La ola de inseguridad que envuelve a Jalisco desde hace varios meses y que ha provocado inconformidad entre los empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presunta complicidad de algunos jefes con organizaciones criminales, vulneró ya a la propia dependencia.
El miércoles 14 por la mañana, Luis Homero Águila, un exmilitar de 56 años que ayudaba a los ciudadanos a realizar trámites en la fiscalía, irrumpió en las instalaciones de la dependencia y disparó contra el personal. Causó la muerte de una trabajadora social y una agente ministerial, e hirió de gravedad a dos empleadas antes de ser abatido.
La agresión del General Águila, como lo llamaban los empleados de la FGE, ocurrió días después de que las autoridades federales ubicaron a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco en la lista de las 50 ciudades en foco rojo debido al incremento de asesinatos y de delitos de alto impacto.
Un mes antes, el 8 de agosto, fue detenido Sergio Kurt Schmidt Sandoval, considerado por las autoridades federales como uno de los presuntos operadores financieros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un personaje cercano a la clase política local (Proceso Jalisco 616 y 617).
Policías inconformes subieron a las redes sociales un video –https://you.be/UtZ0LPwy8U4– en el cual hablan de una presunta red de protección a integrantes de una banda del crimen organizado encabezada por exfuncionarios y policías en activo. Según ellos, en la fiscalía hay corrupción y protección a líderes del CJNG, como Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y el de Sinaloa, José Ángel Carrasco Coronel, El Changel.
Sostienen que lo mismo pasaba con Abigael González Valencia, El Cuini, antes de ser capturado en Puerto Vallarta; con Sergio Adame Ochoa, responsable del área de inteligencia de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del gobernador panista Emilio González Márquez, acusado por lavado de dinero y detenido en Estados Unidos el pasado 17 de junio, y con Schmidt Sandoval, capturado el pasado 18 de agosto en el fraccionamiento Bugambilias.
Los inconformes dirigieron su reclamo al presidente de México, Enrique Peña Nieto;
al entonces titular del Servicio de Administración Tributaria de Hacienda, Aristóteles Núñez; al secretario de la Marina Armada de México, almirante Francisco Soberón; al de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; al responsable de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Gustavo Salas, y a la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson.
Piden una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, exigen castigo a los malos policías y la incautación de bienes de personas ligadas al hampa. E insisten: una decena de funcionarios de la FGE conformaron un esquema de corrupción y protección que le garantiza impunidad a las referidas bandas del crimen organizado en la entidad.
La red protectora
Gracias a esa protección, sostienen los agentes inconformes, el CJNG logra cometer impunemente delitos de narcomenudeo, robo de gasolina, trasiego de drogas, robo de carros y de transportes de carga, y que eso se logra gracias al control de la Policía Investigadora y de la Policía Estatal, aseguran.
Dicen que la lista de los presuntos implicados con la organización que lidera El Mencho la encabezan el exfiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco y el excomisionado de Seguridad Pública en la entidad, Alejandro Solorio Aréchiga.
Tanto Schmidt Sandoval como Adame Ochoa, exresponsable de Inteligencia de la FGE, “entraban a Casa Jalisco –la residencia del gobernador– como empresarios”. Ambos tenían escoltas asignados por autoridades estatales, así como uso de vehículos oficiales”, según el video, que fue subido el pasado 31 de agosto y hasta el jueves 15 registró 146 visitas.
Entre los “empresarios” que ingresaron a Casa Jalisco tanto en la administración del panista Emilio González Márquez como en la del priista Aristóteles Sandoval Díaz también estuvieron El Cuini y El Changel.
En el video se observa a un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto. Sentado frente a un escritorio y con una bandera de México como fondo, da lectura al documento donde los policías exponen su inconformidad. La corrupción, dice, data de la administración de González Márquez.
Hasta ahora, la dependencia ha minimizado las acusaciones de los agentes. Sin embargo, en uno de los encuentros más recientes con los reporteros, el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez reconoció que el incremento de los asesinatos en la zona metropolitana es producto de la disputa entre sujetos ligados a las bandas del crimen organizado.
Septiembre violento
El número de asesinatos en los primeros siete días del mes patrio rompió el récord en relación con los últimos meses: tres por día.
El lunes 5 por la mañana, fue abandonada una bolsa de plástico transparente en el barrio de Santa Sofía, ubicado a un costado de la glorieta del Álamo, en San Pedro Tlaquepaque, con un cadáver dentro. Según los vecinos, se trató de un “mensaje contra autoridades policiacas de ese municipio o un ajuste de cuentas entre bandas rivales en ese rumbo”.
El diario Metro, perteneciente al Grupo Reforma, publicó la nota con el título: Nomás faltó el moño. En páginas interiores remataba: Dejan paquete macabrón.
Consultados por este semanario, algunos vecinos se mostraron sorprendidos porque el cuerpo apareció en una calle densamente poblada sin que nadie se diera cuenta. Varios recuerdan que hace tiempo en ese lugar fueron acribilladas dos personas por presuntos ladrones de la zona.
Aunado a ello, fueron asesinados varios policías, uno de ellos el subdirector operativo de la Policía de Talpa de Allende, Damián Díaz Peña, quien la noche del domingo 11 fue agredido a balazos dentro de las instalaciones de ese cuerpo de seguridad, por sujetos no identificados.
El domingo 11 fue localizado el cadáver de un agente de la Fuerza Única Regional cerca del kilómetro 50 de la carretera Cocula-Tecolotlán. Estaba dentro de su camioneta, una Dodge Caravan verde. Al día siguiente otro gendarme perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en la colonia San Gaspar, municipio de Tonalá.
Luego vino el ataque del General Águila a trabajadoras de la propia FGE. Consultado al respecto, el abogado penalista Fernando Espinoza de los Monteros sostiene que urge una revisión de los protocolos de seguridad en las instalaciones de la fiscalía.
“Debe investigarse a qué se dedicaba, no obstante que en el primer reporte lo refieren como un sujeto con un ataque de esquizofrenia que agredió a personal de la fiscalía”, menciona el entrevistado.
Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, asegura que a pesar de que las autoridades hablan de “un asesino solitario”, fue un ataque directísimo en el interior de la fiscalía. Se trató de un asesinato que no se tiene precedentes, por lo tanto es obligado hacer una investigación a fondo.
Gerardo de la Cruz Tovar, maestro en derecho con especialidad en administración de justicia y seguridad pública de la Universidad Panamericana, dice que los controles de seguridad en las instalaciones de la fiscalía deben aplicarse a todos los usuarios.
