Integrantes de la comunidad académica y laboral del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitaron de manera urgente, mediante una carta dirigida a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, así como al titular del ejecutivo, Enrique Peña Nieto, se suspenda la firma y publicación del reglamento interno de la Secretaría de Cultura.
Luego de que comenzó a circular de manera extraoficial un documento considerado borrador de dicho reglamento (que según Tovar y de Teresa estaría listo y publicado antes del 1 de septiembre, día del informe de gobierno y no se ha hecho), los investigadores, docentes, administrativos, técnicos y manuales, arquitectos y restauradores del INAH manifestaron su postura ante los medios. En la carta, enviada a Proceso por el antropólogo Bolfy Cottom, apelaron al derecho de petición que les otorga el artículo octavo Constitucional para plantear su petición:
“(Que) se suspenda la firma y publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, hasta en tanto se cumpla cabalmente con el compromiso público y obligación legal del C. Secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, de eliminar la duplicidad de funciones que afectan las facultades legales del INAH en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.”
Recordaron que lo conducente en esas materias es facultad del instituto y por ello no aceptarán, “de ninguna manera”, que “por la vía administrativa se violenten dichas funciones y atribuciones que se otorgaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia en su Ley Orgánica expedida por el Congreso de la Unión, el 3 de febrero de 1939 y sus correspondientes reformas del 13 de enero de 1986 y 17 de diciembre de 2015, así como las otorgadas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos de 1972, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Bienes Nacionales.”
Y es que el documento que circula como preliminar, además de contener la nueva estructura administrativa en la cual se crean dos subsecretarías, de Promoción Cultural y de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, además de una Oficialía Mayor, otorga al titular de Cultura la facultad de “ejercer las atribuciones que corresponden a la Secretaría, previstas en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia”. Y lo mismo ocurre para el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
El documento concede a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (que anteriormente se encargaba de la conservación, protección, restauración y catalogación de los sitios y monumentos con valor artístico e histórico pero sólo de propiedad federal) atribuciones en el marco de las leyes General de Bienes Nacionales y Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos (antes reservadas a los institutos); en materia de elaboración de planes de conservación de centros históricos; y hasta apoyar la conservación, protección y mantenimiento de monumentos arqueológicos (materia reservada por ley al INAH).
Asimismo, los trabajadores de este instituto expresaron preocupación por el recorte presupuestal anunciado para el 2017 para el INAH, cuya asignación “será de cuatrocientos cincuenta millones de pesos”, lo cual juzgan como un atentado a la institución, debido a los patrimonios que tiene a su cargo, y las funciones que realiza de investigación y educación.
Defensa
De otra parte exigen que el titular de Cultura, con fundamento en el artículo 6º de la Ley Orgánica del INAH y del artículo 4º Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública, designe de manera pronta y expedita al nuevo director general del INAH, pues como se recordará el pasado 16 de agosto renunció al cargo María Teresa Franco, y quedó como encargado de la dirección el antropólogo Diego Prieto.
Subraya la carta de la comunidad del INAH:
“Hacemos un llamado a la Secretaría de Cultura a conducirse con pleno apego al estado de derecho y expresamos respetuosamente que haremos valer todos los recursos legales a nuestro alcance en la idea de defender a nuestra institución y fundamentalmente aquellos bienes que son de todos los mexicanos en pleno respeto de su historia y sus culturas.”
Hasta el cierre de esta edición, el reglamento interno de la Secretaría de Cultura no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. En el documento que circula se señala que los Centros INAH, que operan en las diversas entidades del país “desarrollarán sus actividades conforme a los criterios que fije el secretario”.
Ante ello, el Colectivo de Sindicatos de Educación y Cultura expresó en otra carta que las labores de esos 31 centros no pueden quedar al designio de una sola persona. El Colectivo denunció hace una semana “falta de transparencia y desapego a la normatividad” por parte del ejecutivo en la elaboración del reglamento interno de la Secretaría de Cultura, según consignó la reportera Niza Rivera en la agencia apro.
Exigieron entre otras demandas: Que el reglamento sea sometido a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), ya que puede afectar, de forma irreversible, el ejercicio pleno del derecho a la educación y los derechos culturales del pueblo mexicano; y reconocimiento a los institutos INAH e INBA como “pilares de los procesos educativos del Estado mexicano y que no se afecten sus leyes y ordenamientos sustantivos: Ley Federal, Ley Orgánica y Ley de Bienes Nacionales”.
Para otros investigadores del INAH que han preferido no suscribir las cartas, la petición es simplemente que el instituto se reintegre a la Secretaría de Educación Pública, de la cual ha formado parte durante toda su historia.
El presunto borrador del reglamento no incluye propiamente un organigrama, pero describe las funciones que corresponden a cada dependencia. Las direcciones generales que ahora forman parte de la Secretaría de Cultura son, en su mayoría, las que ya existían en la estructura del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes:
Unidad de Asuntos Jurídicos y las direcciones generales de Asuntos Internacionales, Bibliotecas, Comunicación Social, Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Fonoteca Nacional, Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Vinculación Cultural, Administración y se crean las direcciones generales de Promoción y Festivales Culturales, la cual organizará el Festival Internacional Cervantino; del Libro y la Lectura; y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Y quedan como entidades paraestatales: El Centro de Capacitación Cinematográfica A.C., la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A., de C.V., Educal, S.A. de C.V., Estudios Churubusco Azteca, S.A., el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22).
Se anuncia que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Planeación, será revisado el Programa Especial de Cultura y Arte para determinar las adecuaciones necesarias, y de ser procedente elaborar un programa sectorial de cultura.
