A finales de julio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 36/2016 sobre la muerte del menor Jonathan Ortiz Ávalos, ocurrida hace tres años en el municipio Unión de San Antonio, en la que expone la cadena de irregularidades del caso. El menor falleció en una clínica del IMSS de Guadalajara a causa del maltrato –bullying– al que fue sometido por uno de los compañeros de su escuela en la comunidad de Encinillas. Hasta ahora, los responsables no han sido sancionados ni los padres de la víctima han recibido la indemnización.
UNIÓN DE SAN ANTONIO.– El 9 de marzo de 2013 murió el menor Jonathan Ortiz Ávalos en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tapatío, a donde sus padres lo llevaron, luego de que se le complicó una dolencia derivada del bullying al que lo sometieron sus compañeros de la escuela Valentín Gómez Farías semanas antes.
Según el acta de defunción, Ortiz Ávalos falleció por insuficiencia respiratoria secundaria coadyuvada por infarto cerebral. Sin embargo, los médicos del nosocomio nunca mencionan que ello se debía a las agresiones de las que fue objeto el menor.
Y aun cuando los padres insistieron en que el deceso se debía a una lesión atribuible al acoso escolar que padecía el niño, las autoridades no los escucharon, y sepultaron a Ortiz Ávalos en una cripta del panteón municipal de San Juan de los Lagos.
Sin embargo, ante la presión mediática, por órdenes del Ministerio Público de Unión de San Antonio el cuerpo del menor fue exhumado el 22 de marzo de 2013. Al practicarle una autopsia extemporánea, los peritos descubrieron que la causa directa de la muerte de Ortiz Ávalos fue una encefalomelitis de origen viral con agente etiológico.
Y agregaron: la causa indirecta fue un “edema cerebral severo a consecuencia de una encefalopatía hipóxico isquémico por hemorragia subaracnoidea, coadyuvando una neumonía aguda bilateral y falla orgánica múltiple”.
La muerte de Jonathan sólo se difundió en los medios de comunicación regionales. En Guadalajara no tuvo resonancia, pese a que murió en un hospital tapatío, el mismo día en que fue ejecutado el secretario de Turismo Jesús Gallegos Álvarez.
Días después, medios de la zona metropolitana de Guadalajara y otros de circulación nacional difundieron ampliamente la noticia. La presión mediática obligó a la Fiscalía General del Estado a emitir una orden de exhumación y a indagar entre alumnos, padres de familia y profesores de la primaria Valentín Gómez Farías sobre los hechos.
Posteriormente, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que los resultados de la necropsia arrojaban que Jonathan murió a causa de una encefalitis viral y no de una infección estomacal, como había afirmado el IMSS en su primer diagnóstico.
Por otra parte, tras haber entrevistado a niños y adultos de la escuela de Encinillas, la fiscalía determinó que no había pruebas de bullying hacia Jonathan Ortiz Ávalos. El presunto agresor, Juan Alberto, declaró nunca haber actuado contra Jonathan; incluso dijo que era su amigo y que lo defendía de quienes intentaban molestarlo.
La Fundación Nacional de Niños Desaparecidos (Find), que preside el activista jalisciense Juan Manuel Estrada Juárez, apoyó a la familia Ortiz Ávalos para que presentara una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual quedó registrada con el número de expediente CNDH/1/2013/2353/Q.
Más de tres años después, el pasado 29 de julio, el ómbudsman nacional emitió la recomendación 36/2016, dirigida a Mikel Andoni Arriola Peñalosa, director General del IMSS, y al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz por “la inadecuada atención médica y pérdida de la vida (del menor Jonathan Ortiz Ávalos) en el hospital general de zona con unidad médica de atención ambulatoria número 7, en Lagos de Moreno, y en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, ambos del IMSS Jalisco”.
Asimismo, agrega la recomendación, por “violación a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, al sano desarrollo y a la educación del menor en una escuela primaria de la comunidad Unión de San Antonio”.
Diecisiete días después, la misma CNDH informó de la recomendación al activista Estrada Juárez, a través del primer visitador general Ismael Eslava Pérez, así como al padre de Jonathan, Efraín Ortiz.
En el documento, la comisión recomienda al director general del IMSS que “repare el daño en términos de la Ley General de Víctimas, con motivo de la responsabilidad en que incurrió” el personal médico de ambas unidades en la muerte de Jonathan y le pide incluir “una compensación (a los deudos) y se les proporcione atención psicológica y tanatológica con base en las consideraciones planteadas y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimento”.
Según la recomendación 36/2016, la reparación del daño se daría por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El gobierno federal prometió una indemnización, pero no ha cumplido, ni siquiera se sabe el monto ni cuándo se le entregará a los padres de Jonathan, que tienen problemas económicos.
Al principio, Rubén Vázquez, coordinador estatal del Movimiento Territorial del PRI, se ofreció a hacer la gestión para conseguir más rápido la indemnización, pero ya no volvió a apoyar a los padres del menor.
Recuento de daños
En entrevista con Proceso Jalisco, María del San Juan Ávalos Cruz, madre de Jonathan, relata que aún siente mucho coraje por la mala atención recibida en las clínicas del IMSS.
El 20 de febrero de 2013 llevó a su hijo al servicio de urgencias del hospital número 7 de Lagos de Moreno, donde se le diagnosticó una infección estomacal simple y le recetaron medicamentos para calmar los síntomas.
Al día siguiente, como su salud empeoraba, decidió llevarlo a Guadalajara, donde los médicos del IMSS nunca supieron qué enfermedad tenía el niño, quien días antes confesó a sus padres que sus compañeros de escuela se burlaban de él, sobre todo uno llamado Juan Alberto, quien tiene 10 años y es corpulento, según les dijo.
También les comentó que, antes de enfermarse, Juan Alberto le sumergió la cabeza en el agua de un escusado del plantel y que, al parecer, parte del líquido se le fue a los pulmones.
La señora Ávalos Cruz acudió a una junta escolar donde denunció el acoso que sufría su hijo. Los encargados de la primaria desdeñaron su queja. Le respondieron que no podían estar atentos a lo que pasaba con cada uno de los alumnos; en todo caso, le dijeron, tendría que presentar su denunciar ante la Delegación Estatal de la Secretaría de Educación Jalisco Altos Norte, ubicada en Lagos de Moreno.
Tras la muerte de Jonathan la familia se desmoralizó. Dejó la vivienda de Encinillas y se fue a una granja donde trabaja don Efraín, quien ahora está muy enfermo. La señora Ávalos Cruz comenta que en julio pasado la CNDH la citó a ella y a su esposo en sus instalaciones de Lagos de Moreno, donde se vieron frente a frente con la doctora Rosalinda, responsable de la atención que recibió su hijo en 2013, quien dice, “se portó muy grosera”.
Les dijo que Jonathan recibió la atención adecuada en su momento y no era culpa del personal médico que haya perdido la vida; negó que haya habido negligencia en el caso del menor. Sin embargo, la señora Ávalos asegura que la doctora, cuyo apellido no recuerda, dijo que había acudido a la cita pactada por la CNDH para cumplir administrativamente por parte del IMSS y admitió que ni enterada estaba del caso.
En agosto pasado el activista de Find y el representante del Movimiento Territorial del PRI se entrevistaron con ella y su esposo. El representante priista se ofreció a hacer todos los trámites para llevar a cabo la reparación, pero a la fecha ya no se ha vuelto a comunicar con ellos.
En cuanto a la aceptación de los recursos federales de la CEAV, don Efraín no se encuentra muy convencido de aceptarla, argumenta que eso no les devolverá la vida de su hijo. Su esposa comenta que, ante la precariedad en la que se encuentran, la indemnización les ayudará a paliar sus problemas; sólo espera, dice, que sea justa.
