La Fiscalía General del Estado anunció que en abril pasado se abría una nueva etapa en el combate a las desapariciones forzadas de personas, pero otras voces afirman que el cambio no se ve. Organizaciones civiles como Cladem y periodistas independientes sostienen que el número de casos se incrementa, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) señala que Jalisco es el tercer estado con mayor número de desaparecidas, sólo por debajo de Tamaulipas y del Estado de México.
Alejandra Cartagena López, vicecoordinadora de la organización no gubernamental, indica que mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) registra 503 investigaciones por ese delito, el Cladem tiene documentados 847 casos de mujeres, de los cuales 87 ocurrieron el presente año, hasta el 23 de abril.
A decir del fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes, la FGE ha resuelto 443 de esas desapariciones, por lo que sólo 60 están pendientes.
Cartagena López cuestiona: “Las autoridades dicen que la desaparición de mujeres se liga con sus conflictos familiares. Sin embargo, la desaparición de mujeres, niñas y jóvenes sigue a la alza y eso significa que la autoridad no reconoce plenamente la realidad, no hay una política real para buscar a las víctimas más allá de la intención de criminalizarlas. Dicen que se van de casa por berrinchudas, porque se enojaron o con el novio o de fiesta, pero eso no es cierto”.
Según los datos que tiene el Cladem, añade, “tenemos la hipótesis de que las chicas están siendo llevadas para prostituirlas en algunos casos. No tenemos la certeza de cuáles y en qué tipo de denuncias, pero hay un componente similar en el Estado de México, Chihuahua y Tamaulipas, donde las desaparecen para luego prostituirlas”.
Cartagena recuerda que la ONU ha señalado a Puerto Vallarta como parte del corredor de trata de personas en la entidad, pero dice que se presentan aún más casos en la zona metropolitana de Guadalajara y que el sector más afectado son mujeres y hombres jóvenes entre 12 y 21 años.
A decir de la activista, actualmente se desarrolla un proyecto que contribuirá a detectar la ruta de las desapariciones y el posible destino de personas secuestradas, pero existe un problema:
“En el Estado de México se reportan 15 formas de desaparición de mujeres, según el estudio realizado desde el Observatorio Ciudadano de Feminicidio. En Jalisco la falta de cifras y transparencia de las autoridades nos lleva a la confusión.”
Al respecto, el fiscal Haro Reyes rechaza que el problema se haya desbordado en la entidad, como afirma, entre otros, el periodista y académico Darwin Franco Migues, quien declaró a este semanario que tan sólo en el norponiente de Zapopan se han reportado más de 40 desapariciones de mujeres (Proceso Jalisco 612).
A decir de Haro Reyes, esa cifra corresponde a una queja inicial, pero que tras el seguimiento de cada caso, se logra localizar a cerca del 90% de las desaparecidas:
“A partir del Protocolo Alba, publicado el 9 de abril en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y que entró en vigor el 10 de abril de 2016, hasta el 31 de julio se han realizado 503 registros, de los cuales 443 personas han sido localizadas en un periodo de 24 a 72 horas”, lo que equivale a 88% de efectividad.
Detalla que la FGE aún trata de encontrar a 60 personas (12% de los casos reportados) en la zona metropolitana de Guadalajara y municipios como Ahualulco del Mercado, Casimiro Castillo, Sayula y Tecolotlán, ya que dicho protocolo no se limita a las ocho demarcaciones incluidas en la alerta de violencia contra las mujeres, sino que abarca las 125”.
Precisa que “se puede dar que, de este 12% de casos pendientes, alrededor de 3 o 4% esté vinculado a un ilícito”. Pone un ejemplo:
“Viene una señora a denunciar la desaparición de una niña y después se da cuenta de que ésta se encuentra secuestrada. Entonces ya no se aplica el Protocolo Alba, sino se turna a Secuestros. (Lo mismo sucede) cuando hay abuso infantil y abuso sexual, o cuando hay violencia intrafamiliar u homicidio.”
A diferencia de Cladem, Haro Reyes señala que es el sector de “las jóvenes de entre 13 y 30 años donde se encuentra 85% de la incidencia (de las desapariciones); después, las de entre 25 años a 30 años”.
La “nueva etapa”
El fiscal de derechos humanos destaca que, aparte de las desapariciones cometidas por la delincuencia organizada, otras son provocadas por la descomposición del tejido social:
“Hay muchas ausencias voluntarias, pero también por necesidad, ya sea porque el padrastro viola a la niña o porque hay desatención. Hay un patrón de que es la sexta o séptima vez que se escapa la menor. Otros casos tienen que ver con las redes sociales, con el mal entendimiento entre padres e hijos, y otros en los que un adulto engancha a una menor; en este último caso estamos pendientes de que no sea trata de persona.”
Pese a que la tarea primordial de la FGE es perseguir a las organizaciones criminales, explica, “se presentan casos desde la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, los abusos, y eso a final de cuentas afecta”. Por eso la dependencia recaba datos duros, incluidos los nombres de los involucrados en esos casos, a fin de sistematizar la información. “Tenemos número telefónico (de ayuda) y una agencia de Protocolo Ámbar que están activos las 24 horas”, indica.
En las 12 regiones del estado las agencias del Ministerio Público reciben las denuncias por presuntas desapariciones en forma directa. “El 911 nos sirve como referencia, además tenemos un escuadrón de policías motorizados para atender el asunto”, añade Haro Reyes.
Informa que desde marzo pasado, un mes antes de instaurar el Protocolo Alba, el fiscal general, Eduardo Almaguer, propuso en la Reunión Nacional de Procuradores y Fiscales de Justicia, realizada en Michoacán, que se creara una plataforma nacional de intercambio de datos similar a la Plataforma México pero diseñada para las desapariciones.
Sostiene que se impulsan otros proyectos para mejorar el combate a ese delito. Por ejemplo, “se habló con el Comité Internacional de la Cruz Roja para establecer el banco de datos AM PM”, es decir, ante mortem y post mortem, a fin de dedicar los recursos necesarios para desplegar búsquedas más precisas.
Además, dice Haro Reyes, se requiere fortalecer el banco nacional de datos de genoma, ADN y de huellas dactilares:
“Es una urgencia que tiene el gobierno mexicano. ¿De qué sirve que Jalisco o Nuevo León tengan ese adelanto, si otros estados no lo tienen?
“Es no saber armonizar las piezas del rompecabezas. Por un lado se descubren fosas clandestinas, muchas personas que están NN (no identificadas), y por otro lado una lista muy grande de personas ausentes. Se tiene que trabajar para resolver esta problemática, que viene de 2006 para acá.”
Además, en la FGE “vemos la necesidad urgente de implementar un protocolo único, lo que están haciendo ya Tamaulipas, Chiapas, Veracruz y Jalisco: que haya una unificación de esfuerzos encabezados por la Presidencia de la República para tener un protocolo único en la búsqueda de personas desaparecidas”.
–Hay una serie de críticas a la FGE porque al reportar a personas desaparecidas lo primero que dice el personal es que las jóvenes se escaparon con el novio o que andaban en malos pasos. ¿Eso es correcto? –pregunta el reportero.
–Tienen razón quienes cuestionan ese hecho, eso debe cambiar. Por eso hablo de la nueva etapa que comienza el 9 de julio de 2015 con la llegada de Eduardo Almaguer y su ratificación por el Congreso. Hay una enorme necesidad de cambiar las cosas, pero no se da de la noche a la mañana: hubo un proceso. Más de 270 funcionarios han sido despedidos por impunidad y malos manejos. Ya no habrá ninguna permisividad ni encubrimiento.
Afirma que en los primeros meses de este año la Fiscalía de Derechos Humanos conoció 19 denuncias por desaparición de mujeres. Al sistematizar la información se concluyó que un grupo de jóvenes estaba agrediendo a las muchachas en las inmediaciones de la Preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan.
Los delincuentes usaban sudaderas con capucha y si pasaba una joven la manoseaban y llegaron al intento de violación. A partir de estos ataques se empezó a extender el rumor de que estaban desapareciendo mujeres.
Cuando la FGE descubrió a esos sujetos comprobó que trataron de “levantar a dos mujeres”, dice Haro Reyes, además de que una muchacha fue raptada en Zapopan y fue localizada muerta en el municipio de Tequila.
“Respuesta irracional”
El corresponsal inglés Duncan Tucker se dice sorprendido por la respuesta irracional de la autoridad estatal frente a las desapariciones de mujeres, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara.
Relata que sólo en los primeros dos meses de 2016 ya se habían reportado a 187 desaparecidas, y sin embargo “a unas de las víctimas el personal de la fiscalía le dijo que el intento de levantarla y desaparecerla no significa un secuestro. Le dijeron que eso no era un crimen. Eso me parece absurdo”.
El 29 de marzo pasado Tucker, periodista independiente radicado en la zona metropolitana hace más de cinco años, publicó en el diario digital internacional Vice News que hasta esa fecha se contaban en la entidad 581 mujeres desaparecidas. “Hay una ola de mujeres secuestradas en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México”, destacó.
En entrevista con Proceso Jalisco, dice que llamaron su atención las denuncias que se multiplicaron en las redes sociales. Muchas mujeres decían que habían intentado levantarlas en distintos puntos de Guadalajara a partir de los últimos días de enero y durante febrero.
Según los mensajes difundidos en internet, el principal foco rojo era el norponiente de Zapopan, en colonias como Tesistán, Nuevo México, Lomas de Zapopan y Santa Margarita, entre otras. Tucker se interesó en contactar a las víctimas de esas tentativas de plagio.
“Busqué a Darwin Franco, un periodista independiente que ha investigado el fenómeno en Jalisco”, señala. Aparte, ubicó por las propias redes sociales a tres mujeres que le contaron su testimonio.
Ellas “eran jóvenes de alrededor de 20 años, morenas, bajas de estatura y delgadas”, perfil que coincidió con el dato que le dio Darwin Franco.
“No puedo decir por qué estaban levantando a esas muchachas”, admite, pero considera que a juzgar por los testimonios recabados, una de las posibilidades era que la delincuencia organizada lo hiciera con fines de trata de personas.
Las entrevistadas le contaron también que se toparon con obstáculos para presentar la denuncia ante la FGE: “Les decían que si era un intento de secuestro, no era un delito”.
Entonces Tucker, que ha cubierto información de México para diarios británicos, como The Independent y The Guardian, llegó a la conclusión de que la denuncia en las redes sociales mostraba que la sociedad está harta de la falta de respuesta gubernamental y utiliza los medios a su alcance para protestar y advertir a otros ciudadanos de los riesgos que existen en las zonas mencionadas.
