Si para el año 2012 se alcanzó un presupuesto de 16 mil 663 millones de pesos (mdp) para la cultura –que hizo presumir a la entonces diputada panista Kenia López Rabadán de haber alcanzado una cifra histórica–, hoy la reducción de 30.7% en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2017 podría ser también histórica.
Por lo menos ya ha sido calificada en los medios por Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, como “brutal”. El representante panista considera a la cultura como el mejor programa social para prevenir la violencia, por lo que acusó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de poco sensible.
Desde su llegada a Hacienda, el ahora exsecretario Luis Videgaray solicitó recortes para el entonces subsector cultura. El paquete económico para el próximo año, que hace unos días le tocó entregar al congreso a su sucesor José Antonio Meade, no fue la excepción. Contempla, según cifras desglosadas por el especialista Carlos Villaseñor Anaya, un total de 10 928 mdp para el ahora llamado ramo 48, cuando para el 2016 el PPEF fue de 13 489 mdp.
Para el experto en gobernanza de la cultura y asesor de la UNESCO, uno de los recortes más sensibles con un 12% es para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Lamenta también que cuando en otras partes del mundo se impulsa a las organizaciones que generan contenidos o los distribuyen, se recorte: un 27% al Centro de Capacitación Cinematográfica; 31% a Educal, que no sólo es la distribuidora de libros, sino de libros de preparatoria abierta; 41% menos a los Estudios Churubusco; al Instituto Mexicano de Cinematografía 17% menos; y la Cineteca Nacional “se salva un poco”, con un recorte del 6%.
La experiencia ha demostrado, dice, que en esta administración la suma enviada en el PPEF se aprueba en definitiva. No obstante, en el anexo 19 se han considerado algunas sumas que incrementan el saldo global. El año pasado se asignó ahí un monto para prevención del delito y fondos para las instituciones estatales de cultura, las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, así como los programas de apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba).
Pero desde entonces, estos llamados “fondos piso” se concentraron en un conjunto; no se etiquetaron. Para el 2017, el anexo 19 de seguridad pública tiene un monto global de 3 656 mdp, cuando el año pasado fue de 1 978, es decir: un incremento de 185%, con lo cual será menor el recorte.
Y no obstante lamenta Villaseñor que se desdibuje el presupuesto de los programas como PACMyC, PAICE y el de las instituciones estatales, pues se trabajó hace algunos años “con mucho esfuerzo” para que permanecieran perfectamente etiquetados y ahora volverán a depender de la discrecionalidad del sector central.
Se le comenta que cuando se defendió hace un año la creación de la Secretaría de Cultura (SC), se destacó que tendría la ventaja de pelear por un mejor presupuesto.
Y resulta que disminuye.
Villaseñor recuerda que además del poder ejecutivo, es responsable el legislativo; hace un año la Comisión de Cultura omitió hacer recomendaciones o definir prioridades en el PPEF y ahora tiene una nueva oportunidad para “retomar su responsabilidad”; y si no logra un incremento, debe al menos proponer un reordenamiento pues hay dinero para la cultura en otras dependencias, entre ellas la propia SHCP.
Taboada declaró a los medios que la bancada del PAN solicitará una reasignación de recursos.
El investigador Carlos Lara comenta al respecto que habrán de verse las posibilidades reales para que la Comisión de Cultura logre modificar el presupuesto recesivo, pues depende mucho también de acuerdos parlamentarios. Deplora el recorte, sobre todo porque “el acento de la política cultural de este sexenio está puesto en la reconstrucción del tejido social”; asegura que el rubro de prevención del delito sufrirá también un recorte, por lo cual “uno se pregunta dónde está entonces el acento”.
Lara recuerda que cuando se planteó la fundación de la Secretaría de Cultura, se dijo que no necesitaría más recursos y en su opinión no los requiere, “está operando pero está arrastrando inercias”, entre ellas la dificultad para gestionar sus propios ingresos; pero también en lo administrativo y en lo jurídico. El secretario Rafael Tovar “prefirió decantarse por un reglamento en lugar de apoyar una ley general de cultura”, aunque no se ha publicado el reglamento interno.
Y no ha logrado tampoco solucionar los problemas con los sindicatos de cultura.
Cabe indicar que la semana anterior se publicó en estas páginas que el Colectivo de Sindicatos de Educación y Cultura y un grupo de investigadores del INAH expresaron su rechazo a un documento que se supone es borrador de ese reglamento, y exigen su participación en la discusión y elaboración del mismo. Ahora se suman a esa postura investigadores de la Dirección de Estudios Históricos de dicho instituto.
Subraya Lara que el recorte presupuestal es una mala noticia.
Pues si bien era un acierto poner el acento de la política cultural en el restablecimiento del tejido social, sin recursos eso queda sólo en buenas intenciones, cuando en este momento “es un tema tan sensible para el país”.
