A pesar de ser la segunda universidad más grande del país y manejar un presupuesto creciente, la Universidad de Guadalajara sigue rechazando a miles de jóvenes cada año. Pero a los directivos del grupo en el poder les ha dado también por rechazar a sus propios académicos cuando no aceptan las maniobras para colocar a sus favoritos. En consecuencia, se han multiplicado los casos de despido injustificado.
Al menos una docena de académicos de la Universidad de Guadalajara denuncian que fueron despedidos injustificadamente por atreverse a señalar irregularidades en el manejo de las plazas sometidas a concurso para maestros de asignatura. A decir de los afectados, los espacios que se van quedando vacantes de este modo se entregan después a funcionarios y amigos de los directivos universitarios sin tomar en cuenta el perfil y el desarrollo profesional de otros aspirantes.
La primera que dio a conocer esa situación fue la maestra Ana Luisa Estrada Salgado. Afirma que de manera injustificada le quitaron 20 horas de clases que impartía en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).
El también académico Héctor Hernández Zavala, integrante del Colectivo de Reflexión Universitaria (CRU), afirma que esa denuncia motivó a otros profesores cesados de la misma forma para buscar apoyo.
La maestra Estrada Salgado dice en entrevista: “Cuento con seis asignaturas que me permiten una carga de 20 horas a la semana y en algunas clases ya cuento con antigüedad de siete años. En todas mis asignaturas tengo más de dos años de trabajar; entiendo que, por norma y con base en la Ley Federal del Trabajo, ya me corresponde la plaza definitiva”.
Sin embargo, relata, fue cesada después de pedir que se revisara el estatus de su plaza. Afirma que el coordinador de personal del CUAAD, José Luis Calvillo García, le pidió que redactara una carta para pedir “perdón” a las autoridades universitarias, a fin de que la reincorporaran tras retractarse de una demanda que interpuso anteriormente por los resultados de un concurso.
“Acudí a todas las instancias: jefes de departamento, de personal, con el rector, secretaría administrativa, delegados, secretario de conflictos, secretario general… y no había respuesta; sólo me decían que debía ir con el abogado de la universidad.
“En el sindicato me pidieron los papeles del concurso y les dije: ‘¿Pero por qué te voy a dar mis papales?’. Y me dijeron: ‘Es que yo tengo el expediente de la extranjera que ganó la plaza’. ‘¿Pero por qué? –le pregunto–, yo te estoy pidiendo que me protejan de este atropello, de mis materias que me están quitando de manera arbitraria’. No sucedió así. Todo el tiempo en el sindicato ligaban mi caso con la demanda que tengo por un concurso de plazas que se llevó a cabo en 2014 y confío que gané.”
Después que ella e integrantes del CRU se manifestaron el pasado 26 de julio frente al edificio de la Rectoría, Tonatiuh Bravo Padilla declaró ante varios medios de comunicación que iba a revisar el caso de la maestra Estrada a fin de que no se cometa una injusticia. “Pero yo estoy esperando una respuesta concreta”, dice la afectada.
Admite que al solicitar la revisión en la asignación de la plaza por la que concursó, los funcionarios del CUAAD se lo advirtieron:
“Desde la primera vez que acudí a la Coordinación de Personal, cuando pregunté por qué no estoy en el sistema, lo primero que me dijeron es: ‘Tú pusiste una demanda por el concurso de plazas’. Les dije: ‘¿Eso qué relación tiene? Yo vengo a ver por qué no están mis materias asignadas’. Y entonces admitieron: ‘Bueno, es que a veces eso se hace cuando pones una demanda’.
“Luego vinieron peticiones como: ‘Oye, ¿por qué no vas y le pides perdón al rector? Pídele perdón, dile: perdóname, me voy a portar bien’. Primero me lo pidieron de forma verbal. Después el licenciado Calvillo, coordinador de personal, me dijo que la manera de resolver esto de mis materias era realizar una carta-perdón y desistir de la demanda. Cuando escuché eso de la ‘carta-perdón’ me dio muchísima risa, pero me dijeron que así se llama, es un formato para pedir perdón.”
Académicos desplazados
El académico Hernández Zavala indica que tras la denuncia de la maestra Estrada creció la expectativa por encontrar una forma adecuada para responder ante la presión de las autoridades:
“Nos buscaron docentes de planteles como el Centro Universitario del Norte, con sede en Colotlán; igual pasó con otro del CUCosta, el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) y de Ciencias de la Salud, al igual que del Sistema de Educación Media Superior (SEMS). Argumentan situaciones similares de despido injustificado, el problema es que no se atreven a hacer públicas sus denuncias, por el temor a las represalias.”
Por su parte, Ignacio Mancilla Torres, también miembro del CRU y quien se postuló hace tres años como “aspirante” a la Rectoría General sin contar con el reconocimiento de la estructura burocrática ni del Consejo General Universitario (CGU), afirma que por desgracia toda la universidad está dominada por el miedo y que por eso los profesores prefieren no denunciar la violación de sus derechos.
“Hablo de toda la comunidad universitaria: de los trabajadores, los profesores y los investigadores. La universidad está tomada por el miedo: si uno no sigue los cauces institucionales (en el reclamo de plazas), se comete un grave error, según la burocracia.”
En cambio, agrega, “la burocracia universitaria siempre violenta la institucionalidad. Ese es el caso de lo ocurrido a la maestra Ana Estrada. Uno no puede buscar acceso a intercambios, becas, posgrados o una plaza definitiva por sus propios méritos, parece que no hay derecho al trabajo o a la seguridad laboral, y menos si uno no es parte del grupo que domina la casa de estudios” que encabeza el exrector Raúl Padilla López.
A decir de Mancilla Torres, “parece que uno está condenado a la marginalidad en la UdeG. De acuerdo al contrato, basta con que se tenga dos años de trabajo ininterrumpido para tener derecho a una plaza definitiva”. Sin embargo, recalca, la maestra Estrada tenía siete años de antigüedad y fue cesada de manera arbitraria.
Sostiene que además de las presiones contra los maestros considerados opositores, es alarmante que 70% de los aspirantes a estudiar en la segunda universidad más grande del país sean rechazados, cuando el presupuesto de la UdeG es cercano a 13 mil millones de pesos anuales.
El académico añade que la mayoría de los rechazados sólo tienen como alternativa las escuelas privadas, y se sabe que tanto funcionarios como exempleados de la UdeG tienen intereses en esos planteles, que han proliferado en los últimos años:
“Las universidades privadas son costosas e inscribirse en ellas es entrar a un círculo vicioso, porque ahí existen los tentáculos del grupo en el poder de la UdeG. Esto manifiesta la desproporción de darle cada año más presupuesto para la universidad cuando desatiende más sus tareas sustantivas.”
Al respecto, la doctora María Rita Chávez Gutiérrez, integrante del CRU y adscrita al Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, dice que apoya a la maestra Estrada ante la serie de arbitrariedades contra algunos profesores de asignatura.
En el CRU, dice la doctora, “consideramos que hay violaciones al derecho laboral, porque el modelo en el que se sustenta la universidad está basado en el esquema de trabajo de los maestros de asignatura, que son más de 9 mil trabajadores sujetos al arbitrio de un administrativo.
“Desgraciadamente los jefes de departamento solamente ejecutan la orden que les dan, sin pensar en el perfil de las personas y en su desarrollo profesional y académico; eso no está bien”, comenta. Según el colectivo universitario, al menos 56% de los 16 mil profesores de la UdeG trabajan por asignatura, y de ellos 70% son hombres, lo que también revela falta de equidad de género.
Chávez Gutiérrez cuestiona que siete de cada 10 jóvenes que solicitan inscribirse sean rechazados: “Yo tengo 31 años en la universidad, estoy a un paso para jubilarme y me identifico como una profesionista forjada en la generación del 68; sé que la realidad del cuerpo académico (en la UdeG) se tiene que transformar, no puede continuar así”.
Otro caso de despido injustificado es el de la maestra Claudia Chávez Torres, quien cuenta con posgrado en derecho y trabajaba en la Preparatoria de Jalisco, de la UdeG.
–Usted fue cesada de la UdeG, al igual que la maestra Ana. ¿Por qué motivo?
–El mismo: por poner una demanda laboral relacionada con un concurso de plazas. Ambas participamos, pero aspirábamos a diferentes lugares: yo me postulé por una plaza para el Centro Universitario Sur y ella para el CUAAD.
–¿Qué le argumentan?
–El director de la escuela me avisó que me iban a quitar mis clases porque hice esa demanda laboral y me ofreció desistirme, igual que lo hicieron con ella. Mi director me pidió que hiciera una carta donde solicitaba perdón y anunciaba el desistimiento de la demanda, pero yo pensé en seguir otro proceso y presenté un escrito ante el delegado de mi escuela.
“Soy trabajadora administrativa y académica de 12 horas. Aunque el director me dio esa instrucción de pedir el perdón y me hizo saber que no estaba en sus manos resolver la situación, comentó que ojalá yo pudiera llegar a un acuerdo. Pero yo me acerqué con mi delegado manifestándole la situación.”
–¿Entonces usted está suspendida o de alguna manera fue reinstalada?
–No. El último día de actividades (antes de las vacaciones) habló conmigo el responsable de conflictos (del sindicato de maestros) y comentó que mi asunto estaba siendo tratado junto con otro y de una manera responsable; que tuviera paciencia porque el sindicato me iba a respaldar.
Explica que concursó por la plaza legítimamente:
“Tengo 36 horas como administrativo y 12 horas frente a grupo. El concurso al que asistí era abierto y es la única manera que tiene uno de prosperar. Participé por la plaza en CUSur para nivel licenciatura, porque tengo el perfil.”
–¿Y ganó?
–Estoy segura de eso. Pero me doy cuenta de que se queda con la plaza el coordinador de personal del centro universitario.
–¿Cómo se llama él?
–Víctor Genaro Ríos.
En el caso de la maestra Ana Estrada, según la información recabada por el CRU, la plaza por la que concursó se le otorgó a Beatriz Bustarrica Mora, de nacionalidad española y licenciada en Bellas Artes.
La beneficiaria de la plaza es allegada a Noelia Argulló Oreja, la coordinadora de la licenciatura en Diseño de Modas, también de origen español. Argulló sostiene una conocida relación sentimental con el rector del centro universitario, Ernesto Flores Gallo, con quien procreó un hijo.
