De los capos del extinto Cártel de Guadalajara: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, sólo este último purga su condena en una celda oscura, fría y maloliente del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de Puente Grande. El primero recuperó su libertad en agosto de 2013; el segundo cumple sus últimos años bajo arraigo domiciliario, mientras el tercero, viejo y enfermo, fue trasladado hace varias semanas a una celda donde su salud empeora por falta de atención médica.
Pese a su precaria salud, el pasado 28 de junio Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador del Cártel de Guadalajara, fue cambiado de celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2 de Puente Grande, Jalisco, donde se encuentra recluido desde febrero de 2015.
A diferencia de sus antiguos subalternos de aquel grupo criminal, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto –quien hoy cumple su condena con prisión domiciliaria en una residencia de lujo en el Estado de México– y Rafael Caro Quintero, quien huye de la justicia, El Padrino o Jefe de Jefes, como le llaman, Félix Gallardo se encuentra hundido en una celda oscura, fría y maloliente.
Según el expediente 1866/2015 del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Penal en el Estado de Jalisco, esas condiciones violan los derechos humanos del capo sinaloense, pues las condiciones físicas de la celda podrían afectar su precaria salud.
En el juicio de garantías, familiares del detenido solicitan que el responsable del Cefereso se pronuncie al respecto y que se comisione al actuario judicial del juzgado para que acuda al reclusorio y dé fe de las condiciones en las que se encuentra Félix Gallardo.
Una de sus hijas solicita también que se le efectúen estudios médicos para determinar un tratamiento adecuado a sus padecimientos, lo cual autorizaron las autoridades penitenciarias desde hace meses, aunque la fecha para hacerlos se modificó en tres ocasiones. Hasta el cierre de edición no se le había aplicado ningún análisis al detenido, quien debe ser sacado del reclusorio temporalmente para su valoración.
La juez Armida Buenrostro Martínez se encuentra facultada para pronunciarse sobre el caso y salvaguardar la integridad del capo, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución federal, según el cual toda persona tiene derecho a la salud.
Buenrostro incluso emitió un acuerdo en el que informa que no fue posible el traslado de Félix Gallardo a una clínica en tres ocasiones: el 18 de abril, 6 de mayo y 8 de junio pasados debido a problemas de operatividad y seguridad, por lo que solicitó al director general del Antiguo Hospital Civil reservar una nueva fecha.
Estudios aplazados
Uno de los análisis que requiere Félix Gallardo es una tomografía axial computarizada toracoabdominal con medio de contraste por vía oral (esófago-gastro-duodenal).
Para la juzgadora, los argumentos de las autoridades penitenciarias son dogmáticos e insuficientes. La demanda de amparo, dice, fue promovida desde noviembre de 2015, mientras que el 2 de abril pasado se recibió el requerimiento de practicar el estudio mencionado.
Ella considera que ha sido tiempo suficiente para implementar la logística necesaria y las medidas adecuadas para el traslado de Félix Gallardo al Hospital Civil de Guadalajara.
Además, en los acuerdos del Juzgado Cuarto se señala que la autoridad penitenciaria está obligada a velar por la salud e integridad del quejoso, según los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador.
También se mencionan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos 5.1 y 5.2, así como diversos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en concreto el Caso Montero Aranguren, y argumentos contenidos en tesis de jurisprudencia y aisladas relacionadas con este tema.
En el documento emitido el pasado 28 de junio, el Juzgado Cuarto reitera a las autoridades del reclusorio federal de Puente Grande la necesidad de “conminar enfáticamente” a la autoridad de mérito dar celeridad al trámite y le ordena a la autoridad responsable que “en el término de cinco días contados a partir de que reciba el oficio correspondiente lleve a cabo el estudio requerido por el quejoso e informe lo correspondiente al mismo”.
De no cumplir, según el escrito, se le impondrá una multa. “Es destacable la indolencia de la autoridad carcelaria –añade–, que de continuar podría afectar la salud del quejoso; supuesto en el cual se dará vista a su superior jerárquico para los efectos de la responsabilidad en que pudiera incurrir”.
Durante su reclusión en los penales de máxima seguridad, Félix Gallardo perdió la vista del ojo derecho y los dientes frontales, así como la escucha del oído izquierdo; además, sufre de problemas gastrointestinales y presenta lesiones en las vértebras, por lo que en ocasiones se le dificulta caminar y se apoya en las paredes, según los recursos judiciales promovidos por sus familiares.
Según sus parientes, Félix Gallardo es víctima de tratos crueles e inhumanos, torturas y maltrato psicológico, además de la reiterada negativa a proporcionarle atención médica en las especialidades de odontología, otorrinolaringología, oftalmología y gastroenterología.
Rudo cautiverio
Félix Gallardo, El Padrino, tiene 70 años y es tío de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico. Originario de Bellavista, una localidad cercana a Culiacán, Sinaloa, durante años controló el trasiego de droga hacia Estados Unidos hasta que fue detenido el 8 de abril de 1989.
Antes, trabajó como policía federal y guardaespaldas de Leopoldo Sánchez Celis cuando fue gobernador de Sinaloa (1963-1968). En los setenta, durante la Operación Cóndor –una agresiva campaña del gobierno para erradicar los cultivos de cannabis y amapola–, muchos sembradores de mariguana emigraron de la sierra a los núcleos urbanos.
En esa coyuntura se formó el Cártel de Guadalajara con Félix Gallardo a la cabeza. La organización, en la que estaban también Caro Quintero y Don Neto, se dedicaba a contrabandear mariguana y opio a Estados Unidos. Fue el primer grupo delictivo mexicano en establecer vínculos con cárteles de Colombia, entre ellos el de Medellín, comandado por Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano.
En 1984, el gobierno federal y la Drug Enforcement Administration (DEA) organizaron un operativo en el rancho El Búfalo, propiedad de Caro Quintero, que le causó pérdidas superiores a los 2 millones de dólares a la organización.
Cuando Caro Quintero y Don Neto se percataron de que el autor de la investigación fue el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, Kiki, comenzaron a buscarlo. El 7 de febrero de 1985, Kiki y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar fueron secuestrados, torturados y asesinados dos días después.
Dos meses más tarde, El Padrino fue detenido, acusado por autoridades de México y Estados Unidos del secuestro y asesinato de Kiki y Zavala Avelar.
Tras su reclusión, la organización se fraccionó en el Cártel de Tijuana, comandado por los hermanos Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa, dirigido por algunos de sus exlugartenientes, entre ellos Héctor Luis, El Güero Palma Salazar, Adrián Gómez González y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Félix Gallardo purga una sentencia de 40 años, dictada en el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de acopio de armas, cohecho y contra la salud. Aún no se le sentencia por el secuestro y muerte del agente de la DEA.
Por los mismos delitos fueron acusados Caro Quintero y Don Neto. Este último fue trasladado el pasado 27 de julio del penal de Puente Grande a una residencia del fraccionamiento Atizapán, en el Estado de México, donde completará los últimos nueve años de su condena.
Don Neto, aun cuando tiene prohibido salir del domicilio donde se encuentra arraigado en compañía de su esposa, puede recibir todo tipo de visitas y comunicarse por teléfono con quien desee.
Con respecto a Caro Quintero, se encuentra libre desde el 9 de agosto de 2013, luego de 28 años de prisión. Fue excarcelado del Reclusorio Preventivo de Guadalajara por órdenes de un tribunal colegiado.
Sin embargo, días después la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo dos órdenes de aprehensión en su contra: una para extraditarlo a Estados Unidos y otra para que pague 12 años más de prisión que, según la procuraduría, tiene pendientes en México.
Él fue detenido el 4 de abril de 1985 en Costa Rica, junto con su novia Sara Cosío, sobrina del exgobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri.
El gobierno de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares de recompensa por Caro Quintero, mientras en México la PGR lo acusa de haberse reincorporado al narcotráfico y desatar recientemente una guerra contra el Cártel de Sinaloa, aunque él lo negó en una entrevista exclusiva con la periodista Anabel Hernández, publicada por Proceso en su edición del 24 de julio último.
Félix Gallardo ha interpuesto varios amparos para ser cambiado del penal federal a uno de los penales estatales de Puente Grande. Sin embargo, las autoridades de Jalisco se negaron a recibirlo por el sobrecupo. Arguyeron que el nuevo Reclusorio Metropolitano no cuenta aún con la logística requerida para recibir a personas con alto perfil criminológico, como él, y porque carece de las condiciones necesarias para darle la atención médica que requiere.
La hija del llamado Jefe de jefes interpuso un recurso de amparo el 30 de junio pasado, cuando constató las condiciones del sitio donde ahora está Félix Gallardo.
Hoy, dice su hija, está en una celda “oscura, maloliente y fría. El área de regadera es pequeña y con bardas a media altura, por lo que cada que se baña el agua inunda la celda y moja sus pocos enseres”, así como las cobijas de su cama.
