A mediados del mes pasado, cientos de comuneros nahuas de la sierra de Manantlán solicitaron a la Procuraduría Agraria la restauración de régimen comunitario indígena. Ante el cúmulo de problemas irresueltos por las autoridades municipales, estatales y federales –despojo de tierras, homicidios, explotación minera y daños irreversibles al ecosistema–, reivindican la República de Indios de Ayotitlán.
Cansados de los abusos y agravios cometidos durante los últimos 40 años contra la comunidad y el entorno de la sierra de Manantlán, en la costa de Jalisco, más de mil 700 de habitantes del municipio de Cuautitlán de García Barragán buscan restaurar la Comunidad Indígena de Ayotitlán.
Ellos sustentan su propuesta en el viejo concepto de la República de Indios de Ayotitlán que, según comenta el indígena José Natividad Cipriano, durante el Virreinato se localizaba en la Sierra de Manantlán.
Incluía, dice, parte de territorio de lo que hoy es Manzanillo, la laguna de Cuyutlán, con sus minas de sal; el límite era el río Armería y la desembocadura al mar, a través de la playa de Boca de Pascuales, en Tecomán, en Colima; así como los municipios jaliscienses de Tuxcacuesco, El Grullo, Autlán, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Villa Purificación y Tequesquitlán, una zona rica en oro.
Los comuneros de Ayotitlán –en nahua, lugar de calabazas y de bules, una vaina fruto de una enredadera que, cuando madura, se usa para transportar agua y conservar el líquido fresco– exigen a las autoridades la devolución de las tierras ejidales que les fueron dotadas en 1963.
Desde tiempos de la Colonia, la región ha resistido la invasión y el despojo de sus territorios por parte de talamontes, pequeños propietarios y, durante las últimas décadas, por las mineras que explotan las vetas de mineral ferroso en una superficie de mil 200 hectáreas, así como maderas finas y todo tipo de recursos naturales.
Ubicada a más de 300 kilómetros de Guadalajara, la sierra de Manantlán es la principal reserva natural de Jalisco. Comprende alrededor de 193 mil hectáreas y, por decreto presidencial, desde 1987 forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBM), que incluye parte de los estados de Jalisco y Colima. Su cima se ubica a 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.
Y aun cuando el decreto presidencial fue avalado un año después por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el asedio al territorio y sus pobladores ha sido constante por todo tipo de depredadores, dicen.
En los últimos 36 años, por ejemplo, los pobladores han tenido 90 bajas, entre desaparecidos y asesinados, derivadas de la lucha por preservar la riqueza natural y mantener la integridad del pueblo nahua. A ello se suma la disputa territorial que mantienen desde hace más de medio siglo los gobiernos de Jalisco y Colima por una franja de 407 kilómetros cuadrados.
Durante la administración del panista Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001) se presentó una controversia constitucional (expediente 3/98) para resolver el problema. El asunto ha ido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado de la República y luego en sentido inverso. Hasta ahora el asunto está empantanado.
Reivindicación cultural
Para José Natividad Cipriano, un comunero nahua de 63 años, la idea es reivindicar Ayotitlán como pueblo indio, con todos sus derechos y obligaciones.
Por ello, dice, el pasado 16 de junio él y sus compañeros solicitaron a la Procuraduría Agraria dejar de reconocer a Ayotitlán como núcleo ejidal y admitir la restauración de régimen comunitario indígena, según el oficio PA/DJ3779/2016. Cipriano adelanta que el próximo 8 de octubre organizarán una ceremonia en las canchas de futbol del poblado de Nuevo Guayabillas para refrendar su petición.
En esa zona de Jalisco, ubicada a menos de 70 kilómetros del puerto de Manzanillo, se vive “una especie de apartheid”, lo que significa la peor vergüenza para los estados de Jalisco y Colima en materia de violación a los derechos humanos, sostiene el activista Óscar González Garí, coordinador de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos.
A finales de agosto de 2014, una banda armada entró por la fuerza al poblado de Rincón de Manantlán, y se apropió de varias casas, lo que obligó a 20 familias a salir del lugar. Los afectados presentaron una denuncia penal en la Procuraduría General de la República y reportaron la desaparición de siete jóvenes.
El jefe de la banda que azota la zona de Manantlán es conocido como Miguel Jalavera Peinado, del Cártel de Jalisco Nueva Generación que opera desde el poblado de El Chante, municipio de Autlán. Desde ahí, él y sus sicarios incursionan en los poblados de la sierra, vía El Grullo, declaró González Garí al diario La Jornada el 30 de agosto de ese año.
Según la organización civil Bios Iguana, radicada en la ciudad de Colima, hasta 2013 en la zona de conflicto se habían afectado derechos agrarios de 500 personas, que decidieron abandonar sus tierras.
De la década de los ochenta a 2013 los problemas agrarios habían causado 35 homicidios, entre ellos los de Nazario Aldama Villa y Aristeo Flores Rolón, este último integrante del Consejo de Mayores de la comunidad Ayotitlán, y 45 desapariciones, incluidas las del líder nahua Celedonio Monroy, de quien no se sabe nada desde el 23 octubre de 2012; los hermanos Agustín y Úrsula de la Cruz Elías, y Basilio, Alberto y Liberato Cobián.
Hace una década, en el municipio de La Huerta fue ejecutado el alcalde de Cuautitlán, Raúl Delgado Benavides, por una presunta disputa de tierras con las mineras de Colima, aseguraban sus seguidores. Según otras versiones, lo liquidaron presuntos narcotraficantes por una deuda. El crimen nunca se aclaró.
González Garí refiere que a la lista de desaparecidos o asesinados se sumaron el agente municipal de Cuautitlán, Librado Elías Jacobo, en 1997; Fidel Ayala Cruz, de quien se desconoce su paradero desde 1999; Arturo Hernández, presuntamente secuestrado en 2001, y los hermanos Fermín y Fredy Rodríguez Preciado, desaparecidos en 2011.
Recomendaciones desatendidas
En 1995, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 122/95 dirigida a los gobiernos de Colima y Jalisco en la cual advertía sobre las condiciones de marginación, la falta de servicios básicos y la afectación al medio ambiente en la sierra de Manantlán. El conflicto limítrofe, decía, ha causado 25 muertes.
Hace tres años, en junio de 2013, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el Frente Regional Pro Manantlán y la agrupación ecologista Bios Iguana presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima por los actos de exterminio contra indígenas de la sierra de Manantlán y denunciaban la actitud omisa de las instituciones locales y federales ante ese problema.
Las presiones contra la comunidad indígena no han cesado; además, la contaminación del entorno y la depredación de los recursos naturales se han agudizado.
Por eso, comenta José Natividad Cipriano al reportero, los comuneros nahuas buscan reconformar su territorio y recuperar su historia, usos y costumbres, incluida su casi extinta lengua. Admite que sus creencias están ligadas al peregrinar de las vírgenes protectoras de Ayotitlán: dos de origen indígena y dos reconocidas como portadoras de la cultura mestiza.
Las cuatro son las únicas capaces de contener la furia de las aguas que inundaban la zona, según la tradición oral de los lugareños, relata Santiago Flores, un indígena de población de Tierra Negra.
Para Espiridión González Cipriano, del pueblo de Telcruz, además del rescate histórico, los comuneros intentan recuperar la riqueza la cocina indígena, marcada por el uso de plantas y especies silvestres, una tradición que se alteró con la llegada de personas extrañas a la sierra, las mineras y los delincuentes.
El siglo pasado, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, Ayotitlán fue dotado de una superficie de más de 50 mil hectáreas –hoy sólo le quedan 33 mil– que incluían tierras feraces donde se cultivaban innumerables especies; algunas de ellas eran únicas, como el maíz teocintle (Zea diploperennis).
Descubierta en 1978, esa gramínea, de altas cualidades genéticas y gran resistencia a las plagas, sirve de modelo para fortalecer de variedades del maíz.
El despojo
La sierra de Manantlán también es el hábitat del choncho, un ave parecida al guajolote que los lugareños suelen cocinar desde tiempos ancestrales. Hoy, dice Cipriano, es una de las 37 especies en peligro de extinción, como los venados.
También han desaparecido infinidad de plantas silvestres que los habitantes de Ayotitlán solían incluir en sus alimentos, como el chipil –parecida a la alfalfa–, la vacagorda, la jocolmica y el chorín.
Con la expansión de la minería, las plantas, animales y árboles han sufrido mermas considerables. La irracional actividad industrial sólo deja tierras estériles que a la naturaleza le costó miles de años formar, sostiene el líder nahua.
“Antes, por todos lados uno se encontraba con árboles de troncos sumamente anchos, pinos ocotes, enebros, oyameles, astas; hoy todavía los hay, pero sus troncos, flacos y endebles. También ha existido una sobreexplotación de las maderas y de las especies que se consideran maderas finas, la tierra era fértil, con muchos nutrientes y mucha agua. Lo que queda es un suelo deslavado donde ya no se da el mismo tipo de árbol”, comenta Cipriano.
Y agrega que, de las 33 mil hectáreas, 801 fueron invadidas por empresas como la minera Peña Colorada; otras fueron rentadas a los comuneros a precios irrisorios para explotar minerales de la zona, a costa de la destrucción del ecosistema.
Según el mito de los viejos pobladores de Manantlán, cada árbol de la sierra es un “ser con espíritu”, por lo que debía ser cuidado y protegido como a un hermano.
“Estamos rescatando nuestro régimen indígena –subraya Cipriano–. Hoy nos roban la madera, los minerales, el agua; todos los recursos naturales, como las plantas medicinales. Por eso nos remitimos a nuestra comunidad indígena, una comunidad muy celosa. Vamos a estar muy al pendiente de que no nos sigan saqueando.”
