El lunes 18 el presidente Enrique Peña Nieto intentó congraciarse con la sociedad civil. Durante la promulgación de un paquete de leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, de manera inopinada pidió perdón por la indignación causada a raíz del escándalo de la Casa Blanca. Luego vino su apertura al diálogo con los maestros disidentes, los padres de los normalistas de Ayotzinapa, los deudos de Nochixtlán… pero en el fondo todo ello tiene visos de simulación.
En el imparable deterioro de su imagen –29% de aprobación, según Buendía y Laredo en la edición de El Universal del lunes 4 de julio– y luego de que su partido perdiera siete de 12 gubernaturas en los comicios del 5 de junio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores cambiaron posturas. Se abrieron a diálogos hasta hace poco impensables, favorecieron reclamos cupulares por las leyes anticorrupción y, con amplia cobertura mediática, el mandatario pidió perdón por la indignación causada por el escándalo de la Casa Blanca.
En los hechos, las posturas no variaron en todos los casos o lo hicieron a conveniencia; los diálogos han sido infructuosos y engañosos, y el perdón no se pidió por el hecho de haber adquirido una costosa propiedad a un contratista gubernamental favorecido desde que fue gobernador del Estado de México, sino por el error de descuidar la percepción de los ciudadanos.
La disculpa presidencial ocurrió el lunes 18 durante la promulgación de un paquete de leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que, después de una larga batalla ciudadana y presiones empresariales, terminó doblegando al gobierno de Peña Nieto en su reticencia, si bien dicho sistema se implementará a finales de su administración… o después.
El acto de promulgación fue, como marcan los cánones del pactismo, de felicitaciones al presidente, el único entre los oradores que habló de la Casa Blanca.
“En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos; y en esto reconozco que cometí un error.
“No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”, dijo el mandatario.
Ese mismo día la Presidencia difundió una ficha informativa entre los reporteros de la fuente. En cuatro párrafos, sin aportar ningún soporte, se dio a conocer que Angélica Rivera, esposa del mandatario, había regresado la propiedad ubicada en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, cuyo dueño es el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú.
El escándalo en torno a dicha propiedad detonó el 9 de noviembre de 2014, cuando el equipo de reporteros de Aristegui Noticias publicó un reportaje sobre la propiedad, su valor catastral estimado y el nombre de Hinojosa Cantú, quien la había construido y, según se supo después, financiado.
La información difundida por la Presidencia el lunes 18 establecía que el 11 de diciembre de 2014 la propiedad fue devuelta a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, a partir de un convenio en el que a Rivera se le reintegraron los pagos realizados y los intereses correspondientes. Como todo se hizo por acuerdo entre particulares, no hubo rastro en el Registro Público de la Propiedad. Tampoco hubo mención sobre el financiamiento y pago de intereses por fuera del sistema financiero.
Resistencias y aprobación
para el futuro
En el acto del lunes 18 en Palacio Nacional habló el presidente de la mesa directiva del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth. Su alocución se centró en los beneficios del SNA –con sarcasmo explícito dijo que “no lo tiene ni Obama”, incluso insistió en que nadie puede criticar el nuevo ordenamiento–, el trabajo de sociedad civil y legisladores, y remató: “Y también, hay que decirlo, estamos aquí este día porque el presidente de la República hizo la parte que el sentido del deber le exigía”.
El perredista Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dedicó la mitad de su discurso a criticar que no se aprobara la llamada Ley 3de3 por completo, Y agregó:
“No puedo dejar de reconocer el valor de las acciones de inconstitucionalidad que el gobierno de la República promovió, a través de la Procuraduría General de la República, para revertir reformas en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua”, en alusión al blindaje que intentaron los gobernadores salientes de esas entidades.
Pero más allá de los reconocimientos y el mea culpa presidencial, la creación del SNA a partir de un paquete legislativo de siete leyes implica dos aspectos que terminan favoreciendo al peñanietismo: la inmunidad al presidente de México por la Casa Blanca y la exclusión de la propuesta ciudadana Ley 3de3 en lo tocante a que se hicieran públicas las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, precisamente el tipo de declaración que transparentaría casos como el de la mencionada Casa Blanca.
Si bien las nuevas disposiciones permitirían investigar a los exmandatarios, la inmunidad presidencial se mantuvo. En tanto, el caso de la Casa Blanca no puede ya procesarse, explica Lourdes Morales Canales, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, el colectivo civil y académico que participó en las mesas de discusión para la creación del SNA.
Morales advierte que aún falta armonizar las leyes de los estados, lo que llevará al menos un año; falta adecuar al menos 20 leyes federales, y los tiempos de implementación (integración de consejo, nombramiento de fiscal y de magistrados especializados, entre otros) indican que, en el mejor de los casos, el SNA quedaría listo a finales de 2018.
Aun así, Morales se muestra optimista por lo alcanzado con el paquete de leyes promulgadas que crean el SNA, como ha ocurrido con las diferentes organizaciones ciudadanas que se involucraron en el proceso. Ese optimismo, dice, se debe a que se trató de una larga batalla que, sin Ayotzinapa, la Casa Blanca y la presión ciudadana, no hubiera sido posible.
Desde septiembre de 2014 este semanario dio cuenta en diferentes oportunidades de la promesa, la indiferencia y resistencia de Peña Nieto al combate a la corrupción (Proceso 1975). En marzo de 2012, en campaña electoral, al iniciar las protestas del movimiento #YoSoy132, Peña Nieto publicó el Manifiesto por una Presidencia democrática, que entre otras cosas proponía un nuevo órgano anticorrupción y una reforma a las leyes de transparencia.
De hecho fueron las primeras iniciativas que anunció como presidente electo. Sin embargo, al entrar en funciones y presentar el Pacto por México, la agenda se concentró en las reformas estructurales predominantemente de carácter económico. El 11 de agosto de 2014, durante la promulgación de las leyes complementarias de la reforma energética, Peña Nieto dio por cerrado el ciclo reformador; es decir, anunció que el Pacto por México terminaba y dejaba el asunto anticorrupción en el limbo.
Eran los tiempos del Mexican Moment –como dieron en llamarle al periodo en la prensa internacional–, que terminaría el 26 y el 27 de septiembre de ese año con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y se cancelaría en definitiva con el escándalo de la Casa Blanca.
En los días previos a la elección intermedia, el 27 de mayo de 2015, con su popularidad ya en picada, Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia anticorrupción que, sin embargo, no se concretó en los plazos previstos, pues las diferentes bancadas se opusieron en temas sensibles.
No ha sido la única ocasión en que bajo presión nacional o internacional, en una coyuntura, el gobierno peñanietista impulsa un tema complejo. Lo hizo por ejemplo, el 17 de mayo, cuando en medio de una crisis diplomática por los señalamientos internacionales en materia de derechos humanos contra su gobierno, Peña Nieto anunció una iniciativa favorable a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual (Proceso 2064).
En tanto, la iniciativa ciudadana Ley3de3, también presionó a las cámaras que finalmente la aprobaron hasta llegar a la promulgación del lunes 18, donde el enlace con la sociedad civil en la materia, Eduardo Bohórquez, expuso, en clara alusión a Peña Nieto, sus conocidas expresiones sobre el “mal humor social” y la “corrupción cultural”:
“634 mil personas confiaron en que podemos cambiar al país desde las instituciones. Hicieron de lado la rabia, el dolor, la frustración (…) estamos aquí los ciudadanos que acompañamos este acto de Estado, porque nos negamos a que la corrupción o la impunidad sean vistas como atributo de nuestra comunidad. Estamos aquí porque no queremos que la corrupción sea considerada como parte de nuestra cultura o de nuestros valores”.
De pasada, Bohórquez le recordó a Peña la necesidad de una ley que regule la publicidad oficial, un asunto que fue también prometido en aquel Manifiesto por Peña Nieto y anunciado en el periodo de transición.
Los otros ciudadanos
Los empresarios protestaron el 16 de junio último y el SNA se concretó. Luego, cuando se inconformaron porque las declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal se aplicaban a empresarios pero no a servidores públicos, Peña Nieto vetó el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 artículos relacionados con éste, lo que rápidamente se sancionó.
Por esos días de junio aumentó el reclamo de diálogo por parte del magisterio disidente y diferentes secciones sindicales tradicionalmente blancas. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue desdeñoso con el reclamo, hasta que el desastre del operativo policiaco en Nochixtlán, el 19 de junio, resultó en nuevas convocatorias a mesas de discusión.
La postura del gobierno peñanietista ha sido la misma desde 2013: apertura al diálogo pero sin tocar la reforma educativa, justo el tema sobre el que el magisterio disidente demanda.
Las mesas de diálogo no han logrado destrabar el conflicto, en el que los profesores, señaladamente los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), denuncian reformismo laboral y falta de criterios que consideren usos y costumbres de las diferentes entidades.
Ante la apertura, los mensajes son ambiguos. Por un lado la Secretaría de Gobernación convoca al diálogo y por otro se simula un desabasto de alimentos y se amenaza con usar la fuerza pública en Oaxaca y Chiapas.
El secretario técnico de la sección 22, Gustavo Manzano Sosa, afirma que en cada acercamiento entre las partes se plantean temas como la abrogación de la reforma educativa, libertad de presos políticos, eliminación de las retenciones salariales y descongelamiento de cuentas, pero ni siquiera son tomados en cuenta por las autoridades.
Luego “hay diálogos que no llegan a proceso de negociación porque se sigue con las cuentas congeladas, reteniendo salarios y maltratando a nuestros dirigentes en prisión de máxima seguridad”. La reforma educativa no se admite en la discusión.
La CNTE acusó el viernes 22 que la Secretaría de Gobernación, en las mesas, sólo se ha burlado de ellos. En efecto, no hubo avance y el último mensaje fue que acudan a las mesas con la SEP, donde se ha construido un replanteamiento del modelo y se revisa la evaluación con el magisterio oficialista que encabeza Juan Díaz de la Torre.
Algo similar ha ocurrido con las víctimas de Nochixtlán. La primera mesa –reconstruida con testimonios de participantes en la edición 2071 de Proceso– permite observar que, más allá de ofrecer respuestas a las demandas de justicia, reparación integral del daño y abrogación de la reforma educativa, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, maniobró sólo para garantizar su seguridad si acudía a la comunidad para un acto de lucimiento el 30 de junio.
Entre los episodios más recientes al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en voz de su presidente Luis Raúl González Pérez, informó que las instancias involucradas, como la Policía Federal, la PGR y la Fiscalía General de Oaxaca, no les entregaron información.
Luego se incumplió con el envío de brigadas médicas “por inseguridad”, mientras el miércoles 13 se difundió la versión de que los emisarios de Gobernación estaban retenidos. El grupo de funcionarios estaba encabezado por Rubén Vasconcelos, titular de asesoría jurídica federal de la Comisión de Atención a Víctimas, quien en entrevista con Proceso se dijo sorprendido del rumor y aseguró que están ahí por su voluntad. La versión del secuestro se mantuvo hasta el sábado 16.
Finalmente, Campa Cifrián anunció que la atención médica a los heridos del operativo se daría en la Ciudad de México.
Con los reclamos ciudadanos de los padres de los 43 normalistas y las condiciones de Nochixtlán, de repente, Peña Nieto hizo resurgir a Isabel Miranda de Wallace como representante de la sociedad civil.
Cercana a la élite calderonista de la seguridad, excandidata del PAN al gobierno capitalino, despojada en los primeros años de la administración de su papel protagónico en representación de los ciudadanos, la mujer encabezó un acto el martes 19 para cuestionar que los derechos humanos se respeten a perpetradores y no a víctimas, algo en lo que en parte coincidió Peña Nieto.
Con esa otra sociedad civil, el mandatario lució sonriente, llamó a Miranda de Wallace su aliada y, finalmente, ella le respondió cantándole Las mañanitas anticipadas por su cumpleaños y le ofreció un pastel rojo –“mi color favorito”, precisamente el color que distingue las campañas del PRI.
