Aunque dejó una serie de irregularidades a su sucesora María Felicitas Aguilar Ibarra, apenas terminó su gestión como alcaldesa del Atemajac de Brizuela el 30 de septiembre de 2015, la priista Belén Córdova Dávila se esfumó. El síndico José Luis Rubio Castro asegura que la expresidenta municipal no ha respondido a por lo menos siete denuncias por ilícitos diversos, entre ellos la comprobación de gastos por 12.5 millones de pesos; peor aún, el fiscal Eduardo Almaguer guarda silencio.
ATEMAJAC DE BRIZUELA.– De octubre de 2015 a enero de este año, la administración encabezada por María Felicitas Aguilar Ibarra interpuso por lo menos siete denuncias penales contra la expresidenta municipal Belén Córdova Dávila ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto desvío de recursos, falta de comprobación de gastos por 12.5 millones de pesos y sustracción de documentos, entre otros ilícitos
Aguilar Ibarra, quien llegó al ayuntamiento el 1 de octubre del año pasado impulsada por el PAN y el PRD, relata que, al hacer una revisión del equipo y de la infraestructura técnica, ella y sus colaboradores detectaron que Córdova Dávila, quien milita en el PRI, había sustraído la información financiera de las computadoras.
Asimismo, descubrieron que la exalcaldesa tampoco informó al Servicio de Administración Tributaria sobre la retención de impuestos de los trabajadores, lo que ocasionó multas y recargos al ayuntamiento.
Según el síndico José Luis Rubio Castro, quien ocupa el cargo desde octubre de 2015, la administración de Córdova Dávila tampoco entregó los legajos originales de los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, lo que está causando problemas a la administración de Aguilar Ibarra. Además, dice, cuando se realizó el acto de entrega-recepción, la alcaldesa saliente optó por enviar a su síndico, Francisco Javier Ruelas Mares.
Los nuevos funcionarios se percataron que Ruelas sustrajo información relacionada con la cuenta pública municipal, por lo que interpusieron la primera denuncia ante la FGE el 20 de octubre.
Córdova Dávila se desempeña actualmente como directora de área en la zona de Zacoalco de Torres y cobra en la nómina de la Secretaría de Educación de Jalisco desde mayo pasado, según el portal de la dependencia. Hasta el cierre de edición, la fiscalía, encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, quien milita en el PRI –el mismo partido de la exalcaldesa–, aún no respondía la querella presentada hace más de 10 meses.
Ventas ilegales
Semanas antes de terminar su gestión, Córdova Dávila puso a la venta maquinaria perteneciente al ayuntamiento y una camioneta cuyo valor aproximado era de 1 millón 800 mil pesos.
Sin realizar un peritaje ni almoneda pública, el pleno del ayuntamiento aprobó la propuesta mediante los acuerdos II y III de asuntos varios, según las actas 38 y 41 de las sesiones del 26 de junio y 31 de agosto de 2015, respectivamente. No obstante, la compraventa de los bienes no se concretó sino hasta finales septiembre, en los últimos días de la gestión de Córdova.
Según la querella, esa decisión contraviene la Ley General del Gobierno y Administración Pública municipal que en su artículo 88 prohíbe la enajenación o donación de bienes seis meses previos al término de la administración.
Además, Córdova y los regidores que aprobaron la venta de la maquinaria y el vehículo violaron el artículo 152 del Código Penal, según el cual comete desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades el servidor público que otorgue enajenaciones de bienes o servicios.
El 12 de enero pasado, Rubio Castro interpuso otra denuncia ante la agencia número tres del Ministerio Público, con sede en Zacoalco de Torres (carpeta de investigación 128/2016), por “la venta ilegal llevada a cabo por parte de la administración municipal saliente correspondiente al periodo 2012-2015, respecto de diversos bienes muebles consistentes en: máquina retroexcavadora marca John Deere, modelo 310, adquirida por Roberto Cantor Rito; máquina D6, marca Caterpillar, modelo D7M (tractor de cadena), automotor vehículo Scape blanca modelo 2013 con placas de circulación JJX 6466”.
La venta del tractor de cadena se concretó el 25 de septiembre de 2015, cinco días antes de que Aguilar Ibarra llegara al ayuntamiento. El contrato de compraventa fue firmado por Córdova y Ruelas Mares. La adquiriente fue Edelmira López, vecina del municipio de Tapalpa, quien pagó 400 mil pesos, cuando la maquinaria valía cerca de 1 millón de pesos
Diez días antes, el 15 de septiembre, Córdova y Ruelas finiquitaron la venta de la retroexcavadora en 219 mil 554 pesos, cuando su valor comercial es de 650 mil pesos. La adquirió Roberto Cantor Rito, vecino de la localidad de San Cayetano, municipio de Atemajac.
De la documentación encontrada en las oficinas del ayuntamiento sólo estaba la ficha de depósito de la retroexcavadora; de las del tractor y el vehículo no había evidencia.
La justificación para la venta de la camioneta Ford Escape a 100 mil pesos, cuando su valor comercial ronda los 230 mil pesos, fue para terminar de pagar la deuda “restante a la compra del terreno que adquirió (la administración de Córdova) a María del Refugio Castro Camarena”, el cual se “lotificó y se entregará a personas de escasos recursos”.
La información consta en el acta de cabildo número 41, correspondiente a la sesión del 31 de agosto de 2015. Con respecto al inmueble, no hay ninguna valuación; tampoco de la subasta, “limitándose a una venta discrecional y a criterio personal”, según la querella presentada ante la FGE por el síndico Rubio Castro.
Las peticiones
Acerca de los recursos obtenidos de la venta de la maquinaria y el vehículo, según el documento, se utilizaron para el pago de “prestaciones económicas” a los servidores públicos que estaban a punto de dejar el cargo.
Rubio Castro solicitó al fiscal Almaguer asegurar los bienes muebles, con base en el artículo 83 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 9, fracción XI, de la Ley de Atención de Víctimas de Delitos, para “evitar que se les dé un uso indebido, con la firme intención de que no se destruyan o desaparezcan”.
El síndico apunta que es necesario recuperar la retroexcavadora y el tractor, pues el ayuntamiento tiene que erogar por la renta de maquinarias similares desde 500 hasta 800 pesos por hora.
Ambas máquinas se ubican en un negocio de venta de material para construcción cercano al entronque de la carretera a Tapalpa, según constató Proceso Jalisco. Con respecto a la camioneta Ford Escape, se desconoce su paradero, por lo que se requirió a la FGE interrogar a Córdova Dávila. La dependencia no dio entrada a ninguna de las peticiones.
Otras denuncias contra la exalcaldesa –averiguaciones previas del número 173 al 176/2016-V–, cuyas pruebas se presentaron el 13 de mayo pasado, están relacionadas con la carencia de comprobantes que avalen los gastos en obra pública con recursos estatales y federales provenientes de varios programas, como Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (Fondereg), Fondo Común Concursable para la Inversión en los Municipios; Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE); 3X1 para migrantes, así como el Programa de Empleo Temporal y del Ramo 20.
En la AP 173/2016-V, relativa al 3X1, el síndico explica que el actual director de Infraestructura Rural y Urbana de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, José Antonio Ampudia Torres, mediante el oficio DGIR/DAVP/0277/2015 fechado el 15 de septiembre de 2015, pidió a la exalcaldesa entregar la documentación comprobatoria de seis obras, o bien reintegrar 3 millones 872 mil 846 pesos que debieron invertirse en ellas.
De las seis obras que debió realizar la pasada administración, dos están incompletas –la red de drenaje en la colonia Los Lirios y la electrificación en la localidad de El Jagüey– y otra –la red de drenaje en arroyo La Quinta– ni siquiera se comenzó, comenta Rubio a Proceso Jalisco.
El síndico también menciona en su querella “un saldo pendiente” por 21 mil 154 pesos del programa FISE 2013 para la Construcción de la Casa de Salud en la localidad El Tlacuache.
El 10 de noviembre pasado, Ampudia Torres envió el oficio DGIR/DAVP/0306/2015 a la alcaldesa Aguilar Ibarra en el cual le pide la documentación comprobatoria de las seis obras de su antecesora. La administración de Aguilar Ibarra sólo ha recibido la comprobación de “la sustitución de un transformador en la colonia San José”, según Rubio.
También le pide reintegrar 3 millones 664 mil 446 pesos correspondientes a los trabajos no ejecutados y/o comprobados.
En la AP 174/2016-V, el querellante expone que el director de Obras Públicas del estado, Joel Ruiz Martínez, mandó el oficio DCZS-557/2015, con fecha 4 de noviembre de 2015, a su homólogo municipal, Jesús de la Cruz Ramos, para solicitarle los “expedientes de comprobación (de la construcción de dos capillas de usos múltiples: una en la colonia Colosio y otra en la Juan Pablo II), que en repetidas ocasiones se han solicitado a la dependencia a su digno cargo”.
Asimismo, expone Rubio, “no hay constancia de que dichos recursos hayan sido empleados de manera eficaz y transparente en la realización de las obras (durante la gestión de Córdova)”, por lo que no se ha podido dar respuesta a la petición.
En relación con la AP 175/2016-V, el documento menciona que el 14 de septiembre de 2015 (oficio DS 134.700.-04076/201) la Subdelegación de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social, Gabriela Zamora Martínez, pidió al ayuntamiento (encabezado por Córdova Dávila) comprobar los saldos pendientes por 8 millones 893 mil 972 pesos, correspondientes al Programa Empleo Temporal y al 3X1 para migrantes.
Meses antes, el 5 de noviembre de 2014, la misma dependencia federal solicitó a la entonces alcaldesa comprobar el gasto en obra de los programas del Ramo 20. Hasta la fecha, el ayuntamiento –dirigido ahora por Aguilar Ibarra– no ha podido justificar el gasto debido a la falta de documentos.
Una situación similar se observa en la AP 176/2016-V. El director de Obras Públicas, Ruiz Martínez, solicitó a su homologo municipal Jesús de la Cruz Ramos, los expedientes de comprobación de los recursos del Fondereg 2014 y 2015. La actual administración municipal no ha respondido tampoco debido a la falta de documentos.
Los recursos de Fondereg se debieron emplear para “empedrado ahogado en concreto, red de drenaje y red hidráulica en la calle Ignacio Allende, entre Hidalgo y Emiliano Zapata”, así como en la construcción de la primaria Luis Donaldo Colosio en la colonia Los Lirios. Esta última “quedó con un avance de 70%”; la otra simplemente no se ejecutó, confirma el síndico Rubio.
