En sólo 10 meses, la administración de la presidenta municipal María Elena Limón García en Tlaquepaque suscitó conflictos laborales con un grupo de exempleados a los que su antecesor priista Alfredo Barba otorgó la base poco antes de irse. Pero también fracturó su propio equipo al despedir a varios funcionarios y retirar atribuciones a su síndico, Juan David García. Este último describe, en entrevista, el ambiente que se vive en el ayuntamiento.
Acorralado en su propia oficina por integrantes de Movimiento Ciudadano, partido que lo llevó al puesto que ocupa desde octubre de 2015, el síndico de San Pedro Tlaquepaque, Juan David García Camarena, libra dos batallas jurídicas: una es para exigirle a la alcaldesa, María Elena Limón García, que respete sus atribuciones, y la otra para enfrentar una demanda por supuesto acoso sexual contra una de sus subordinadas.
El pasado 27 de enero, una empleada de la sindicatura acudió a levantar una demanda penal contra él por el delito mencionado. La querella fue recibida en la Oficialía de Partes de la Dirección de Delitos Varios de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el documento la mujer narra que el 22 de octubre de 2015 acudió al despacho de García Camarena a dialogar sobre su situación laboral, puesto que no se expidió el cheque correspondiente a su salario. Cuando entró al despacho, relata, el síndico la saludó: “Me dio un beso en la mejilla, de nueva cuenta rozó su mano desde mi cintura hasta mi cadera y me dijo: ‘Ya te extrañaba’. Respondí que yo extrañaba mi área de trabajo”.
Continúa la denunciante: “Me preguntó qué sabía de mi situación laboral, me explicó cómo estaba el tema y me dijo que él me estaba dando toda la confianza. Terminó la plática y, cuando me iba a salir de su oficina, como traía una blusa de tirantes y por lo flojo de mi blusa, sentí que su mano tocó mi piel hasta las caderas, ya que me tocó por debajo de la blusa y me dio un beso en la mejilla, y me incomodó demasiado, porque me sentí muy hostigada por la forma en que me había tocado y me salí de inmediato de su oficina”.
Afirma que antes de eso, el 19 de octubre, una compañera de trabajo le advirtió que fuera cautelosa con García Camarena: “Claudia, que trabaja en la sindicatura, me preguntó que qué me había dicho el jefe… y yo le respondí que iba a checar mi situación laboral y que si era necesario él pedía el favor (ya que la mujer había sido puesta a disposición de la Oficialía Mayor), y me preguntó Claudia: ‘¿Pero a cambio de qué?’… y me dijo ella que tuviera mucho cuidado, y más nosotras que estábamos jóvenes, porque (el síndico) era medio mano larga”.
Asentó en su querella que el 5 de octubre, al finalizar su jornada, García Camarena le pidió que esperara un momento, la acompañó a la puerta de la oficina y le dio un beso en la mejilla, pero enseguida “puso su mano derecha a la altura de mis costillas en la parte lateral y sentí cómo deslizó su mano en mi cuerpo hasta mis caderas, y eso me hizo sentir incómoda”.
Consultado al respecto, García Camarena niega la acusación. Dice que la denuncia es falsa y que sólo tuvo contacto laboral con la denunciante por cuatro o cinco días, al inicio de la administración.
–¿Es usted un acosador sexual? –se le cuestiona.
–Claro que no. Hay que poner el justo contexto y dar todas las explicaciones que sean necesarias, porque es un asunto delicado y creo que política y periodísticamente debe ser tratado con seriedad.
“Cuando surge el tema, soy el primer sorprendido. Al desconocer de qué se me acusa, lo primero que hice es ir a la fiscalía a decirles ‘aquí estoy, quiero dar la cara. ¿Hay algo que me quieran notificar personalmente, es necesario que comparezca por algún delito?’. De entrada me dicen que no, que el expediente aparentemente se encuentra archivado.”
Según el funcionario, los abogados de la FGE le informaron que la denuncia no avanzó porque no fue ratificada y “no tiene los elementos jurídicos para configurarse como un delito”.
Posteriormente investigó quién es la denunciante. “Esta muchacha sí colaboró en esta sindicatura. Aparentemente llegó días antes de que concluyera la anterior administración. Es parte de un grupo de empleados que se basificaron en la última fase del gobierno de Alfredo Barba. Eran 150 y ella es parte de esa lista”.
Recuerda: “Ella, al igual que los otros 149, se pusieron a disposición del área de Recursos Humanos. Conmigo escasamente colaboró cuatro o cinco días y se pone, por instrucciones de la presidencia, a disposición de Oficialía Mayor. Allá se suscita un conflicto y la situación empeora; incluso hubo denuncia contra el ayuntamiento por hostigamiento laboral y malos tratos, porque se le ponía a laborar en el sol junto a la Oficialía Mayor Administrativa. Este y otros conflictos en Aseo Público derivaron en la toma de la presidencia” el año pasado.
Sostiene que la parte acusadora “está en medio de un conflicto laboral y político. Va y se escuda en su sindicato a principios de octubre, y hasta enero, más de tres meses después, es cuando presenta la denuncia”.
Reconoce que fue colaborador de la administración del gobernador panista Emilio González Márquez y niega que tenga otras denuncias por acoso sexual.
Conflictos internos
En la sesión de cabildo del pasado 27 de julio, García Camarena se quejó de tener dificultades para realizar su trabajo, pues sin consultar con los regidores María Elena Limón le dio a otras dos personas el poder general, judicial y extrajudicial para pleitos y cobranzas, es decir que le retiró atribuciones al síndico.
La alcaldesa justificó ese acto con el señalamiento de que a García Camarena “le han turnado asuntos y no los ha dictaminado en el término marcado por la ley”. Así, el personal de la sindicatura se redujo de 11 que había hasta la semana antepasada, a sólo dos empleados y un jefe.
La entrevista con el síndico de Tlaquepaque se realiza la tarde del martes 9, cuando los empleados de la Contraloría municipal están en su oficina ocupados en la entrega-recepción.
“Fue del dominio público que en días pasados me retiraron casi la totalidad del personal a mi cargo y con el que desempeñaba mis funciones. Hoy están cumpliendo el trámite que se sigue con cualquier funcionario que deja un cargo y tiene que entregarlo”, comenta al respecto.
Él ha presenciado la salida de una serie de funcionarios de primer y segundo nivel de la administración de María Elena Limón. Encabeza esa lista el exjefe de gabinete Esteban Garaiz Izarra, el extesorero y otros.
El síndico no descarta que la alcaldesa tenga “la tentación” de hacerlo a un lado, pese a que el suyo es un cargo de elección popular al haberse postulado para los comicios del 5 de junio de 2015 en la planilla de Movimiento Ciudadano que encabezaba Limón García.
En los 10 meses que lleva la presente administración se han incrementado en 100% las demandas laborales por despido injustificado: “La lista de cesados pasó de 300 a 600 entre octubre de 2015 y julio de 2016, en un ayuntamiento que tiene 4 mil empleados”, precisa García Camarena.
Para evitar que se violen sus derechos, el síndico ya interpuso un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a su vez lo envió al ámbito local para su resolución.
Sobre los despedidos, señala: “Sé que algunos funcionarios han salido con cierto sentimiento de reproche; algunos lo han hecho público, otros no; entre ellos una directora del DIF, el director de Educación (Jorge Montoya Orozco) y el jefe de Gabinete, don Esteban Garaiz”.
Montoya Orozco hizo público que fue retirado del cargo tras una negociación “en lo oscurito” entre Limón García y el secretario de Educación en el estado, Francisco Ayón López, quien le ofreció a la alcaldesa 70 millones de pesos en apoyos económicos y en obra para que lo despidiera.
El exsecretario municipal de Educación criticaba constantemente a Ayón López; “eso lo molestó” y lo motivó a pedir su cabeza, dice.
A ellos hay que sumar al menos a tres responsables de Comunicación Social, quienes quedan entre la presión de los medios de comunicación y el estilo de gobernar de la alcaldesa.
No obstante, el síndico sostiene que a él no lo pueden despedir: “Se han hecho públicas algunas diferencias (con la alcaldesa), pero no hay que perder de vista el hecho de que mi cargo es de elección popular, y ese hecho me da la inamovilidad de mi espacio: el cargo es irrenunciable”.
–¿Tendría que someterse al Congreso?
–A un proceso de responsabilidades, como lo establece la ley. Es un procedimiento en el que cualquier ciudadano tiene derecho a ser oído.
–¿Usted pertenece a MC?
–Sí, soy parte de MC, me integré en 2014. En el camino se me consideró para un espacio en las elecciones y fuimos ganadores. Las diferencias las estamos tratando con comunicación (en el gobierno municipal).
–Es muy cuidadoso al hablar de su relación con María Elena Limón. ¿Le dijo Enrique Alfaro que no rompiera relaciones con ella?
–Es simple lógica: si quiero resolver un problema, no tengo que agrandarlo. El asunto es tratar de ser fuerte. Yo pido prudencia, respeto y diálogo.
–¿Está usted peleado o en conflicto con la alcaldesa?
–No te puedo contestar que no, porque ha sido del dominio de los medios que hemos tenido algunas diferencias. Pero más que una adversidad debería ser un área de oportunidad, pues el hecho de que haya visiones, puntos de vista, opciones distintas en la administración, debería ser un área de fortaleza para hacer mejor nuestro trabajo.
Familiares de García Camarena que tienen negocios en Tlaquepaque, como la casa de cambios Wall Street, hicieron público que inspectores del ayuntamiento empezaron a multarlos con cualquier pretexto desde la semana antepasada, a raíz de las diferencias del síndico y la presidenta municipal.
