Decenas de policías de Guadalajara, a quienes se les notificó que reprobaron el examen de control y confianza, denuncian que son relegados de las tareas de seguridad pese a que no se les ha comprobado ninguna falta ni se les somete a proceso penal. En tanto, la corporación tapatía enfrenta críticas del fiscal general por la insuficiente vigilancia de las zonas populares.
Al menos 100 de los cerca de 3 mil policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara exigen la restitución de sus derechos laborales y de servicio, que les fueron suspendidos al acusarlos de estar ligados al crimen organizado –dicen los afectados– sin sustento legal.
En entrevista varios de ellos responsabilizan al comisario Salvador Caro Cabrera de que no se les apliquen por segunda ocasión los exámenes de control y confianza.
Señalan que el comisario debería verificar si los comandantes de la corporación realmente son de confianza, pues, dice uno de los inconformes, “sería una pena que… muchos que él ve como personal de todas sus confianzas en las comandancias quedaran exhibidos por sus verdaderos vínculos con la delincuencia; qué penoso sería que algunos de ellos no pudieran demostrar la aprobación de los exámenes tal como lo marca la ley”.
Aunque reconocen que en 2013, en la administración del alcalde priista Ramiro Hernández García, a muchos de ellos se les notificó que reprobaron sus exámenes de control y confianza, alegan que nunca se les informó en qué salieron mal y por eso se ampararon.
El propio grupo de policías que se dice “relegado” calcula que, si se toma en cuenta que cada uno recibe un pago promedio de 16 mil pesos mensuales, en los nueve meses que lleva el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez se les han pagado en total 14 millones 400 mil pesos a pesar de estar congelados. Pero si se hace la cuenta desde que se les aplicó la medida, en dos años y ocho meses (la última parte de la administración de Hernández y la inicial de Alfaro), dicho gasto asciende a 52 millones 800 mil pesos.
Algunos de los entrevistados destacan que fueron condecorados por sus años de servicio, su entrega o por arriesgar la vida en la lucha contra la delincuencia. Recuerdan que hay agentes capacitados para operar en situaciones de alto riesgo y exintegrantes de grupos de élite que recibieron instrucción del SWAT, el FBI y otros cuerpos especiales de seguridad estadunidenses y de otros países.
“Algunos fuimos condecorados por nuestro servicio y tenemos formación como francotiradores, reacción antimotines, desarrollo táctico en emergencias policiacas y muchas otras cosas, pero ahora dicen que no somos aptos para nuestro trabajo”, recalca uno de los policías.
Ante la imposibilidad de reincorporarse plenamente al servicio, esos agentes promovieron diversas quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y presentaron sus inconformidades a la Fiscalía General del Estado (FGE). Ahora temen ser despedidos por atreverse a denunciar la situación que enfrentan. De hecho, comentan que varios han sido castigados por expresar su molestia.
“A un compañero que exige ser reevaluado en sus exámenes de confianza, y quien hace sentir su inconformidad, lo castigaron en forma burda y humillante: lo tuvieron por varios días y durante toda su jornada de trabajo haciendo guardia en la asta bandera del edificio de la Comisaría de Seguridad. Se la pasó cuidando el asta, pero sin bandera, a pleno rayo del sol y sin poder quejarse ante ninguna autoridad, porque eran órdenes superiores. Ese es sólo un ejemplo”, relata uno de los inconformes.
Señalan que han sido acusados pero no los han sometido a proceso penal. Uno de ellos resalta:
“Desde antes de la llegada de las nuevas autoridades exigimos, y lo reiteramos ya en el gobierno de Enrique Alfaro, que nos sometieran de nuevo a los exámenes de confianza. Nos acusan de estar ligados a la delincuencia o hasta de proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero no pueden demostrarlo. Aun así, acaban con nuestra honra sin miramientos y nos exhiben ante la sociedad, nos degradan ante nuestras familias y nuestros hijos en forma injusta.”
Desconfianza
Los policías inconformes consideran que su grupo sería suficiente para brindar seguridad a una ciudad como Ocotlán o Ciudad Guzmán, y, sin embargo, el municipio tapatío se da el lujo de prescindir de ellos.
Además de los relegados, la comisaría de Guadalajara sustrae a otros 26 policías del servicio a los ciudadanos para brindar seguridad a las principales figuras del ayuntamiento.
El alcalde Enrique Alfaro tiene a su disposición 15 agentes; otros cinco resguardan a Caro Cabrera, mientras que al director de Seguridad Ciudadana, Juan Bosco Agustín Pacheco, se le asignaron cuatro.
En tanto que José Ángel Campa Molina, exjefe policiaco acusado de homicidio imprudencial, cuenta con un escolta, al igual que Óscar Villalobos Gámez, director de Inspección y Vigilancia, según publicó la agencia Quadratín el pasado 11 de julio.
Campa Molina se desempeñó como director de la Policía de Guadalajara en el último tramo de la administración de Ramiro Hernández, a pesar de que a finales de 2005, cuando era agente el Ministerio Público, se le acusó de haber atropellado cuando conducía en estado de ebriedad a un joven motociclista en el cruce de las calles Jesús Urueta y Basilio Vadillo.
Tras su nombramiento como director policiaco, algunos de sus subordinados denunciaron que cuando Campa era jefe de sector cobró derecho de piso a los centros nocturnos donde se tocaba música de banda.
El 26 de julio de 2015, tres meses antes del cambio de gobierno, Juan Francisco Martínez Alcalá, escolta de Campa, fue detenido en San Pedro Tlaquepaque con otros dos sujetos cuando robaban una casa en el fraccionamiento Villa Fontana.
En cambio a los agentes “relegados”, sin haberles comprobado ninguna acusación, se les sanciona en la práctica con la orden de cuidar edificios públicos y bancos. Uno de los entrevistados comenta:
“Alfaro y el señor Caro se molestan cuando el fiscal general, Eduardo Almaguer, indica que no existe el patrullaje debido en las colonias populares y cuando les dice que personalmente sale a patrullar zonas que lucen descuidadas por Guadalajara.
“Almaguer tiene razón porque, mientras faltan patrullas y policías en las colonias conflictivas, a decenas de nosotros nos tienen cuidando bancos o haciendo guardia al asta bandera. Si en verdad ellos (los jefes policiacos) tienen evidencia de que entre nosotros hay gente ligada al crimen organizado, que denuncien y pongan a disposición del Ministerio Público (a los responsables) o que, en su defecto, seamos sometidos de nuevo al examen de confianza para regresar al servicio.”
Agrega que “llegó Salvador Caro y empezó a hacer una serie de modificaciones, pero no hubo grandes transformaciones en la cadena de mandos… Caro quedó rodeado de una serie de comandantes y lo primero que se debe preguntar es si en verdad aprobaron sus exámenes de confianza.
“En una auditoría de su patrimonio se podría comprobar enriquecimiento ilícito. Si Alfaro y Caro en verdad quisieran saber cómo anda su comisaría, que investiguen en manos de quiénes está la seguridad: van a descubrir que en algunos eslabones de su cadena de mandos hay pequeños ‘Negros Durazos’, y ese es un asunto que nada tiene que ver con los conflictos políticos con el fiscal o entre priistas y Movimiento Ciudadano.”
En torno a los sueldos, varios policías consultados comentan que la corporación de Zapopan es la mejor pagada, con sueldos de hasta 32 mil pesos al mes, después la Policía Estatal (entre 24 mil y 28 mil) y sigue la de Guadalajara (16 mil pesos). Los demás municipios ofrecen menos de 10 mil pesos mensuales a sus agentes y tienen equipo viejo, como las patrullas obsoletas.
Recuerdan que la presente administración de Guadalajara entregó uniformes, pero no ha renovado armamento y existen decenas de patrullas varadas o descompuestas.
“En las zonas que más le preocupan a los jefes hay sobrevigilancia y se dispone de camionetas, de motos y de los vehículos de desplazamiento rápido en zonas peatonales, pero esa presencia no se ve igual en colonias conflictivas y áreas reconocidas como focos rojos, tal como lo dice el Fiscal Eduardo Almaguer que él descubrió en recorridos por Guadalajara y otros municipios, a pesar de que sus palabras no gustan a la autoridad municipal”, reitera uno de los inconformes.
El pasado 18 de junio el fiscal Almaguer Ramírez declaró a la prensa que la capital jalisciense está en el segundo lugar de homicidios dolosos de la región occidente del país; además admitió que el robo a transporte de carga ascendió en más de 200% y los asaltos a bancos 133% durante el presente año. Sin embargo, el alcalde Alfaro Ramírez rechazó esos números.
Al iniciar su gestión, en octubre de 2015, Alfaro Ramírez señaló que su antecesor Hernández García tenía a 681 policías comisionados como escoltas de políticos, empresarios, directivos universitarios, líderes sindicales, representantes religiosos y hasta gobernadores de otras entidades, lo que representaba un pago de nómina cercano a los 11 millones de pesos mensuales.
Algunos de los entrevistados indican que ante los bajos sueldos y el hostigamiento de sus jefes, a veces los tienta la posibilidad de abandonar la corporación en la que han trabajado por 15 o 20 años y pasarse, ahora sí, a la delincuencia.
Recuerdan que al principio de la gestión de Alfaro Ramírez, en la corporación policiaca municipal se rumoró que Caro Cabrera había reprobado su examen de confianza.
El 22 de octubre de 2015 el propio alcalde negó esa versión. En rueda de prensa mostró una carpeta amarilla con los resultados aprobatorios de las pruebas de control y confianza, pero nunca los dio a conocer porque, argumentó, la ley le prohibía hacerlo. Nueve meses después el diario Milenio Jalisco publicó, en su edición del 25 de julio, que en efecto el comisario pasó los exámenes, pero con restricciones.
En la información que el citado diario obtuvo mediante la Ley de Transparencia se indica que Caro Cabrera está impedido para portar armas de fuego y limitado para acceder a información confidencial.
Cuando los policías inconformes se enteraron de ello, redoblaron su exigencia de ser reevaluados, pues afirman que sus expedientes están limpios:
“Cómo que tenemos un jefe al que no se le permite usar armas y a nosotros nos tiene cubriendo funciones de policías auxiliares porque supuestamente no somos aptos para el servicio”, reclama uno de los uniformados.
A su vez, la Comisaría de Seguridad Ciudadana respondió al periódico con un comunicado en el que contradice esa información: “La única restricción que se tiene es la de tiempo, por no tener antecedentes (Caro) en el sistema”.
El 1 de agosto Caro Cabrera informó que al inicio de su gestión al menos 50 policías de Guadalajara fueron dados de baja por abuso de autoridad, extorsión y protección a las narcotienditas.
