y militares de todita la nación: / ¿quieren conservar su puesto? No denuncien corrupción. / Lástima que la Sedena no supo reconocer / lo que este sargento hizo por cumplir con su deber”.
“Víctima de la impunidad”
El pasado 17 de septiembre la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) envió un comunicado ante la “evidente desinformación que campea sobre la personalidad, vida y obra singular del denominado ‘asesino de la Fiscalía General del Estado’, Luis Homero Águila”.
“Juzgar a una persona es fácil y desacreditarlo más (…) Sin embargo, la RJDH dispone de evidencia suficientes para señalar la indudable complicidad que tuvo personal de la CEDHJ (Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco) en el fatídico desenlace de la vida del exmilitar y gestor jurídico-administrativo.”
El comunicado contiene 10 puntos que demuestran la indiferencia que enfrentó Águila entre 1990 y 1993, al exponer su caso ante varios organismos de derechos humanos, en especial la CEDHJ.
“Homero acudió a todos los defensores de derechos humanos de esa época –continúa el comunicado de la RJDH– en busca de apoyo y orientación, pues padecía los estragos de su adscripción castrense, donde fue sancionado por indisciplina, aunque en realidad él profesaba un sentido crítico y era un disidente de las instituciones por razón de la llamada objeción de conciencia. Sin duda, ninguno de los defensores de entonces tuvimos la paciencia para atender sus reclamos y escuchar los agravios de su juventud.”
Se menciona que “el hecho de que Homero, apenas una semana antes del suceso suicida, hubiera entregado más de 30 cartas y escritos en diversas dependencias, una de ellas escrita a los diputados del Congreso de Jalisco (…) denota una incansable búsqueda de la justicia para sí mismo y para las personas que le encomendaban el trámite de sus querellas”.
“Sin duda, al atorarse algún trámite en una agencia del MP de la Fiscalía General encontró Homero razones suficientes para actuar de la manera desesperada y extrema como lo hizo, a la vista de decenas de policías investigadores y agentes ministeriales.”
También en el comunicado se menciona que a pesar de que los medios de comunicación consideren a Luis Homero Águila como un “asesino” y un “agresor”, para la RJDH es una “víctima más de la impunidad generalizada que prevalece en el país, de la injusticia institucionalizada y de la fatídica crisis de los derechos humanos en que actúan, sin rubor, ni temor los funcionarios de la CEDHJ, que habiéndolo podido ayudar con los vastos recursos financieros obtenidos para atenderlo, lo abandonaron a su propia suerte, para llegar finalmente a los extremos que lo condujeron a la muerte, llevándose tras de sí a cuatro mujeres funcionarias, tan inocentes como él mismo lo fue hasta el 14 de septiembre”. l
