El anterior gobierno de Nuevo León le “regaló” una montaña de beneficios a la automotriz KIA para que se instalara en la entidad. Pero todo indica que esos apoyos terminaron beneficiando a los políticos dadivosos. Y conforme avanza la investigación van apareciendo más implicados. El último es Ildefonso Guajardo, secretario de Economía federal y alfil del peñanietismo, quien dio el visto bueno al convenio…
MONTERREY, NL.- El secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, forma parte de la investigación que la fiscalía anticorrupción de Nuevo León sigue por la firma ilegal del convenio que el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz (PRI) signó con la armadora coreana KIA.
El subprocurador neoleonés Ernesto Canales Santos, quien lleva la indagatoria, puntualiza que Guajardo no ha sido imputado por la firma del convenio, por el que también son investigadas decenas de personas, incluido el anterior mandatario.
Guajardo Villarreal conoció y avaló el pacto establecido por el anterior mandatario de Nuevo León con la empresa coreana para que ésta erigiera, en el municipio rural de Pesquería, una nave industrial, única de su tipo en México, que implicaría una inversión de 3 mil millones de dólares y la creación de 14 mil nuevos empleos. Ahí se ensamblarían 300 mil coches al año (Proceso 2057).
Al revisar el acuerdo, el actual gobernador, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, decidió cancelarlo, pues encontró que era abusivo, al ofrecer “absurdos incentivos” sin pedir contraprestaciones.
La firma con KIA es indagada por la Operación Tornado, un operativo emprendido por la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de la entidad, que encontró que desde el despacho de Medina fue creada una maquinaria para desfalcar al erario.
Para aclarar la participación de Guajardo en la firma del convenio, la Secretaría de Economía ofreció contactar a Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. En entrevista, se le preguntó sobre el vínculo de Guajardo con las indagatorias y si sabía por qué dio el visto bueno al documento de marras. Jacob dijo desconocer el asunto.
Guajardo, el gestor
La instalación de la ensambladora fue el gran proyecto industrial en el sexenio de Medina (2009-2015). KIA eligió Nuevo León debido a las facilidades que el gobierno estatal le proporcionó.
El 27 de agosto de 2014, el mandatario firmó un acuerdo con el presidente de KIA Motors México, Seong Bae Kim, para abrir la planta. El documento fue colocado bajo llave. Pese a las demandas ciudadanas para revelarlo, Medina dio evasivas y lo ocultó.
El Bronco ganó las elecciones y encomendó a Fernando Turner Dávila, su titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), que lo revisara y lo difundiera.
Así, se descubrió que Medina regaló un terreno de unas 500 hectáreas, que fue escamoteado al erario, mediante una argucia legal. Además, escondió la operación al Congreso local.
El Consejo de Inversión de Nuevo León, por su parte, aprobó de manera irregular incrementar los incentivos por encima del 5% de inversión límite que marca la ley, pero lo hizo cuatro meses antes de que la empresa lo solicitara.
A cambio de prácticamente nada, Nuevo León accedió a donar el terreno, nivelar sus plataformas, reubicar un gasoducto que pasa por debajo de la planta y surtir conexiones de agua potable e industrial, gas natural, energía eléctrica (fase 1), drenaje sanitario y pluvial.
También se comprometió a construir una planta de tratamiento industrial y residual, un tanque elevado, una espuela de ferrocarril, un centro de entretenimiento, carreteras y puentes, oficinas temporales, una estación de bomberos, y a dar becas de capacitación e idiomas y apoyo en trámites y procedimientos.
Además, les costearía una ceremonia de inauguración, así como exención por 20 años del Impuesto Sobre la Nómina y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por adquisición de activos.
También le condonaba el pago, por cinco años, de impuestos municipales.
Turner denunció que el acuerdo, por ventajoso, era ilegal.
La investigación arrojó también que Humberto Medina –papá de Rodrigo– estuvo involucrado en los millonarios trabajos de nivelación del terreno entregado a los coreanos.
Y, de hecho, Guajardo conoció los beneficios que Medina pretendía darle a KIA, según se detectó en un memorándum hallado por el equipo de transición de El Bronco en los archivos del anterior secretario de Economía, Rolando Zubirán Robert:
“Por medio de la presente les confirmo que conozco en su totalidad el contenido y alcance del documento firmado por ustedes, denominado ‘Memorando de entendimiento para la inversión y construcción para una planta de manufactura automotriz localizada en el estado de Nuevo León’, documento y los apéndices que lo acompañan, firmado el día 30 de mayo del 2014”, se lee.
“Al respecto, manifiesto que la Secretaría a mi cargo respalda y otorga el apoyo incondicional al proyecto descrito en dicho documento y sus apéndices y acepta el compromiso de gestionar y obtener ante las autoridades competentes, de índole administrativo y legislativo, los recursos federales para que se logre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el estado de Nuevo León.”
En entrevista, Canales Santos hace algunas precisiones sobre la mención del funcionario federal en la indagatoria:
“El señor Ildefonso Guajardo, en su función de secretario de Economía y en su función de la inversión en Nuevo León, participó en estos casos. No quiere decir que todos los que hayan participado en el caso KIA, por ejemplo, hayan sido parte de la comisión de un delito de corrupción.
“Es una responsabilidad de la fiscalía poder distinguir los diferentes grados de participación, la comisión de las irregularidades y, en su caso, los beneficios indebidos y daño causado al erario”, señala el llamado “zar” anticorrupción.
“Todos estos casos, por su complejidad y naturaleza, implican la participación de un sinnúmero de personas, instituciones y empresas, y no porque hayan sido parte de la implementación es que tengan culpabilidad.”
Subraya que, por ahora, Guajardo Villarreal no será llamado a declarar.
A desmantelar el regalo
Cuando fue presentada la Operación Tornado, el 3 de junio pasado, la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León y la Contraloría General del estado explicaron el fundamento delictivo del convenio.
Canales Santos explica: “De KIA seguimos investigando. Para comprender el asunto tenemos que dividirlo en etapas. En una primera parte hay que ver la cuestión regulatoria: los incentivos otorgados a la compañía que violaron las regulaciones”.
El investigador asevera que Medina y Zubirán atropellaron los procedimientos para entregar los beneficios que, según la investigación, también terminaron beneficiándolos.
En total, dice, el departamento legal de la Secretaría de Economía ha encontrado, por lo menos, 28 inconsistencias procedimentales.
En otro frente, se analiza la cuestionada asignación del terreno que, por cierto, está en zona inundable.
Todo apunta, menciona Canales, a que las mismas personas que eligieron el predio –que tiene un valor de mil millones de pesos y cuya nivelación saldría en unos mil 600 millones– fueron beneficiadas con esa decisión.
“También vemos qué conflicto de intereses hubo entre autoridades y los mismos dueños del terreno. Lo dejaron fuera del patrimonio del estado, que hubiera sido fuente muy amplia de repago por los beneficios dados a KIA.”
La instalación de la planta armadora en el predio elevó el valor de los inmuebles adyacentes, y el estado tampoco se benefició de ello.
Paralelamente, en los trabajos de acondicionamiento del terreno metió mano el papá de Rodrigo Medina. Y hacia allá va la indagatoria de la fiscalía: “Una tercera parte de la investigación por KIA son las obras realizadas a los terrenos. Cómo se llevó el proceso de licitación, quién lo mandó, con qué predios, cómo se hicieron los trabajos, qué peritajes hubo de las obras que debieron haber sido realizadas. Dónde quedó el dinero de la obra, quién se benefició, qué conflicto de interés hay…”.
Junto a Medina, en la negociación con KIA estuvo Zubirán Robert, quien actualmente es director general de Programas de Sectores Energéticos y Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía.
Cuando las pesquisas fueron dadas a conocer, al funcionario federal se le dictó un embargo precautorio de propiedades y la contralora general del estado le dictó inhabilitación para el servicio público en Nuevo León por 10 años. Zubirán actualmente se encuentra en proceso de defensa, y la inhabilitación aún no se hace efectiva.
“La competencia de la Contraloría es sólo estatal. Para algunas entidades de la República, e incluso para la federación, basta como causa de separación que alguien esté sujeto a proceso.”
En Nuevo León, en cambio, el imputado seguirá en el puesto hasta que sea dictada una sentencia en firme en su contra.
En junio, el extitular de la Sedec promovió un amparo contra una posible orden de aprehensión. El recurso fue desechado, porque ningún juez había emitido un mandato judicial en ese sentido.
Zubirán Robert fue citado por el juez de Control para el 19 de agosto. En la audiencia, la fiscalía le presentará imputaciones por peculado y uso indebido de funciones.
