Un año después de ganar la elección, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón toma las primeras medidas para cumplir una de sus principales promesas de campaña: encarcelar a su antecesor, el priista Rodrigo Medina, por la corrupción sistemática que se le atribuyó desde que estaba en el poder. La investigación, conocida como Operación Tornado, puso al descubierto una extensa red de funcionarios que participaron en los desfalcos más sonados del sexenio pasado.
MONTERREY, NL.- Para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz está en el centro de la extensa trama creada en su sexenio para robar al erario.
Ernesto Canales Santos, subprocurador encargado de perseguir los delitos de los servidores públicos, compara la investigación que realiza en el interior de la administración del estado como un enorme árbol: en las raíces se encuentran algunos ilícitos visibles, pero en las ramas encuentra que los defraudadores participaron en más de una maniobra ilegal y sus nombres aparecen en varios expedientes.
En entrevista, Canales Santos precisa que los más sonados desfalcos están interconectados a través del grupo de defraudadores: los estímulos excesivos a Kia Motors, la firma del contrato opaco del proyecto de infraestructura hidráulica Monterrey VI y la entrega de millonarios apoyos indebidos a la siderúrgica en Linares, más los que vayan saliendo.
Por su parte Aldo Fasci Zuazua, asesor del gobierno de Nuevo León en materia de anticorrupción, quien conduce las investigaciones por el daño al erario, confía en que Medina irá a la cárcel porque, afirma, presentará pruebas sólidas contra él ante el juez de Control.
Entrevistado aparte, aclara: “Mal sustentado no está el asunto, pero no me puedo adelantar porque debe haber un juicio público y transparente y no puedo dar un dictamen anticipado”, dice.
El próximo jueves 28, ante un juez de Control en Monterrey, la PGJE le imputará cargos al exgobernador a fin de que se le vincule a proceso por actos de corrupción sistemática.
El pasado 3 de junio Fasci y Canales dieron a conocer la Operación Tornado, mediante la cual se detectaron desvíos por 3 mil 600 millones de pesos. Según la acusación, esa primera parte de la averiguación se dedicó a descubrir y castigar la red de complicidades que se armó desde el escritorio de Medina para apropiarse de recursos públicos.
Entre los acusados de peculado están dos alcaldes y tres diputados federales en funciones –priistas los cinco–, así como funcionarios del gobierno de Medina.
La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por Canales Santos, consiguió que un juez de Control ordenara el embargo precautorio de 22 propiedades de 11 exfuncionarios, incluida una finca campestre de 30 hectáreas que Medina posee en el municipio de Terán.
Sin embargo, el exgobernador consiguió un amparo provisional para evitar la incautación. De cualquier manera, la Subprocuraduría ya detectó otros inmuebles que intentará asegurar antes de que Medina los registre a nombre de otras personas, como hizo en los últimos meses con ciertas propiedades, a fin de sustraerlas a la justicia, según detectaron los investigadores de la PGJE.
En total una treintena de servidores públicos, exfuncionarios, particulares y banqueros están bajo sospecha de participar en un mecanismo fraudulento en torno al convenio que el gobierno de Medina de la Cruz firmó con la armadora de autos coreana Kia Motors.
La PGJE encontró que, en dicho acuerdo, el estado entregó a la empresa asiática incentivos en exceso y adquirió con sobreprecio el terreno que le donó a la armadora. Estas maniobras beneficiaron a personas cercanas al exmandatario, como su padre, Humberto Medina Ainslie, también sujeto a investigación y recurrentemente señalado como la persona que controlaba las asignaciones de obra pública en el gobierno de su hijo.
En el desfalco alrededor del convenio con Kia participaron asimismo las constructoras e inmobiliarias Profrezac, Terracerías y Pavimentos de Fresnillo, Inmobiliaria Galord, Constructora Coss Bu, Impulsora Coronas del Mar y Constructora Jaken. La aeronave prestada a Medina para que viajara a Estados Unidos 32 veces es de Profezac, reveló la investigación de la PGJE.
En su calidad de asesor y principal investigador de la subprocuraduría anticorrupción, Fasci dijo que, técnicamente, a todos los implicados se les considera presuntos responsables de los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.
Canales Santos explica en la entrevista que, seis semanas después de que fue anunciada la Operación Tornado, “las investigaciones siguen avanzando y, por su naturaleza, un dato abre la posibilidad de acceder a otros.
“Se va haciendo como un árbol, donde cada dato que se obtiene se abre hacia otros campos. Lo que llama la atención es que esas ramas se empiezan a cruzar con investigaciones de otros hechos, lo que refleja que no son aislados, sino que son tramas, sistemas que se fueron desarrollando desde la altura.”
Por ese motivo, indica, las averiguaciones sobre el desfalco se han ampliado a otros casos escandalosos de presunta corrupción.
Sin dar detalles, Canales se refiere a la investigación por la firma del contrato opaco de Monterrey VI, el proyecto de un acueducto de 380 kilómetros para traer agua desde el río Pánuco, en San Luis Potosí, pasando por Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León.
Otro expediente se relaciona con la entrega de incentivos por más de 200 millones de pesos para la apertura de una planta siderúrgica del grupo Lenomex en Linares. En esta maniobra irregular participó la actual diputada federal del PRI Juana Aurora Cavazos, quien fue secretaria de Desarrollo Social en tiempos de Medina y fue inhabilitada 10 años por la Contraloría estatal.
Anteriormente Canales había señalado que ya se investigaba el caso de Limón Publicistas, empresa que durante la campaña por la gubernatura apuntaló la imagen del PRI y enalteció la imagen de Medina a cambio de decenas de millones de pesos que pagó el gobierno de la entidad.
Ramificaciones
El subprocurador Canales Santos prosigue con el símil: “Estas investigaciones, que se van abriendo como ramas de árbol, se cruzan con otras; y hemos encontrado que asuntos no relacionados con Kia se conectan con ese caso a través de sus ramas.
“Tenemos la siderúrgica de Linares, inclusive de Monterrey VI, la privatización de la autopista y luego su bursatilización, el Sistema Estatal de Caminos y otros grandes casos. Ahí estamos encontrando interconexiones. No podemos decir que todas, pero sí hemos encontrado conexiones objetivas entre casos distintos”, explica.
Se le pregunta si cuando alude a la parte más alta del entramado se refiere directamente al exgobernador Medina de la Cruz. “No solo a él, sino a diferentes personajes (…) Todo esto se concreta cuando estamos en posibilidad de realizar imputaciones en casos penales. Una cosa lleva a otra y seguramente muy pronto tendremos nuevas imputaciones que realizar”, responde.
Al presentar la Operación Tornado, Fasci mencionó a varios colaboradores de Medina que fueron inhabilitados 10 años de la función pública y se les aplicaron embargos precautorios: Rodolfo Gómez Acosta, secretario de Finanzas; Juan Francisco Livas Cantú, director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del estado; Rolando Zubirán Robert, secretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Marroquín Salazar, titular de Obras Públicas, y Ramón Villagómez Guerrero, director general de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.
Se les impuso además una sanción resarcitoria en forma solidaria por 210 millones de pesos.
También se establecieron procedimientos de embargo contra los siguientes funcionarios de la pasada administración: Celina Villarreal Cárdenas, subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional; Jaime Parada Ávila, director del Instituto de Innovación y Tecnología; Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Sustentable; Patricia Aguirre González, directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Sergio Alanís Marroquín, director Ejecutivo de Fomerrey, y Víctor Ramón Martínez Trujillo, director del Sistema de Caminos de Nuevo León.
En tanto, son investigados los presidentes municipales Miguel Ángel Lozano, de Pesquería, y Heriberto Treviño, de Benito Juárez, así como los diputados federales priistas Federico Vargas y Ramón Villagómez. Los cuatro eran funcionarios también en el sexenio de Medina de la Cruz.
Por tratarse de servidores públicos, la PGJE puede solicitar su desafuero en los Congresos local y federal. Y aunque es previsible que el procedimiento sea lento y complicado, el gobierno de Nuevo León lo emprenderá si encuentra responsables a los funcionarios, dice el subprocurador Canales.
Añade que aún no se toma la decisión de hacerlo, pero “la fiscalía tiene la oportunidad de pedir el desafuero en cualquier etapa del proceso y, desde luego, en el caso de los diputados, tienen ellos la oportunidad de estar de acuerdo. Es un procedimiento que toma tiempo, pero no exime de la responsabilidad, y mientras está en curso, al quedar pendiente el mismo proceso penal, el personaje en turno tiene limitadas sus posibilidades de actuación”.
Intervención federal y estadunidense
No se ha mencionado públicamente la investigación federal paralela a la Operación Tornado que se encuentra en marcha. Un informante del gobierno estatal reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indaga los delitos fiscales en los que pudieron incurrir Medina de la Cruz y sus colaboradores como parte de la defraudación detectada en Nuevo León.
Según esa fuente, la SHCP pidió a la subprocuraduría anticorrupción que, por ahora, se mantuviera al margen de la actuación de los auditores federales y que posteriormente compartirá sus resultados con la instancia local.
Canales dijo desconocer si la SHCP hacía una auditoría paralela a la pasada administración. Sin embargo, aseguró que él ha revisado las facturaciones para detectar si a través de ellas los acusados incurrieron en actos de deshonestidad, que pertenecen al fuero común.
La fuente gubernamental, quien solicitó no publicar su nombre, dijo que antes de dar a conocer públicamente la investigación, el gobernador nuevoleonés Jaime Rodríguez Calderón informó sobre ella al presidente Peña Nieto, quien solamente tomó nota y no hizo mayores comentarios.
El día que fue presentada la Operación Tornado, el exgobernador Medina difundió una carta en la que se dijo víctima de linchamiento y persecución política: “Tengo la conciencia tranquila y el pueblo de Nuevo León puede estar seguro que en mi gestión no se llevó a cabo alguna conducta indebida, y para ello acudiré a los tribunales competentes, los que reconocerán lo infundado de las acusaciones”, dijo.
Sin embargo la acusación continuó creciendo. El pasado miércoles 20 Fasci anunció sorpresivamente que tres alcaldes en funciones de Nuevo León y otros cinco que ya concluyeron su mandato son objeto de investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Sin nombrar a los implicados, mencionó que las investigaciones se extienden al extranjero:
“Estamos revisando con el gobierno federal y otros gobiernos algunas implicaciones de enriquecimiento ilícito y posiblemente lavado de dinero. En la cuestión de los exalcaldes tienen denuncias por mil cosas, algunos por cuentas públicas, por armadoras en Linares… Hay muchos casos”, señaló.
Los delitos por los que son investigados algunos alcaldes tienen relación con delincuencia organizada, y algunos fueron cometidos desde antes de que asumieran su cargo actual.
“Hay traspasos de dinero a cuentas muy extrañas que sí están relacionadas con investigaciones federales, tanto aquí como en Estados Unidos, por lavado de dinero. Son depósitos y transferencias que investigamos de servidores públicos actuales, que van a dar a cuentas de empresas que están relacionadas con el crimen organizado. Más ya no le puedo decir”, señala.
La fuente anónima cercana a la investigación indica a su vez que hasta ahora no se ha detectado ninguna propiedad a nombre de Rodrigo Medina en Estados Unidos, pero las autoridades de ese país ya indagan si el exgobernador está relacionado con la adquisición de propiedades por conducto de su padre.
Por lo pronto ya comenzó el desfile de los funcionarios acusados por los daños al erario estatal. Ya comparecieron ante el juez de Control los exfuncionarios del Sistema Estatal de Caminos Víctor Ramón Martínez Trujillo, exdirector general; Nancy Arely Villegas Cantú, exdirectora de Administración, y Esteban Cepeda Ochoa, excoordinador.
Los tres son señalados por la sustracción de 9 millones de pesos de las arcas estatales, simular la pavimentación ya hecha en una calle y por fingir nueve compras de materiales.
La comparecencia del extesorero estatal Rodolfo Gómez está programada para el próximo martes 26, mientras que Medina de la Cruz acudirá el jueves 28.
