Señor director:
Un médico del ejército mexicano dice haberme practicado un examen toxicológico cuando yo me encontraba en estado de ebriedad, sin mi autorización.
Al realizar los estudios a la supuesta muestra, los químicos Alberto Ramírez Ramírez y Martín López Ibarra sólo asientan que les fue entregado un contenedor con una etiqueta que decía “cabo inf. martin glez. valenzuela 9/04/2014”, y para que un examen toxicológico tenga veracidad, la persona a la que le fue practicado debe firmar y poner su huella dactilar después de depositar la orina en el contenedor, que posteriormente es sellado. Sólo se puede abrir en presencia de dos testigos.
Fui arrestado porque supuestamente di positivo en ese examen. Esto provocó mi separación del Ejército mexicano. Considero así que se me está sancionando dos veces por el mismo hecho, primero con el arresto y después con la pérdida del empleo.
Durante la audiencia del Consejo de Honor convocado en mi contra en el 89 Batallón de Infantería el 15 de agosto de 2014, el fiscal –capitán Ricardo Oceas Martínez– me dijo: “El examen que tú presentas es de marca patito”, refiriéndose a los resultados de un examen toxicológico que fui a practicarme en los laboratorios de la empresa Salud Digna, en el cual salí negativo al consumo de drogas.
El hecho de que el Consejo de Honor solicitara mi baja del Ejército viola el principio de igualdad y de un proceso equitativo enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México forma parte.
En una misiva le informé al Ejecutivo federal que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había iniciado un procedimiento para darme de baja injustamente, y le solicité que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, me permitiera continuar prestando mis servicios en el instituto citado. Me contestó que sería la Sedena la que determinaría esta situación, pero a su vez la Sedena delegó la responsabilidad a la Procuraduría General de Justicia Militar y a la Dirección General de Justicia Militar, que hasta la fecha (un año y ocho meses después del cese) no me han resuelto nada.
Asimismo, siendo las 14:30 horas del 15 de octubre de 2015, acudí al Hospital Militar de Mazatlán, Sinaloa, y me recibió la teniente Alba Gutiérrez Jiménez; le comenté que a mi papá lo habían operado en ese nosocomio, y que tuvo una infección producto de la intervención quirúrgica. Le mostré la hoja de egreso hospitalario, pero me dijo que no podía atenderlo.
Ante esta situación, yo acuso a la Sedena de negligencia médica por no haber atendido a mi padre, además de violar mis garantías constitucionales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México forma parte.
Atentamente,
Martín González Valenzuela
