En el primer año de administración de la emecista María Elena Limón García en Tlajomulco, el DIF municipal es un desbarajuste. Una auditoría practicada al organismo detectó irregularidades por 7.1 millones de pesos en ese lapso. Entre las implicadas están su nuera Miriam Alejandra Vázquez Castilla y la regidora Lourdes Celenia Contreras González, a quienes un grupo de exempleados acusan de saquear la dependencia.
Desde la administración pasada, la ayuda a los pobres de San Pedro Tlaquepaque no llega a sus destinatarios sobre todo por dos razones: el robo de donativos por parte dos funcionarias de primer nivel y el nulo control de inventarios del almacén del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), según revela una auditoría interna.
De entonces a la fecha, según los auditores, en el ayuntamiento actualmente presidido por la emecista María Elena Limón García se detectaron irregularidades por 7.1 millones de pesos.
Un video grabado el 17 de junio último muestra el momento en que cuatro personas sacan de un almacén del DIF Tlaquepaque varias maletas cargadas con objetos donados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) –que controla el Aeropuerto de Guadalajara– y las suben a una camioneta tipo Van blanca.
Las instalaciones se ubican en avenida Santa Rosalía 2040, colonia Linda Vista y, de acuerdo con exempleados del organismo, la sustracción la encabezó la regidora Lourdes Celenia Contreras González, de Movimiento Ciudadano, quien preside la Comisión de Desarrollo Social y Humano, y se hizo por instrucciones de Miriam Alejandra Vázquez Casilla, la presidenta del DIF, Organismo Público Descentralizado (OPD)
Vázquez Casilla, dicen los exempleados del DIF, es esposa de Carlos León Limón, hijo de la alcaldesa tlojomulquense, y asumió el puesto honorífico en diciembre pasado.
Ese día, cuando la regidora Contreras González ingresó a las instalaciones del DIF, expresó: “¡Mira! Tantas maletas, y yo comprando”. Ella percibe un sueldo mensual bruto de 72 mil 420 pesos.
Uno de los sujetos que sacaron las maletas fue identificado como Francisco Javier Paredes Santiago –un incondicional de la alcaldesa Limón García y de Vázquez Casilla–, encargado del área de vehículos del DIF de Tlaquepaque.
Los otros tres son José Guadalupe Preciado Torres, Martín Rendón Chávez, ambos laboran en el departamento de vehículos, y Juan Rodríguez Hernández, adscrito al área de administración del mismo organismo.
De acuerdo con los trabajadores despedidos, a partir del 16 de junio la regidora Contreras y la presidenta del DIF se quedaron con las llaves de la bodega. Desde ese día comenzaron a saquear los bienes donados que debieron entregarse mediante paquetes a personas de colonias más vulnerables durante los eventos que organiza el OPD con motivo del Día del Niño, de la Madre, del Padre, de la Familia y de la coronación de la reina de belleza del adulto mayor, entre otros.
Los apoyos se entregaban directamente en los 28 centros comunitarios, a los asistentes que traían boleto que previamente repartían los promotores del DIF entre personas de escasos recursos. En promedio, en cada evento se formaban entre 350 a 450 habitantes para recibir la asistencia social.
“Lo triste es que toda esa gente ya no tiene ayuda, incluso me comentan que no les dan nada. Hasta los cursos que eran gratis, ya se los quieren cobrar, pese a que carecen de recursos”, refiere uno de los exempleados a la reportera.
Los inconformes también entregaron una copia de los “recibos de entrega de objetos custodiados” que emitió el GAP el 17 de febrero de 2016, el cual contiene una relación de lo que se donó al DIF Tlaquepaque en esa ocasión:
“61 cajas de líquidos, aerosoles y gel; 20 cajas de artículos varios (medicamentos, pomadas y aceites), 11 cajas líquidos; 18 maletas con artículos varios; 15 maletas de ropa; ocho artículos religiosos; un porta llaves; siete atados (pinturas enrolladas), una carriola; un par de maletas; un bote metálico; dos almohadas y una andadera.”
Dicen que las funcionarias se llevaron parte de ese donativo, así como el del día 17 de junio y los siguientes aportes quincenales del GAP. Hoy, dicen, el almacén del DIF está vacío.
Uno de los denunciantes relata que el GAP había advertido que si se comercializaban sus donativos, ellos dejarían de hacerlos, como sucedió en el DIF Guadalajara, donde las autoridades comenzaron a vender los artículos que les entregaba el aeropuerto.
Laboratorios Pisa, Banco Diocesano de Alimentos y la pastelería Marisa también entregaban donativos al DIF Tlaquepaque, así como a vecinos de la zona.
En el caso particular del laboratorio éste donó pomadas, medicamentos e incluso 19 cajas para diálisis, dos de ellas se las llevó la presidenta del DIF, presuntamente para entregarlas a un asilo. Sin embargo, comenta uno de los denunciantes, “cuando llamé al lugar para saber si recibieron las cajas, no sabían del presunto donativo”.
La auditoría
En la auditoría interna al DIF Tlaquepaque, practicada por Azmen Soluciones Municipales, un despacho externo que cobró 77 mil 333 pesos por el servicio, se detectaron irregularidades que suman 7.1 millones de pesos. El OPD no cuenta con los soportes que demuestren la entrega de apoyos; carece de cotizaciones; órdenes de pago autorizadas, y de las pólizas de gasto.
El pasado 30 de junio, Antonio Mejía Ceja, integrante de Azmen Soluciones Municipales envío un escrito al titular de la Auditoría Superior del estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, en el cual le informaba sobre el resultado de la revisión que se hizo al presupuesto ejercido durante 2015 en el DIF San Pedro Tlaquepaque.
De enero a septiembre de 2015, la presidenta del DIF Tlaquepaque fue Julia Barba Mariscal, hermana del exalcalde de la villa alfarera, el priista, Alfredo Barba. En octubre comenzó la nueva administración municipal, encabezada por María Elena Limón, quien los dos primeros meses de su gestión se ostentó como presidenta del OPD, pero en diciembre nombró a su nuera como la titular.
Una de las irregularidades que arrojó la auditoría es que de enero a septiembre del año pasado, la anterior administración compró 5 mil despensas mensuales a Marisa Rolón Verjan por las que presuntamente pagó 3 millones 240 mil 20 pesos (cada canasta se cotizó en 72 pesos).
Sin embargo, el OPD no cuenta “con documentación comprobatoria de que las despensas fueron entregadas al DIF y éstas, a su vez, a los beneficiarios. Por otra parte, no se especifica el contenido, por lo que resulta imposible conocer el valor real de las despensas”, según la revisión del despacho jurídico-contable.
De acuerdo con la auditoría, si se toma en cuenta el monto de la compra de las despensas, “debió haberse adjudicado por el procedimiento de licitación pública, conforme a lo que dispone el Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios”.
Otra compra señalada fue la que se hizo durante los primeros nueves meses de 2015, al proveedor Pablo César Montero Fuentes por 1 millón 312 mil 269 pesos. Se menciona que el OPD “no cuenta con documentación comprobatoria de la entrega de los bienes al DIF. Asimismo, no se lleva control de la entrega de los víveres (fruta) de los beneficiarios”.
De esa misma adquisición, en la auditoría se precisa que “carece de cotizaciones de distintos proveedores que permita dar certeza de que la compra se hizo al mejor proveedor”.
A Laboratorio, Industria y Mantenimiento se le compraron materiales por un total de 126 mil 134 pesos, pero no existe evidencia de la entrega de los mismos. Tampoco hay “cotizaciones con distintos proveedores que permita dar certeza de que la adquisición se hace con el mejor proveedor”.
Las mismas observaciones se hicieron por la compra de material a Comercializadora Papelera de Occidente, a la cual se le asignaron adquisiciones por 67 mil pesos.
El DIF Tlaquepaque tampoco cuenta con el acta de sesión del patronato en la cual se autorizó la baja de 24 bienes con un valor de 12 mil 102 pesos, con fecha 23 de septiembre de 2015.
En lo que respecta a las compras por casi 438 mil pesos realizadas en diciembre pasado por la actual administración, observa la auditoría, todas carecen de cotizaciones de distintos proveedores (por lo menos de tres) no hay constancia de la entrega de los bienes, los contratos no están firmados por los proveedores ni existe un inventario.
A la vez, se menciona que “de la revisión de las pólizas de las erogaciones efectuadas a través de transferencia electrónica durante los meses de octubre a diciembre de 2015, se observó que las órdenes de pago no se encuentran autorizadas y firmadas por la directora general del OPD”.
Se agrega que “es menester señalar que la directora general cuenta expresamente con la obligación de ejecutar el presupuesto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de San Pedro Tlaquepaque, por lo que al encontrarse las órdenes de pago sin su firma y autorización, se está violando lo dispuesto por el reglamento interior (…) en su artículo 15, fracción V, que establece lo siguiente:
“La directora general del Sistema DIF Tlaquepaque tiene como objetivo dirigir y coordinar las acciones estratégicas para otorgar servicios de prevención y atención a la población vulnerable y marginada con calidad, calidez, oportunidad y transparencia a fin de contribuir al desarrollo integral de la familia y tendrá las siguientes atribuciones: Formular, ejecutar y controlar el Presupuesto del Sistema.”
Se advierte que debido a que las transferencias no fueron autorizadas por la directora “pudieran considerarse inválidas y por ende generar un daño y perjuicio a la hacienda y patrimonio” del DIF Tlaquepaque.
En lo que va de la administración de Limón García, el OPD ha tenido cinco directoras. La actual es Irma Yolanda Reynoso Mercado, sobrina de la alcaldesa. Su predecesora fue Margarita Amada Quintero Puga, quien ocupó el cargo del 3 de febrero al 4 de julio.
Las tres anteriores fueron Margarita Romero Velázquez, Eurídice Paredes Jaramillo y Silvia Arias, en ese orden (Proceso Jalisco 614).
Una más de las anomalías que detectó la auditoría es que en diciembre de 2015 se adjudicaron compras directas por concepto de alimentos para los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (Caics) por un monto de casi 350 mil pesos. Cuando debió de existir cotizaciones de diferentes proveedores para tener la certeza de conseguir los mejores precios de mercado. “Asimismo, no hay certeza de que los alimentos adquiridos se entregaran en los distintos Caics, pues no existe acta de entrega-recepción de los materiales, tampoco memoria fotográfica de dicha entrega”.
