Cambios metodológicos o mediciones sesgadas, lo mismo da. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) provocó una polémica con su encuesta Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 en la cual la pobreza disminuye de manera sustantiva por arte de la estadística. Los resultados dados a conocer el viernes 15 enfrentan ya al Inegi con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo encargado de procesar los datos proporcionados por el instituto.
Contra lo que se sabía y contra lo que los especialistas habían documentado hasta ahora, México es hoy un país con menos pobreza y menos desigualdad. Y fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el que obró el milagro estadístico.
De un plumazo la dependencia incrementó 37.2% los ingresos de los mexicanos más pobres –que pasaron de 5 mil 954 pesos en 2014 a 8 mil 169 pesos el año siguiente– y redujo de manera sustancial la desigualdad en el país.
Ese milagro es producto de un inédito y opaco cambio en la metodología que aplicó durante el levantamiento “en el terreno” de la encuesta Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), entre agosto y noviembre de 2015, cuando el presidente del instituto era Eduardo Sojo. Al mes siguiente éste le dejó el cargo a Julio Santaella.
A Santaella le tocó ordenar la información recabada y difundir los controvertidos e insólitos resultados que retratan un país con menos pobreza y desigualdad… pero sólo en el papel. La instrucción del Inegi a sus encuestadores fue convencer a los mexicanos más humildes para que reportaran ingresos mayores que los habituales, pero dejó intocada la subestimación de lo que obtienen los más ricos del país.
El cambio en la metodología provocó las críticas de académicos y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo encargado de procesar los datos proporcionados por el Inegi para medir la pobreza en el país.
Más aún, generó especulaciones sobre la posible intromisión del Poder Ejecutivo en la labor del instituto, lo que marcaría un precedente preocupante respecto de su autonomía, lograda en julio de 2008, luego de 25 años de su creación.
Consultados sobre los nuevos datos estadísticos, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, y el economista Gerardo Esquivel, investigador de El Colegio de México especializado en pobreza y desigualdad, exponen a Proceso sus desacuerdos con la encuesta del Inegi.
El ingreso es un factor clave en la medición de la pobreza multidimensional que realiza de manera periódica el Coneval, recuerda Hernández Licona. La reducción de 3.5% en ese rubro durante los primeros dos años de la administración de Enrique Peña Nieto fue un detonante para que 2 millones de mexicanos más cayeran en pobreza, hasta alcanzar los 55.3 millones en 2014, según el informe que publicó el Coneval en julio de 2015.
Ahora, con el cambio de metodología, “ya no podemos saber si entre 2015 y 2014 o entre 2015 y 2012 la pobreza subió, bajó o se quedó igual”, comenta Hernández Licona. Insiste: la decisión del Inegi “sí rompe con 25 años de generación de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares y con nuestra serie de medición de la pobreza, que lleva siete años”.
Resultados inexplicables
En el MCS 2014, el ingreso promedio de los hogares a nivel nacional se elevó a 13 mil 304 pesos mensuales –equivalentes a 3 mil 645 pesos por persona, incluyendo niños–, con amplias variaciones según la clase social: cada uno de los 11.7 millones de mexicanos más pobres del país obtuvo 543 pesos mensuales, mientras 10% de los más ricos ingresaron 13 mil 361 pesos, 24 veces más.
De acuerdo con la nueva medición, en 2015 los hogares mexicanos ingresaron un promedio de 15 mil 295 pesos mensuales –equivalentes a 4 mil 190 pesos por persona–, y cada uno de los 12 millones de mexicanos más pobres ingresó 746 pesos mensuales, mientras los 12 millones más ricos obtuvieron 14 mil 755 pesos, casi 19 veces más.
Si el cambio de metodología del Inegi fuese sistemático y riguroso, se observarían dinámicas similares en las dos encuestas. Pero en el MCS 2015 las variaciones del ingreso fueron totalmente disparejas según las entidades federativas: en unas el ingreso de los más pobres se incrementó mucho; en otras creció menos, en algunas disminuyó. Lo mismo ocurrió con el ingreso del decil superior de la población.
En Coahuila, por ejemplo, el ingreso del 10% de los más pobres fue superior 37% al reportado en el MCS 2014, y el del 10% más rico fue inferior 13%. En Chihuahua, el del 10% más pobre fue superior 113%, y el de los más ricos fue mayor 73%.
Puebla fue el caso más disparatado: en comparación con la medición del año anterior, el ingreso del 10% más pobre se disparó 67%, mientras el ingreso del decil más rico disminuyó 26%. A su vez, esto redujo de manera drástica el índice de Gini, el que mide la desigualdad.
La proporción de hogares mexicanos que ingresaron menos de un salario mínimo disminuyó a la mitad entre la encuesta de 2014 y la de 2015, al contrario de los hogares que obtuvieron más de ocho salarios mínimos, cuya proporción creció 18.6%.
Opacidad estadística
“No deja de llamar la atención que es un sesgo que tendería a favorecer, al parecer, a las autoridades en el gobierno y por lo tanto alimenta la sospecha”, sostiene Esquivel. Añade: “Mientras no sepamos qué hicieron y qué motivó estos cambios, se puede especular que hubo maquillaje de cifras. Quiero creer que no fue así”.
Debido al cambio de metodología, “no podremos ver si la Cruzada Contra el Hambre sirvió o no sirvió”, lamenta Esquivel, al observar que “hoy podemos decir con cierta certidumbre que en los 22 años que van de 1992 a 2014, la política social fue relativamente ineficiente para reducir la pobreza, ya que la de hoy es similar a la que teníamos entonces”.
Sin embargo, interrogado sobre si ve una intromisión política contra la autonomía del Inegi, Hernández Licona declara: “Espero que no haya sucedido. Implicaría que estaríamos dando un regreso de 30 años en las estadísticas nacionales.
“Hay una parte que el Inegi siempre ha manejado de una manera un poco más libre, que es el operativo… El cuestionario no cambia, pero la forma con la que me acerco contigo, a preguntarte, sí puede variar; hay un manual del entrevistador, pero no hay ninguno que regule este trabajo de campo.”
Le sorprende la magnitud de los cambios metodológicos del instituto y los resultados de la encuesta, que simplemente no pueden compararse con los anteriores.
–¿El Inegi violó los convenios que tenía con el Coneval? –se le pregunta a Hernández Licona.
–Estamos viendo hasta donde sí, y hasta dónde no. Por primera vez tenemos que revisar este punto.
A Hernández Licona y Esquivel les llama la atención la forma en que el Inegi mostró que tiene protocolos para transitar de una metodología a otra, presuntamente sin dañar los resultados ni las series estadísticas.
Después de consultas públicas transparentes y reuniones con expertos, el instituto anunció en agosto de 2015 que cambiaría su metodología para medir la inflación; las modificaciones, dijo, se implementarán a partir del segundo semestre de 2016. En el caso de la medición de la pobreza no hubo proceso de consulta ni anuncio previo.
Los entrevistados explican que hay un consenso en el ámbito académico nacional e internacional sobre la dificultad de conseguir datos certeros en el levantamiento de encuestas sobre el ingreso.
Dicen que cuando se le pregunta a cualquier ciudadano cuánto gana, tiende a minimizar la cifra o a ocultar otras fuentes de ingreso.
Pero también existe el consenso de que los ingresos de los ricos son los más subestimados en las encuestas por dos razones: la primera, porque los ricos también reportan un ingreso menor, ya sea por motivos de seguridad, de pudor o por ganas de no cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias; la segunda, porque resulta prácticamente imposible para un encuestador adentrarse a los barrios y condominios exclusivos en los que se asientan los más adinerados.
Por ello, el disparo del ingreso de los más pobres y no de los más ricos, como quedó plasmado en el MCS 2015, sorprende a Hernández Licona.
Esquivel, por su parte, sostiene: “El hecho de que los encuestadores actúen de manera distinta ante un segmento especial de los entrevistados introduce un sesgo que de alguna manera reduce la confiabilidad en la medición de la pobreza”.
Los resultados del Inegi incluso contradicen a dos de sus propios investigadores: Alfredo Bustos y Gerardo Leyva. En un artículo publicado el pasado 7 de junio en la revista Este País, ambos afirmaron en un artículo que, según sus estimaciones, el ingreso del 10% de los mexicanos más ricos superó 57 veces el de los más pobres en 2012, cuando el Inegi reportó en la medición de ese año que la diferencia era de solamente 25 veces.
“Si me dices que la distribución del ingreso completo está mejor hoy que ayer, mi respuesta es bien dudosa”, declara Hernández Licona. Y añade: “Lo importante es que nadie use el comparativo 2014-2015 para decir nada”.
La única solución para poner fin al sospechosismo, según Esquivel, consiste en “desechar esta encuesta, retirarla del dominio público e investigar quién fue el responsable de que esto ocurriera (…) si fue un error metodológico o si fue un intento para manipular la información”.
Creciente polémica
Hernández Licona rememora que la mañana del viernes 15 los técnicos del Coneval tenían preparadas las formulas, tablas y hojas de cálculo con las que elaborarían el informe sobre pobreza nacional y estatal 2015. Sólo faltaban los datos del Inegi para determinar el nivel de pobreza, “saliera como saliera”.
Su sorpresa fue mayor cuando el instituto acompañó su base de datos con un comunicado en el que advirtió que los datos incluidos en el módulo de este año no serían comparables con los ejercicios anteriores.
Pasado el asombro, el Coneval emitió su propio comunicado. Denunció que la modificación se hizo “al margen del convenio de colaboración que Coneval tiene con el instituto” y sin “documentos públicos de carácter técnico que los justifiquen”.
Los cambios, abundó el organismo con un inusual tono irritado, “no fueron debatidos técnicamente con el Coneval ni anunciados de manera oportuna, por lo que el proceso de captación del ingreso que elaboró el Inegi no fue transparente”.
La polémica se extendió a las redes sociales y los medios de comunicación. Varios economistas, entre ellos Esquivel, hicieron suya la denuncia del Coneval, y circuló una petición en línea dirigida al consejo técnico del Inegi para rectificar la encuesta.
El uso político de los resultados del MCS 2015 tampoco se hizo esperar: pese a las advertencias del Inegi, de que los datos eran incomparables, Excélsior publicó el domingo 17 un publirreportaje del gobierno de Puebla, aplaudiendo que la entidad fue la que “más avanzó en igualdad social” y que la medición “corrobora que la transformación de Puebla impulsada por el gobernador Rafael Moreno Valle es una realidad”.
El lunes 18, el colectivo de organizaciones y expertos en materia de pobreza reunidos en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se sumó al repudio contra la “autarquía” y la “opacidad” del Inegi; el miércoles 20, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias urgió “evitar todo uso público de estos datos”. Ese mismo día, tanto The New York Times como el británico The Guardian dedicaron notas al asunto.
El gobierno federal mantuvo el silencio hasta el martes 19, cuando José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Sedesol, respaldó los cambios operados por el Inegi y llamó a que “este debate no se traduzca en una confrontación” entre el instituto y el Coneval.
Desde Acapulco, donde participó en un foro de carácter privado, Meade sostuvo que México presentaba la mayor brecha de América Latina entre el ingreso reportado por los ciudadanos y la cuenta nacional, lo que “obligó” a las instituciones a “generar objetividad en sus mediciones”.
Meade no se detuvo ahí: retomó el argumento del Inegi según el cual el Coneval “tuvo conocimiento de estos cambios, de estos nuevos protocolos, desde julio de 2015”, por lo que, añadió, “en fondo y forma fueron plenamente cumplidos en ese término”.
Hernández Licona niega esa versión. “No nos avisaron, el caso de ese operativo no lo supimos. No nos dijeron, ni verbalmente ni por escrito, que estos cambios implicaban que la encuesta no iba a ser comparable con las previas”.
Explica que, a raíz de la publicación del comunicado del Coneval, tuvo un intercambio de mensajes con Meade “para explicarle el contexto” e insistir en que “lo que estamos haciendo en Coneval no es un berrinche, no es un capricho (…) no nos hacemos responsables de que el Coneval pierda credibilidad por un error del Inegi”.
