La falta de resultados olímpicos y las pifias de Alfredo Castillo son los problemas más evidentes en la Conade. Pero no son los únicos. Para empezar, no se persigue a quienes han desfalcado al deporte y las cuentas no cuadran por muchos cientos de millones de pesos. No hay comprobación de gastos por parte de las federaciones, pero tampoco de los estados y municipios. Pese a ello, casi todos siguen recibiendo dinero. Así, no sorprende que las promesas y planes no se cumplan, y los resultados no lleguen.
Durante la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que se realizó el 29 de marzo pasado, el director de este organismo, Alfredo Castillo, reconoció la incapacidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para proceder en contra de los presidentes de las federaciones de atletismo, beisbol, levantamiento de pesas y tiro con arco.
En la reunión con los integrantes del máximo órgano de gobierno de la Conade, Castillo dijo que si en siete meses la PGR no ha podido avanzar con las averiguaciones previas de estas cuatro federaciones, mucho menos actuará en otra veintena de casos que podrían implicar denuncias penales.
“Desgraciadamente estamos supeditados a la PGR. Prácticamente están integradas (las averiguaciones previas) y (dicen) que falta un dictamen contable, que falta una cuestión… Han pasado cinco, seis, siete meses en algo tan evidente, pero bueno, hemos visto también a otras dependencias que están igual de atoradas con sus averiguaciones. Quisiéramos ya avanzar. Concretamente debe ser atletismo, tiro con arco, halterofilia y beisbol. Y tenemos como para 25 (averiguaciones previas), pero si estas cuatro no las podemos sacar, pues ahora imagínense sacar las otras.”
Esta fue la respuesta que Castillo dio a funcionarios de secretarías como Función Pública, de Educación Pública, Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina, Defensa, Salud, Desarrollo Social, entre otras, cuando se le cuestionó acerca de las demandas que presentó.
Y es que en su informe de autoevaluación de gestión del ejercicio fiscal 2015, Castillo reportó que, en materia penal, a finales de ese año la Conade inició dichas averiguaciones ante la Agencia del Ministerio Público de la federación “por actos cometidos en agravio de la Conade”.
Sin embargo, cuando se le requirió que indicara la naturaleza de las denuncias, los montos del agravio y el estado de las mismas, la respuesta se concretó a criticar el desempeño de la PGR.
Los asistentes le solicitaron “dar continuidad y seguimiento a las denuncias penales presentadas por posibles quebrantos económicos en perjuicio de la Conade”. Esta información está contenida en la carpeta de documentos de la mencionada sesión, de la cual Proceso posee una copia.
Luego, en el encuentro que tuvo con diputados de la Comisión del Deporte, Castillo aseguró que las averiguaciones previas son en contra de los presidentes de las federaciones de atletismo, boxeo, beisbol, frontón y tiro con arco, y que “la mayoría (de las denuncias) son por el presunto delito de peculado”.
Sin dar más nombres de federaciones ni detallar cuáles son los probables delitos que han cometido, Castillo soltó un dato: las federaciones no han comprobado recursos por alrededor de 3 mil 600 millones de pesos.
De acuerdo con la solicitud de acceso a la información número 1113100004016, durante 2015 la Conade entregó 425 millones 139 mil 848 pesos a las federaciones deportivas.
Según otra solicitud de información (1113100036815), en 2012 la Conade ministró 251.8 millones de pesos a esos organismos. A esta cifra hay que añadir los montos otorgados a las federaciones de beisbol, ciclismo, frontón, atletismo y tiro con arco, que la entidad del deporte no proporcionó pues están clasificados como reservados.
En 2013, el presupuesto para federaciones fue de más de 440 millones de pesos. A esta cantidad también hay que agregar los montos asignados a las agrupaciones arriba mencionadas.
En 2014, de las arcas de la Conade salieron 587.8 millones de pesos sin contar lo ministrado a las cinco federaciones citadas.
Suponiendo que, en promedio, cada año la Conade ha dado a las federaciones unos 500 millones de pesos, para que se configuren las irregularidades por 3 mil 600 millones de pesos tendría que aceptarse que los organismos colaboradores del gobierno federal –así definidos en la Ley General de Cultura Física y Deporte– no han justificado un solo peso en al menos siete años.
Ahora bien, la información proporcionada por la Conade (en enero de 2016) indica que hasta esta fecha ninguna federación adeudaba dinero a la entidad correspondiente al ejercicio fiscal de 2012. De 2013, a la Federación Mexicana de Raquetbol le faltaba comprobar 178 mil pesos.
A pesar de que las reglas de operación indican que si existe un adeudo no pueden entregarse más recursos federales, en 2014 a esta asociación civil se le dieron otros 4.3 millones de pesos. Y hasta enero de 2016 debía 597 mil 427 pesos de ese año. A pesar de ese segundo débito, en 2015 se le otorgaron 1.3 millones más.
Entre el olvido y la impunidad
En las acusaciones públicas que Castillo ha hecho en contra de los presidentes de federaciones por malos manejos del dinero federal, hasta hoy no ha involucrado al Comité Olímpico Mexicano (COM), a las federaciones de deportes paralímpicos ni a otras casi 30 federaciones de deportes no olímpicos como, por ejemplo, ajedrez, actividades subacuáticas, automovilismo, pesca, polo, motonáutica, wushu, etcétera. Sin embargo, estas asociaciones civiles también han recibido recursos públicos.
En 2015, la Conade entregó al COM 153.3 millones de pesos; en 2014, 181.8; en 2013, 136.3, y en 2012, 78.3, para un total de 549 millones de pesos. En la misma sesión de la Junta Directiva, Alfredo Castillo anticipó que después de los Olímpicos de Río auditará a este organismo, al cual nunca se le han revisado las cuentas.
“No hemos auditado al COM, falta que le entremos; nada más que ahorita le entras y sale lo de la Fina (Federación Internacional de Natación, con la que hay un diferendo), sale lo de los Juegos Olímpicos, sale esto, sale lo otro; entonces ya para no desestabilizar a los atletas, de aquí a agosto, inclusive se comentó con el presidente (Peña Nieto) y con el secretario (Aurelio Nuño), dijimos: ‘Ahorita vamos como documentando, pero pasando Río hay que entrar, porque el COM recibió en estos 2013, 2014, 2015 casi 500 millones de pesos’.” (Proceso 2074).
En 2015, la Conade asignó a las cinco federaciones de deportes paralímpicos 39.1 millones de pesos; en 2014, 39.5; en 2013, 33.4, y en 2012, 46.2 millones.
Según la información entregada por la Conade, del ejercicio fiscal 2015 la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales no había comprobado 538 mil 288 pesos, de un total de 6.2 millones que le dio, pero luego le entregó, contraviniendo las reglas de operación, 7.2 millones de pesos.
En el mismo caso está la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas, que a pesar de no haber comprobado 777 mil pesos de los 11.5 millones de pesos asignados, al año siguiente la Conade le dio otros 6.2 millones. Ocurre también esta irregularidad con la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, que arrastra un adeudo de 29 mil pesos, pero la entidad deportiva le ministró el año pasado 5.3 millones de pesos.
Otra irregularidad: según la solicitud de acceso a la información 1113100004016 –cuya respuesta entregó la Conade en abril pasado– incluso las federaciones que están bajo investigación por la probable comisión de delitos penales recibieron dinero público en 2015: atletismo, 8.6 millones de pesos; beisbol, 722 mil; boxeo, 3.7; frontón, 1.4, y levantamiento de pesas, 9 millones.
La única federación que no recibió un peso el año pasado fue tiro con arco.
En la comparecencia con diputados, Castillo reveló que de acuerdo con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, que preside Antonio Lozano, desvió recursos públicos por 5 millones de pesos, y dijo que esta asociación civil presentó facturas de empresas fantasma con las que intentó comprobar la compra de suplementos alimenticios, tal como publicó Proceso en noviembre de 2012 (1881 y 1882). Y los suplementos, además, fueron contrabandeados.
Castillo también dijo que la Federación Mexicana de Tiro con Arco, que preside la yucateca Effy Sánchez, continúa sin comprobar 27.6 millones; en tanto, la Federación Mexicana de Beisbol, que dirige Alonso Pérez, adeuda 13 millones de pesos por concepto de diversos torneos que no fueron acreditados. Añadió que la Federación de Frontón no ha comprobado 22.5 millones de pesos. “Este recurso simplemente desapareció”, dijo, ya que el organismo no reportó cómo usó ese dinero.
Acechada por deudas
No sólo las federaciones deportivas mantienen adeudos con la Conade, estados y municipios siguen sin comprobar o realizar las obras de infraestructura deportiva para las cuales se les asignaron recursos federales desde 2009.
Este fue el primer punto que se trató en la Primera Sesión de la Junta Directiva. El comisario de la Secretaría de la Función Pública, Raymundo Vázquez Castellanos, le preguntó a Castillo cuáles son las acciones de recuperación o comprobación que ha planeado: “No puede terminar la administración del presidente Peña Nieto sin que este asunto no lo tengamos resuelto”.
Para el 29 de marzo de este año, la comprobación de recursos otorgados a través del Programa Infraestructura Municipal 2009-2014 reflejaba un rezago de 23%: de 2 mil 586 expedientes aún hay 601 abiertos, los cuales representan 2 mil 790 millones de pesos que salieron de la Conade y que no han sido comprobados.
Castillo les dijo que, de ésos, 267 expedientes ya se turnaron a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos. Pero para el 10 de junio, fecha en que se realizó la Segunda Sesión de 2016, se informó que con el acumulado de 2015 la cifra aumentó a 2 mil 625 expedientes de municipios morosos, y la cantidad sin comprobar ya rebasa los 3 mil millones de pesos.
Igual que con las federaciones deportivas, las reglas de operación de la Conade prevén que quien no compruebe no podrá recibir nuevamente recursos. En este rubro, no se sabe si la infraestructura deportiva se construyó y, según las conclusiones, la población objetivo para la cual se asignaron los recursos no ha sido atendida.
Pero la vehemencia con la que Castillo ha intentado perseguir a los presidentes de las federaciones le ha faltado para atender este rezago. En la Conade sólo hay cinco personas asignadas a realizar este trabajo.
En ambas sesiones de la Junta Directiva, Castillo y su grupo de funcionarios manifestaron preocupación porque no se ha cumplido uno de los compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto: la construcción de 32 unidades deportivas, una por cada entidad federativa.
Al mismo tiempo, aceptaron que la Conade tampoco ha hecho un censo de infraestructura deportiva –porque no tiene dinero para pagarlo al Inegi– de tal suerte que, sin saber cuántas instalaciones hay en todo el país y el estado físico y operacional que guardan, el gobierno federal está empecinado en construir esos deportivos para que el presidente quede bien y otros ocho centros de alto rendimiento que fueron idea del propio Castillo.
“Para limpiar el deporte tenemos que acabar con los cacicazgos y exhibir a los estados, a los municipios y a las federaciones que se han quedado con el dinero y que no lo han devuelto”, dijo Castillo en la Primera Sesión, pero públicamente no ha dado los nombres de las demarcaciones que han desfalcado a la Conade.
Según su propia definición, los recursos federales que ha asignado la Conade para infraestructura se van a “la licuadora de los estados” y esos lo utilizan para otras actividades, más aún si se otorgan en un año electoral.
En las comparecencias ante diputados y senadores, varios legisladores aprovecharon para pedirle a Castillo que la Conade asigne recursos a sus estados y municipios para infraestructura deportiva. No se atrevió a fustigar a los alcaldes y gobernadores que han cometido este saqueo.
Al director de la Conade lo que en realidad le apura es tener dinero, “porque no podemos dejar al presidente sin cumplir los compromisos presidenciales, pero estamos subordinados a las entidades federativas”.
El comisario público del sector educación y cultura de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Raymundo Pérez Castellanos, encontró la solución al problema: que se discuta en una sesión de los Comités de Control y Desempeño Institucional para que se absorba el quebranto patrimonial.
